La iniciativa, que es la primera de ocho que planea presentar la bancada del PAN en este periodo ordinario de sesiones, fue presentada por la legisladora Lízbeth Medina Rodríguez, en el punto de asuntos generales de la sesión plenaria del Congreso.
La sesión de ayer duró unos 25 minutos, sólo se dio lectura a la correspondencia legislativa y la diputada panista presentó su iniciativa de ley.
Flagelo mundial
En su exposición de motivos para sustentarla, la legisladora señaló que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) calculó que en el mundo cuatro millones de mujeres son vendidas cada año para la prostitución, esclavitud y matrimonio, y dos millones de niñas son introducidas en el comercio sexual. Señaló que Yucatán no debe quedarse rezagado en la creación de leyes que sancionen estos hechos, cuando ya otras entidades del país tienen su propia ley en este aspecto.
Además, consideró que es de vital importancia y urgencia que los yucatecos cuenten con una ley para sancionar la trata de personas, armonizando con la ley federal que ya existe sobre estas conductas.
En cuanto al comité técnico interinstitucional que se crearía con esta ley, informó que sería integrado por la titular del Poder Ejecutivo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, diputados locales, los encargados de la procuración de justicia y otras entidades de la administración pública relacionadas con el tema.
También por representantes de la sociedad y catedráticos del nivel superior.
Nueva iniciativa para frenar el delito sexual
Un ajuste sería la solución en 2012
Lo que se requiere para mejorar el sistema electoral es que el debate público sea robusto, rico y crítico, dijo ayer en esta ciudad Pedro Salazar, investigador y politólogo de la UNAM.
Para las elecciones de 2012 no se requieren reformas, sólo tres ajustes, añadió el especialista, por ejemplo, uno de ellos es trasladar lo relacionado al aspecto sancionador del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) al Tribunal y reglamentar el derecho de replica.
El tercero consiste en regular lo permitido y prohibido a la difusión de programas de gobierno, de imágenes y nombres de gobernantes y funcionarios.
En el marco de la X Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales que concluyó ayer, también señaló que la guerra sucia ya quedo atrás; de lo que ahora se puede hablar es de una guerra negra, de estrategias encendidas de posicionamiento político.
Señaló que son bienvenidos algunos ajustes al modelo electoral aprobado en 2007 de cara a las próximas elecciones, y deben de ser muy concretos para mejorar su funcionamiento.
Definitivamente no es necesario cambiar de rumbo, sino trabajar en permitir un mecanismo en el que los partidos contiendan por el poder y haya alternancia en el mando.- David Domínguez Massa
Ayer concluyó la X Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales:
En suspenso
En el último día se señaló que está pendiente una reforma política más amplia que lo electoral, sobre todo, una transformación de la estructura social en México.
Demanda
También que se debe exigir a los actores políticos orientar sus esfuerzos rumbo a esa reforma pendiente.
Daría la Comuna permisos
Diputados locales estudian la iniciativa de Ley de Desarrollo Inmobiliario que vendría a sustituir la de Fraccionamientos, con la cual ahora los permisos de construcción los otorgarían los ayuntamientos, no el gobierno del Estado.
Los trabajos comenzaron ayer en la sesión de las comisiones conjuntas de Puntos Constitucionales junto con la de Obras Públicas, integradas por legisladores del PRI, PAN y PVEM.
Al término de la sesión el presidente del primer comité, el diputado priísta Víctor Caballero Durán, informó que entre los cambios se agrega un requisito más a los constructores.
-Se trata del de factibilidad urbano ambiental -explicó-, que si bien es uno más a cumplir, es indispensable para controlar el crecimiento de las ciudades.
Recordó que además esta disposición ya esta contemplada en la nueva Ley de Protección al Medio Ambiente, por lo que se incluirá en esta nueva norma legislativa.
Aclaró que esta disposición es además del manifiesto de impacto ambiental, que también deben presentarse para obtener un permiso de construcción.
La diferencia entre estos radica en que el de factibilidad servirá para regular el crecimiento de los municipios, y el de impacto es para resarcir los daños ambientales que se pueden ocasionar.
Según el diputado Caballero Durán, incluir ese requisito no significa que aumenten los plazos de entrega de los permisos, porque estos ya se establecieron en la ley de Administración y Procedimiento.
Una de las principales disposiciones que también será centro de transformaciones es que los permisos de construcción a partir de que se apruebe y entre en vigor la ley los aprobarán los ayuntamientos.- David Domínguez Massadmassa@megamedia.com.mx
La nueva Ley de Desarrollo Inmobiliario propuesta por el Congreso consta de 34 artículos:
Por ahora
Actualmente los permisos de construcción los otorga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del estado.
Cuestión de tiempo
Víctor Caballero Durán indicó que ayer encargaron a la oficialía mayor del Congreso el proyecto de dictamen de y esperan aprobarla en este periodo ordinario de sesiones, antes del 15 de diciembre.
Iniciativa contra la trata de personas
La creación de una ley que castigue la trata de personas y una reforma en materia electoral son dos propuestas de ley que diputados del PAN presentarán en el nuevo período ordinario de sesiones que se inicia hoy en el Congreso del Estado.
