A punto de terminar su administración, el alcalde César Bojórquez Zapata también tiene pendientes de cumplir varios compromisos que asumió ante los meridanos.
El lunes dimos a conocer que a mitad de su gobierno, la jefa del Ejecutivo, Ivonne Ortega Pacheco, aún tiene numerosos compromisos por cumplir.
En el caso del alcalde, líderes del PRI no encuentran muchas promesas incumplidas.
Más bien, señalan deficiencias en servicios públicos, incongruencias en algunas cifras y también falta de capacitación de la Policía Municipal.
Además, dicen que muchas obras del Ayuntamiento se hicieron con dinero federal.
En el caso del Ejecutivo, la presidenta de la Federación de Colonos Urbanos de Yucatán, Blanca Estrada Mora, indicó que a la lista de promesas incumplidas de la gobernadora hay que agregar aspectos pendientes del Pacto Económico por Yucatán.
También hay compromisos sin cumplir en la gestión municipal
Por segunda ocasión gana
“Dije que les iba a demostrar con documentos que no hubo fraude. Ahora sólo falta que me hagan justicia por la muerte de mi esposa (Rosa María Arceo Ochoa), que fue asesinada por un policía”, expresó el detenido luego de recibir la notificación ayer por la mañana.
Kuri Torre seguirá en prisión por la muerte de su esposa. Este caso está en etapa de peritajes.
Sobre el fraude, como informamos, Kuri Torre fue acusado por José Luis Canto Febles, quien dijo que el inculpado no le entregó una casa por la que pagó $700,000 de enganche.
El quejoso ofreció varios testigos de la supuesta venta y el Ministerio Público recibió, en el penal meriano, la declaración de Kuri Torre, quien se abstuvo de referirse al caso y tampoco ofreció pruebas contra la denuncia.
El Juzgado 7o. expidió la orden de captura, que se dio por cumplida. Entonces, Kuri Torre negó los hechos y ofreció pruebas.
Al resolver la situación jurídica, el juez Jorge Vázquez Juan decidió no someter a juicio a Wafé Kuri con base en varios argumentos, entre éstos que la hoja en la que se asienta la venta no está firmada por el detenido. En una segunda hoja firmada sólo se refiere a la construcción de una casa.
El detenido acepta que contrató construir una casa, pero como fue detenido, no ha podido cumplir. La libertad por falta de elementos se puede revocar si la fiscalía apela, como se espera, y el Tribunal Superior de Justicia modifica el veredicto del juez.
Protesta silenciosa en los juzgados penales
Nadie dijo haber asistido “con ropa normal” como medida de protesta; sin embargo, el Diario recibió un aviso el domingo por la tarde en el sentido de que los inconformes irían sin uniforme.
La protesta es por la detención de Edwin Romel Uc Suárez y Manuel Tzuc Cisneros, secretario de Acuerdos y actuario del Juzgado 6o. Penal, a quienes acusan de extorsión. Este caso se lleva en el Juzgado 3o. Penal a cargo de Jesús Rivero Patrón.
La protesta incluiría la firma de un documento en el que los trabajadores piden que el juez sea separado de su cargo. Durante la jornada no se supo de este documento.
A preguntas, varios empleados expresaron que acudieron así por varios motivos. Por ejemplo, uno expresó que no le han dado la ropa nueva, otro que “no se secó” luego de que lo lavó el fin de semana.
“Casi nunca traigo uniforme”, dijo una proyectista.
En relación con este caso, el juez Rivero Patrón dijo que de acuerdo con la ley apenas declaró formalmente sujetos a juicio penal a los acusados informó de esa decisión al Tribunal Superior de Justicia y al Juzgado 6o.
“Este aviso es para separarlos de su cargo durante el juicio”, comentó el funcionario.
El abogado Fredy Daniel López Carrillo pidió al juzgado 3o. lo admita como defensor en este caso y también que le expida copia del expediente.
También hubo quienes se refirieron a la detención de Pablo Cabrera, secretario del Juzgado 6o. que el fin de semana tuvo un accidente cuando alcoholizado manejaba un automóvil. Pagó una caución y fue liberado en el Ministerio Público.
Reaviva un diputado la polémica
El legislador subrayó que nunca dijo que la agrupación Sociedad en Movimiento no represente nada, lo que dijo y sostiene, precisó ayer, es que de cívico no tiene nada.
