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Suprema Corte falla a favor del Ayuntamiento de Mérida

12 noviembre 2014
Noticias de Yucatán ()

Con la resolución, el Congreso del Estado no podrá modificar la Ley de Hacienda municipal

El Ayuntamiento de Mérida   obtuvo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia a favor  sobre la controversia constitucional que se promovió a partir de la reforma a diversas disposiciones que realizó el Congreso del Estado a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, informó la Comuna a través de un comunicado. 
Con el fallo de la Suprema Corte, el cual se emitió en sesión pública el día de ayer, se resuelve la invalidez del Artículo décimo transitorio del decreto 132, publicado el 23 de diciembre de 2013 y con esto, se demuestra que el Congreso del Estado de Yucatán atentaba contra las facultades del municipio.
El pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez del Artículo antes citado, el cual incluyó el Congreso de manera unilateral rechazando la propuesta que había hecho el Municipio. La decisión del Congreso del Estado, determinó la Suprema Corte, viola la autonomía Municipal prevista en la fracción IV del artículo 115 Constitucional.
Esto es porque  el cabildo meridano aprobó un alza máxima de un 3.5% para el impuesto predial que se pagaría  en Mérida. Lo anterior se asentó en un artículo transitorio de la Ley de Hacienda  aprobada por el Cabildo y enviada a los diputados estatales para que la ratifiquen o modifiquen. Sin embargo, los legisladores del PRI, el PRD y el PVEM en el Congreso suprimieron ese artículo transitorio y quedó vigente un alza de 10%.
  Sobre la sentencia, la Comuna expresa los siguientes puntos en su boletín:
Para el ayuntamiento, la sentencia es una buena noticia porque se comprueba por vías institucionales, que el Municipio actuó conforme a la ley, pero sobre todo que el propósito de la propuesta original era conservar el patrimonio de los bienes de las personas, y nunca  devaluarlos como en un principio se intentó tergiversar por otros actores políticos.

El municipio demuestra una vez más, tener la razón en sus causas por defender su autonomía, así como los intereses de los ciudadanos. Además, esta resolución señala que el Congreso del Estado se había extralimitado en sus funciones al invadir las esferas municipales.

Hay que señalar que esta sentencia a favor del municipio se debe entender como un triunfo para todos los municipios de México, ya que se convierte en un ejemplo que queda instituido en el tema de la defensa de la autonomía municipal.
El municipio celebra este fallo a favor y permanece a la espera de la sentencia que de manera oficial, deberá llegar en los próximos días. Este dictamen ordena al Congreso del Estado de Yucatán que dispone de 30 días para notificar al Municipio de incluir un nuevo Artículo transitorio para definir los beneficios en materia predial, tal como se propuso el año pasado.

Se amparan contra un fallo de la Corte

10 noviembre 2014
Noticias de Yucatán ()

Inconformidad por un cambioen materia fiscal


Miles de contribuyentes en el país están inconformes con la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de ya no admitir pruebas en un juicio fiscal, posteriores a la visita domiciliaria, afirma el abogado fiscalista Augusto Fernández Sagardi.
Esta medida, que afecta a miles de juicios, “es terrible”, añade. “No se vale que se deseche todo ese caudal probatorio”.
Fernández abordó el tema en la presentación del libro “La defensa fiscal y sus principios básicos” -el viernes en la noche, en el Peón Contreras- de Jaime Romo García, magistrado de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que reunió a numeroso público.
El acto, en el que participaron también el secretario de la Facultad de Derecho de la UNAM, Miguel Ángel Vázquez Robles, y el consejero jurídico del gobierno del Estado, Ernesto Herrera Novelo, sirvió además para discutir si el contribuyente tiene derechos humanos.
Cambios
Respecto a los cambios en la Corte, Fernández Sagardi recordó que la Segunda Sala de ese organismo aprobó en 2013 el criterio según el cual ya no se admiten pruebas presentadas luego de la visita domiciliaria de la autoridad fiscal al contribuyente, cuando durante años, dijo, la SCJ había seguido una jurisprudencia que permitía la presentación de pruebas con posteridad a la visita.
Esta medida, que ya ocasionó numerosos amparos, limita el ofrecimiento de pruebas, opinó por su parte Vázquez Robles, lo que viola el derecho de audiencia y al debido proceso, dos derechos humanos protegidos por la legislación internacional.
Esta postura de la Suprema Corte, agregó, podría ocasionar problemas al país en el futuro, por la presentación de denuncias de contribuyentes ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según Fernández Sagardi, para la SCJ en el derecho fiscal no hay derechos humanos, “pero yo pienso lo contrario” y en este sentido, indicó, los ciudadanos pueden aprovechar las recientes reformas a la Ley de Amparo, que permiten pedir la protección de la justicia cuando los derechos fundamentales -como el derecho de audiencia- son afectados en forma indirecta.
Un ejemplo de violación a los derechos humanos por la legislación tributaria podría ser el caso de los pescadores ribereños, comentó Herrera.
Estas personas suelen vender sus productos apenas llegan a la playa y aunque expiden facturas, explicó, la mayoría no acepta pagos con cheques “para depósito en cuenta” – requisito indispensable para deducir gastos- porque en sus comunidades ni siquiera hay bancos. Al no cumplir con ese requisito, empero, el fisco considera el ingreso de estos pescadores como utilidad, lo que sería una violación a sus derechos humanos, afirmó el funcionario.
En relación con el libro, su autor, magistrado de la Sala Regional Peninsular del TFJFA desde hace 13 años y con amplia experiencia en administración tributaria, explicó que lo escribió “ante el desechamiento de muchas demandas que llegan al Tribunal por estar mal hechas”.
También me gustaría, dijo, que se convierta en libro de textos en las escuelas de derecho.- HERNAN CASARES CAMARA
Impuestos | Táctica
Muchos contribuyentes optan por no pagar impuestos y ocultarse.
Inútil
Sin embargo, esta táctica no funciona, advierte el secretario de la Facultad de Derecho de la UNAM, Miguel Ángel Vázquez Robles.
Lo mejor, pagar
Basta con que el contribuyente tenga una cuenta de cheques para que fisco lo encuentre. Lo mejor es pagar y eso no es tan difícil como se cree.
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Impugnará un fallo la Comuna