Magaly Cruz Nucamendi, coordinadora de la bancada de Acción Nacional, indicó que el segundo período ordinario de sesiones del Congreso será de mucho trabajo, sobre todo por la "macroelección" del año 2012.
Acompañada de los diputados Tito Sánchez Camargo, Renán Barrera Concha y José Collado Soberanis, la dirigente dio a conocer la convocatoria para realizar un foro ciudadano denominado "Hacia la Reforma Electoral 2011".
Reformas necesarias
La presidenta de Acción Nacional en el Estado dijo que cuando la sociedad se involucra hay cambios positivos. El 5 de noviembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, se realizará el foro en el salón El Cid del Hotel El Castellano. Esperan surjan cosas positivas.
Comentó que hay muchos temas de la Ley Electoral que necesitan ser reformados; sin embargo, en lo que se refiere a fiscalización de parte del Ipepac "vemos que hay muchas cosas que se pasan por alto".
Dijo que también es necesario que haya reglas más claras para regular las precampañas, ya que no hay una fiscalización de gastos y la ciudadanía puede percatarse cuando un partido ha rebasado los topes de campaña.
"Hoy vemos un Consejo Electoral que está totalmente 'aprisado', donde todos los consejeros tienen un amplio historial de participación con el PRI; es necesario que haya cambios inmediatos en la Ley Electoral".- A.M.P.
El foro tendrá el objetivo de que los ciudadanos participen en el fortalecimiento de la democracia
Participantes
Se invitará a ciudadanos, universidades, empresarios, medios de comunicación, politólogos e investigadores
Bases
Las propuestas serán recibidas a partir de la publicación y hasta el 3 de noviembre, por escrito, en el Congreso del Estado, primer piso, con atención a María Molina, de 9 a 15 horas, y por correo electrónico, en diputadospanyucatan@gmail.com. Se solicita entregar textos de un máximo de 10 cuartillas.
Turnarán polémica reforma
La iniciativa que hoy enviará la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, al Congreso para cambiar la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado tiene como principal objetivo reducir los tiempos para otorgar permisos de instalación a las empresas, argumentó ayer el director de Gobernación de la Comuna, Gaspar Quintal Parra.
"La propuesta es sencilla pero de gran importancia para la simplificación administrativa de todo municipio: que la autorización de la venta de bebidas alcohólicas sea por mayoría simple del Cabildo".
De esa forma, indicó, resumen la intención de esta iniciativa en su exposición de motivos.
El funcionario alegó que actualmente los empresarios tardan hasta un año y cuatro meses para hacer sus trámites, y con esta iniciativa se proponen reducirlos a sólo algunos meses, "para poder llegar a mejores lugares de competitividad".
"El cambio que proponemos se concreta a cambiar el artículo 219 en su fracción XI, para que el Cabildo autorice permisos de venta de bebidas alcohólicas con sólo el voto de la mayoría simple de los regidores", subrayó.
Todos los vehículos con seguro
El Congreso del Estado dio los primeros pasos para aprobar por fin la nueva Ley de Vialidad, que desde hace unos cinco años vienen trabajando los diputados, tanto del PAN como del PRI.
En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales los diputados del PAN, PRI y PRD acordaron como parte de las primeras medidas, que sea obligatorio el uso del cinturón de seguridad y que todos los vehículos que transiten en Yucatán cuenten con un seguro para cubrir por lo menos los daños a terceros en caso de accidentes.
Estos primeros acuerdos de la iniciativa de ley de Vialidad se tomaron por unanimidad, sin mucha discusión entre los diputados locales de los tres partidos.
Diputados del PAN, PRI y PRD acordaron ayer que sea obligatorio contratar seguros para los vehículos, el uso del cinturón y el casco de seguridad, entre las nuevas disposiciones de la ley de vialidad, que se aprobaría en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.
Los legisladores comenzaron ayer la revisión de esta iniciativa para dictaminarla y someterla a aprobación del pleno de diputados en el próximo período ordinario de sesiones, que comienza el sábado 16.
93 artículos
Informó que ayer analizaron los primeros 30 de un total de 93 artículos que integran esta iniciativa de ley.
En este primer bloque de artículos -continuó el diputado- se acordó también lo referente a darle una mayor atención y apoyo a las personas con alguna discapacidad.
Se establecieron los principios bajo los cuales todo agente de seguridad pública deberá regirse en el el trato a las personas con alguna discapacidad en materia de vialidad.
Una de las primeras disposiciones que se aprobó fue la de hacer obligatorio que los vehículos que transiten en el Estado cuenten por lo menos con un seguro de pago de daños a terceros en caso de accidente.
También se acordó que los pasajeros de los vehículos utilicen de manera obligatoria el cinturón de seguridad y los motociclistas el casco. Acordaron reunirse de nuevo el próximo jueves para continuar estos trabajos, que esperan concluir en una tercera reunión en la siguiente semana, para turnar el dictamen al pleno.
El III Informe
Por su parte, en cuanto a la glosa del III Informe, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado priista Víctor Caballero Durán, indicó que la gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco, la dividirá en cuatro bloques.-
La gobernadora; Ivonne Ortega Pacheco, deberá presentar su III Informe de gobierno el próximo domingo:
Sesión Solemne
El próximo sábado convocará el Congreso a una Sesión Solemne para el día siguiente, para que la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco envíe o acuda a entregar su informe anual de gobierno.
