“No debe crecer la cifra de notarios”
Habrá comicios de los notarios
Dos candidatos a presidir el Consejo de los fedatarios
“Mujer amable, educada y fashion”
Jorge Correa Mena hizo papeles para Raquel Alvarado
Notarios yucatecos contra una iniciativa
Despliegan una manta gigante en un hotel cerrado
Denuncias contra un fedatario y la autoridad estatal
Capacitan a su personal
Se inician cursos a los técnicos de las notarías yucatecas
Encuentro de notarios públicos
Conferencias para actualizar a los federatarios
Céntrica propiedad genera un conflicto
(fraude, conflicto, notarios, ancianos)
Publicada: 26 enero 2012
El predio en disputa es el 363-K de la calle 64 entre 39 y 41, que fue dividido para dar origen al 363-Ll. La dueña original es María del Carmen Medina Marrufo, quien afirma que su vecina María de la Luz Zumbarda Campos aprovechó que en 2006 cayó enferma y el día que salió del hospital se presentó a su casa con su hijo Fernando y con Noemí Salazar de Evia, madre del notario Carlos Evia Salazar, para que firmara la compraventa.
La octogenaria asegura que nunca le leyeron los documentos y el notario no estuvo presente. Luego se dio cuenta de que no había firmado la venta de un predio sino de los dos en que se dividió su propiedad.
También dice que le dejaron una bolsa con $96,000 y admite que fue utilizando ese dinero en estos años, para costear gastos de enfermedades y medicinas. Vive sola y no tiene parientes.
María de la Luz Zumbarda, quien es profesora pensionada por incapacidad, niega esa versión. Dice que cuidó de la señora Medina Marrufo cuando estaba enferma y ella misma le propuso la venta de sus casas cuando no se concretó la operación con un supuesto comprador anterior.
Incluso, dice que la octogenaria le pidió $130,000, pero ella le indicó que pagaría lo justo y, con base en un avalúo, le entregó $150,000, que forman parte de una indemnización que recibió por su salida del sistema educativo.
Tiene un recibo escrito y firmado por María del Carmen Medina, del que se han hecho pruebas grafoscópicas.
La señora Zumbarda dice que en la compraventa se estableció el usufructo vitalicio a favor de la anciana, de tal forma que nadie la puede desalojar. Además, permite que cobre las rentas del predio aledaño, para que se ayude.
La denunciante recurrió al Ministerio Público, que declaró el no ejercicio de la acción penal. Dice que otras autoridades se han negado a intervenir
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Denuncia despojo de casas
(fraude, abuso, despojo, ancianos, notarios)
Publicada: 24 enero 2012
Sus temores son fundados. Se enfrenta a una amenaza de desalojo porque, al menos en el papel, ya no es propietaria de la casa donde habita.
Sin embargo, detrás de esa transferencia de propiedad hay una historia de presunto fraude que involucra a un notario sujeto a proceso judicial: Carlos Alfredo Evia Salazar.
María del Carmen Marrufo vive en la casa 363-K de la calle 64 entre 39 y 41 de esta ciudad. Ese predio surgió de una división que dio pie a dos lotes. El otro es el 363-Ll.
La octogenaria relata que, bajo engaños, ambos predios fueron inscritos a nombre de otra persona. Los detalles, en próxima entrega
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En capilla un notario público
(notarios, sanción a notario, impunidad)
Publicada: 5 enero 2012
Como ya informamos, la señora Rodríguez acusó al fedatario de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, luego de que aquél se negó a acatar una resolución del Juzgado 2o. de lo Familiar que lo condenó al pago de una pensión alimenticia a su esposa e hija, entonces menor de edad.
El Juzgado 8o. Penal giró una orden de aprehensión contra Evia Salazar, pero éste utilizó varios recursos legales para combatir el acuerdo, hasta que la justicia federal le negó un amparo y dejó firme la resolución judicial.
Finalmente, en la primera semana de diciembre de 2011 el tribunal penal dictó formal prisión al notario, quien hace frente al proceso en libertad.