31 agosto 2014
Noticias de Yucatán ()

Recurso ante un Tribunal por un presunto desvío

Al negarle el amparo al Ayuntamiento y darle la razón a la fiscal Celia Rivas Rodríguez, el Juzgado Cuarto de Distrito avala que las autoridades estatales no quieran investigar un desvío de más de 200 millones de pesos, aseguró el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro.
Ayer informamos que la Fiscalía del Estado dio a conocer que la juez federal Cuarto de Distrito, Mirza Estela Be Herrera, resolvió negar un amparo solicitado por el Ayuntamiento contra la propia Fiscalía. Incluso consideró los argumentos de la Comuna como infundados e inoperantes.
En un comunicado de la Comuna, se afirma que el amparo que solicitó el Ayuntamiento buscaba obligar a la Fiscalía a investigar la denuncia del millonario desvío que sufrieron los meridanos en la administración de Angélica Araujo Lara.
La Fiscalía del Estado, que es un organismo estatal que depende del gobernador Rolando Zapata Bello, se indica, ya se había negado a investigar ese presunto delito.
La Comuna interpuso desde mediados de 2013 una denuncia por el desvío de más de 200 millones de pesos, pero casi un año después la Fiscalía se negó a darle trámite a la queja, dice el boletín.
“Ante esta situación, la Comuna solicitó primero el recurso de revisión y luego recurrió a la juez Be Herrera, quien le negó este jueves el amparo y la protección de la justicia federal ante las decisiones de la Fiscalía”.
Alejandro Ruz aseguró ayer que las autoridades estatales encargadas de procurar e impartir justicia renunciaron a su obligación constitucional y prefirieron proteger los intereses de personas que causaron daño al patrimonio de los meridanos.
Sin embargo, anticipó que aún no está dicha la última palabra y que el Ayuntamiento de Mérida se inconformará contra la sentencia de la juez de distrito interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado.
El secretario de la Comuna añadió que las autoridades municipales están dispuestas a llegar a las instancias superiores que sean necesarias para castigar a quienes saquearon las arcas.
En síntesis
Copia
El secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro, lamentó ayer que “el criterio de la Juez de Distrito se haya limitado a una copia prácticamente idéntica de la resolución de la fiscal Celia Rivas. Es lamentable que siga sin ponerse freno a la corrupción y la impunidad”.
Justicia
De aceptar esta resolución, dijo, nos encontraríamos ante el supuesto de que sólo se podría fincar responsabilidades cuando los funcionarios estatales encargados del sistema de justicia tengan la voluntad de cumplir con sus obligaciones.

