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Detienen por desvío millonario a funcionario del Poder Judicial de Yucatán

23 agosto 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy 
En un hecho inédito, el Poder Judicial del Estado llevó ante un juez de control a uno de sus funcionarios, al que acusa de desvíos millonarios.

Habría dispuesto de dos millones 528,492 pesos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado

Se trata del secretario de actas y acuerdos del Juzgado Primero de lo Penal, licenciado Miguel Gutberto Dzul Flores, a quien se consignó como probable responsable de los delitos de fraude y prestación indebida de un servicio público.

Dzul Flores aparentemente firmó y liberó 817 billetes de depósito que estaban a su guarda y bajo su estricta responsabilidad, relativos a 628 causas penales de entre los años de 1990 al 2012, de diversos Juzgados Penales.

Durante la audiencia de imputación, ante la juez de control Ileana Georgina Domínguez Zapata, comparecieron la fiscal, el asesor jurídico y el imputado con su defensora particular, al igual que la defensora pública.

El imputado nombró en el acto a su defensora y solicitó un mes y medio para enterarse de la carpeta de investigación que recibió en ese momento de manos de la defensora pública, en razón de que se trata de un expediente de 15,710 fojas.

Ante esto, la juez accedió y difirió la audiencia para el 8 de octubre, a las 10 horas.

Lo denunció Felipe Andrés Escalante Ceballos, en su carácter de apoderado del Poder Judicial del Estado de Yucatán, quien fue sustituido luego por el abogado Pablo Enrique Hernández Herrera. Formal Prisión

Entender la discapacidad como condición humana, primer paso a la inclusión, señala experto en Yucatán

14 agosto 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Entender a la discapacidad como una condición humana y no como un fenómeno es el primer paso para llegar a una verdadera inclusión, señaló el Dr. Esteban Guevara Montiel durante la conferencia “Protección a los derechos de las personas con discapacidad” que se realizó la semana pasada en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como parte de la capacitación institucional enfocada en fortalecer la visión incluyente de jueces y servidores públicos, así como su enfoque hacia la defensa de los derechos humanos de todas las personas que participan en algún proceso judicial.
El doctor Guevara Montiel inició su participación precisando que las personas con discapacidad son aquellas que presentan limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, llegan a impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Agregó que existen cuatro tipos de discapacidades reconocidas a nivel internacional: la discapacidad motriz, que se refiere a la limitación del movimiento, ausencia o parálisis de una, dos o las cuatro extremidades; la discapacidad sensorial que puede ser visual o auditiva; la discapacidad intelectual relacionada a restricciones significativas en el funcionamiento intelectual y en el desarrollo de las habilidades adaptativas para una determinada edad y entorno social; y la discapacidad mental-psicosocial entendida como una alteración bioquímica que afecta la forma de pensar, sentimientos, humor, habilidad de relacionarse con otros y comportamiento de las personas.
En su opinión deberían suprimirse conceptos tales como “personas con capacidades diferentes”. “minusválidos”, “inválidos”, “discapacitados” puesto que lo correcto es emplear el término “personas con discapacidad”.
De igual manera, reconoció el legado del mexicano Gilberto Rincón Gallardo como impulsor de la Convención de Naciones Unidas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, que es actualmente el instrumento jurídico internacional más importante relacionado con la materia. Igualmente,  recordó el papel de Rincón Gallardo al establecer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  (CONAPRED) y su lucha contra la discriminación.
Guevara Montiel resaltó la importancia de los derechos de las personas con discapacidad y señaló que más de 15 por ciento de la población mundial tiene una discapacidad. Señaló que para el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha estimado que el 5.1 por ciento de la población de nuestro país presenta una discapacidad.
Dijo también que se debe diferenciar entre los conceptos de accesibilidad e inclusión puesto que la accesibilidad se refiere a un aspecto geográfico, es decir, a que las condiciones físicas estén dadas como son, por ejemplo, la existencia de rampas, mientras que la inclusión es un concepto social. 
 “Donde hay accesibilidad a una persona con discapacidad hay accesibilidad para todo el mundo” puntualizó.
Al finalizar la conferencia los asistentes compartieron sus experiencias en la inclusión de personas con discapacidad dentro del Poder Judicial.
Es importante señalar que este evento forma parte del ciclo de conferencias de alto nivel enfocadas en fortalecer la ética y los derechos humanos a jueces, magistrados y operadores de justicia del Poder Judicial y que se realizan en conjunto con el Centro de Ética Judicial.
El Centro de Ética Judicial es una asociación civil sin fines de lucro que busca conjuntar la comunidad jurídica para contribuir a la aplicación de los Derechos Humanos con imparcialidad.

Rinden compromiso constitucional 2 Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán

01 agosto 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Esta mañana rindieron compromiso constitucional como Consejeros de la Judicatura los maestros en Derecho, Sara Luisa Castro Almeida y  Luis Alfredo Solís  Montero en una sesión solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

La sesión fue encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal quien en nombre del pleno de magistrados reconoció a los dos nuevos consejeros por sus nombramientos y destacó su trayectoria profesional dentro del Poder Judicial.

El pasado 12 de julio  el Poder Judicial del Estado dio a conocer la ratificación de la maestra en Derecho Castro Almeida por un periodo de cuatro años más como consejera de la Judicatura  e  informó sobre la designación del maestro en Derecho Solís Montero como nuevo consejero quien estará a cargo de la Comisión de Desarrollo Humano de este órgano administrativo. 