“No dije que no representa nada, porque sí sé que esa agrupación representa los intereses del PAN”, afirmó.
El domingo dimos a conocer declaraciones de Caamal Burgos acerca de que los diputados locales en vez de sentirse agredidos cuando se les señala que cobran pero no trabajan, deben demostrar con hechos, con cifras, su trabajo legislativo.
Quintal Parra dijo que está de acuerdo en que los diputados deben rendir cuentas de su trabajo legislativo, incluso en lo individual, y que la sociedad forme su opinión.
“No porque un diputado no trabaje quiere decir que todos no trabajan, es como si se pensara que todos los empresarios son deshonestos y están en contubernio con funcionarios, porque Cabal Peniche se aprovechó de su situación de banquero para actuar deshonestamente”, dijo.
En otros asuntos legislativos la Diputación Permanente acordó ayer continuar los trabajos de las últimas reformas constitucionales, al contar con la confirmación de más del 50% de los ayuntamientos del Estado.
También las comisiones de Puntos Constitucionales y Ecología iniciaron los trabajos para dictaminar tres leyes del medio ambiente.
En competitividad, el Estado pierde fortaleza
Yucatán tiene una situación “relativamente buena” en materia de competitividad, pero desde 2004 pierde fortaleza en ese rubro, se indicó ayer en el marco de la presentación del Congreso del Comercio Exterior Mexicano que se realizará en esta capital a principios de junio.
Se dijo que uno de los rubros donde hay retroceso es en el estado de Derecho. Esto debe cambiar para que los empresarios se sientan seguros de invertir en esta región y se les garantice imparcialidad de los jueces, respeto a la ley y prontitud en la resolución de controversias.
—La inversión se desalienta si entre la población hay la impresión de que los jueces emiten sentencias sesgadas —dijo Manuel Molano Ruiz, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien hizo los planteamientos ya citados.
Otros segmentos por atender, agregó, son la protección al medio ambiente y el agua, impulsar un tipo de sociedad incluyente y sana, mayor eficiencia administrativa y más carreteras y servicios de telecomunicación.
También hay que elevar los niveles de salud, educación y participación laboral femenil.
Un aspecto que se destacó es el interés de los yucatecos en la política en general. “La sociedad yucateca es muy movilizada en lo político, pero le falta tener un papel más activo a nivel nacional, su actitud conciliatoria en lo político podría ser una aportación para el país”, dijo.
Respecto de la situación del país, expuso que México tiene rumbo, pero perdió entusiasmo, y deploró que las decisiones económicas se paralicen por cuestiones políticas.
Denunciarán por peculado al Ejecutivo
Legisladores federales del PAN interpondrán una denuncia contra el gobierno del Estado por presunto desvío de recursos en el caso de las tierras de Ucú, ya que pagó $230 millones por un bien que no tiene en propiedad.
Con base en documentos del propio Ejecutivo en el que admite que ya gastó ese dinero, sin tener la propiedad, y sustentado en los artículos 222, 223, 225, 227, 230 y 231 del Código Penal, los senadores y diputados federales panistas afirman que se configura el delito de peculado.
El caso de la compra de tierras ejidales de Ucú se remonta a abril de 2008, cuando la desaparecida Cousey pagó un anticipo presuntamente ilegal, según señaló la Procuraduría Agraria, y el Congreso local aprobó la contratación de un crédito de hasta $360 millones para comprar 3,000 hectáreas del ejido.
Ya pasaron dos años, señalaron en rueda de prensa ayer los legisladores, y hasta hoy el Ejecutivo no ha podido acreditar la propiedad de esas tierras y se ha negado a informar a quién le pagó, a nombre de quién salieron los cheques y dónde está la documentación que ampara el millonario pago de Ucú.
El senador Hugo Laviada Molina afirmó que, paralelamente, hay una compra encubierta de 600 hectáreas en Ucú, de parte de prestanombres de Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega, quien, según dijo, trafica con tierras para obtener dinero que destina a las campañas priistas.
“Para pagar los $230 millones el Ejecutivo necesitaba tener los títulos de propiedad de las 3,000 hectáreas, cosa que no tiene. Si no es así, que lo demuestre”, subrayó el
legislador.
“Tenemos información de que esos terrenos ya fueron ''vendidos a futuro'' a amigos inmobiliarios y que con ese dinero se financian hoy las campañas, en lo que constituye un gran fraude que tiene que explicar el gobierno del Estado a los yucatecos”, denunció Laviada Molina.