El Juzgado 8o. giró copias del auto de formal prisión a varias autoridades, entre ellas al Instituto Federal Electoral (IFE). En este último caso fue para que suspenda los derechos políticos al fedatario.
El 29 de diciembre, Rocío Rodríguez envió al presidente del Consejo de Notarios del Estado de Yucatán, Luis López Martín, una carta en la que subraya que el 5 de diciembre se le dictó formal prisión a su esposo. Anexa al escrito una copia certificada de ese acuerdo y pide al Consejo que inicie un procedimiento para suspender de sus funciones a Carlos Evia.
La señora Rodríguez Alayola fundamenta su solicitud en la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, que aborda el tema de la suspensión y terminación de la función notarial en su capítulo sexto.
Cita específicamente el artículo 67 de esa ley, que dispone lo siguiente:
"Son causas de suspensión del ejercicio de las funciones de un Notario Público las siguientes:
"I.- Dictarse en su contra auto de formal prisión por delitos dolosos en términos de la legislación penal, hasta que cause ejecutoria la sentencia absolutoria, se le otorgue perdón, o se deje sin efecto legal el auto de formal prisión".
Según se ve al final de la carta, se enviaron copias a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y al consejero jurídico del gobierno del Estado, Sergio Bogar Cuevas González.
Ayer publicamos que López Martín declaró, en una entrevista, que sólo el Ejecutivo tiene las facultades para sancionar a los notarios que incurren en alguna irregularidad.
No obstante, el dirigente indicó que el Consejo podría proceder, si así lo considera la directiva en pleno, contra Evia Salazar.- Angel Noh Estrada
Tema: Juzgados Penales
Antecedentes en 2008
El 26 de agosto de 2008 el Juzgado 2o. de lo Familiar sentenció al notario Carlos Evia Salazar a pagar una pensión alimenticia de $24,000 mensuales a su esposa, Rocío Rodríguez Alayola, e hija. El fedatario se limitó a depositar pagos parciales -diez de dos mil pesos mensuales y luego otros de cinco mil y ocho mil pesos- y después se declaró insolvente. Entonces la esposa lo acusó penalmente de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. El Juzgado 8o. Penal giró orden de aprehensión y el acusado promovió el recurso de revisión ante el Tribunal Superior. Al resultarle adverso el fallo solicitó amparo a la justicia federal. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 14o. Circuito se lo negó.
Notarios sujetos al Ejecutivo
(impunidad, notarios, corrupción, agandalle, enriquecimiento)
Publicada: 4 enero 2012
No se sancionaría a quien avaló una compra cuestionada
Publicada: 4 enero 2012
En este caso, López Martín precisa que el Consejo de Notarios no puede calificar la licitud del documento.
A juicio penal va un notario
(notarios, sanción a notario, impunidad, mujeres)
Publicada: 20 diciembre 2011
"Dejó de darme $24,000 al mes desde hace mucho tiempo", relató la quejosa, quien acudió al Juzgado 8o. Penal para realizar algunos trámites sobre este caso.
El notario Evia Salazar, como informamos, niega los hechos y ofreció varios testimonios. Sin embargo, para ese juzgado esas pruebas no son suficientes para considerar que no cometió el delito que le atribuyen. La quejosa Rodríguez Alayola también expresó que recibió malos tratos del fedatario e incluso la despojó de una casa.
Destacada labor de los notarios
(notarios)
Publicada: 27 noviembre 2011
En representación de los notarios que recibieron de los reconocimientos de ex presidentes, Carlos Manuel Herrera Heredia dijo que "la fe pública no es propiedad del notario, sino del Estado, lo que constituye una responsabilidad muy grande para quien la detenta; por eso debe dedicar el tiempo necesario para ejercerla, prepararse y ser merecedor de esa confianza.
Notario en un lío judicial
(produce, notarios, sanción a notario, denuncia)
Publicada: 18 noviembre 2011
El Juzgado 8o. Penal giró orden de aprehensión. El acusado promovió el recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia y, al resultarle adverso el fallo, solicitó amparo a la justicia federal.
Finalmente, el 13 de octubre pasado el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 14o. Circuito acordó no concederle la protección.