Niegan un amparo al Ayuntamiento meridano

30 agosto 2014
Noticias de Yucatán ()

En 2013 interpuso la Comuna una denuncia penal

El Juzgado Cuarto de Distrito resolvió negar el amparo promovido por el Ayuntamiento de Mérida a principios de este año en contra de la Fiscalía General del Estado, al considerar que esa dependencia actuó de manera correcta y apegada a derecho en el caso de la denuncia interpuesta en contra de ex funcionarios municipales.
En su momento, la Fiscalía General apuntó que no procedía la acción legal en esa denuncia promovida por el apoderado legal del Ayuntamiento, situación que confirmó la Juez Federal Cuarto de Distrito, Licda. Mirza Estela Be Herrera, al afirmar que los argumentos de las autoridades municipales son infundados e inoperantes.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, la sentencia de la Juez Cuarto afirma que de parte de la instancia quejosa no se acreditó que previo a la denuncia se cumplió con el requisito de procedibilidad consistente en la realización de la revisión y fiscalización de la cuenta pública por la autoridad facultada para ello, es decir la Auditoria Superior del Estado.
Argumento
“En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los argumentos vertidos por la parte quejosa (Ayuntamiento de Mérida), sin que se advierta algún motivo por el cual suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado”, se añade en el fallo.
El 22 de abril del 2013, Rodrigo Osorio Cáceres, apoderado legal de la Comuna meridana presentó una denuncia en la que señalaba hechos posiblemente delictuosos derivados por una inadecuada aplicación de los recursos públicos otorgados al Ayuntamiento de Mérida, durante el período 2012.
En esa denuncia, con el número de averiguación previa 566/6ª/2013 se anexaron como prueba de su dicho, un supuesto dictamen contable realizado por un contador designado por quienes presentaron la denuncia, apunta el comunicado oficial.
De un vistazo
Resolución
Según la Fiscalía, el 24 de diciembre del 2013, la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la dependencia emitió una resolución en la que se dispuso que no era procedente ejercitar la acción penal en esa averiguación.
Revisión
El Ayuntamiento se inconformó con esa resolución y solicitó el recurso de revisión un nuevo análisis. El 20 de enero se determinó confirmar el no ejercicio de la acción penal.

Ganan parte de su lucha

23 julio 2014
Noticias de Yucatán ()

Con fallo a favor en el caso delos transgénicos

“Los permisos que se le otorgaron a Monsanto, que carecen de legalidad, fueron contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas mayas”, indicó ayer en rueda de prensa Jorge Fernández Mendiburo, integrante del colectivo MA OGM.
En plática con los medios de comunicación se dio a conocer que el juez primero de Distrito en el Estado de Yucatán anuló un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que permitía la siembra comercial de soya transgénica en esta entidad.
María Colín, representante legal de Greenpeace México, señaló que con esta resolución el juez sienta como precedente que se tiene que hacer una consulta pública a las comunidades, lo que no se llevó al cabo. “Las comunidades no tienen por qué estar obligadas a presentar evidencia de que esta soya transgénica pudiera o no generar un daño, sólo es una cuestión de probabilidad”.
“El juez que resolvió el amparo a favor de los apicultores mayas”, señaló, “reconoció que éstos podrían resultar afectados en sus bienes jurídicos, económicos, laborales o ambientales por las consecuencias que pudieran generar en el entorno natural la liberación o el cultivo de soya GM, y aceptó como válido el interés legítimo de los indígenas mayas cuya principal actividad económica tradicional es la apicultura, reconociendo que requieren una protección especial, por su especial condición de vulnerabilidad, debiéndose garantizar su acceso a la justicia efectiva”.
“Aprobar cultivos transgénicos en la Península es un acto arbitrario que nos afecta a los pueblos indígenas al anteponer los intereses de las corporaciones sobre los pueblos y comunidades mayas que por años hemos vivido de la apicultura”, dijo Lorenzo Itzá Ek, representante de apicultores en el estado.
El Juez también declaró nulo el dictamen de Semarnat que avala el permiso otorgado por Sagarpa para siembra de soya transgénica, toda vez que no se tomó en cuenta las opiniones técnicas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que señalaron “no ser viable la siembra de soya transgénica”; la autoridad judicial ordena a la Sagarpa que lleve a cabo, de manera adecuada, la consulta pública en las comunidades indígenas de Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimín, ubicadas en el estado de Yucatán, previo a poder expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial, misma que deberá realizarse por los medios idóneos que estén al alcance de dichas comunidades indígenas, dentro de los seis meses contados a partir de que se notifique a las autoridades responsables esta sentencia, una vez que sea definitiva.
Dilema
Con esta decisión las autoridades entran en un dilema porque deben aceptar la resolución del dictamen que realizó el juez y apoyar a los pueblos indígenas mayas, o bien pueden impugnar la decisión, con lo que demostrarían que están a favor de la transnacional Monsanto, enfatizó Fernández Mendiburo.-
Soya GM | Conflicto
El juez primero de Distrito en Yucatán anuló un permiso otorgado a Monsanto.
Demanda
El 27 de febrero de 2012, varias organizaciones demandaron a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la inconstitucionalidad que representaba el otorgamiento del permiso para siembra comercial de soya GM.