Estas designaciones se realizan conforme a lo establecido en la ley orgánica vigente del Poder Judicial que prevé que dos asientos en el Consejo de la Judicatura, que se integra por cinco, sean nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de entre los miembros de la Carrera Judicial.

Los otros tres lugares son ocupados uno por el Consejero presidente que es a la vez el presidente del Tribunal Superior de Justicia en turno, un Consejero designado por la mayoría de los Diputados del Congreso del Estado, presentes en la sesión en que se aborde el asunto y un Consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo.

Asimismo,  con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión, al que corresponde conocer y resolver todos los asuntos sobre la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, que no estén reservados de manera exclusiva a la competencia del Tribunal Superior de Justicia.

Pretensión de aumento presupuestal del titular del Poder Judicial de Yucatán ¿Para qué?

15 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Trabajadores del Poder Judicial del Estado nos hicieron llegar por correo el siguiente texto que reproducimos de manera litetal:

El Presidente Marcos Celis Quintal pretende insistir como el año pasado, solicitar un presupuesto de aproximadamente $1,000 millones de pesos para el Poder Judicial del Estado, que según para abrir más juzgados en diversas materias e implementar la reforma laboral, lo cual es un pretexto para despedirse e irse con los bolsillos llenos de dinero.
Sabe que ya tendrá que retirarse de dicha Institución y, para ello es muy probable que utilizara nuevamente al Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial del Estado representado por un aprovechado de nombre Renán Marcelino que no ha hecho nada para beneficio de los trabajadores sino solo para el mismo y unos cuantos, para que hagan sus manifestaciones o protestas y presenten escritos para dicha finalidad, lo cual el dinero que le han otorgado al Poder Judicial desde la administración de Ivonne Ortega Pacheco, solo ha servido para inflar la nómina de aviadores, empleados administrativos, que son apadrinados y familiares de los Magistrados y Consejeros.
Solo ellos se han beneficiado con el presupuesto y, los empleados de baja categoría, es decir los trabajadores judiciales que despachan los expedientes para el servicio de la ciudadanía en general, son los que continúan devengando un sueldo muy bajo.
No existe igualdad ni equidad laboral en el Poder Judicial, por eso existe un descontento y falta de motivación, hasta apatía y desanimo por parte de los trabajadores de bajo sueldo, porque desde el Gobierno de Patricio Patrón Laviada no les han dignificado sus sueldos y prestaciones, no es fácil su labor en los juzgados, sobre todo a los técnicos judiciales que tienen una excesiva carga de trabajo, despachan hasta 100 expedientes o más en forma mensual, y devengan un sueldo muy bajo.
Es una categoría que siempre ha sido explotada y denigrada, nunca ha sido tomada en cuenta ni por los litigantes, ni jueces, Magistrados ni Consejeros, los menosprecian y dicen “que su trabajo cualquier persona lo puede hacer”, cuando en realidad no es así, ya que tienen que realizar todo tipo de resoluciones, acuerdos, diligencias, actuaciones, de manera rápida y eficiente porque los términos legales los tienen encima.
Hacen todo el trabajo que los jueces deberían hacer y, el juez gana 10 veces más que el técnico judicial que todo el trabajo tiene asignado y solamente el juez se limita a dar el visto bueno y firmarlo.
No es posible que no exista una equidad laboral en el Poder Judicial, por eso el despacho de los expedientes no avanza o se atrasa, porque además que les pagan un sueldo muy bajo, es poco el personal que hay en los juzgados para sacar el abismal trabajo que existe en los juzgados de todas las materias; los Colegios y Barras de Abogados saben perfectamente dicha situación, pero hacen caso omiso o se hacen de la vista gorda, porque quieren seguir conservando sus amistades y privilegios con los jueces, Magistrados y Consejeros, la ciudadanía en general solo se limita a reprochar y decir que “son unos flojos que no hacen nada, pero ojala vieran la realidad de la situación de esos trabajadores”.
Deberían mas bien exigir a los Magistrados, Consejeros y hasta el Gobierno del Estado, que a esos trabajadores que despachan los asuntos para el beneficio de la ciudadanía, sean retribuidos con un sueldo digno y decoroso, porque en verdad los sueldos de los técnicos judiciales o auxiliares jurídicos son muy bajos, apenas y les alcanza para sus necesidades básicas.
Ni siquiera les alcanza para mantener dignamente a una familia, ni por lo menos tienen la oportunidad de buscar otro trabajo extra en las tardes para equilibrar su economía, porque se ven obligados o coaccionados a laborar horas extras hasta altas horas de la noche, por lo que es lógico que no puedan laborar en otro lugar, ojala la ciudadanía en general y los litigantes, hagan conciencia y exigieran a los Magistrados, Jueces, Consejeros y Gobierno Estatal, que esos empleados que despachan todos los expedientes para beneficio de ellos, devenguen un sueldo justo y decoroso, porque todos son abogados o licenciados en derecho y merecen tener una mejor calidad de vida y, no solo dichos superiores que ellos solo se limitan a dar órdenes y firmar y devengan un súper sueldo que muchos de ellos sin merecerlo porque son apadrinados.
Hagan conciencia, medítenlo, en verdad si mejorara la condición laboral y económica de esos trabajadores técnicos judiciales o auxiliares jurídicos, valga la pena señalar también a los Actuarios Judiciales que se les habilita hasta por 24 horas al día por las excesivas cargas de trabajo que se les asigna, las cosas en el Poder Judicial tengan por seguro que mejorarían para beneficio de todos.