La glosa
Luego de recibir el informe se acordaría la forma de analizarlo, para lo cual anticipó que se dividirá en cuatro bloques con los siguientes temas: el primero sería de Economía, luego Desarrollo Social, Infraestructura, y Seguridad
Se inicia la reforma legal del Estado
Ayer se dieron los primeros pasos para desaparecer la Procuraduría de Justicia del Estado y establecer en su lugar la Fiscalía General del Estado, al entregar el consejero jurídico Sergio Cuevas González y el procurador Héctor Cabrera Rivero la iniciativa de ley al Congreso.
Esta iniciativa estuvo acompañada de otra para crear el Instituto de Defensoría Pública, con la que se pretende a través de la mediación elevar la calidad de servicios de los abogados.
Ambas iniciativas son parte de las reformas al marco legal del Estado para transformar la procuración e impartición de justicia penal, de acuerdo con las últimas reformas a la Constitución del Estado.
En el caso de la ley que crea la Fiscalía General, aunque le retiran funciones, como la de representante legal del Ejecutivo para pasarlas a la Consejería, conservan las de investigación y acusación en materia penal, así como la de vigilancia de la constitucionalidad y la legalidad en la defensa y la promoción del interés público y social.
Considera la posibilidad de establecer, si fuera necesario, Fiscalías Regionales en el Estado, para distribuir adecuadamente el trabajo y beneficiar a los ciudadanos que muchas veces por razones de distancia no pueden acudir a realizar sus diligencias hasta la capital.
Prevé establecer órganos que garantizan la atención a la ciudadanía y la especialización para la debida investigación de los delitos, adecúa las funciones del Ministerio Público a las del nuevo modelo procesal penal de carácter acusatorio.
En el caso del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Yucatán, Cuevas González dijo que su creación permitirá garantizar el derecho a un abogado público integral, ya sea particular, bajo un régimen altruista como se usa en otros países, o bien, mediante la contratación de dichos servicios a través del sistema de licitaciones de la defensa penal pública.
También permitirá ejercer el esquema penal y de otras ramas, público y profesional; regular el servicio de defensoría pública; crear y normar al Instituto, dotarlo de: defensores públicos y asesores jurídicos, mediadores, analistas, peritos y trabajadores sociales, todo este equipo encabezado por el defensor general del Estado.
Establece los principios de confidencialidad, diligencia, excelencia, gratuidad, independencia funcional, legalidad, parcialidad, profesionalismo, solución de conflictos, transparencia, unidad de actuación y uso efectivo de recursos que regirá la prestación del servicio de defensoría pública.- David Domínguez M.
El Ejecutivo del Estado envió al Congreso dos iniciativas de Ley sobre impartición de justicia.
Fiscalía
Con estas iniciativas se crea la Unidad de Solución de Controversias, que deberá prestar de forma gratuita sus servicios.
Defensoría
Crea el Sistema de Licitaciones de la Defensa Penal Pública por el cual un Comité de Licitaciones podrá licitar el servicio y contratar defensores privados, y establece el Servicio Profesional de Carrera.
"Es infantil decir que se plagió"
Es infantil decir que se plagió la Ley de Vialidad, como afirman diputados del PAN, cuando la iniciativa en estudio es mucho más amplia y completa que la enviada en 2005 por el gobierno estatal panista, afirmó el legislador priista Víctor Caballero Durán.
"Me parece que estamos ante una nuevo capítulo de protagonismo del diputado (Renán) Barrera Concha, que a todas luces quiere llamar la atención. No importa el tema y tampoco si la razón le asiste. Lo de él es pretender figurar" apuntó.
El pasado miércoles informamos que Barrera Concha declaró que la iniciativa que presentó recientemente el Ejecutivo del Estado sobre Vialidad es un plagio de la que hace cinco años envío al Congreso el anterior gobernador Patricio Patrón Laviada.
Más reformas, a dos códigos
Antes de concluir el presente mes se enviará al Congreso nuevas reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, que incluye una reforma transitoria que se aplicaría este mismo año, informó el consejero jurídico del Estado, Sergio Cuevas González.
El funcionario añadió que también enviarían este mismo mes la iniciativa para desaparecer la Procuraduría de Justicia del Estado y establecer en su lugar la Fiscalía del Estado.
Todas estas iniciativas -continuó el consejero- son parte de los cambios al marco legal para la aplicación de las últimas reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia.
Anticipó que en el caso de las reformas a los códigos se busca establecer nuevas reglas, plazos, procedimientos y esquemas que aplicarán el próximo año los jueces, magistrados, fiscales, defensores y abogados en general.
Se espera que estas reformas las aprueben este año los diputados, aunque algunas de esas nuevas disposiciones entrarían en vigor en mayo de 2011 aproximadamente, comentó.
Cuevas González indicó que vendrán a regular el nuevo sistema penal acusatorio que empezaría en mayo próximo.
Es un trabajo que se viene realizando hace más de un año a través de un comité integrado por cámaras empresariales, colegios, universidades, profesionales, integrantes de la judicatura, diputados, magistrados, jueces, etcétera.
Las reformas al Código de Procedimientos Penales sí entrarían en vigor ahora, sin esperar que empiece a funcionar el nuevo sistema de justicia penal, que sería en mayo.
