Por unanimidad, con cambios a la propuesta original, ayer se dictaminó sobre la nueva Ley de Instituciones de Asistencia Privada, que aprobaría el pleno del Congreso mañana lunes.
En esta nueva ley destaca que sería opcional para las asociaciones civiles convertirse en Institución de Asistencia Privada, aunque sólo bajo este esquema podrán recibir apoyos gubernamentales y de organismos internacionales.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado priista Víctor Caballero Durán, anticipó que, de aprobarse como se espera, esta iniciativa sustituirá a la actual Ley Orgánica de la Beneficencia Privada, que data de 1915.
El legislador panista Renán Barrera Concha añadió que ésta “es prácticamente otra ley, muy diferente de la que envió el Ejecutivo estatal; ésta incluyó los cambios que propusieron las organizaciones privadas”.
En sesión sabatina, con la ausencia de dos integrantes de dicha comisión —el priista Adolfo Calderón Sabido y el panista Tito Sánchez Camargo—, se acordó por unanimidad emitir el dictamen de esta nueva ley.
Esta sesión se inició el día anterior; por cambios de última hora se suspendió y concluyó ayer.
Aunque la nueva Ley de Instituciones de Asistencia Privada se aprobaría mañana, no será sino hasta el 1 de enero de 2011 cuando entraría en vigor, según su artículo primero transitorio, declaró ayer el diputado priista Víctor Caballero Durán.
De acuerdo con el dictamen aprobado ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales que preside Caballero Durán, el órgano rector de estas instituciones será la Junta de Asistencia Privada, que presidirá la gobernadora del Estado.
El diputado panista Renán Barrera Concha, integrante de la comisión, dijo que están de acuerdo y su bancada aprobaría la iniciativa porque no es la que mandó el Ejecutivo, se modificó: le hicieron cambios propuestos por 70 organizaciones civiles.
Esta iniciativa de ley, cuando fue presentada y enviada por el Ejecutivo del Estado a la anterior Legislatura, generó polémica y hasta división entre las organizaciones civiles.
Barrera Concha recordó que uno de los principales motivos por los que se oponían las agrupaciones a esa iniciativa era la intromisión directa que tendría el gobierno sobre las organizaciones y la obligación de convertir a todas en Instituciones de Asistencia Privada (IAP).
Precisó que incluso la iniciativa de la gobernadora les daba un plazo de 365 días para que se convirtieran en IAP.
Finalmente esta disposición se eliminó. La ley les da la libertad de convertirse en IAP o continuar como Asociación Civil.
Lo que sí precisó es que sólo las IAP pueden recibir apoyo oficial de cualquiera de los tres niveles de gobierno u organismos internacionales.
Sobre la intromisión y control que se pretendía ejercer por el gobierno hacia las agrupaciones, dijo que se resolvió con el último cambio que hicieron el viernes por la noche.
—El cambio —explicó—, fue a petición de las organizaciones, para que la Junta de Asistencia Privada, que será el órgano rector, no sea órgano desconcentrado sino descentralizado.
Uno desconcentrado depende presupuestal y normativamente de una secretaría, en este caso iba a ser de la de Salud, pero uno descentralizado tiene su propio presupuesto, patrimonio y personalidad jurídica propia.
Caballero Durán confirmó que ésta fue una de las peticiones que hicieron las organizaciones a través de la diputada priista Leticia Mendoza Alcocer, quien está en contacto con los dirigentes de las agrupaciones.
Para cumplir esa disposición, dijo que el artículo 66 establece: “La Junta de Asistencia Privada es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de Mérida, Yucatán, o en la localidad que en su caso determine el Órgano de Gobierno del mismo”.
Señaló que en general hicieron cambios más de forma que de fondo, se tomó como base fundamental la que envió el Ejecutivo y se enriqueció con propuestas de las organizaciones.
Esta ley, indicó, consta de 99 artículos y cinco transitorios, a diferencia de la actual Ley Orgánica de Beneficencia Privada que tiene 69 artículos y data del 24 de diciembre de 1915, y es la que sería abrogada.
