Noticias de Yucatán
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En un acto sin precedente, que ha causado inquietud entre empresarios y abogados, la Consejería Jurídica del gobierno del Estado emitió hace unos días un dictamen de rectificación de medidas de un lote en los ex terrenos de Cordemex, para justificar la apropiación de una parte de esa superficie, que legalmente no le pertenecería, de acuerdo con documentos consultados en el Registro Público de la Propiedad.
Ayer publicamos que el gobierno estatal reclama como suyo el terreno número 299-B de la calle 60, que recibió en permuta en 2006, con el propósito expreso de destinarlo a la ampliación de las vialidades de la zona, y que colindaba con el predio 243 de la calle 3-B con 60, propiedad de Arturo Millet Molina, quien, por su parte, tiene una promesa de compra del consorcio internacional Costco.
Según el director del Catastro Municipal, Heide Zetina Rodríguez, el lote que se reclama ya no existe, porque en 2008 sirvió para ampliar la calle 60 Norte.
Según fuentes extraoficiales cercanas al caso, consultadas por Central 9, la Unidad de InvestigaciónPeriodística de Grupo Megamedia, esa dependencia habría emitido un dictamen catastral, que estaría en poder del gobierno del Estado, en el cual documenta la inexistencia del predio y recomienda que se oficialice como vialidad.
Luego de 77 años se "detecta" un error documental
Un dictamen muy parecido, con diferencias de unos cuantos metros, dicen las fuentes, habría emitido también el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), organismo descentralizado pero sectorizado en la Consejería Jurídica a cargo de Ernesto Herrera Novelo.
Otro funcionario del gobierno responsable de llevar la reclamación de ese terreno, hasta ahora no identificado oficialmente por Central 9, rechazó, sin fundamentos jurídicos, los dictámenes del Catastro y del Insejupy, que habría presentado su director Jorge Esquivel Millet, y encargó al director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), César Armando Escobedo May, la elaboración de otro dictamen.
La propia Consejería, en un boletín distribuido la semana pasada, señala que como los dictámenes del Catastro y del Insejupy no coinciden con las mediciones reales del terreno (el gobierno no admite que el lote en disputa es ahora una calle, como dice el Catastro), se contrató a peritos independientes, que no identifica. También se contrató a peritos del IVEY -entidad que no puede emitir dictámenes de rectificación de medidas con valor jurídico, por lo que el documento que generó lo firmó el consejero jurídico, señalan las fuentes-, y esos especialistas se remontaron a 1937 para demostrar que durante 77 años peritos catastrales del Ayuntamiento y del gobierno, valuadores y notarios han estado equivocados sobre las medidas del predio.
Este es el boletín de la Consejería Jurídica:
“Derivado de la controversia relacionada del predio 299 letra B de la calle 60, tenemos a bien considerar que una vez realizada la investigación jurídica del citado inmueble, se pudo concluir que lo reportado documentalmente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y en el Catastro municipal de la ciudad de Mérida no concuerdan físicamente con las extensiones manifestadas en las escrituras y de igual manera en el destino que se le dio al citado predio.
“En virtud de esta discrepancia en las medidas y colindancias, se procedió a realizar una medición que partiera de origen del citado polígono remontándonos a la fecha 11 de septiembre de 1937, fecha por la cual por resolución presidencial publicada en el Diario Oficial, el día 3 de mayo de 1939, se dotó al ejido de Xcumpich de una superficie de 440 hectáreas.
“En virtud de lo anterior se contrató a peritos independientes y al Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán a fin de determinar y realizar las mediciones desde el Ejido de Xcumpich y no circunscribirnos a lo que hoy existe en los polígonos y poder tener mediciones reales de las superficies relacionadas con este asunto