La justicia yucateca: sujeto roba en casa de Mérida y sólo dos horas estuvo detenido

12 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Alexander Iván Hernández Jiménez fue detenido e imputado por robar en una casa de la colonia Obrera, de la cual se llevó un reproductor de MP3 y un reloj.
La juez de control Maritza Virgina Polanco Sabido no lo dejo en prisión, pues le concedió la libertad condicional a cambio de acudir a firmar los primeros 5 días de cada mes; no salir del Estado; someterse a vigilancia; no acercarse al domicilio de la víctima en un radio de 100 metros; no acercarse al quejoso, y la utilización de un localizador electrónico.
La denuncia en su contra la interpuso Yahveh Israel Fuentes Castillo.
Según el expediente, el 12 de mayo, aproximadamente a las 01:00horas, el ladrón se introdujo a una casa ubicada en la calle 66 entre 97 y 99 de la colonia Obrera.
Se apoderó de lo que pudo y huyó, pero fue visto cuando estaba saliendo, por lo que fue identificado y denunciado, lográndose hoy la captura momentánea.

Deciden magistrados desaplicar un artículo del Código de Familia por ser desproporcional

10 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



La Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (SCCF) determinó que la parte final del artículo 200 del Código de Familia para el Estado, vulnera el principio de proporcionalidad, al prever que la obligación alimentaria pueda terminarse cuando el acreedor contraiga matrimonio nuevamente, lo que a juicio de los magistrados que integran esta sala es desproporcional y resulta incompatible con los Tratados Internacionales en Derechos Humanos.
En sesión del pasado 4 de julio de 2018, la SCCF decidió, al resolver una apelación, los magistrados ejercieron el control de convencionalidad, es decir, controlar una ley local con base en su concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ello pudieron determinar no aplicar la parte final del artículo 200 del código de familia para el estado.
Dicho numeral, en la parte que interesa, dispone que la pensión alimenticia derivada de un juicio de divorcio, se extinguirá cuando el acreedor contraiga nuevo matrimonio o se una en concubinato o haya transcurrido un término igual al de duración del matrimonio.
En la resolución de mérito, se valoró si la indicada norma se adecuaba o no al principio de  proporcionalidad, concluyendo que el único límite razonable para la finitud de la obligación alimentaria, lo sería el transcurso de un tiempo igual al que perduró la relación.
Entonces, el “vencimiento anticipado” de la obligación alimentaria consistente en  contraer nupcias o vivir en concubinato, resulta desproporcional, inequitativo e incompatible con el artículo 17.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), pues tal medida legislativa genera un impacto desproporcionadamente negativo, al excluir del derecho a los alimentos a aquellas personas que adquieran un nuevo estado de familia previo al transcurso de un tiempo igual al que duró el matrimonio. Sostener lo contrario implicaría obligar a una persona a mantener –por cuestiones económicas- una forma de vida incongruente con su intención de vivir con una nueva pareja, con el consecuente quebranto de su dignidad. 
El artículo 14.4 de la CADH dispone que los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.

Magistrada Adda Cámara recibirá medalla “Rafael Matos Escobedo”

06 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


En visita que encabezó el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán Lic. Carlos Pavón Flores, presidente de la Comisión Dictaminadora para el otorgamiento de la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo”, en compañía de integrantes de esta comisión, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Adda Lucelly Cámara Vallejos, fue notificada de haber sido distinguida como recipiendaria de dicha presea en su edición 2018.

La comitiva, integrada por el Lic. Enrique Antonio Sosa Mendoza director del Centro de Estudios Superiores CTM "Justo Sierra O'Reily"; Lic. Edgar Herminio Pérez Nuñez director del Centro Escolar “Felipe Carrillo Puerto”; Dr. Carlos Alberto Macedonio Hernández director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); Lic. Mario Sánchez Valladares director de la Universidad Latino y la Lic. Tatiana Abril Briceño Rivero por la Universidad Modelo, realizó esta notificación en la propia sede del Tribunal Superior de Justicia en la colonia inalámbrica de esta ciudad de Mérida.

El director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Dr. Carlos Alberto Macedonio Hernández, expuso, en nombre del Comité, las razones que llevaron a los integrantes de esta comisión, después de un trabajo de análisis de la terna propuesta para esta medalla, a determinar que su impecable trayectoria en los ámbitos académico, profesional y jurisdiccional y su constante impulso a las soluciones pacíficas de conflictos y su labor social en pro de la igualdad de las mujeres, la hicieron merecedora de esta distinción

La magistrada Cámara Vallejos agradeció a los miembros de dicha Comisión por asumir la dedicación de esta encomienda y aceptó dicha distinción con emoción; comprometiéndose con responsabilidad y profesionalismo a continuar con su labor en el Poder Judicial y con la sociedad.

Dijo que su labor para la difusión de los mecanismos alternativos de solución de controversias y la docencia han sido los motivos de su vida. “Esta distinción me compromete muchísimo más para seguir en esta vía académica y transmitir a las nuevas generaciones estos conocimientos”, expresó.

El Consejero Pavón Flores señaló que la decisión en el otorgamiento de la medalla a la Dra. Cámara Vallejos será publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el próximo lunes 9 de julio y la entrega de esta presea se realizará de manos del gobernador del estado Rolando Zapata Bello en ceremonia especial el 12 de julio del presente, fecha en la que se celebra el “Día del Abogado”, a las 10 hrs, en la Sala Mayamax del Museo del Mundo Maya.