La Fiscalía General del Estado asignó el caso al agente Héctor Triay
Se actualiza el proceso de actuación de notarios
(notarios, nuevo reglamento)
El consejero jurídico Sergio Cuevas González y el presidente del Consejo de Notarios, Luis López Martín, presentaron el nuevo reglamento que ayer se publicó en el Diario Oficial del Gobierno estatal.
López Martín manifestó que este reglamento fortalece la autonomía del Consejo de Notarios y hace obligatoria la capacitación de los Fedatarios Públicos y los Aspirantes a Notario, a fin de elevar el nivel de actualización como acontece en otras actividades profesionales.
Cuevas González manifestó que el documento se realizó con el consenso de los integrantes del Consejo de Notarios y marca la pauta para dar mayor seguridad jurídica a los actos que realiza ese gremio.
Se hacen obligatorios para los notarios los cursos anualizados de capacitación, y también a los aspirantes, además de que podrán ser suspendidas sus patentes respecto de otros aspirantes al no cursar las actualizaciones o certificaciones, que en su caso programe el Consejo de Notarios en coordinación con universidades.
Notario certifica que no vio nada
El notario Rubén Bolio Pastrana acudió al sitio donde se construye el "paso deprimido" a solicitud del Ayuntamiento de Mérida, en horas de la madrugada.
"Di fe de los inicios del trabajo y de la protesta de un grupo de personas, pero durante el tiempo que permanecí en ese lugar no hubo violencia", expresó el entrevistado.
Bolio Pastrana relató que fue llamado para elaborar un acta del inicio de los trabajos, concretamente para delimitar el área donde se trabajará.
"Unas personas se acostaron en el piso y los camiones no entraron", añadió el notario.
Detalló que se colocaron en determinadas áreas conos de plástico de color rojo intenso, en otras partes una alambrada.
"Todo es para evitar que las personas pasen al sitio de la construcción", expresó.
Los gritos de los inconformes se prolongaron varias horas, hasta que el notario, en común acuerdo con el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Antonio Duarte Briceño, se retiró cerca de las seis y media de la mañana.
El informante dijo que entre las personas que identificó está Guillermo Vela Román. El grupo aumentó conforme amanecía.
"Luego me enteré de que hubo violencia en el sitio, pero yo no estaba", añadió.
"Lo que vi fue el movimiento de los trabajadores, tanto del Ayuntamiento como de la constructora", señaló.
El acta se hizo a solicitud de la comuna meridana. En esas horas de la madrugada hubo varias interrupciones de los trabajos.- Rudesindo Ferráez García
o
Un fedatario acudió, a petición del Ayuntamiento, a constatar el inicio de los trabajos en el túnel.
Acostados
Varios manifestantes, para impedir el avance de vehículos, se acostaron en el pavimento y por ese momento consiguieron su objetivo.
Cinco horas y media
De la una de la madrugada a las seis y media de la mañana un grupo de inconformes interrumpió el inicio.
¿Un millón al día?
Es el cobro de la constructora por cada jornada de trabajo.
Denunciarán a notario en caso Produce
En el memorial dirigido a la gobernadora, Cabrera Quijano expone la ilegalidad de la reunión, considerando que la convocatoria que argumentan los participantes fue invalidada por la misma jueza que la expidió, Sara Luisa Castro Almeida.
Esa convocatoria formó parte de un fallo de la jueza en diligencias de jurisdicción voluntaria que promovieron los consejeros disidentes para pedir una asamblea extraordinaria de socios de Produce, pues alegaban que la asamblea en que se ratificó a Pedro Cabrera no se realizó en apego a los estatutos.La abogada Castro Almeida modificó su resolución luego que el presidente de Produce le expresó sus agravios y fundamentó la validez de la primera asamblea electiva. En su acuerdo final, la jueza reconoció a Cabrera Quijano como presidente y ordenó que se archivara el expediente como "asunto totalmente concluido".
Los consejeros disidentes que promovieron las diligencias fueron notificados de ese fallo, como consta en un acta con sus firmas.Pedro Cabrera indica en su escrito que Evia Salazar hizo caso omiso del acuerdo que dejó sin efecto la convocatoria y no se cercioró de la veracidad de los documentos que le exhibieron. Por tanto, protocolizó el acta de una asamblea ilegal e incurrió en varias faltas sancionables.