-El propósito de esta segunda iniciativa -explicó el funcionario- es modificar algunos aspectos del procedimiento y esquema de justicia penal.
El consejero jurídico adelantó que traería nuevas figuras jurídicas que entrarían en vigor en 2011, que son características del nuevo sistema de justicia penal.
Con el nuevo sistema se buscará abreviar los plazos del proceso, para que las partes se arreglen.- David Domínguez Massa
El consejero jurídico del Estado anunció reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales.
Compatibles
Los cambios son compatibles y muy particulares del nuevo sistema acusatorio y le dan mayor importancia a los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que por el contrario el actual sistema lo dificulta un poco.
Novedades
Entre las nuevas figuras y procedimientos que incluiría están el juicio abreviado y los convenios reparatorios, entre otros.
La iniciativa de Ley de Vialidad, "un plagio" del gobierno estatal
La iniciativa de Ley de Vialidad que presentó recientemente el Ejecutivo del Estado fue un plagio de la que hace cinco años presentó el anterior gobernador Patricio Patrón Laviada, dijo ayer el diputado local panista Renán Barrera Concha.
A cinco años de que por primera vez se presentó una iniciativa de Ley de Vialidad, ayer se distribuyó la última que envió la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, pero sólo se discutió si esta es una copia de la que envío el anterior gobernador.
En la sesión de ayer de la Comisión de Puntos Constitucionales se planteó la negativa del oficial mayor del Congreso, Martín Chuc Pereira, de proporcionar copias de la iniciativa de Ley de Vialidad que dejó la anterior Legislatura, que data de 2005.
El diputado panista Tito Sánchez Camargo consiguió por su cuenta copias de ese documento, y con autorización del presidente de la Comisión, el diputado priista Víctor Caballero Durán, la distribuyó entre los diputados. Barrera Concha dijo que le parecía mucha casualidad que cuando solicitan documentos como éste, no sólo se nieguen, sino que luego aparecen por otro lado. "Este que envió la gobernadora y parece una copia de la anterior", afirmó.
Aclaró que no está en contra de esta iniciativa, sino de que hagan caso omiso del trabajo previo, las consultas a la sociedad y lo que trabajó la anterior legislatura.
Caballero Durán dijo que esa iniciativa se presentó en 2005 durante la LVII Legislatura cuando los panistas eran mayoría y nunca la pasaron si quiera a comisiones.
Hizo un llamado para que ahora se trabaje y apruebe esta ley, para sustituir la actual que data de hace 30 años y sólo contiene cuatro artículos.
Finalmente acordaron que en 10 días se volvería a reunir la comisión con observaciones y propuestas para discutirla.- DAVID DOMíNGUEZ MASSA
Temor entre notarios por reformas a leyes
Hay preocupación en el notariado por la inseguridad del país, más cuando las reformas a las leyes involucran a los fedatarios en operaciones comerciales, como una medida para detectar y combatir el lavado de dinero, dijo ayer el candidato a presidente de la Asociación Nacional de Notarios, doctor Juan Pastrana Ancona.
Al reunirse con los notarios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo en esta ciudad, Pastrana Ancona dictó una conferencia en esta ciudad sobre las medidas legales y disposiciones que involucran a notarios en la lucha contra el lavado de dinero, y aprovechó pedirles el apoyo a su candidatura.
Citó, por ejemplo, la iniciativa de ley que envió el presidente Calderón al Congreso de la Unión en agosto, que incluye obligar a los notarios a reportar ante Hacienda o la Procuraduría los posibles actos delictuosos que detecten en el ejercicio de sus funciones.
Al intervenir los notarios, por ejemplo, en operaciones en especial de compra de tierras, si se presume que puede tratarse de lavado de dinero, deberán reportarlo a la autoridad.
Esa situación la consideró preocupante por el riesgo que ahora correrán los fedatarios al cumplir su trabajo.
Sobre la elección de la nueva dirigencia nacional del notariado mexicano, Pastrana Ancona informó que será el próximo 6 de noviembre en Cancún, en el marco de su Convención Nacional.
Informó que es notario no. 203 del Distrito Federal, y se siente con orígenes yucatecos, porque su padre es de Yucatán.
En la reunión también se dio a conocer la planilla de candidatos a la nueva dirigencia del Consejo de Notarios de Yucatán, que encabeza el fedatario Luis Enrique López Martín.
Los otros que integran la planilla son los notarios Landy Martínez Cetina, Wilberth Rubio Piña, Fernando López Monsreal, Carlos Granja Ricalde, Luis Enrique García Loría y Teresita Escalante Galaz.
En el caso de Yucatán, se informó que las elecciones serán el próximo mes de diciembre y el actual presidente es el notario Eric Granja Ricalde, quien deberá entregar el cargo el sábado 1 de enero de 2011.
Cambios aún sin vigencia
- Nuevas leyes y reformas tendrían efecto a partir del próximo año
- Histórico primer período ordinario de la LIX Legislatura
La actual Legislatura es la que históricamente más leyes y reformas realizó en su primer período ordinario de sesiones, pero ninguna de ellas ha entrado en vigor. Incluso, la mayoría tendrá vigencia a partir del próximo año, no antes.
