La diputada panista Patricia Gamboa Wong ha solicitado al presidente Felipe Calderón Hinojosa que suspenda y deje sin efectos el proceso de expedición de los títulos de propiedad de las parcelas del ejido de Ucú, que compró el gobierno del Estado, porque viola el artículo 59 de la Ley Agraria.
También ha pedido al Presidente, por el mismo motivo —en un oficio con fecha del 27 de noviembre de 2009 —, que ordene al Registro Agrario Nacional (RAN) invalidar las asambleas de los ejidatarios de Ucú del 19 de mayo y del 22 de agosto de 2008, en las que se aprobó la “parcelización” del ejido.
La operación de compra de tierras del ejido de Ucú se inició en 2008, con el propósito de ampliar las reservas territoriales e impulsar el “Plan Maestro Ucú”, que fue coordinado por el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (Ivey), en ese entonces bajo la dirección de Angélica Araujo Lara, actual candidata del PRI a la alcaldía de Mérida.
Ayer informamos que el gobierno del Estado adquirió 3,000 hectáreas del ejido de Ucú en $343 millones, pesar de que se trataba de superficies ubicadas en bosques y selvas tropicales —según establece el Inventario Nacional Forestal y de Suelos — que, por ley, no pueden ser “parcelizadas” y, por lo tanto, vendidas por los ejidatarios Para que esto ocurra, dice la normatividad del RAN, la Semarnat debe expedir un “dictamen de vocación forestal o no forestal de los suelos”, documento que no existe, de manera que, según Patricia Gamboa, procede la invalidación de las asambleas ejidales y la venta de esas tierras al gobierno. Eso, añade, pone en riesgo la cuantiosa inversión hecha con un préstamo a Banorte.
Denuncia por la venta de las tierras en Ucú
El IVEY aceptó en 2008 que no podían venderse esas áreas
20/04/2010
El carácter forestal del ejido de Ucú y, por tanto, la imposibilidad para que esas tierras sean vendidas fue aceptado por el IVEY en su informe de labores de 2008.
En el documento, leído en julio de ese año por la entonces directora Angélica Araujo Lara, al referirse al “Plan Maestro Ucú”, se dijo que “se realizaron los estudios de impacto ambiental y el de cambio de uso forestal”.
Ese plan maestro buscaba crear una nueva ciudad —“la segunda en importancia de Yucatán”— con 56,000 casas. Pero de acuerdo con funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) en el Distrito Federal, no hay evidencias de que las tierras de Ucú “se encuentren en el supuesto que indica el artículo 59 de la Ley Agraria”.
Según la diputada Patricia Gamboa, el titular del área de quejas del Organismo Interno de Control del RAN, Eduardo Castro López, en un oficio que le envió el 14 de enero, determina que el ejido de Ucú no viola la Ley Agraria, aunque no lo demuestra con el dictamen de la Semarnat “sobre la vocación forestal o no” de esas tierras, como marca la norma. Por ese motivo, como informamos, Patricia Gamboa presentó una queja formal contra Castro López, por sus “acciones y omisiones que encubren un proceso irregular, del cual se desprenden irregularidades que constituyen responsabilidades de servidores públicos”. (Continuará)
Tierras ejidales
- Queja en la Función Pública La diputada Patricia Gamboa Wong ha llevado el caso Ucú a la Secretaría de la Función Pública InteresesLa legisladora acusa a Eduardo Castro, del RAN, de “usurpar funciones de otra autoridad —al decir, sin tener facultades para ello, que los terrenos de Ucú no son forestales— en su afán de servir a intereses inconfesables”.
Investigación Además, ha pedido una investigación a la Función Pública sobre la actuación de todos los funcionarios involucrados en el parcelamiento del ejido de Ucú.
“Huele a un gran fraude”
20/04/2010
“Esto huele a un gran fraude, a otro desvío de recursos en perjuicio de todos los yucatecos”, expresó el senador Hugo Laviada Molina en referencia a los $360 millones para la compra de tierras en Ucú.
“La gran pregunta en este caso es a dónde se fue esa cuantiosa inversión”, agregó el legislador, quien considera que ese aspecto es lo más importante en este nuevo caso de irregularidades en el manejo del erario.
“La diputada estatal Patricia Gamboa Wong ha insistido infructuosamente ante el Ejecutivo estatal, mediante la unidad de acceso a la información, para que le informen qué pasó con los $360 millones.
“Pero el gobierno no responde, sólo da evasivas y alarga el tiempo para contestar. Si no hubiera nada oculto, sería sencillo responder a esa pregunta.
“El gobierno estatal no tiene la propiedad de esa tierra y se niega a informar qué hizo con el crédito bancario”.
Dijo que el IVEY y el director de la Consejería Jurídica, Sergio Cuevas González, deben dar respuestas sobre ese asunto, ya que esas dependencias son las que se encargarían del proceso de compra del suelo ejidal.
