Ayer se dieron los primeros pasos para desaparecer la Procuraduría de Justicia del Estado y establecer en su lugar la Fiscalía General del Estado, al entregar el consejero jurídico Sergio Cuevas González y el procurador Héctor Cabrera Rivero la iniciativa de ley al Congreso.
Esta iniciativa estuvo acompañada de otra para crear el Instituto de Defensoría Pública, con la que se pretende a través de la mediación elevar la calidad de servicios de los abogados.
Ambas iniciativas son parte de las reformas al marco legal del Estado para transformar la procuración e impartición de justicia penal, de acuerdo con las últimas reformas a la Constitución del Estado.
En el caso de la ley que crea la Fiscalía General, aunque le retiran funciones, como la de representante legal del Ejecutivo para pasarlas a la Consejería, conservan las de investigación y acusación en materia penal, así como la de vigilancia de la constitucionalidad y la legalidad en la defensa y la promoción del interés público y social.
Considera la posibilidad de establecer, si fuera necesario, Fiscalías Regionales en el Estado, para distribuir adecuadamente el trabajo y beneficiar a los ciudadanos que muchas veces por razones de distancia no pueden acudir a realizar sus diligencias hasta la capital.
Prevé establecer órganos que garantizan la atención a la ciudadanía y la especialización para la debida investigación de los delitos, adecúa las funciones del Ministerio Público a las del nuevo modelo procesal penal de carácter acusatorio.
En el caso del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Yucatán, Cuevas González dijo que su creación permitirá garantizar el derecho a un abogado público integral, ya sea particular, bajo un régimen altruista como se usa en otros países, o bien, mediante la contratación de dichos servicios a través del sistema de licitaciones de la defensa penal pública.
También permitirá ejercer el esquema penal y de otras ramas, público y profesional; regular el servicio de defensoría pública; crear y normar al Instituto, dotarlo de: defensores públicos y asesores jurídicos, mediadores, analistas, peritos y trabajadores sociales, todo este equipo encabezado por el defensor general del Estado.
Establece los principios de confidencialidad, diligencia, excelencia, gratuidad, independencia funcional, legalidad, parcialidad, profesionalismo, solución de conflictos, transparencia, unidad de actuación y uso efectivo de recursos que regirá la prestación del servicio de defensoría pública.- David Domínguez M.
El Ejecutivo del Estado envió al Congreso dos iniciativas de Ley sobre impartición de justicia.
Fiscalía
Con estas iniciativas se crea la Unidad de Solución de Controversias, que deberá prestar de forma gratuita sus servicios.
Defensoría
Crea el Sistema de Licitaciones de la Defensa Penal Pública por el cual un Comité de Licitaciones podrá licitar el servicio y contratar defensores privados, y establece el Servicio Profesional de Carrera.