Congela amparos la Corte

09 mayo 2014
Noticias de Yucatán ()


Pone en "stand by" recursos contra la reforma educativa

(El Universal).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un acuerdo general que ordenó mantener en “stand by” la resolución de los juicios de amparo presentados contra la reforma educativa que se encuentran en los juzgados y tribunales federales del país.
Los ministros pidieron a los órganos jurisdiccionales que esperen a que el máximo tribunal emita criterios definitivos sobre la constitucionalidad de: la Ley General de Educación, ley General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, promulgadas el 11 de septiembre de 2013.
De acuerdo con la dirección general de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal se promovieron seis mil 661 demandas de amparo contra de la reforma educativa en juzgados, de los cuales 112 amparos ya pasaron a la segunda instancia o a tribunales para su revisión. Este acuerdo fue elaborado en sesión privada del Pleno el pasado día 6.
Por medio del acuerdo general 9/2014, el pleno de la Corte solicitó el envío de cinco amparos en revisión radicados en los tribunales, en donde específicamente se haya planteado un problema de constitucionalidad.
A partir de estos cinco expedientes, la Corte establecerá los criterios que permitan la resolución de todos los demás.
La reforma educativa atraviesa modificaciones a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la Ley General de Servicio Profesional Docente.
Estas leyes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013 y desde esa fecha se interpusieron varios amparos.
Mientras los recursos de revisión son reenviados a la Corte para su resolución, el acuerdo dispone que los juzgadores lleven los asuntos hasta el punto de resolución, pero no emitan la sentencia hasta que la Corte determine los criterios que habrán de utilizarse para resolverlos.El objetivo de este acuerdo es evitar que todos los amparos lleguen a la Corte o sentencias contradictorias que de cualquier manera tengan que ser resueltas por la SCJN.
Gobierno | Educación
La reforma educativa federal ha sido motivo de las protestas de mentores.
Controversias
El gobierno federal ha presentado varias controversias contra congresos estatales por la expedición de las leyes en materia educativa.
Estados
Entre otros se han presentado recursos contra Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas.

Un fallo “deja al ciudadano solo”

07 mayo 2014
Noticias de Yucatán ()

No lo permitiré, afirma Raúl Paz sobre transporte

El diputado federal Raúl Paz Alonzo manifestó que es deplorable que el Juzgado Primero de Distrito haya sobreseído la demanda de amparo que él presentó contra el decreto de alza del transporte urbano en Mérida con base en criterios que dejan en indefensión a los ciudadanos.
Al abundar sobre el fallo mediante el cual, como publicamos ayer, el juez René Rubio Escobar decidió el sobreseimiento del juicio de amparo que Paz Alonzo promovió el 2 de diciembre de 2013 en representación de un grupo de ciudadanos, el legislador señala que es cuestionable el criterio de que no existe “interés legítimo colectivo”, porque el juzgador sólo hizo suyos unos señalamientos que planteó el gobierno del Estado en sus alegatos durante el juicio.
Raúl Paz precisa, en un comunicado, que la resolución no representa un revés jurídico para los solicitantes del amparo, sino que más bien es un “lavado de manos” de la autoridad federal.
“En realidad el juez nunca entró al estudio de la ilegalidad del decreto mediante el cual el Ejecutivo autorizó las nuevas tarifas”, enfatiza. “Aquí vale preguntarse: ¿Quién defiende entonces al ciudadano que resultó afectado en su economía con el aumento? Se le deja solo y yo no lo permitiré, así tenga que recurrir a otras instancias”.
El diputado federal reitera que el juez de Distrito utiliza argumentos absurdos, como el hecho de no considerarlo usuario del transporte público y, por tanto, declarar que no tiene interés en el tema.
“Se decidió el sobreseimiento atendiendo al interés del gobierno del Estado y haciendo a un lado a los usuarios del servicio público de transporte urbano, es decir, a la colectividad”, recalca. “Esto ocurre no obstante que el gobierno del Estado, en sus alegatos, se defendió de los formalismos pero aceptó las cuestiones de fondo del asunto”.
“No se debe permitir que exista una presión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, más aún cuando se deja en estado de indefensión a los usuarios del transporte urbano”, enfatiza.

Sobreseen amparo contra el alza del transporte urbano

06 mayo 2014
Noticias de Yucatán ()

“No entró al estudio de la solicitud”

René Rubio Escobar, juez primero de distrito, declaró sobreseída la solicitud de amparo que promovió Raúl Paz Alonzo, diputado federal del PAN, contra el alza del transporte urbano.

