Ley del Notariado con dedicatoria

26 agosto 2010
Noticias de Yucatán
(iniciativas, favoritismo, corrupción, ley del notariado público)

Favoritismo en la iniciativa para regular el notariado
26/08/2010

La iniciativa de Ley del Notariado que actualmente estudia el Congreso no sólo beneficia a un grupo de notarios con hijos y familiares en la lista de aspirantes a esta profesión, sino también a funcionarios del actual gobierno y a abogados cercanos al poder, según se averiguó.

Ayer publicamos, en la primera entrega de esta serie, que de acuerdo con esa iniciativa las ausencias temporales de los notarios se podrán cubrir, no con otros notarios, como dice la ley vigente, sino con un aspirante a notario seleccionado por el propio fedatario.

Casualmente, de las 37 patentes de aspirantes a notario, por lo menos quince son hijos de notarios; tres más son sobrinos y hay un nieto y un yerno. La mayoría obtuvo su patente en este gobierno.

Esta iniciativa, que el consejero jurídico del gobierno, Sergio Cuevas González, presentó al Congreso junto con los dirigentes de los notarios y escribanos, prevé además eliminar el número de hasta 100 notarios en el Estado y abrir la posibilidad de aumentar discrecionalmente el número de notarías.

Según analistas consultados, la iniciativa busca asegurar que los hijos de ciertos notarios alcancen una notaría vía la suplencia o la asignación, lo mismo que algunos funcionarios y abogados cercanos al régimen.

Uno de los servidores públicos que resultaría beneficiado con la medida es Pablo Castro Alcocer, subconsejero jurídico del gobierno, a las órdenes de Cuevas González, y encargado precisamente, entre otras funciones, de las relaciones institucionales del gobierno con los notarios. Castro Alcocer es hijo de Pablo José Castro González, notario número 38 con sede en Mérida. Consejero estudiantil de la Facultad de Derecho de la Uady en 1998, cuando Nerio Torres Arcila era el presidente de la sociedad de alumnos, Castro Alcocer obtuvo su patente de aspirante apenas en diciembre pasado.

Ese mismo mes el gobierno entregó también su patente de aspirante a Mario Enrique Guzmán Vega, hijo del ex procurador de Justicia de este gobierno José Alonso Guzmán Pacheco. Este es el segundo familiar de un ex procurador con patente de aspirante. El otro es Georgina Díaz Yza, hija de Miguel Ángel Díaz Herrera, procurador en el gobierno pasado de 2001 a 2004.

Igualmente recibieron su patente de aspirante de notario en esta administración Ricardo Paredes Pino, hijo del ex senador Orlando Paredes Lara, notario número 36; Luis Pino Barrera, sobrino del ex legislador, y Fernando Sauri Campos, hijo de Fernando Sauri Sánchez, ex presidente del Consejo de Notarios y actual director del Registro Publico de la Propiedad.

En esta lista sobresalen los nombres de las abogadas Claudia Patricia Pérez Silveira, Teresa May Dorantes y Abril de Piedad Aké Chan. Las tres trabajan en la notaría 33 a cargo de María del Carmen Baltazar Arceo quien es, a su vez, una de las fedatarias favoritas de la Consejería Jurídica, a juzgar por el alto número de servicios que le presta su notaría.


Notarios favoritos

- Patentes y contratos Hay la presunción de que la iniciativa de Ley del Notariado beneficiaría a ciertos fedatarios.

Aprobadas De acuerdo con datos recabados, tres abogadas que trabajan en la notaría 33 a cargo de la licenciada María del Carmen Baltazar Arceo obtuvieron su patente de aspirante de notario en este gobierno: Claudia Pérez Silveira, Abril Aké Chan y Teresa May Dorantes.

Coincidencia Las dos primeras consiguieron su patente en diciembre de 2008, cuando la secretaria del Consejo de Notarios, la entidad encargada de aplicar los exámenes para otorgar la patente, era precisamente la licenciada Baltazar Arceo.

Cliente Esta abogada ofrece una gran cantidad de servicios notariales a la Consejería Jurídica del gobierno, desde dar fe pública de los resultados de los concursos de literatura del ICY o de los ganadores de la Medalla Yucatán, hasta atestiguar la asignación de plazas de maestros o la integración de sociedades de padres de familia.

Operaciones También ha estado en la compra de los terrenos de Ucú y en la de las 82 hectáreas de Chichén Itzá por parte del gobierno, en donde toda la documentación legal estuvo a cargo de la Consejería Jurídica.

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