El dirigente resume esas faltas en los siguientes términos
:1) El notario autorizó la protocolización del acta de la asamblea del 16 de mayo a sabiendas de que ésta estuvo plagada de irregularidades. No se cercioró de la documentación, ni de la identidad, ni de la personalidad jurídica de los participantes. Esto propició que presidieran la reunión personas que no tenían el carácter legal para hacerlo.
2) Solicitó y obtuvo la inscripción de esa acta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio un día después de la celebración de la asamblea. Al hacer este trámite no cumplió una serie de disposiciones de la Ley del Notariado en vigor.
3) Avaló, con su fe pública, que participaran en la asamblea personas que no son miembros de la Fundación y otras que sólo tenían derecho a voz, no a voto.
4) No tomó en cuenta que la asamblea era ilegal por falta de quórum.
5) Asentó en el acta que estuvo presente Escaroz Soler, cuando éste reconoció públicamente que no asistió. En otra parte puso el nombre de la representante del delegado, María del Carmen Duarte Núñez, quien firmó "por orden".El apoderado jurídico de la Fundación Produce, Diego Herrera Gurubel, presentó la carta en la Oficialía Mayor del Ejecutivo del Estado y el Consejo de Notarios el jueves pasado.
Amparo para un notario
El directivo recordó que en apoyo al ex presidente del Consejo de Notarios, Gamboa Gamboa, un grupo de más de veinticinco fedatarios lo acompañaron el miércoles a interponer un amparo por presuntos actos ilegales.
El problema fue porque la Secretaría Investigadora del Ministerio Público acordó requerir al notario poner a la vista todos los protocolos de su oficina que sean necesarios de 2003 al 2010, para inspeccionarlo, lo cual consideran un exceso
Con la notaría asegurada
Sobre este aspecto, los aspirantes han exigido que haya equidad en la forma en que se otorgan las notarías pues hay otros que tienen ventajas y privilegios y prácticamente ya aseguraron un despacho.
La actual lista de aspirantes a notarios públicos la integran alrededor de 50 abogados, que tendrán ventaja, es decir ya aseguraron su despacho, sobre quienes se apunten después de entrar en vigor la nueva Ley.
Entre estos aspirantes que prácticamente ya aseguraron una notaría en Yucatán hay desde hijos, parientes y amigos de funcionarios y notarios públicos hasta servidores públicos en funciones.
Entre los que ya tienen su patente de aspirante otorgada por el gobierno están el delegado del Registro Agrario Nacional, Alejandro Briceño Ramírez; la síndica del Ayuntamiento de Mérida, María Elizabeth Vargas Aguilar, y el subconsejero jurídico del gobierno del Estado, Pablo José Castro González.
También los hay hijos de notarios, ex subprocuradores de justicia, así como otros funcionarios y ex servidores públicos del Estado.
Actualmente son 100 los notarios del Estado y se calcula que faltan muchos años para rebasar los dos millones de habitantes y así aumentar los fedatarios.
A pesar de esas inconformidades, se reconoce que la nueva ley trae consigo ventajas y beneficios importantes.
Entre estos aspirantes que prácticamente ya aseguraron una notaría en Yucatán hay desde hijos, parientes y amigos de funcionarios y notarios públicos hasta servidores públicos en funciones, como informó el Diario el 26 de agosto de 2010.
Esa disposición generó inconformidad: algunos solicitantes de pruebas promovieron amparos para exigir igualdad de competencia por las notarías.
La inconformidad radica en que quienes aspiren a ser notarios a partir del próximo lunes, además de los exámenes de teoría y práctica que deberán presentar -como lo hicieron los que hoy tienen su patente de aspirantes-, deben presentar otro de oposición entre ellos.
Además, quienes aspiren a alguna notaría, a partir del lunes 28, tendrán que esperar a que les den su despacho a los que ya tienen su patente de aspirante.