En el período ordinario de sesiones —concluyó el martes 31— se aprobaron cinco leyes, así como reformas a la Constitución, a los Códigos Penal, de Procedimientos Penales y a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia, pero ninguna entró en vigor. Están pendientes.
La mayoría de estas leyes y reformas ni siquiera se han publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, y ése es uno de los motivos por los cuales no entran en vigor, aunque en otras de plano se establece que será en 2011 cuando comience su vigencia o en plazos que llevan hasta ese año.
Por ejemplo, la Ley de Protección al Medio Ambiente, aunque en sus artículos transitorios establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, todavía no se publica en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
Aun cuando se publique y entre en vigor, se establece un plazo de hasta 180 días para que se elabore su reglamento.
No hay ni para cuando se publique porque falta que los 106 ayuntamientos del Estado manifiesten al Congreso si están de acuerdo con estas reformas, y para eso disponen de hasta 90 días, por lo que hasta el próximo año podría publicarse.
En su primer período ordinario, esta Legislatura aprobó también —como publicamos en la portada de esta sección— las reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, así como a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia. En sus transitorios se establece que entrarán en vigor a los 15 días de su publicación, pero esto aún no se hace.
Para estas reformas, que consisten en establecer a los policías encubiertos, entre otras cosas, también se da de plazo —hasta el 21 de agosto de 2012— al Ejecutivo estatal para que se cumplan todas las disposiciones.
La única ley que ya se publicó —el 31 de agosto— en el Diario Oficial es la del Notariado, pero se establece en sus transitorios que entrará en vigor a los 180 días de su publicación (regirá a partir del 27 de febrero de 2011).
La Ley de Asistencia Privada tampoco se ha publicado, pero en sus transitorios se fija como fecha para que entre en vigor el sábado 1 de enero de 2011.
Pero, además, para que se inicien las funciones de los órganos que se crean con esta ley se da un plazo de 90 días a partir de cuando entre en vigor.
La Ley de Mejora Regulatoria del Estado, que fue de las primeras en aprobarse, en julio, también según sus artículos transitorios entrará en vigor el 1 de enero de 2011, y desde esa fecha el Ejecutivo tiene 180 días para presentar su reglamento.
Además, se fija un plazo de 80 días a partir del 1 de enero para que el Ejecutivo expida el decreto que reforma el objeto y funciones de esta ley, y 90 días a las dependencias y entidades de la administración pública para que informen quiénes serán sus enlaces con el consejo de mejora.
Congreso
- Reformas La Oficialía Mayor y Planeación y Fomento Económico tienen 240 días (desde el 1 de enero) para emitir sus lineamientos y disposiciones de la mejora regulatoria.Ley del Congreso La última ley aprobada, en el último día del período ordinario de sesiones, fue la del mismo Congreso; se cambió la Orgánica del Legislativo por la de Gobierno del Poder Legislativo. Entrará en vigor a los 60 días de su publicación, lo cual no ha ocurrido.
En vez de la Gran Comisión Se da un plazo de 10 días desde que entre en vigor para instalar la Junta de Gobierno del Congreso, que sustituirá a la Gran Comisión, y 180 días para presentar su reglamento.
Pendiente de varios proyectos legislativos
Entre sus planes figura insistir para que Procuraduría de Justicia estatal investigue la denuncia de peculado en la compra de tierras de Ucú, que interpusieron militantes panistas.
Denuncia También figura un plan de una denuncia federal sobre ese caso pues consideran que el procurador estatal Héctor Cabrera Rivero no hará nada al respecto y por tanto hay que buscar otras vías para que no haya impunidad en ese sonado escándalo.
El doctor Laviada Molina fue durante cuatro meses integrante de la Cámara de Senadores en sustitución de la antropóloga Beatriz Zavala Peniche, quien pidió licencia del cargo para contender en las pasadas elecciones municipales.
El entrevistado dijo que él seguirá colaborando en el PAN en su calidad de Secretario Estatal adjunto y consejero nacional. Además, por medio de ese partido y las agrupaciones médicas a las que pertenece dará seguimiento a los proyectos que comenzó en ese breve lapso de legislador federal.
Entre esos asuntos está un proyecto de ley sobre obesidad, nutrición y ejercicio en las escuelas del país, y una iniciativa para prohibir en México el uso del asbesto en la industria, tal como ya hicieron otras naciones cuando se confirmó que ese producto es cancerígeno.
También puso en marcha un estudio para mejorar el Seguro Popular mediante diversas acciones, entre ellas la autonomía en el manejo de los recursos. Además buscará que haya resultados concretos sobre un punto de acuerdo que tomó el Senado para pedir al INAH que termine la expropiación de tierras en Chichén Itzá.
—Es una extensión que rodea a la superficie que el gobierno estatal compró a un precio 20 veces mayor que lo marcado por el avalúo legal respectivo —dijo.
El INAH debido expropiar toda la extensión de la zona arqueológica en vez de estar felicitando al Ejecutivo estatal por esa compra de terrenos.
Se aprueba por unanimidad la ley sobre asistencia social
En la penúltima sesión de su primer período ordinario de sesiones, la LIX Legislatura local aprobó ayer por unanimidad la nueva Ley de Instituciones de Asistencia Social, que sustituirá a la de Beneficencia Privada, emitida en 1915.