En rueda de prensa, acompañado de sus colegas, el senador Alfredo Rodríguez Pacheco y de los diputados federales María Yolanda Valencia Vales, Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Ávila Ruiz, el doctor Laviada afirmó que, paralelamente a ese caso, hay una compra encubierta de 600 hectáreas, ubicadas entre Ucú y Ciudad Caucel, en la que involucra al diputado y delegado del PRI, Felipe Enríquez Hernández, “experto en el financiamiento de campañas a través del tráfico de tierras”.
El senador dijo que “el diputado Conago, llamado así porque es compadre de varios gobernadores, como Ivonne Ortega Pacheco y Félix González Canto (de Quintana Roo)”, es el “arquitecto del modelo Peña Nieto que se aplica en ese filete de Ucú”.
“Ese modelo se ha aplicado en Nuevo León, Hidalgo y el Estado de México, entre otros, para ''regularizar'' y traficar con terrenos y utilizar el dinero para financiar campañas, como hizo en la de su comadre Ivonne Ortega”.
Enríquez, indicó, fue secretario particular de una ex titular de la Reforma Agraria y director del Fomerrey, en Nuevo León, el equivalente al IVEY, donde adquirió experiencia en el tema.
“Pero ese es otro boleto, lo medular es el desvío de los $230 millones supuestamente para comprar las tierras de Ucú, que bien se podrían estar utilizando en las campañas del PRI”.
Daniel Ávila señaló que el Ejecutivo admite haber gastado $343.3 millones, según consta en un documento que contiene la firma autógrafa de la gobernadora.
Reporte de ilegalidades electorales
Sociedad en Movimiento denunció que tanto el PRI como el PAN están haciendo uso de recursos humanos de dependencias estatales y federales para sus campañas en el presente proceso electoral.
Gina Villagómez Valdés, del equipo coordinador de la agrupación, dijo que ambos partidos están cometiendo la misma irregularidad en las campañas.
Luis Medina Cantillo, también coordinador de la asociación, recalcó que es necesario modificar la ley electoral.
En el marco de la penúltima presentación de la “Pregunta de la Semana”, Luis Medina Cantillo, otro de los coordinadores de la asociación, dijo que en las universidades les han alertado de la contratación masiva de estudiantes, a quienes los partidos les pagan $500, $700, $1,500 y hasta $3,000 por hacer campaña, cantidades que son difíciles de fiscalizar, y por esa razón consideró que “es probable que los partidos ya hayan rebasado los topes de campaña”. —Estas acciones son producto de las decisiones tibias del Ipepac. Mientras sólo hayan aspirinas para las acciones violatorias, seguiremos viendo situaciones como ésta.
—Mientras el Ipepac no esté en manos de los ciudadanos veremos este tipo de acciones y muchas cosas más. Luis Medina indicó que la sanción que ese instituto impuso a Daniel Rochel Novelo —quien fue suspendido dos meses— fue “demasiado leve”. —Estamos hablando del encargado de capacitar al personal de ese instituto. Una sanción ejemplar hubiera sido retirarlo de su cargo definitivamente.
El 10 de mayo Sociedad en Movimiento realizará una evaluación final de “Pregunta de la Semana” y del cumplimiento de las propuestas del alcalde César Bojórquez y la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Petición juvenil a choferes: respeto
Estudiantes que recibieron ayer la nueva credencial para el uso de transporte urbano de Mérida demandaron respeto a su persona y a las micas oficiales y mejor trato de los operadores.
Narayahil Puc Flores, estudiante de la Licenciatura Intervención Educativa de la UPN, dijo que “ojalá la respeten los choferes”, porque son con los que tienen problemas: “Apenas ven la credencial nos tratan mal, nos ponen peros, sólo porque pagamos tres pesos”.
El director de Transporte del Estado, Henry Sosa Marrufo, ofreció sancionar a los permisionarios que no respeten las micas y “hasta les puedo quitar sus concesiones”, bromeó.
Sosa Marrufo verificó ayer el inicio de la entrega de 49,870 credenciales, proceso que durará dos meses. La primera credencial fue para la taekwondista Yajahira Monserrat Irigoyen Suárez.
Más demagogia y pocas propuestas
—Además, sólo se ven caras y frases demagógicas, se conoce poco de las propuestas —indicó.