Los enlistados hasta antes de entrar en vigor la nueva ley suman 53, y considerando que en promedio al año fallecen dos notarios, tardaría en acabarse esa lista unos 20 años.
Otra opción para desahogar la lista es el artículo 6, que faculta al Ejecutivo estatal a aumentar el número de notarías, pero solo sí aumenta la población de Yucatán, y debe ser un fedatario por cada 20,000 habitantes, comprobados con el Censo Nacional de Población y Vivienda.
Actualmente son 100 los notarios del Estado y se estima que faltan muchos años para rebasar los dos millones de habitantes y así aumentar los fedatarios.
Entre los que ya tienen su patente de aspirante otorgada por el gobierno está el delegado del Registro Agrario Nacional, Alejandro Briceño Ramírez; la actual síndica del Ayuntamiento de Mérida, María Elizabeth Vargas Aguilar, y el subconsejero jurídico del gobierno del Estado, Pablo José Castro González.
También los hay hijos de notarios, ex subprocuradores de justicia, así como de otros funcionarios y ex servidores públicos del Estado, de los que mañana informaremos.
Al descontento habría que agregar los amparos que algunos abogados ya solicitaron contra el Consejo de Notarios, motivados en forma indirecta por la nueva ley, ya que ahora los aspirantes a notarios presentarán examen con nuevas normas.
A pesar de las ventajas promovidas de la iniciativa de reformas a la ley, existe un sentimiento generalizado de desacuerdo que expresaron en su última reunión 74 de los 100 notarios el miércoles pasado, convocados por el Consejo de Notarios del Estado.
Una reunión de última hora realizada el jueves, entre el consejero jurídico del gobierno del Estado, Sergio Cuevas González, y notarios encabezados por el presidente de su Consejo, Luis López Martín, estableció una tregua en estas inconformidades, previos acuerdos para hacer algunos cambios.
Entre los principales acuerdos destacó el hecho de que ya no entrará en vigor el reglamento de esta ley el próximo lunes como pretendía al principio el gobierno del Estado.
Incluso ya trabajan conjuntamente en varios cambios a este reglamento que se pretendía imponer a los notarios, sin darles el tiempo necesario para revisarlo y opinar al respecto.
A pesar de esas inconformidades, se reconoce que la nueva ley trae consigo ventajas y beneficios importantes, tanto para la población, como a los mismos fedatarios del Estado.
Beneficios
Entre los beneficios para la población que trae la nueva Ley del Notariado Público se encuentran algunas rebajas en las tarifas del servicio notarial, la asesoría jurídica al cliente, así como la agilización y modernización de esta actividad profesional.
También se modernizarán y agilizarán los servicios notariales aprovechando la tecnología.
En contraparte, también establece medidas contra los notarios, como la disposición de prohibirles desempeñar esta actividad y ser al mismo tiempo funcionario público, entre otras restricciones.
Se establece ahora por ley, que el notario estará obligado a la prestación de sus servicios previo pago de los honorarios que el mismo Ejecutivo determine, cuando se trate de atender asuntos de interés público, como programas o acciones de gobierno destinados a solucionar problemas colectivos o atender a sectores sociales vulnerables.
Por ejemplo, en una firma de escrituras de forma colectiva, para personas de escasos recursos, si el gobierno así lo dispone el notario que preste este servicio deberá cobrarles menos de las tarifas normales, como un servicio a la comunidad.
Eso además de mantener la disposición actual de que los notarios están obligados a prestar sus servicios conforme a las leyes electorales, o sea gratis el día de las elecciones, y el gobierno podrá comisionarlos durante la jornada electoral para prestar sus servicios en municipios distintos al de su residencia.
El Fedatario Público en el desempeño de sus funciones fungirá como asesor jurídico de los comparecientes.
Modernización
Entre las innovaciones de la nueva norma se establece que el ejercicio del notariado o la escribanía será incompatible con todo cargo, comisión o empleo públicos retribuidos. Se aclara que esto es con excepción de los que tengan que ver con enseñanza, beneficencia pública, funciones de mediadores, conciliadores, amigables componedores, árbitros y jurados.