Al dar a conocer esta información el legislador federal panista afirmó que “el gobierno pidió hacer valer las causales de improcedencia y el juez lo aceptó, por eso ni siquiera entró al estudio de su solicitud”.
En conferencia de prensa que ofreció en el restaurante “El Manjar Blanco”, el diputado federal aseguró que su lucha no concluirá con esto, que seguirá hasta las últimas consecuencias, ahora solicitará al Tribuna Colegiado, la revisión de este sobreseimiento de su demanda.
“Cinco meses después de que solicitamos el amparo, se nos informó que el pasado 30 de abril el juez René Rubio Escobar sobreseyó nuestra demanda”, puntualizó.
Paz Alonzo manifestó que uno de los argumentos por los cuales el juez sobreseyó su solicitud de amparo fue por considerar que no hay el interés legítimo colectivo.
“Tampoco me reconocen como quejoso y usuario, dicen que no tengo interés legítimo, a pesar de ser legislador federal y representar a la sociedad”, añadió.
El diputado expuso que el transporte público de pasajeros en Mérida es un tema que reviste especial importancia, como lo muestra el hecho de que cada día se realizan 677,662 viajes en esta capital, mediante 1,550 unidades, según cifras oficiales.
“La elevada demanda del servicio hace ver el grave impacto que tiene en los usuarios cualquier aumento injustificado en las tarifas, este punto es el sustento de la solicitud de amparo, que en representación de los grupos de ciudadanos interpuse”, puntualizó.
El panista reiteró que para desechar su solicitud de amparo, el juez hizo suyos algunos señalamientos que presentó el gobierno del Estado.
El diputado explicó que en en representación del gobernador, el secretario general de gobierno y el consejero jurídico en su informe ante el juez admitieron que se aplicó el aumento de tarifas, que es el acto que se reclama.
“Pero el gobierno del Estado le solicita al juez, que antes de entrar al estudio de fondo hiciera valer las causales de improcedencia para sobreseer el amparo y no analizar las ilegalidades cometidas en el aumento del tarifas del transporte, y el juez lo acepta”, afirmó.
Paz Alonzo insistió en que el juez aceptó la propuesta del gobierno del Estado y sobreseyó el amparo argumentando que no existe el legítimo interés colectivo de los demandantes.
El diputado federal consideró que para sobreseer su solicitud, el juez se basó en los siguientes argumentos:
-Que el promovente no pertenece a la colectividad, le reconoce su calidad de ciudadano, pero supone que no usa el servicio de transporte público de pasajeros.
-Que no prueban que los prominentes (las personas que representa en la demanda) que sean usuarios del servicio de transporte urbano.
El legislador explicó que el juez no aceptó como pruebas los boletos del servicio de transporte que se le presentaron.- DAVID DOMÍNGUEZ M.
De un vistazo
No lo reconocen
“El juez no le reconoce al diputado Raúl Paz el carácter de quejoso, ni perteneciente a la colectividad, ni que tiene interés legítimo. Aún reconociéndole el carácter de representante popular, no lo toma en consideración”, afirmó el mismo diputado federal.
Presión
El legislador federal consideró que el Poder Ejecutivo del Estado presionó al Poder Judicial para que el juez decida sobreseer la demanda de amparo que presentó contra el aumento de tarifas del transporte urbano de Mérida.
Ni los boletos
Raúl Paz Alonzo manifestó que ni siquiera los boletos del transporte urbano que le presentaron como pruebas de ese servicio les admitió el juez de Distrito.
A revisión
De cualquier forma aseguró que seguirá su lucha, ahora promoverá ante el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito una revisión de este falló del juez federal contra su petición de amparo.

Siguen los líos laborales en un comité pecuario

05 marzo 2014
Noticias de Yucatán ()