Este señalamiento ya se le hizo a los consejeros electorales del Estado, señaló, al igual que les propusieron que organicen un debate con los candidatos, donde prevalezcan las propuestas, más que los aspirantes.
El viernes por la mañana, dirigentes del FCF se reunieron con cuatro de los cinco consejeros —faltó Lissette Cetz Canché—, para presentarles el monitoreo que hicieron sobre los gastos de campaña del que informamos ampliamente el martes pasado.
Patricia McCarthy añadió que también pidieron a los consejeros que reconsideren el caso del subdirector de capacitación del Consejo, Daniel Rochel Novelo, acusado de participar en actos de campaña, pidieron que sea separado definitivamente del cargo, ante las evidencias de la violación que cometió.
Por parte del FCF también estuvieron en esta reunión los coordinadores Guillermo Vela Román y Alberto Arjona Ordaz.
En el caso de los topes de campaña, Vela Román señaló que hicieron notar a los consejeros la importancia de vigilar que se cumpla la ley y no se rebasen los montos acordados, aunque al parecer no se cumplirá.
Señaló que hay una sobreexposición de candidatos, de excesos de campaña en imagen de algunos, destaca la inequidad, unos ni siquiera figuran.
En general deja muy poca oportunidad al elector para conocer las propuestas.
Calculó que por lo menos el PRI, ya se gastó un 23% del tope de campaña en publicidad fija, y el 80% restante también lo habrá ejercido en la propaganda de tierra, camisetas, obsequios, rentas, sueldos y demás.
El Frente Cívico Familiar considera que la campaña electoral más que propuestas verdaderas se ha basado en la demagogia y en dar mayor importancia a la imagen.
También alerta sobre la posible violación a los topes de campaña, especialmente en el PAN y el PRI.
Por su parte, representantes de ambos partidos dieron ayer sus opiniones ayer sobre los resultados de la encuesta que encargó el PAN y que da una ligera ventaja a su candidata a la alcaldía de Mérida, Beatriz Zavala Peniche, sobre la priista Angélica Araujo Lara.
Compromisos no cumplidos
A mitad del período de su administración, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco no ha cumplido compromisos que hizo durante su campaña política, en su toma de posesión y en estos dos años y medio transcurridos.
Y otras de sus promesas están a medio camino o no hay fechas para ponerles fin. A esto se agrega que en parte de las acciones que sí se concretó el mérito es compartido con el gobierno Federal, que aportó la totalidad o una porción de lo invertido en esos casos.
Uno de los sonados ejemplos de las promesas incumplidas del Ejecutivo estatal es que hace dos años, en marzo de 2008, ofreció poner orden en el transporte urbano, fijar tarifas justas y acabar con el maltrato al usuario. Se dijo que en seis meses estaría listo el Plan Integral de Transporte para un Yucatán Exitoso.
Ese servicio es desde hace un tiempo blanco de protestas estudiantiles Otro caso similar es el Parque Científico y Tecnológico, un complejo de 103 hectáreas con inversión de $257 millones. La obra se anunció hace más de un año y la primera piedra se puso en mayo de 2009, pero desde entonces no hay nuevas noticias al respecto.
También hace 16 meses que la gobernadora Ivonne Ortega anunció que el Fondo Yucatán iniciaría el estudio financiero de los proyectos del tren rápido, el Museo de la Cultura Maya y el Centro Regional de Acopio de Productos Agrícolas y Ganaderos de Valladolid.
Otras promesas fueron un aeropuerto de carga, un programa de oficios para jóvenes y crear el Instituto Yucateco de Educación Complementaria.
Otro ofrecimiento pendiente de concretar es lograr los objetivos del aeropuerto de Kaua, ahora en manos del Ejecutivo estatal, pues éste compró la parte de acciones que estaban en poder de la empresa Foster.La palabra incumplida se extiende a cuestiones de género. En 2007 la gobernadora anunció que, a fin de detonar la labor de las mujeres empresarias, crearía un “grupo técnico” para atender las necesidades de ese sector.
Con su liderazgo, señaló, quedarían atrás conflictos y divisiones; ella ejercería el poder por encima de intereses de partidos y facciones. Su gobierno sería de resultados “y jamás de protagonismos o lucimiento personal”. La política, enfatizó, formaría parte de la solución, nunca más parte del problema.
Y remarcó que “la reorganización del gobierno no será ni atropellada, ni caprichosa”.