Otra novedad importante es la inclusión del uso de "protocolo electrónico" en el que el notario dará fe de actos jurídicos a través de redes informáticas como el correo electrónico, lo cual ofrece la posibilidad al Estado de generar un mayor flujo comercial en todo el mundo.
Lo anterior porque se permitirá la posibilidad de que un notario pueda realizar operaciones mercantiles a través de los medios electrónicos.
También se establecen las normas y reglas para cubrir una notaría vacante, fijando los plazos y términos para las respectivas convocatorias y aplicación del examen.
La patente de Notaría tendrá el carácter de "personalísima, vitalicia e inalienable" y se extingue por muerte, renuncia o revocación de la autorización para su ejercicio.
A los titulares de dicha patente no se les considerará como servidores públicos.
Otra ventaja es que se establece la figura del Protocolo abierto, que es el conjunto de tomos ordenados numérica y cronológicamente, en los que el Notario Público, observando los requisitos establecidos en la nueva ley, asienta las actas notariales y escrituras públicas que se otorguen ante su fe pública.
Este nuevo sistema de Protocolo es abierto porque lo forman folios encuadernables, aunque no se aplicaría de inmediato, sino 18 meses después de entrar en vigor esta ley.
Asimismo, se establecen las normas y reglas para cubrir una Notaría Pública vacante, fijando los plazos y términos para las respectivas convocatorias y aplicación del examen de oposición.
Lo único que faltará a esta nueva ley es su reglamento, pero el gobierno del Estado dispone de 180 días para publicarlo a partir de mañana domingo.
Los notarios señalaron que los errores van desde el pago de honorarios hasta la designación de quienes los calificarán.
Por ejemplo, dicen, el artículo 11 de la nueva ley establece que los notarios deben calcular, retener y enterar las contribuciones del orden federal, estatal y municipal por el acto o convenio jurídico que autoricen y en algunos casos hasta ser solidarios responsables de ese pago, si no lo cubren los clientes.
Lo consideran incorrecto, por obligarlos a pagar impuestos del cliente, sin que éstos le hubiesen pagado al notario.
El artículo 20 establece que el sínodo para el examen de aspirante a notario público lo integrarán tres personas, pero no específica quienes. Pareciera que ya no es requisito ser notario para ser parte del sínodo, como lo dispone la ley antigua.
La nueva ley establece que un integrante lo designa el Poder Ejecutivo, otro el Tribunal Superior de Justicia y al último el Consejo de Notarios.
Según el artículo 29, los aspirantes que pasen su prueba teórica pasan a la práctica, pero no dicen qué sucede en caso de empate entre los que presentan.
Del nuevo sistema de protocolo abierto, se trata el tema en cinco artículos, a diferencia de otros estados, que lo desglosan en por lo menos 10, y no establecen qué sucede si un notario se equivoca en lo que se asienta.
Con el artículo 101 se abre la posibilidad de que sean rechazadas algunas actuaciones del notario, al darles atribuciones para hacer cambios sobre las medidas de predios, para ajustarlos a la realidad. Debiera establecerse que esto debe ser de conformidad o en coordinación con la autoridad encargada de ese ramo, o pareciera que los notarios pueden hacer estos cambios a su arbitrio, sin corroborar que sea lo correcto.
El artículo 128 dicta que se practicarán a cada notaría o escribanía pública visitas ordinarias por lo menos una vez al año y la especial que se disponga conforme a la ley, y el 129 establece que el Ejecutivo nombrará al visitador.
Lo que no dicen las leyes y causa preocupación a quienes serían los visitadores y el responsable de firmar los resultados de las visitas es qué perfiles cubrirán y quién certificará que estén debidamente capacitados.
Añadieron que se presta a que las visitas sirvan para inutilizar notarías y asignarlas a los que están "en la cola", y ayudar a los amigos del gobierno que esperan que se desocupe alguna.
Por eso consideran que este punto y gran parte de los otros mencionados deben precisarse en la ley, y no en el reglamento, como pudiera ser el caso.
Esto, precisaron, es porque no tiene el mismo carácter o validez lo que se establece por ley que lo que se dicta en un reglamento; la primera tiene mayor peso.