Mujeres en altos mandos objetivo principal de la Ley de paridad

26 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


Que las mujeres puedan obtener puestos de alto mando es el principal objetivo de la Ley de Paridad y Participación Política de las Mujeres, señaló la doctora Gina Villagómez Valdés durante la conferencia “Ley de Paridad y Participación Política de las Mujeres” que se realizó esta tarde en el Auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del recinto del Tribunal Superior de Justicia.

Este evento se celebró como parte de las acciones que cada mes realiza el Poder Judicial del Estado a través de la Comisión de igualdad de género encabezada por la Magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, en el marco del “Día Naranja” instituido por la Organización de Naciones Unidades para lograr la erradicación de la violencia contra la mujer y la visibilización de la misma en la sociedad e instituciones.

La Dra. Gina Villagómez Valdés, quien se desempeña como investigadora y docente del Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán, mencionó que cada vez hay mayor participación política de las mujeres en altos cargos de elección popular en el ámbito federal, sin embargo, reconoció que Yucatán es una de las entidades federativas con mayor rezago en lo relativo al tema, pues de las 106 alcaldías solo 7% son presididas por mujeres.

Recordó que el Poder Judicial de la Federación define la violencia política contra las mujeres como un tipo de violencia de género que comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de Género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Asimismo, reconoció que el principal problema para atender la violencia política contra las mujeres es la configuración del delito en razón de género ya que solo 40% de las denuncias son procesadas. Además, señaló que la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política en razón de género y esto dificulta la tarea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver los casos en los que se presenta este tipo de violencia.
 
Señaló que la ley, que entró en vigor en 2017, estableció la paridad de género en materia electoral, es decir que 50 por ciento de las candidaturas de elección popular debe ser para mujeres, sin embargo, en Yucatán los partidos políticos postulan a una mujer en municipios donde no tiene posibilidades de ganar.

Mencionó que esta situación no se encuentra tipificada en la ley, debido a que, para encontrar esta violencia, debe tomarse en cuenta el contexto del lugar, por lo que lo calificó como “una simulación de paridad en el contexto político electoral”.

Al concluir la conferencia, la directora del Instituto para la igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, Alaine López Birceño, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, Rolando Zapata Bello, recordó que el día de hoy se presentó el Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres en Yucatán como fruto de un arduo trabajo interinstitucional y recordó el compromiso del Gobierno del Estado para trabajar, desde su esfera de acción, en  favor de los derechos de las mujeres en Yucatán.

La Ley de Paridad y Participación Política de las Mujeres, tema de análisis en el Poder Judicial

21 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


El Poder Judicial del Estado de Yucatán, a través de su Enlace Nacional  y la Comisión de Igualdad de Género, invita a todo el público a la conferencia “Ley de Paridad y Participación Política de las Mujeres” que se realizará el próximo lunes 25 de junio del presente  a las 17:30 horas en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” de la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado en la colonia inalámbrica de esta ciudad de Mérida.

La ponente para este evento será Gina Villagómez Valdés quien es doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, con mención honorifica, además cuenta con la maestría, igualmente en Antropología Social, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Actualmente se desempeña como investigadora y docente del Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán. Asimismo la Dra. Villagómez Valdés ha impartido una gran cantidad conferencias y ha participado en numerosas mesas de opinión enfocadas a tratar el problema de la violencia contra la mujer.

La conferencista es también autora de numerosas obras entre las que destacan “Mujeres que mandan. Familia, empresa y liderazgo femenino en Yucatán”; “Familia y Violencia. Políticas  de atención a la violencia domestica en Mérida” y “Varones y masculinidades en transformación”.

Entre los temas que se desarrollarán en la conferencia se encuentran: los orígenes de la Ley de Paridad y Participación Políticas de las Mujeres, los mecanismos y protocolos de atención, la violencia política hacia las mujeres, las instancias competentes en atender situaciones de violencia política a la mujer y las prácticas naturalizadas por la sociedad que constituyen  actos de violencia contra la mujer.

Esta conferencia forma parte de las acciones que coordina cada mes, por el “Día Naranja” instituido por la ONU para destacar el papel de las mujeres en diversos ámbitos, la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, titular de la Comisión de Igualdad de Género del Poder judicial del Estado y Enlace Nacional ante la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia  de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El evento que tendrá lugar este lunes 25 a las 17:30 en el Poder Judicial de Yucatán es de acceso gratuito y abierto a todo público. La sede del Tribunal Superior de Justicia se ubica en la Avenida Jacinto Canek s/n por calle 90  Colonia Inalámbrica de esta ciudad de Mérida.

Poder Judicial y la Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior de Yucatán firman convenio