Una de sus promesas en esa ocasión fue dotar a Yucatán de un tren bala, ofrecimiento que después descendió a tren rápido. “Sé que ese proyecto no será sencillo, sé que deberá mostrar su valía, pero el tren rápido no se hace por el aplauso fácil o por ocurrencia gratuita”.
Otros de sus compromisos fueron aplicar la ley y combatir la corrupción. “El marco jurídico se aplicará sin distinciones y sin privilegios. Nadie estará por encima de ley, absolutamente nadie”, manifestó.
Respecto a la corrupción, dijoque no será tolerada. “Donde hay corrupción todo se puede y todo se vale. Ningún acto de corrupción quedará impune. En ello comprometo mi palabra, palabra de mujer, palabra de gobernadora”, aseguró.
“Yo gobernaré con el ejemplo: asumo el cargo con un patrimonio modesto, producto del trabajo y del esfuerzo. Y así, sólo con los frutos de mi trabajo y de mi esfuerzo, dejaré mi cargo. Todos ustedes son testigos de esa promesa”.
Acerca del populismo, su postura fue: “No gobernaré pensando en la popularidad. Gobernaré pensando en hacer lo que esta gran tierra necesita para volver a ponerse de pie”.
A los ciudadanos les ofreció llevarlos al poder. “Yo daré voz y autoridad a los organismos no gubernamentales, a las asociaciones ciudadanas”.
A los empresarios les pidió comprometerse con el futuro de la entidad y que “ muestren liderazgo no sólo en opiniones, sino también en acciones”.
“El gobierno no puede, ni debe, marcar o regir de forma arbitraria el rumbo económico... Reconozco el valor de la iniciativa privada, y ofrezco una política de fomento que respalde las acciones de modernización que la economía reclama”.
En materia de turismo, Ivonne Ortega dijo que esta actividad debe generar por lo menos 25,000 nuevos empleos.
Respecto al campo y la pesca prometió inversiones en ambos rubros “para que Yucatán sea de nuevo el gran exportador de productos únicos que cautiven al mundo”.
“Desde este momento lo digo: Mi gobierno le hará campo al campo y llevará justicia a quienes han sido olvidados”.
No fue sino hasta hace poco que cumplió con establecer una Policía Vecinal.
Esos compromisos en el rubro de seguridad se hicieron en 2007. Esa vez se dijo que la corporación pesquera tendría dos vehículos para empezar.
La lista de ofrecimientos hechos en 2007, 2008, 2009 y lo que va de 2010 es variada. Incluye desde computadoras para una primaria hasta un gran complejo deportivo, pasando por desarrollos en la costa, la “medalla Chichén Itzá”, la reactivación de la industria henequenera, becas a estudiantes, combate a la pobreza, un laboratorio de salud y el impulso al turismo, entre otros.
Entre las promesas hechas en 2007 figuran: —Se crearán “cadenas productivas” para la transparencia y rapidez en el pago a proveedores, en beneficio de 8,000 empresas. Habrá un plan de “gobierno digital de servicios” con cobertura a los 106 municipios. (Noviembre).
—En marzo se creará el Fondo de Garantías Líquidas para el Desarrollo Rural, como parte de las acciones para el campo, que contemplan inversiones sin precedente. A partir de 2008 se creará el el Fondo de Apoyo para Artesanos de Yucatán (FAPAY), con $50 millones de pesos. (Noviembre).
—En esta administración se entregará a jóvenes 1,500 becas para estudiar en el extranjero. Y cada año se becará a cinco más que realicen estudios de postgrado en el Cinvestav. (Diciembre).
Entre los anuncios realizados en 2008 figuran: —Nace el programa Cobijar, 30 brigadas del gobierno recorren 63 municipios así como 42 comisarías y 22 colonias de Mérida, para distribuir chamarras y cobertores a niños y adultos mayores de escasos recursos. El plan es producir 100,000 chamarras e igual número de cobertores con inversión de $26 millones. (Enero).
—Se presenta el Plan Estatal de Desarrollo, que contempla, entre otras cosas, reducir en 35% la pobreza y generar 100,000 empleos, de los que 25,000 serán en turismo y por lo menos 10,000 en el campo. (Enero).
—Se construirá un Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) en Progreso (Febrero). —Se hará un nuevo Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Yucatán, 11 Centros Regionales para el Desarrollo del Deporte, un Centro Paralímpico y un parque ecológico. (Febrero).