Con el voto de la mayoría calificada y la oposición de los panistas, también se aprobaron las primeras reformas a la Carta Magna local en esta Legislatura, para elevar a rango constitucional los Proyectos de Participación Social (PPS).
Con el voto unánime de los 25 legisladores se aprobó, asimismo, publicar la convocatoria para ratificar o elegir a dos consejeros electorales.
Igual por unanimidad se eligió a los integrantes de la primera Diputación Permanente, que estará en funciones en el primer receso de sesiones, que se inicia mañana miércoles.
Presidirá esa diputación el priista Carlos Carrillo Paredes; el secretario será el panista José Enrique Collado Soberanis, y el vocal, René Geremías Tun Castillo, del PRI.
Hoy, en la última sesión del período ordinario, se espera que los diputados aprueben reformas a la ley orgánica del Poder Legislativo. Según el dictamen emitido ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales, esta reforma incluye que desaparezca la Gran Comisión.
“Que no nos ganen los protagonismos políticos y entendamos que fue de la mano civil como logramos darle a Yucatán un ordenamiento moderno, cuya ley predecesora tiene 95 años de estar vigente”, dijo la diputada priista Leticia Mendoza Alcocer al pedir el voto a favor de esta nueva ley.
El legislador panista Renán Barrera Concha resaltó que esta ley fue el triunfo de la sociedad, no el logro de ninguna fracción parlamentaria.
Los diputados Jorge Várguez Canul (PRD) y David Ramírez Sánchez (PVEM) también se pronunciaron a favor de esta ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2011 en sustitución de la Ley de Beneficencia Privada, que data de 1915.
Regulación La nueva ley establece que las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) serán reguladas por una Junta de Asistencia Social que presidirá la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y un Consejo Consultivo, cuyo presidente designará la jefa del Ejecutivo de una terna de candidatos que le propondrán las instituciones privadas.
La Junta tendrá por objeto vigilar el cumplimiento de esta ley para regular los actos relativos a la constitución, funcionamiento, fomento, desarrollo y extinción de las instituciones de asistencia privada.
Entre sus atribuciones destacan: autorizar la creación y extinción de las instituciones; establecer, operar, actualizar y difundir el registro estatal de las IAP; revisar los estatutos de las instituciones y sus modificaciones, y en caso de no haber sido formulados por éstas, elaborarlos de acuerdo con las disposiciones legales.
También deberá cuidar que las IAP cumplan las disposiciones de esta ley y los estatutos que los rigen, como presentar su informe anual de ingresos, egresos y movimiento de su patrimonio, así como cuidar que las IAP cumplan los fines para los cuales se constituyeron.
Deberá prestar a asesoría administrativa, legal, contable y de cualquier índole que propicie su mejor operación, y otorgar a las IAP las autorizaciones que procedan, entre otras atribuciones.
En cuanto al Consejo Consultivo de Asistencia Privada, este se integrará por: un presidente y su suplente, que serán designados por el titular del Ejecutivo estatal, de entre las ternas que le propongan las IAP.
Los demás integrantes del Consejo serán el director general de la Junta; el presidente del patronato de la Beneficencia Pública de Yucatán, y cuatro vocales que serán designados por las instituciones.
También estará el secretario ejecutivo que será nombrado por el Consejo Consultivo a propuesta del presidente, y fungirá como secretario de actas, con voz pero sin voto.
El presidente del Consejo durará en su encargo tres años.
Congreso
- Ley Asistencia Como se esperaba, ayer se aprobó la Ley de Instituciones de Asistencia Privada.Beneficios La diputada priista Leticia Mendoza resaltó que ahora las IAP gozarán de exenciones, estímulos, subsidios y prerrogativas fiscales y administrativas.
Registros Actualmente, según expuso la legisladora, se calcula la existencia de unas 260 organizaciones de la sociedad civil en Yucatán, pero sólo se tiene el registro de 115.
Presentes A la sesión de ayer acudieron a presenciar la aprobación de esta nueva ley representantes de varias organizaciones civiles como Maná, Salvemos una Vida, Frente Cívico Familiar, Instituto Cultural Maya y otros, que manifestaron su acuerdo con esta nueva ley que las regirá a partir de 2011.
Vea en el sitio en internet del Diario los textos íntegros de la nuevas leyes aprobadas ayer en el Congreso.
Unánime, nueva ley al pleno
Por unanimidad, con cambios a la propuesta original, ayer se dictaminó sobre la nueva Ley de Instituciones de Asistencia Privada, que aprobaría el pleno del Congreso mañana lunes.
En esta nueva ley destaca que sería opcional para las asociaciones civiles convertirse en Institución de Asistencia Privada, aunque sólo bajo este esquema podrán recibir apoyos gubernamentales y de organismos internacionales.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado priista Víctor Caballero Durán, anticipó que, de aprobarse como se espera, esta iniciativa sustituirá a la actual Ley Orgánica de la Beneficencia Privada, que data de 1915.
El legislador panista Renán Barrera Concha añadió que ésta “es prácticamente otra ley, muy diferente de la que envió el Ejecutivo estatal; ésta incluyó los cambios que propusieron las organizaciones privadas”.