16 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


El Poder Judicial del Estado de Yucatán firmó esta tarde un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES) del Gobierno del estado, que le permitirá obtener el registro para validar la oferta educativa de su Escuela Judicial y que se amplía con la oferta, por primera vez, de posgrados a nivel de maestría en diversas ramas del derecho.
En la ceremonia protocolaria de la firma de este importante convenio, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Marcos Alejandro Celis Quintal, recordó  que en 2011, con base en una reforma a su ley orgánica, se instauró la Escuela Judicial, la cual durante todo este tiempo ha hecho un esfuerzo para capacitar y actualizar a nuestros colaboradores y a servidores públicos de otras instituciones a través de cursos, diplomados y talleres.
Explicó que si bien la ley facultad a la Escuela Judicial para expedir títulos, se hacía necesario este convenio con la SIIES para someter las reglas de análisis de calificación de sus planes de estudios de forma coordinada con la Secretaria y asegurar que sean de la más alta calidad.
De eso se trata este convenio, de que estos estudios sean revisados y a través de los Acuerdos de Validez Oficial puedan tener la garantía de la calidad educativa que queremos para nuestro personal porque la excelencia es uno de los grandes principios que rigen la carrera judicial y eso significa que el persona debe contar con los más altos conocimientos, las mejores herramientas cognoscitivas, las mejores habilidades, para desempeñar su trabajo de manera eficaz y de manera efectiva, apuntó el magistrado Celis Quintal.
Con la representación del Gobernador Rolando Zapata Bello, la Secretaria General de Gobierno, Martha Leticia Góngora Sánchez,  señaló que ante una sociedad exigente de resultados cada vez más rápidos y eficaces en materia de investigación y justicia,  los servidores públicos están obligados a actualizarse y profesionalizarse constantemente.
Aseguró que la coordinación entre Poderes, como es el presente convenio, es una vía  que ayuda a rendir mejores cuentas a la ciudadanía.
Celebró el paso importante que dio el Poder Judicial en la profesionalización y pronosticó que a mediano plazo sea un ícono de especialidad jurídica en la sociedad yucateca generando mejores prácticas y seguir siendo un referente a nivel nacional.
Por su parte, el Dr. Raúl Godoy Montañez, titular de la SIIES, celebró que el Poder Judicial adoptó la postura orientada a la investigación y agregó que las maestrías que se implementarán son en beneficio de la sociedad ante la continua evolución en las diversas materias judiciales. Y planteó la posibilidad y disposición de la Secretaría para analizar la información que surge en el Poder Judicial con un enfoque de investigación.
En su oportunidad, el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Luis Felipe Esperón Villanueva, señaló que el presente convenio pretende fortalecer las funciones académicas y administrativas del Poder Judicial del Estado para que el Departamento de Formación, Capacitación y Profesionalización y la Escuela Judicial desarrolle programas de posgrado de calidad, que permitan mejorar el proceso de formación educativa del personal.
Agregó que uno de los objetivos de este convenio es que la Escuela Judicial logre su registro y forme parte del Sistema Educativo Nacional  ante la autoridad federal, incluyendo el diseño de la reglamentación y el registro de los planes y programas de estudio.
En la ceremonia estuvieron presentes los Magistrados y Magistradas del Tribunal Superior de Justicia, Mygdalia Rodriguez Arcovedo, Ligia Aurora Cortés Ortega, Leticia del Socorro Cobá Magaña, Adda Lucelly Cámara Vallejo, Ricardo de Jesús Ávila Heredia y Santiago Altamirano Escalante.
También estuvieron presentes las Consejeras y Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Melba Angelina Méndez Fernández, Silvia Carolina Estrada Gamboa, Sara Luisa Castro Almeida y Luis Jorge Parra Arceo, así como el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Pavón Flores y el Director General de Educación Superior, Ricardo Enrique Bello Bolio.
En representación de la presidenta de la junta de Gobierno y Coordinación política del Congreso del Estado estuvo presente el Lic. Izmael Magaña Mata y por la titular de la Defensoría Pública el Lic. José Manuel Cáceres.

Sentencia indignante: Dan sólo 4 años de cárcel a sujeto que abusó de niña de 11 años

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


  • El sujeto aprovechaba que la menor se encontraba bajo su cuidado para tocarla de manera indebida

Tijuana, Baja California.- Cuatro años en prisión es la sentencia que un juez estableció para un hombre por abusar sexualmente de una menor de 11 años de edad.
Durante un procedimiento abreviado se dio a conocer que Fernando la niña había sido dejada bajo el cuidado de Fernando "N" en un domicilio ubicado en la coloniaCamino Verde.
Ahí, el hombre había aprovechado que se encontraban solos para tocar de manera inapropiada en al menos dos ocasiones a la menor.
Tiempo después la pequeña confesó a su madre lo que había pasado, diciendo que no lo había contado antes por temor a que Fernando "N" les hiciera daño, pues es un hombre muy agresivo.
Finalmente, el imputado recibió una sentencia de cuatro años en prisión por el delito de abuso sexual a menor de 14 años agravado, así como el pago por la reparación del daño.
Esta nota incluye información de: Uniradio Informa


Firmará Poder Judicial del Estado de Yucatán convenio para ofrecer maestrías

13 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

El Poder Judicial del Estado de Yucatán anunció la firma de un Convenio marco con la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES) del Gobierno del Estado para el registro de estudios de posgrado en el ámbito jurídico.

Dicho convenio será firmado en una ceremonia protocolaria a realizarse el próximo viernes 15 de junio en la sede del Tribunal Superior de Justicia en esta ciudad, con la presencia de las autoridades de ambas instancias, encabezadas por el Dr. Raul Godoy Montañez, titular de la SIIES y el presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura Marcos Alejandro Celis Quintal y magistradas y magistrados de este alto Tribunal, junto con los consejeros y consejeras del pleno del Consejo de la Judicatura.

El convenio permitirá al Poder Judicial obtener el registro para validar la oferta educativa que, por primera vez, ofrecerá a profesionales que quieran cursar estudios de maestría en la modalidad presencial en su sede.

Los programas de estudios de maestrías que se ofertarán se definieron de acuerdo con las necesidades propias del quehacer judicial y versan sobre temáticas de vanguardia, tendencias y reformas normativas, así como a las propias necesidades de la sociedad en relación a la protección efectiva de sus derechos.

