Noticias de Yucatán.
Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su sexenio en diciembre de 2018, entre sus planes para frenar los actos de corrupción en obras de infraestructura pública siempre estuvo incluir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como un nuevo actor en el sector de la construcción a gran escala.
El proyecto de edificación de un complejo urbano en Santa Fe, su participación en las obras del Tren Maya, la responsabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, e incluso un acuerdo de Colaboración para la Construcción de Infraestructura entre la Sedena y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2019) para desarrollar carreteras, puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, sistemas satelitales, entre otros, dan cuenta del peso que tiene y que tendrá la Sedena como constructora durante éste sexenio.
Sin embargo, la Sedena y sus dependencias no están exentas de incurrir en irregularidades que pueden o no estar ligadas a actos de corrupción, pero que en definitiva suponen fallas administrativas de diversa índole.
En la última entrega de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró 12 millones 438 mil 20 pesos en posibles daños a la Hacienda Pública Federal por parte del sector de la Defensa Nacional, que están relacionados con obras de infraestructura pública militar.
Entre las irregularidades ligadas a la Secretaría del General Luis Cresencio Sandoval González están las obras para edificar el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, que tiene la misión de capacitar a personal civil y militar para especializarlos en tácticas y operaciones de mantenimiento de la paz, en concordancia con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el Presidente López Obrador, si existe una palabra para definir al General Sandoval González, ésta es “incorruptible”. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
La construcción del Centro inaugurado en enero de 2019 por el Presidente AMLO implicó probables daños por 9 millones 791 mil 557 pesos ligados a pagos realizados fuera de norma, así como a pagos en demasía debido a que los volúmenes de obra pagados fueron –en algunos casos– mayores a los ejecutados, o debido a que hubo diferencias entre los salarios pagados y acordados, duplicidad de conceptos pagados y pagos no acreditados, de acuerdo con la auditoría número 2019-0-07100-22-0065-202065-GB.
En 2019, la ASF también encontró probables daños al erario público por 826 mil 404 pesos relacionados con obras de demolición del proyecto de construcción de una unidad habitacional naval en Veracruz por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam). De acuerdo con la auditoría número 2019-1-07HXA-22-0072-202072-GB, las autoridades responsables de las obras no registraron el volumen de las estructuras a demoler, lo que influye en el costo de la obra.
Aunque el Issfam cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, la Auditoría determinó que la institución tuvo problemas contables y procesales, además de que incurrió en incumplimientos administrativos, normativos y contractuales, entre ellos los vinculados con funciones de verificación, amortización de anticipos e incrementos injustificados de plazos por contrato.
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Asimismo, la ASF señaló que hubo una “deficiente planeación de obra, toda vez que el proyecto de la unidad habitacional naval no fue coincidente con los conceptos de trabajo del presupuesto de la Sedena”.
El año pasado, Issfam también causó probables daños económicos por 1 millón 820 mil 60 pesos relacionados con la construcción de una unidad habitacional militar en Chiapas. La auditoría número 2019-1-07HXA-22-0071-202071-GB indica que el perjuicio se debió a “pagos efectuados sin el soporte que permita comprobar que fueron devengados, toda vez que las estimaciones carecen de los números generadores, fotos, notas de bitácora y croquis de localización que acrediten los volúmenes de obra ejecutados”.
EN EL OJO DEL HURACÁN
En el marco de la detención en Estados Unidos (2020) del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, actualmente juzgado por narcotráfico y lavado de dinero, éste medio digital dio a conocer que entre 2013 y 2018, la ASF registró millones de pesos en pérdidas económicas relacionadas con obras de infraestructura pública, compra de refacciones, devolución de recursos a la Tesorería de la Federación y manejo de la seguridad social de los militares.
Como consecuencia de 26 revisiones efectuadas durante el sexenio pasado, la Auditoría encontró posibles perjuicios económicos a la Hacienda Pública Federal por 16 millones 987 mil 865 pesos. Los daños registrados se debieron a sobreprecios y pagos duplicados, excesivos y/o indebidos en obra pública; bienes y servicios pagados no encontrados y/o ejecutados; dinero de pólizas de seguros y de penalidades a contratistas que no fue reintegrado a la Secretaría de Hacienda; y diferencias entre los registros contables de la Sedena y del Issfam.
La investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo asimismo refiere que a reserva de las anomalías detectadas que ya hayan sido solventadas, la información oficial indica que al menos 16 funcionarios públicos de alto nivel del sexenio pasado habrían estado involucrados, directa o indirectamente, en la comisión de irregularidades a través de la Sedena. Lo anterior no implica que dichas personas hayan sido culpables de algún acto u omisión, sino que las anomalías ocurrieron cuando eran responsables de las áreas encargadas de los proyectos implicados.
Entre los posibles responsables se menciona a 11 generales, de entre los cuales destacan el exdirector (2016) del Issfam, Alejandro Saavedra Hernández, quien estuvo a cargo (2014) de los centros de comando y comunicación (C-4) que controlaban las zonas de Chilpancingo e Iguala, en Guerrero, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como el exdirector (2017-2019) de la Industria Militar, José Ricardo Bárcena Rosiles, quien asumió (2014) la comandancia de la 22 Zona Militar en el Estado de México, a la que pertenecieron los soldados involucrados en la muerte de 22 civiles en Tlatlaya.
También destacan el otrora (2017-2018) inspector y contralor del Ejército y de la Fuerza Aérea, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, responsable de las tropas implicadas (2012) en la muerte de una civil (María Susana Flores Gámez) durante un enfrentamiento con integrantes del Cártel de Sinaloa, y el exdirector (2017-2018) de la Comandancia de la Fuerza Aérea, Miguel Enrique Vallín Osuna, bajo cuya administración ocurrió el desplome de un helicóptero militar –en que viajaba el exsecretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida– que causó la muerte de 13 personas en 2018.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no sólo los funcionarios públicos que hayan incurrido en actos u omisiones ligados a ilícitos graves y no graves son sujetos a sanción. También las personas que encubran (Artículo 62) y obstruyan la justicia (Artículo 64) son responsables, toda vez que habiendo tenido conocimiento de algún ilícito cometido no hubieran dado parte a las autoridades competentes.
Las cifras de la Sedena y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) indican que a lo largo del sexenio pasado hubo 5 mil 570 denuncias en contra de servidores de la Defensa Nacional por faltas administrativas graves y no graves, además de 2 mil 661 militares sancionados –por ilícitos por función pública y/o militar– en 2016-2018, entre los que se cuentan 11 generales, 22 coroneles, 50 mayores y 128 capitanes.
