Una mujer con discapacidad tiene dificultades para transitar
Anteayer entró en vigor el Reglamento de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, que prevé responsabilidades y otorga facultades a las autoridades estatales y municipales del Estado para lograr la plena inclusión social de las personas con discapacidad.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), 124,638 yucatecos tienen alguna dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana, lo que representa el 6.4% de la población total, muy por encima de la media nacional que es de 5.1%.
La Codhey, junto con organizaciones civiles que trabajan el tema de la discapacidad se congratulan por la publicación ya que representa el fruto de muchos años de lucha por el reconocimiento de los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad.
El documento, que fue publicado en el Diario Oficial del Estado el 22 de agosto pasado, fue elaborado de manera coordinada por la Consejería Jurídica del Estado, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental (Aypadem).
Entre los puntos a destacar del reglamento de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad están las disposiciones técnicas para hacer accesibles los espacios públicos, con especial señalamiento para lugares donde se presenten espectáculos, viviendas, transporte público y albergues temporales.
Así también se señalan las especificaciones para lograr la accesibilidad en la información, destacando la utilización de textos en formato de “lectura fácil”.Asimismo, se desarrollan los conceptos de habilitación y rehabilitación como el medio idóneo para la inclusión social de las personas con discapacidad.Se menciona la obligación de todas las autoridades estatales y municipales que trabajen en todas las áreas relacionadas con la atención a persona con discapacidad, recopilar datos y elaborar estadísticas, las cuales se utilizaran en la elaboración de políticas públicas.
El Reglamento contiene, además, el proceso que se debe seguir para la presentación de la “queja popular” de cualquier ciudadano que conozca de violaciones a los derechos de la personas con discapacidad en el estado.Se establecen las facultades y obligaciones de los integrantes del Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, el cual coordinará el director general del DIF Yucatán, con la participación de cuatro vocales, los cuales serán representantes de asociaciones civiles de y para personas con discapacidad, uno por cada tipo de discapacidad (motriz, intelectual, visual y auditiva).El Reglamento precisa la elaboración y contenido del Programa Estatal para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual elaborará el DIF Yucatán con la participación de las dependencias y asociaciones civiles que integran el Consejo Promotor. Finalmente se contempla un régimen de sanciones para los ciudadanos y servidores públicos que no cumplan el Reglamento.De acuerdo con el Inegi, la movilidad es la discapacidad con mayor frecuencia en Yucatán, y por cada 100 personas con limitaciones, más de la mitad se refieren a caminar o moverse; el segundo tipo de limitación son los problemas visuales, aun utilizando lentes, lo que representa el 25.8%.Le siguen: el 11 %, dificultades para oír; el 7.9%, para hablar o comunicarse; el 5.8%, para atender el cuidado personal; 4.2%, poner atención o aprender y el 8.6%, de tipo mental.Los datos señalan que en cuanto a la discapacidad en Yucatán se identifica que el 15.3 % es por nacimiento; el 42.3%, por enfermedad; el 12.6%, por accidentes; el 25.2%, por edad avanzada, y el 6.9% otras causas.
Derechos | Discapacidad
Se publicó el reglamento de la Ley de Protección de los Derechos de los discapacitados
Programa y sanciones
Se precisa la elaboración y contenido del Programa Estatal para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que elaborará el DIF Yucatán con la participación de dependencias y asociaciones civiles que integran el Consejo Promotor. Se contempla un régimen de sanciones para ciudadanos y servidores públicos que no cumplan el Reglamento.