Los estudios de  maestría propuestos son un referente regional en la formación, especialización y profesionalización de las personas involucradas en el servicio de justicia y que les permitirá  elevar el nivel de excelencia en su desempeño profesional y responder así las necesidades de los ciudadanos.

Esta  oferta educativa servirá para capacitar y actualizar de manera profesional y especializada a los miembros del Poder Judicial y a quienes aspiren ingresar a él pero también a todos aquellos profesionistas que se encuentran inmersos en el sistema de justicia.

En la conformación de esta nueva oferta educativa tomó parte personal especializado del Poder Judicial, entre ellos los Doctores Luis Alfonso Méndez Corcuera, Roberto Ariel Rodríguez Vázquez; Mtras. Ninette Lugo Valencia y Lourdes Reyes Arce; Magistrado César Andres Antuña Aguilar, Lic. Alejandra Gabriela Rivera, Mtro. Eder Aarón Pinto Pat, Raul Edilberto Bardales Alcocer y el Abog. Jesús Rivero Patrón, así como el Mtro. Christian Pérez Flores, todos bajo la coordinación del Magistrado Dr. Luis Felipe Esperón Villanueva.

Presentan el libro: “Reelección Legislativa y de Ayuntamientos en México”

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


El Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dr. Jorge Sánchez Morales, presentó su libro “REELECCIÓN LEGISLATIVA Y DE AYUNTAMIENTOS EN MÉXICO” en el Salón del Consejo Universitario del Edificio Central de la Universidad Autónoma de Yucatán.
El presídium estuvo integrado por los magistrados de este órgano jurisdiccional, el Magistrado Presidente, Fernando Bolio Vales; la Magistrada Lissette Cetz Canché y el Magistrado Armando Valdez Morales así como también por la Consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez del Instituto Nacional Electoral.
En las palabras de bienvenida del Presidente del TEEY, comentó que en estamos viviendo un momento histórico de transición que tenemos que afrontar los ciudadanos ejerciendo el derecho al voto libre e informado, para que de esta manera se fortalezca el sistema electoral mexicano.
Cada uno de los integrantes del presídium dio su opinión y una breve síntesis sobre los temas relevantes que se encuentran en el libro, acto seguido, el autor explicó la importancia de la reelección en México, con esta figura se busca fortalecer la democracia por medio de la profesionalización de los cargos públicos de elección popular, así como también permite a los funcionarios realizar proyectos a mediano y largo plazo que puedan beneficiar a la sociedad.
El Magistrado Sánchez manifestó que la reelección busca que los funcionarios sean transparentes en su administración y rindan cuentas permanentes a la ciudadanía.

Juzgado local cita a comparecer, en pleno proceso electoral, a funcionarios municipales

10 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


Según consta en el expediente M-3/2133/2017, el Juez en turno del juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, citará en los próximos 10 días hábiles, a comparecer ante las autoridades judiciales a funcionarios municipales y a los representantes de las empresas involucradas en esta investigación.

Servidores Públicos municipales
Mauricio Vila Dosal
María Dolores Fritz Sierra
Jorge Alberto Peraza Sosa
Luis Jorge Montalvo Duarte
Alvaro Eduardo Juanes Laviada
Jorge Alberto Espinosa Atoche
Juan Carlos Rosel Flores
Esteban Cámara Bojórquez

Representantes de las personas morales:
CDI Instalaciones, Construcciones y Desarrollo S.A. de C.V,
Redes y Canalizaciones del Sureste S.A de C.V.
Secoma Servicios de Construcción y Mantenimiento S. De R.L. de C.V.
Mautimik S.A. de C.V.
Molino Lab S.C.P.

Personas Físicas:
Tatiana Cristal López Leirana
William Felipe Pavón Ávila
Freddy Molina Fernández
Gerardo Arturo Cabrera de la Luz
Eugenia Morales González
Reyna Marlene Luna Magaña
Edgar Lorenzo Lizama Camacho
Jorge Alberto González Chablé
Rogelio Ek Sulu

Estas personas se encuentran involucradas en la investigación que realizan autoridades correspondientes por lo que deberán acudir a sus respectivos citatorios de acuerdo al proceso que por ley llevan este tipo de casos y en cumplimiento de la investigación de la carpeta número M-3/2133/2017 de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado que lleva la denuncia que interpuso Santiago Alamilla Bazán, desde el año pasado.




Poder Judicial capacita a Cruz Roja en manejo de indicios en posibles delitos

08 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

El correcto manejo de indicios en una posible escena del delito es clave en el esclarecimiento de los hechos, por eso el Poder Judicial del Estado continúa con la capacitación hacia personal de emergencias médicas, quienes suelen ser los primeros en arribar a lugares donde pudo haberse cometido un hecho delictivo.

Esta mañana se inauguró el curso “Manejo de indicios para personal de emergencias médicas: primer respondiente” en el que participaron 120 personas pertenecientes a la Delegación Yucatán de la Cruz Roja, a quienes se otorgó capacitación con respecto al sistema penal acusatorio y oral y particularmente las obligaciones y responsabilidades que tiene un “primer respondiente”, es decir, aquella persona que es la primera en llegar a una posible escena de un delito.

El Poder Judicial del Estado de Yucatán ya había realizado una capacitación de esta naturaleza el año pasado con la participación de 220 personas de media docena de instituciones de atención médica públicas y privadas, que sumados a las de hoy hacen un total 340 personas quienes ahora conocen las generalidades el sistema penal, así como las responsabilidades que pueden tener en posibles escenas del delito, lo que incluye el resguardo de eventuales pruebas y su posterior participación como testigos.