En sesión sabatina, con la ausencia de dos integrantes de dicha comisión —el priista Adolfo Calderón Sabido y el panista Tito Sánchez Camargo—, se acordó por unanimidad emitir el dictamen de esta nueva ley.
Esta sesión se inició el día anterior; por cambios de última hora se suspendió y concluyó ayer.
Aunque la nueva Ley de Instituciones de Asistencia Privada se aprobaría mañana, no será sino hasta el 1 de enero de 2011 cuando entraría en vigor, según su artículo primero transitorio, declaró ayer el diputado priista Víctor Caballero Durán.
De acuerdo con el dictamen aprobado ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales que preside Caballero Durán, el órgano rector de estas instituciones será la Junta de Asistencia Privada, que presidirá la gobernadora del Estado.
El diputado panista Renán Barrera Concha, integrante de la comisión, dijo que están de acuerdo y su bancada aprobaría la iniciativa porque no es la que mandó el Ejecutivo, se modificó: le hicieron cambios propuestos por 70 organizaciones civiles.
Esta iniciativa de ley, cuando fue presentada y enviada por el Ejecutivo del Estado a la anterior Legislatura, generó polémica y hasta división entre las organizaciones civiles.
Barrera Concha recordó que uno de los principales motivos por los que se oponían las agrupaciones a esa iniciativa era la intromisión directa que tendría el gobierno sobre las organizaciones y la obligación de convertir a todas en Instituciones de Asistencia Privada (IAP).
Precisó que incluso la iniciativa de la gobernadora les daba un plazo de 365 días para que se convirtieran en IAP.
Finalmente esta disposición se eliminó. La ley les da la libertad de convertirse en IAP o continuar como Asociación Civil.
Lo que sí precisó es que sólo las IAP pueden recibir apoyo oficial de cualquiera de los tres niveles de gobierno u organismos internacionales.
Sobre la intromisión y control que se pretendía ejercer por el gobierno hacia las agrupaciones, dijo que se resolvió con el último cambio que hicieron el viernes por la noche.
—El cambio —explicó—, fue a petición de las organizaciones, para que la Junta de Asistencia Privada, que será el órgano rector, no sea órgano desconcentrado sino descentralizado.
Uno desconcentrado depende presupuestal y normativamente de una secretaría, en este caso iba a ser de la de Salud, pero uno descentralizado tiene su propio presupuesto, patrimonio y personalidad jurídica propia.
Caballero Durán confirmó que ésta fue una de las peticiones que hicieron las organizaciones a través de la diputada priista Leticia Mendoza Alcocer, quien está en contacto con los dirigentes de las agrupaciones.
Para cumplir esa disposición, dijo que el artículo 66 establece: “La Junta de Asistencia Privada es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de Mérida, Yucatán, o en la localidad que en su caso determine el Órgano de Gobierno del mismo”.
Señaló que en general hicieron cambios más de forma que de fondo, se tomó como base fundamental la que envió el Ejecutivo y se enriqueció con propuestas de las organizaciones.
Esta ley, indicó, consta de 99 artículos y cinco transitorios, a diferencia de la actual Ley Orgánica de Beneficencia Privada que tiene 69 artículos y data del 24 de diciembre de 1915, y es la que sería abrogada.
“Impreciso y falso” que se reglamente una “herencia”
“Totalmente imprecisa y falsa es esa aseveración, desconozco quién sea el especialista que lo dice, pero, o no tiene la información o está falseando”, comento el legislador.
El priista indicó que es cierto que se modificó el artículo en cuanto a que no tiene que ser un notario quien supla las ausencias temporales, sino que puede ser cualquiera de la lista de aspirantes.
“También es cierto que pueden haber hijos de notarios en esa lista, y que incluso esos hijos pueden suplir a los notarios, pero lo que no es cierto es que eso implique que cuando el notario deje la notaría por fallecimiento u o otra causa, el hijo la herede”, dijo.
Señaló que hay un procedimiento establecido para la asignación de notarías, en el que participa el ejecutivo, el judicial y el consejo de notarios que son quienes aplican un examen y a través de ese examen asignan quién se queda con esa vacante.
Explicó que en el caso de los escribanos, los principios que se buscan son seguridad y certeza jurídica para los ciudadanos.
“Es cierto que el escribano cubre un ámbito económico más bajo, pero el notario le brinda mayor certeza a los ciudadanos”, detallo el legislador.
Los escribanos “No se desaparece la figura del escribano, lo que se establece es que en cada municipio que no rebase los 30 mil habitantes pueda haber uno”, detalló.
“Ciudades como Mérida y Valladolid, tendrían notarios y los escribanos”, indicó Caballero Durán.
Aprobada por el Congreso la Ley del Notariado
En una jornada de más de seis horas, en el Congreso del Estado se leyó ayer el informe anual de actividades de Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), y se aprobaron dos iniciativas que “buscan garantizar la seguridad pública y jurídica de los yucatecos”.