Tres ex trabajadores del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán informan que, ante la serie de atropellos e irregularidades de ese organismo, en lo que va del año han tenido que presentar seis solicitudes de amparo a la justicia federal.
Son sólo tres promotores de juicios laborales contra el Comité Estatal, pero en realidad hay unas 20 demandas en curso, todas con el mismo origen: los despidos por la formación de un sindicato.
En su oportunidad informamos de esos despidos, que prácticamente llevaron al desmantelamiento de la estructura que soportaba a la Comisión para la Erradicación de la Tuberculosis, la Brucelosis y otras enfermedades de los bovinos en Yucatán.
Todo ese movimiento se concretó durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, pero la directiva del comité -con Edwin Novelo Ayuso a la cabeza- se mantiene sin cambios en la actual administración.
Hay dos casos en que la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje ordenó la reinstalación de los demandantes, pero el comité sólo simuló que cumplió la orden. Apenas se retiró el actuario de la junta dispuso de nuevo la baja de los trabajadores.
Los nuevos amparos, de acuerdo con los afectados, tienen su origen no sólo en la falta de cumplimiento del órgano encargado de la sanidad animal del Estado sino en la aparente complicidad de la junta de conciliación, que ha incurrido en actitudes extrañas y en resoluciones dudosas que obligan a demorar los procesos.
Los seis amparos en lo que va del año son de Jorge Armando Chi Chi, Juan Manuel Torres Torres y Mario Humberto Ávila Basulto, ex supervisores de la comisión vigilante de las enfermedades de los bovinos. Los dos primeros han obtenido laudos favorables, incluyendo la reinstalación ya citada, pero a la fecha siguen sin cumplirse los acuerdos, a pesar de que han transcurrido varios meses.
Jorge Armando Chi logró que la junta ordenara un embargo de bienes al comité y a tres de sus directivos: Novelo Ayuso, Miguel Arsenio Lara Sosa y Franklin Quiñones Ávila.
El cumplimiento está en suspenso porque la defensa del trabajador sólo incluyó en la relación de embargo bienes de poco valor, en todos los casos del interior del Estado, a pesar de que hay constancias de propiedades más caras que sí garantizan el pago que reclama el ex supervisor.
Precisamente ese proceso dejó al descubierto que los directivos del comité gozan de prestaciones que nunca se otorga al resto del personal, no obstante que buena parte de éste se enfrenta a actividades de riesgo por la naturaleza de su trabajo con las enfermedades bovinas.
Una de esas prestaciones, de créditos del Infonavit, fue motivo de una triangulación de Edwin Novelo.
Según datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Novelo Ayuso adquirió el 30 de abril de 2012 la casa número 224 de la calle 61 del fraccionamiento Yucalpetén de esta ciudad. Para esa operación contrató créditos de $101,888.89 del Infonavit y de $559,650 de Banorte.
Sin embargo, la vendedora fue su propia esposa: Wendy Lizett Castro Peña. El crédito se quedó en familia y la operación fue inscrita en el Registro Público el 16 de junio de 2012. (Continuará).- ÁNGEL NOH ESTRADA
El conflicto en el comité de sanidad animal | Tres puntos
1 Todo comenzó con la formación de un sindicato
Primeros ceses
Con la formación de un sindicato, en 2009 se ordenaron los primeros despidos. La tendencia continuó en 2010. Los primeros en “caer” fueron los líderes del movimiento.
2 En peligro el estatus sanitario de Yucatán
Desmantelamiento
La medida puso en peligro el estatus sanitario de Yucatán, pues prácticamente se desmanteló la estructura que había erradicado varios males y conservado la situación estable.
3 Ahora están en curso las demandas laborales
Sin cumplimiento
En 2010 se presentaron las primeras demandas laborales por el conflicto. Hay por lo menos dos casos en que los demandantes obtuvieron laudos a su favor, pero no les cumplen.

Amparo contra la ley energética

14 enero 2014
Noticias de Yucatán ()

Ciudadanos dicen que se violó la soberanía popular

El Equipo Indignación y 30 ciudadanos presentaron sendas demandas de amparo contra el procedimiento de aprobación de la reforma energética, pues consideran que se violaron principios de representación y de soberanía popular al respecto.
En un boletín el Equipo Indignación explica que el argumento principal en que se basan es que los legisladores federales violaron el procedimiento parlamentario establecido en el artículo 72 de la Constitución.
También hubo faltas sobre la Ley General del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
-El dictamen fue aprobado en el pleno de la cámara, sin turnarlo a las comisiones legislativas respectivas -agrega esa agrupación promotora y defensora de los derechos humanos.
-Al violarse ese procedimiento de origen constitucional se afectaron los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución, que establecen el derecho de los ciudadanos a ejercer la soberanía a través de sus representantes populares.
-La característica del régimen representativo y democrático otorga a los ciudadanos, la posibilidad de elegir a sus representantes, entre éstos a legisladoras y legisladores, como un medio de hacer efectivo el ejercicio de la soberanía popular.
-En consecuencia, los legisladores deben, para cumplir con su mandato de elección y representación, ceñirse a los procedimientos que la propia Constitución y las normas establecen.
-Este ejercicio de representatividad no significa que puedan actuar arbitrariamente, sino que su actuar está sometido a una serie de normas y reglas que, en aras de preservar esa facultad de representación popular, deben cumplirse.
-Cuando estas normas se violan, se afecta el ejercicio de representación popular, dado que ningún poder constituido puede extraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias.
-El trabajo en comisiones legislativas es un elemento esencial de todo proceso de reforma legislativa, mucho más cuando estamos frente a un cambio constitucional cuyos efectos impactan en los derechos económicos y sociales de la población. -La tarea de las comisiones legislativas, cuyo resultado es el dictamen respectivo, no es una simple formalidad sino la expresión del trabajo legislativo que debe reflejar, no sólo la pluralidad de las posiciones, sino también argumentar de manera técnica el porqué una propuesta legislativa debe ser aprobada o no. -No estamos ante un simple formalismo sino ante la expresión pura de la labor legislativa, de la construcción argumentativa que da sustento a cualquier normatividad.- Hansel Vargas Aguilar
De un vistazo
Violación parlamentaria
El dictamen fue aprobado en el pleno de la Cámara, sin turnarlo a las comisiones legislativas respectivas.
Más que una formalidad
La tarea de las comisiones, cuyo resultado es el dictamen respectivo, no es una simple formalidad sino que permite argumentar porqué una propuesta aprobarse o no.