La inauguración del curso estuvo a cargo del Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia Luis Felipe Esperón Villanueva; en representación de la Sra. Michelle Byrne asistió la Lic. Dianela Alcocer Méndez, coordinadora estatal de delegaciones y también estuvo presente Arturo Ferraez  Cohuó, coordinador estatal de capacitación de la delegación local de ese organismo internacional de emergencias y rescate.

El temario para este curso que inició y concluye hoy con un total de 7 horas, incluye los siguientes temas específicos: características del proceso penal acusatorio y la relevancia de los indicios como elementos probatorios; los indicios en la investigación delictiva; el primer respondiente; procesamiento  de los indicios  encontrados en cadáveres y su utilidad para el personal médico y testigos expertos  como fuente de información  relevante  para la cadena de custodia  y para la investigación.

Impartieron esta capacitación, además del propio Magistrado Esperón Villanueva, los Mtros. Christian Pérez Flores, Raúl Edilberto Bardales Alcocer, Mario Vivas Pinzón y el Dr. Jorge Gilberto Salvador Ruiz.

Conferencias de "alto nivel" para fortalecer ética y derechos humanos en el Poder Judicial yucateco

05 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

En el marco de su programa de capacitación continua para fortalecer la ética y el respeto a los derechos humanos, el Poder Judicial del Estado de Yucatán realizará desde el próximo 8 de junio y hasta noviembre del presente año, una serie de conferencias que impartirán investigadores y especialistas de reconocidas instituciones a nivel nacional.

El departamento de Formación y capacitación del Tribunal Superior de Justicia lanzó una convocatoria abierta no sólo para personal del Poder Judicial del Estado, sino también de otras instituciones para participar en este programa, cuyo objetivo es proporcionar herramientas en temas de relevancia jurídica relacionados con la aplicación y protección de los derechos humanos y la ética en el quehacer jurisdiccional.

El primer tema de este importante ciclo “La Aplicación de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos” será impartido por el Dr. Emilio Maus Ratz, investigador y académico. En su exposición analizará las fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como los Tratados internacionales de Derechos Humanos más relevantes y su aplicación. También explicará algunos criterios de interpretación relevantes, tanto a nivel nacional como internacional.

Maus Ratz es licenciado y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas en Derecho por la Universidad Panamericana. Doctor y Maestro en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Colonia (Alemania).Ha participado en la elaboración de diversos dictámenes, estudios legislativos y publicaciones en México y el extranjero sobre derecho mexicano, derechos humanos y derecho comparado.

Este mismo día María Emilia Montejano Hilton, investigadora del Instituto Panamericano de Jurisprudencia de la Universidad Panamericana, presentará la “Guía de Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, para Jueces, Magistrados y operadores del derecho”, del Centro de Ética Judicial, un organismo sin fines de lucro “que conjunta a la comunidad jurídica para proporcionar herramientas al servicio del Sistema Judicial Mexicano, en la aplicación y protección de los derechos humanos”.

Las conferencias posteriores tendrán lugar como sigue:

El 9 de agosto el Dr. Esteban Guevara Montiel abordará el tema “Protección de los derechos de las personas con discapacidad” con el fin de analizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad tanto a nivel internacional como nacional, con el objeto de examinar si las normas nacionales cumplen con los parámetros que establecen los instrumentos internacionales para garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

El 28 de septiembre el Dr. Javier Saldaña Serrano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México disertará sobre losprincipios básicos de Ética Judicial que rigen la actuación de los jueces y del personal jurisdiccional, aplicables en su labor  para la efectiva salvaguarda de los derechos de todas las personas.

El 26 de octubre el Dr. Marcos Del Rosario Rodríguez, del Poder Judicial de la Federación, hablará del control de convencionalidad, en el que analizará la aplicación de este control en México, su contenido y alcances. Igualmente explicará la distinción entre el control de convencionalidad que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el control de convencionalidad en el orden interno de nuestro país.

Del Rosario Rodríguez  es Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con Maestría y estudios de posgrado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Juicio de Amparo. Es profesor de posgrado y licenciatura en las materias de Teoría Constitucional y Derecho Procesal Constitucional y ha impartido cursos y seminarios en diferentes universidades e instituciones nacionales e internacionales.

Es profesor titular de posgrado de la Universidad de La Sabana, Colombia, e investigador visitante en Fordham University Law School, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde llevó a cabo una estancia doctoral. Igualmente, es Investigador Nivel 1, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y miembro del Ilustre Colegios de Abogados de la Ciudad de México.

Finalmente, esta serie incluye el tema “Interés Superior del menor” a cargo de la Dra. Carla Roel Olvera y que será impartido el  29 de noviembre y en el que se analizará la protección del principio del interés superior del menor a nivel internacional y nacional, así como los alcances e implicaciones del reconocimiento de dicho principio en nuestro marco jurídico.

Las inscripciones están disponibles en línea en la página www.poderjudicialyucatan.gob.mx

El Poder Judicial de Yucatán homologa criterios para proteger a personas violentadas

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


Con el fin de homologar criterios ante las solicitudes de medidas de protección por parte de personas que han sido o pueden ser víctimas de violencia, el Poder Judicial del Estado de Yucatán sigue trabajando en la capacitación y actualización de jueces y personal de juzgados, lo que permitirá resolver más acertadamente las medidas a tomar cuando se presentan estas solicitudes.