Las reformas y adiciones a varias disposiciones del Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley de Ejecución de Sanciones y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, todas del estado de Yucatán, y la iniciativa de nueva Ley del Notariado fueron aprobadas por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Nuevas facultades
Las reformas en materia de seguridad otorgan a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos, a la policía ministerial, a las autoridades responsables de ejecutar sanciones, así como a los jueces y tribunales del Estado, la facultad de investigar, perseguir y sancionar la consumación de delitos que atenten contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Se establecen nuevas técnicas de investigación mediante agentes infiltrados, lo cual obliga a la Procuraduría General de Justicia del Estado a brindar protección a los testigos, víctimas, peritos, jueces y demás personas que intervengan en las averiguaciones.
En la iniciativa de Ley del Notariado se regula el uso de tecnologías cibernéticas, de comunicación e información, a través del Protocolo Electrónico.
Este Protocolo es el conjunto de documentos, accesorios y archivos electrónicos en los que constan los hechos y actos autorizados por los notarios.
Se dijo que esta ley, que ha generado polémica porque, se dice, favorecerá a un grupo, fue enriquecida con las propuestas del Consejo de Notarios, el Colegio Yucateco de Notarios, el Colegio de Notarios y el Consejo de Escribanos de Yucatán.
Ley del Notariado con dedicatoria
La iniciativa de Ley del Notariado que actualmente estudia el Congreso no sólo beneficia a un grupo de notarios con hijos y familiares en la lista de aspirantes a esta profesión, sino también a funcionarios del actual gobierno y a abogados cercanos al poder, según se averiguó.
Ayer publicamos, en la primera entrega de esta serie, que de acuerdo con esa iniciativa las ausencias temporales de los notarios se podrán cubrir, no con otros notarios, como dice la ley vigente, sino con un aspirante a notario seleccionado por el propio fedatario.
Casualmente, de las 37 patentes de aspirantes a notario, por lo menos quince son hijos de notarios; tres más son sobrinos y hay un nieto y un yerno. La mayoría obtuvo su patente en este gobierno.
Esta iniciativa, que el consejero jurídico del gobierno, Sergio Cuevas González, presentó al Congreso junto con los dirigentes de los notarios y escribanos, prevé además eliminar el número de hasta 100 notarios en el Estado y abrir la posibilidad de aumentar discrecionalmente el número de notarías.
Según analistas consultados, la iniciativa busca asegurar que los hijos de ciertos notarios alcancen una notaría vía la suplencia o la asignación, lo mismo que algunos funcionarios y abogados cercanos al régimen.
Uno de los servidores públicos que resultaría beneficiado con la medida es Pablo Castro Alcocer, subconsejero jurídico del gobierno, a las órdenes de Cuevas González, y encargado precisamente, entre otras funciones, de las relaciones institucionales del gobierno con los notarios. Castro Alcocer es hijo de Pablo José Castro González, notario número 38 con sede en Mérida. Consejero estudiantil de la Facultad de Derecho de la Uady en 1998, cuando Nerio Torres Arcila era el presidente de la sociedad de alumnos, Castro Alcocer obtuvo su patente de aspirante apenas en diciembre pasado.
Ese mismo mes el gobierno entregó también su patente de aspirante a Mario Enrique Guzmán Vega, hijo del ex procurador de Justicia de este gobierno José Alonso Guzmán Pacheco. Este es el segundo familiar de un ex procurador con patente de aspirante. El otro es Georgina Díaz Yza, hija de Miguel Ángel Díaz Herrera, procurador en el gobierno pasado de 2001 a 2004.
Igualmente recibieron su patente de aspirante de notario en esta administración Ricardo Paredes Pino, hijo del ex senador Orlando Paredes Lara, notario número 36; Luis Pino Barrera, sobrino del ex legislador, y Fernando Sauri Campos, hijo de Fernando Sauri Sánchez, ex presidente del Consejo de Notarios y actual director del Registro Publico de la Propiedad.
En esta lista sobresalen los nombres de las abogadas Claudia Patricia Pérez Silveira, Teresa May Dorantes y Abril de Piedad Aké Chan. Las tres trabajan en la notaría 33 a cargo de María del Carmen Baltazar Arceo quien es, a su vez, una de las fedatarias favoritas de la Consejería Jurídica, a juzgar por el alto número de servicios que le presta su notaría.
Notarios favoritos
- Patentes y contratos Hay la presunción de que la iniciativa de Ley del Notariado beneficiaría a ciertos fedatarios.Aprobadas De acuerdo con datos recabados, tres abogadas que trabajan en la notaría 33 a cargo de la licenciada María del Carmen Baltazar Arceo obtuvieron su patente de aspirante de notario en este gobierno: Claudia Pérez Silveira, Abril Aké Chan y Teresa May Dorantes.
Coincidencia Las dos primeras consiguieron su patente en diciembre de 2008, cuando la secretaria del Consejo de Notarios, la entidad encargada de aplicar los exámenes para otorgar la patente, era precisamente la licenciada Baltazar Arceo.
Cliente Esta abogada ofrece una gran cantidad de servicios notariales a la Consejería Jurídica del gobierno, desde dar fe pública de los resultados de los concursos de literatura del ICY o de los ganadores de la Medalla Yucatán, hasta atestiguar la asignación de plazas de maestros o la integración de sociedades de padres de familia.
Operaciones También ha estado en la compra de los terrenos de Ucú y en la de las 82 hectáreas de Chichén Itzá por parte del gobierno, en donde toda la documentación legal estuvo a cargo de la Consejería Jurídica.
