Legisladores federales del PAN interpondrán una denuncia contra el gobierno del Estado por presunto desvío de recursos en el caso de las tierras de Ucú, ya que pagó $230 millones por un bien que no tiene en propiedad.
Con base en documentos del propio Ejecutivo en el que admite que ya gastó ese dinero, sin tener la propiedad, y sustentado en los artículos 222, 223, 225, 227, 230 y 231 del Código Penal, los senadores y diputados federales panistas afirman que se configura el delito de peculado.
El caso de la compra de tierras ejidales de Ucú se remonta a abril de 2008, cuando la desaparecida Cousey pagó un anticipo presuntamente ilegal, según señaló la Procuraduría Agraria, y el Congreso local aprobó la contratación de un crédito de hasta $360 millones para comprar 3,000 hectáreas del ejido.
Ya pasaron dos años, señalaron en rueda de prensa ayer los legisladores, y hasta hoy el Ejecutivo no ha podido acreditar la propiedad de esas tierras y se ha negado a informar a quién le pagó, a nombre de quién salieron los cheques y dónde está la documentación que ampara el millonario pago de Ucú.
El senador Hugo Laviada Molina afirmó que, paralelamente, hay una compra encubierta de 600 hectáreas en Ucú, de parte de prestanombres de Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega, quien, según dijo, trafica con tierras para obtener dinero que destina a las campañas priistas.
“Para pagar los $230 millones el Ejecutivo necesitaba tener los títulos de propiedad de las 3,000 hectáreas, cosa que no tiene. Si no es así, que lo demuestre”, subrayó el
legislador.
“Tenemos información de que esos terrenos ya fueron ''vendidos a futuro'' a amigos inmobiliarios y que con ese dinero se financian hoy las campañas, en lo que constituye un gran fraude que tiene que explicar el gobierno del Estado a los yucatecos”, denunció Laviada Molina.
En rueda de prensa, acompañado de sus colegas, el senador Alfredo Rodríguez Pacheco y de los diputados federales María Yolanda Valencia Vales, Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Ávila Ruiz, el doctor Laviada afirmó que, paralelamente a ese caso, hay una compra encubierta de 600 hectáreas, ubicadas entre Ucú y Ciudad Caucel, en la que involucra al diputado y delegado del PRI, Felipe Enríquez Hernández, “experto en el financiamiento de campañas a través del tráfico de tierras”.
El senador dijo que “el diputado Conago, llamado así porque es compadre de varios gobernadores, como Ivonne Ortega Pacheco y Félix González Canto (de Quintana Roo)”, es el “arquitecto del modelo Peña Nieto que se aplica en ese filete de Ucú”.
“Ese modelo se ha aplicado en Nuevo León, Hidalgo y el Estado de México, entre otros, para ''regularizar'' y traficar con terrenos y utilizar el dinero para financiar campañas, como hizo en la de su comadre Ivonne Ortega”.
Enríquez, indicó, fue secretario particular de una ex titular de la Reforma Agraria y director del Fomerrey, en Nuevo León, el equivalente al IVEY, donde adquirió experiencia en el tema.
“Pero ese es otro boleto, lo medular es el desvío de los $230 millones supuestamente para comprar las tierras de Ucú, que bien se podrían estar utilizando en las campañas del PRI”.
Daniel Ávila señaló que el Ejecutivo admite haber gastado $343.3 millones, según consta en un documento que contiene la firma autógrafa de la gobernadora.