El 6 de febrero se sabrá la decisión sobre un amparo

11 enero 2014
Noticias de Yucatán ()


El Juzgado Primero de Distrito acordó el jueves pasado aplazar hasta el 6 de febrero próximo la audiencia constitucional donde deberá resolver sobre el juicio de amparo contra el aumento en las tarifas del transporte público que promovió el diputado federal Raúl Paz Alonzo.
La audiencia estaba programada precisamente anteayer, pero el juez René Rubio Escobar decidió el aplazamiento “toda vez que se encuentra transcurriendo el término a que se refieren los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo aplicable, concedido a las partes por auto de 30 de diciembre de 2013″.
De acuerdo con documentos consultados, en el informe que turnó la Consejería Jurídica del gobierno del Estado al juez se alega que el diputado Paz Alonzo no tiene “legitimación” para promover el amparo porque el acto reclamado -el aumento a las tarifas del transporte- “no afecta su esfera jurídica” y “no sufre ningún daño directamente” por el alza.
En síntesis, se dice que el legislador panista “no pertenece a la colectividad”, porque actúa en su carácter de representante popular y no como un ciudadano afectado por las nuevas tarifas.
Asimismo, el Ejecutivo propone al juez que solicite el punto de vista de los transportistas como terceros interesados en el juicio.
Entrevistado sobre el tema, Raúl Paz dijo que es deplorable que se argumente que no tiene interés jurídico en el caso, pues como representante popular tiene todo el derecho de defender al ciudadano.
También consideró buena señal el aplazamiento del fallo del juez.- ÁNGEL NOH ESTRADA
Amparo | Pormenores
El diputado federal Raúl Paz promovió el amparo contra el alza en el transporte.
Terceros interesados
En su informe al juez, el Ejecutivo propone que se llame a declarar, como terceros interesados, a los transportistas.
¿Y los usuarios?
“Es cuestionable la propuesta del gobierno”, dice el legislador panista. “Es obvio que los transportistas hablarán a su favor, porque son beneficiarios del alza. ¿Por qué no llaman a usuarios?”

Revés judicial para Raúl Paz

17 diciembre 2013
Noticias de Yucatán ()

Niegan el amparo provisional por el alza al transporte


René Rubio Escobar, juez primero de Distrito, negó a Raúl Paz Alonzo, diputado federal del PAN, la suspensión provisional del amparo colectivo que promovió contra el aumento de un peso en la tarifa del servicio de transporte urbano en Mérida.
El juez sostuvo que la suspensión del acto reclamado es improcedente cuando afecta el interéspúblico o social, y no basta que se funde formalmente en una ley de interés público; sería necesario acreditar que causa perjuicios al interés social.
Como se sabe, a partir del pasado 19 de octubre se autorizó a los permisionarios del transporteurbano el aumento de un peso en sus tarifas para adultos, y Paz Alonzo promovió un amparo contra esa disposición para tratar de revertirla.
El juez concluyó que la nueva tarifa del transporte en Mérida y zona conurbada no es susceptible de suspenderse, porque afectaría el interés social y una disposición de orden público.
El juzgador acordó el pasado 12 de diciembre que: “En tales condiciones, como no se cumple con el requisito previsto en la Ley de Amparo aplicable, se niega la suspensión provisional solicitada para derogar el aumento…”.- DAVID DOMíNGUEZ
De un vistazo
Tarifas razonables
El juez expresó que las tarifas deben ser razonables y debidamente sustentadas en costos que incidan en la prestación de un servicio.
Improcedente
El juzgador consideró improcedente la suspensión provisional que se solicitó contra el aumento de un peso a la tarifa del transporte de pasajeros en Mérida y la zona metropolitana, aunque el proceso aún continúa.

A los tribunales el alza al pasaje

03 diciembre 2013
Noticias de Yucatán ()