—En 45 días se instalará una Comisión Ejecutiva para la Reconversión de la Explotación Henequenera, en la que participarán empresarios, líderes sociales, expertos y funcionarios. (Marzo).
—Se crea el Instituto Estatal de Combate a la Corrupción (Inecco), que dará certeza de que hay un gobierno transparente. “Designo (como su director) a un hombre crítico que no le temblará la voz para denunciar aquellas conductas que dañan...” (Abril).
—Surge la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), cuyo fin es que esta entidad federativa sea modelo de desarrollo regional y ejemplo de zonas metropolitanas. (Mayo).
—Se crea la Coordinación para el Desarrollo de la Zona Costera de Yucatán (Codecy), para impulsar el litoral yucateco. Con $150 millones se construirá el malecón internacional de Progreso (Julio)., y habrá otras inversiones para nuevas marinas y servicios para barcos en Yucalpetén, así como una nueva política de vivienda y saneamiento de ciénagas y manglares. (Julio).
Muchas promesas de campaña y de la toma de posesión de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco se han quedado a medias o en buenos deseos al cumplirse la primera mitad, 2.5 años, de su administración.
Entre los principales ofrecimientos sin resolver está el asunto del transporte urbano para el cual ofreció un plan integral que permita fijar tarifas justas, acabar con el maltrato al usuario, modernizar las unidades y hacer más eficientes las rutas.
Tampoco han visto la luz el tren rápido, el Parque Científico y Tecnológico, el Museo de la Cultura Maya y el Centro Regional de Acopio de Productos Agrícolas y Ganaderos de Valladolid, y el Instituto Yucateco de Educación Complementaria entre otras obras ofrecidas por la jefa del Ejecutivo.
Los hechos dicen que en estos tres años de Gobierno del PRI en el Estado, sus principales propuestas de campaña fueron solo promesas y no proyectos de solución concretos y en base a las necesidades de la gente. El PRI continúa con el mismo esquema de campaña de hace tres años de ofertar acciones que prácticamente no podrán cumplirse.
Entre las promesas no cumplidas tenemos el tren bala, el Parque Científico y Tecnológico y el Instituto Yucateco de Educación Complementaria.
Las promesas de campaña fueron truncadas por hechos aislados con tintes electoreros paternalistas. Los mayores logros que promueve el Gobierno del Estado provienen del Gobierno Federal. Casualmente, hoy tenemos una titular del Ejecutivo que en pleno proceso electoral entrega recursos a las comunidades que durante los últimos 3 años tuvo abandonadas. Hoy ese protagonismo con fines electorales es el Eje Central del Gobierno del Estado, apoyado en un gasto en imagen que se ha visto triplicado.
Tenemos obras a medio terminar y programas que son suspendidos por la crisis económica mientras que el derroche se hace patente en las campañas de los candidatos del PRI, sin embargo, tenemos un Telchac Puerto y un Puerto Progreso sumidos en el olvido. Vemos un gobierno donde se han violado prerrogativas fundamentales de los ciudadanos como el derecho a la libertad de expresión, reprimiendo a quienes se expresan en contra de sus excesos.
Una administración sin la más mínima transparencia en la rendición de cuentas y en la atención de los problemas esenciales del estado con la política de tender cortinas de humo ante los escándalos en los que se envuelve como el caso Carlos Farjat y las tierras de Ucú que fueron compradas por el Gobierno del Estado en base a una deuda, cuando el terreno es propiedad nacional.
En estos dos años y medio de la administración de Ivonne Ortega Pacheco han ocurrido sonados sucesos y conflictos con otras autoridades y actores sociales, y se han conocido decisiones controvertidas.
Todo esto se suma a una serie de promesas incumplidas o cumplidas a medias, de las que dimos cuenta ayer lunes.
En cuanto a los incidentes, los últimos aprietos de la administración estatal surgieron a raíz de los chiflidos y gritos de “fuera” que recibió la titular del Ejecutivo en una función de boxeo, lo cual derivó en mayor agitación política cuando el PRI culpó al PAN de ese suceso.
El asunto se extendió más allá de los partidos cuando la empresa Mayan Xic retiró del mercado camisetas con la leyenda “Yo chiflé a Ibom” y se detuvo a dos jóvenes que vendían en la calle prendas similares.