Presenta petición de amparo un diputado federal


El diputado federal Raúl Paz Alonzo pidió a nombre de 10 usuarios del transporte público de pasajeros de Mérida la protección federal contra el alza de $1 en la tarifa.
Según dijo, la solicitud es una acción colectiva que se basa en tres puntos: 1) la nueva cuota es inequitativa y desproporcionada, 2) la autorización de ese aumento por el gobierno estatal no está debidamente fundamentada porque no consideró todas las variables socioeconómicas para determinar si era procedente o no el alza, y 3) dejaron fuera de la discusión al Ayuntamiento de Mérida, el cual, por mandato de la ley, es autoridad en la materia.
Sobre esto último, el legislador panista y su asesor legal considera que si bien durante el gobierno del alcalde César Bojórquez Zapata la Comuna firmó un acuerdo para dejar en manos del Ejecutivo estatal todo lo relativo a ese servicio, el actual Ayuntamiento podría tener una decisión distinta y querer participar. Por tanto, se debió pedir el parecer al actual gobierno meridano.
Paz Alonzo entregó la petición de amparo indirecto en las oficinas del Poder Judicial federal en la colonia Petronila. Guardias de seguridad del edificio sólo permitieron que ingresara el legislador y el abogado Asís Cano Cetina, quienes presentaron el documento ante la Oficialía de Partes.
Afuera, en el acceso que da los equipos de revisión y detección de armas, aguardaron el presidente municipal y el secretario estatal del PAN, Gerardo Bolio de Ocampo y Julio Sauma Castillo, respectivamente. En la calle quedaron reporteros, fotógrafos y camarógrafos que acudieron a cubrir ese hecho, no los dejaron entrar.
La administradora regional de esas oficinas, María Eloisa Arizpe González, explicó que la prohibición es orden del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Paz Alonzo consideró exagerada esa medida pues “no es de alta peligrosidad” que reporteros observen un trámite ante la Oficialía de Partes.- Hansel Vargas Aguilar.
Tarifa | Muy alta
En breve se otorgaría o negaría la suspensión provisional de la tarifa.
De las más caras
Paz Alonzo dijo que esa cuota es de las más altas del país, pues los usuarios utilizan dos veces al día el servicio para llegar a su destino. “La cuota no es de $7 sino de $14, y llega a $28 si es de ida y vuelta”, expresó.
¿Y la cruzada?
“Mérida es uno de los dos municipios de Yucatán incluidos en la Cruzada contra el Hambre, de modo que es incongruente aumentar el gasto de las familias marginadas, que son las que más usan el transporte”.

Amparos y “mano negra”

18 octubre 2013
Noticias de Yucatán ()


Ven injerencia oficial sobre unos juicios laborales

Tres ex empleados del sector público solicitaron a la justicia federal amparos contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por considerar que se atenta contra sus derechos.
En opinión de los afectados, todo indica que hay “mano negra” del Ejecutivo, específicamente del secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, en decisiones de la Junta y su presidente, Armando Aldana Castillo, que les perjudican.
El caso tiene relación con los despidos que se hicieron durante el gobierno anterior en el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, cuando un grupo de trabajadores decidió formar un sindicato.
Los solicitantes de amparo son Jorge Armando Chi Chi, Juan Manuel Torres Torres y Mario Humberto Ávila Basulto, médicos veterinarios que se desempeñaban como supervisores de la Comisión para la Erradicación de la Tuberculosis, la Brucelosis y otras enfermedades de los bovinos en Yucatán.
Los dos primeros obtuvieron laudos laborales a su favor, que ordenaban su reinstalación en sus centros de trabajo y el pago de los salarios caídos.
Con el cambio de gobierno Pedro López Serralta, presidente del Comité Estatal, recurrió al amparo y el proceso se prolongó más, pero finalmente perdió el juicio de garantías y el Comité tenía que reinstalar a los ex trabajadores.
Sin embargo, como publicamos el 7 de este mes, la dependencia incurrió en simulación: en presencia de un actuario de la Junta “devolvió” el trabajo a los denunciantes, pero apenas se fue el funcionario dijo a los médicos que de nuevo estaban despedidos.
En sus demandas de amparo, que señalan como autoridad responsable a la Junta Especial Número Uno, Jorge Armando Chi y Juan Manuel Torres dicen que el 23 de septiembre solicitaron a esa oficina que requiriera de pago y embargo de bienes al Comité y tres de sus directivos: Miguel Arsenio Lara Sosa, Edwin Novelo Ayuso y Franklin Quiñones Avila. No obstante, a la fecha no les han resuelto.
En breve entrevista, Chi Chi indicó que sí procede su solicitud de embargo al Comité y los funcionarios y teme que el retraso en la resolución sea para dar a éstos tiempo para operar sobre sus bienes.
El tercer caso es de Mario Ávila. Solicita amparo por denegación de justicia, ya que el 8 de febrero de 2011 presentó su demanda laboral y hasta ahora no se ha dictado laudo.- ÁNGEL NOH ESTRADA
angelnoh@megamedia.com.mx
Amparos | Pormenores
Los amparos contra la Junta de Conciliación se presentaron el lunes 7 de este mes.
Los solicitantes
Los promoventes de los juicios de garantías son Jorge Armando Chi Chi, Juan Manuel Torres Torres y Mario Humberto Ávila Basulto, ex empleados del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.
La demandada
La parte demandada es la Junta Especial Número Uno. En dos casos por no haber resuelto sobre una petición de requerimiento de pago y embargo, y en otro por el retraso en dictar un lado.

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