La discordia afectó una visita presidencial y poco después la gobernadora estuvo en un mitin del PRI donde dijo que incluso pateará puertas para lograr sus objetivos a favor de Yucatán.
Uno de los sonados episodios de esta administración ocurrió en Sotuta, al mes siguiente de la toma de posesión de Ivonne Ortega. Una turba, presuntamente identificada con el PRI, irrumpió violentamente en el Palacio Municipal, sustrajo dinero de la nómina y causó destrozos en el edificio y vehículos, uno de los cuales quedó volcado.
Otro suceso, ocurrido poco después, fue el arraigo del ex director de la Cousey José Carlos Guzmán Alcocer, acusado por el Ejecutivo de varios delitos. Esto derivó en otro lío judicial sobre terrenos de esa dependencia para el Country Club.
El acontecimiento de mayor impacto ocurrió en 2008, con el hallazgo de doce decapitados, un hecho relacionado con el tráfico de estupefacientes. Antes de ello, a fines de 2007, un narcoavión cayó en Tixkokob.
Otros hechos son los desacuerdos entre el Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de Mérida y los demás gobiernos municipales de extracción panista, entre ellos el de Dzemul, lugar de nacimiento de la gobernadora.
El Ayuntamiento meridano protestó ante la Suprema Corte por la creación de la Coordinadora Metropolitana de Yucatán (Comey) y los excesos de la Legislatura en una auditoría al municipio.
La gobernadora suspendió sus asistencias a las sesiones solemnes de Cabildo y al informe anual del alcalde César Bojórquez Zapata. Uno de los enfrentamientos entre ambos tuvo lugar ante empresarios y otros invitados a la ceremonia de inicio de un distribuidor vial en el Anillo Periférico: el equipo de la gobernadora vetó la intervención del alcalde, pero la SCT se opuso a ello, y entonces la gobernadora se negó participar.
Hace poco Ivonne Ortega dejó plantada a la cúpula empresarial. No asistió a la asamblea anual de Coparmex Mérida.
Otros sonados hechos fueron la detención, el año pasado, de Cecilia Flores Argáez, ex directora de Comunicación Social del Ayuntamiento. También la revelación de que la gobernadora apostó una ambulancia en un juego de béisbol de los Leones de Yucatán.
Otros más fueron las irregularidades en la compra de tierras ejidales de Ucú y Caucel —la oposición acusó de “especulador” al Ejecutivo—, el endeudamiento de $1,800 millones y la corrupción en el programa Cobijar, cuyas chamarras y cobertores “llegaron” incluso a personas fallecidas. En un acto de la gobernadora, un niño de playera con logotipo del Ayuntamiento fue obligado a ponerse otra encima.
Uno de ellos consideró que parte del problema es la falta de participación del sector privado, otro más pidió darle tiempo a la funcionaria para cumplir sus ofrecimientos, y el tercero solicitó que el Ejecutivo informe qué ha hecho con el millonario préstamo bancario y cuál es el avance de los proyectos del Plan Estatal de Desarrollo.
—Hay proyectos con avance, pero reducido, como los dos museos mayas. Otros están en la fase de estudios, como el centro de acopio de Valladolid, el tren rápido y el centro integrador logístico con un recinto fiscal —afirmó Jorge Manzanilla Pérez, líder de la Canacome y del Consejo Coordinador.
—Pero la mayoría de los proyectos están atrasados, y una de las causas es la falta de participación en ellos de los empresarios. Nos iría bien si en los dos años y medio que le faltan al gobierno concluimos cuatro de esos proyectos, pero para que esto ocurra es necesario que los empresarios colaboremos.
Jorge Caamal Burgos, presidente de Coparmex Mérida, consideró conveniente un balance de promesas de campaña y revisar el avance de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo.
—Otra duda es si el Ejecutivo está destinando a los fines respectivos los $1,800 millones del préstamo bancario.
—Se dijo que en 2010 tendríamos el mejor presupuesto estatal de la historia, y si a eso sumamos el millonario crédito bancario, entonces debería estar en marcha un buen paquete de obras.
Sugirió que no se pongan primeras piedras de proyectos si éstos no están listos.
Gustavo Millet Reyes, presidente de la Cámara de la Industria del Vestido, dijo que aún no termina la administración y confía en que la gobernadora cumplirá sus promesas en lo que resta de su mandato.
—Estamos seguros de que así será.