Durante este mes de junio se inició para tal efecto el “Seminario sobre las implicaciones de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Yucatán” que imparte el Dr. Jorge Rivero Evia, presidente de la sala civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y que fue propuesto al pleno por la Comisión de Desarrollo Humano que preside la consejera de la Judicatura Silvia Carolina Estrada Gamboa.

El objetivo es sensibilizar y hacer conciencia en los juzgadores acerca de las medidas que se adoptan para enfrentar casos de violencia de género y cómo deben valorarse las solicitudes que se reciben de forma directa en los juzgados, en el contexto actual.

“Buscamos llegar a establecer estándares de la prueba o pruebas con los que el juzgador pueda decidir si otorga o niega una orden de protección, siempre aplicando la perspectiva de género”, explicó el magistrado.

Esto implica tener presentes no sólo las leyes locales y nacionales que protegen a las mujeres, sino también la jurisprudencia o resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juzgador puede tomar como referencia y tener presentes los principios que se deben proteger, tales como el derecho fundamental de las personas a vivir en un entorno familiar libre de violencia.

En las sesiones, que iniciaron el pasado 4 de junio y continúan el 11 de este mismo mes, se abordan cuestiones como la prevalencia de la violencia familiar en nuestro país y cómo afecta a personas de todas las edades, sexo, niveles culturales, creencias y posición económica.

También hizo referencia a la evolución de las leyes nacionales y locales que incluyeron la violencia familiar como delito y en su momento como causal de divorcio. Igualmente se tratan aspectos relativos a la resolución del juez ante la duda o falta de pruebas en la solicitud y cómo apoyarse para determinar las  medidas más idóneas, acorde con lo previsto en las leyes actuales, sea el Código Nacional de Procedimientos penales, el Código de Procedimientos Familiares del Estado, la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia vigentes y los tratados internacionales en la materia.

El magistrado Rivero Evia reiteró que la violencia familiar no solo se genera de varones hacia mujeres  y tampoco es privativo del matrimonio, ya que puede ocurrir en cualquiera que sea el régimen de la convivencia.

Por tal razón las leyes siguieron actualizándose hasta el marco legal vigente en la actualidad que protege a cualquier persona que sufra violencia en cualquier contexto y en diversas formas que pueden ser: económica, física, patrimonial, psicológica, sexual, feminicida y cualquier otra análoga. Todas estas bajo contextos diversos: familiar, laboral, escolar, en la comunidad, institucional y violencia política.

Rinden compromiso constitucional 4 jueces del Poder Judicial de Yucatán

31 mayo 2018
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Los jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado Rubí Guadalupe González  Alpuche, Diana Yadira Garrido Colonia, Santos Alfredo May Tinal y Kenny Martins Burgos Salazar rindieron hoy compromiso constitucional en esta misma responsabilidad, luego de que fueron ratificados para un nuevo periodo de cuatro años.
Ante magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Consejeras y Consejeros de la Judicatura, el Presidente de ambos órganos de gobierno, Magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal, tomó compromiso a los cuatro servidores judiciales a quienes reconoció este logro, obtenido por su alto desempeño.
“La institución está segura de que estamos en buenas manos y que sacarán adelante la encomienda que ahora asumen, como lo han hecho en periodos anteriores”, expresó el magistrado Celis Quintal.
Dijo que este grupo de juezas y jueces es un ejemplo de juventud y experiencia en ambos sistemas penales, en cada uno de los cuales hay retos para lograr que la justicia se imparta de forma adecuada, protegiendo a toda la sociedad.
En el sistema tradicional, dijo, uno de los retos es abatir el rezago y tener la capacidad de sacar adelante el trabajo aún cuando se siguen recibiendo expedientes nuevos y atendiendo los que hay y en el caso del sistema acusatorio y oral uno de los grandes desafíos es que el juez tenga la capacidad para resolver de inmediato decisiones importantes tales como la imposición de las medidas cautelares solicitadas o la vinculación de un imputado, entre otras.
El juez está para que se respeten los derechos de los imputados pero también los de la sociedad que resiente el daño de los delitos, por eso tenemos que tener un equilibrio para velar por los altos intereses de la sociedad en nuestro trabajo diario, audiencia por audiencia.
Los periodos de ratificación de la jueza González Alpuche va del 1 de junio del presente hasta el 31 de mayo de 2022 y para los jueces Garrido Colonia, Burgos Salazar y May Tinal el periodo comprende del 2 de junio del presente al 01 de junio de 2022.

La justicia social y la atención a víctimas son tema de análisis en el Poder Judicial

30 mayo 2018
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Los diferentes conceptos de justicia y atención a víctimas fueron expuestos en la tarde de este martes 29 de mayo en la conferencia “Justicia social en la atención a las víctimas en Latinoamérica y África” que impartió la maestra Reyna Faride Peña Castillo, catedrática de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia.

La maestra Peña Castillo inició la conferencia señalando que existen cuatro conceptos fundamentales relacionados con la impartición de justicia: la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, la justicia transicional y la justicia social.

Ante casi un centenar de personas que se dieron cita en el auditorio del recinto del judicial, apuntó que la justicia restaurativa se refiere a la reparación del daño que se le ha ocasionado a la víctima y cuyo concepto ha tomado relevancia en los últimos años con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en México.

 En ese mismo sentido, señaló que Australia es uno de los países más avanzados en el ámbito de reparación del daño a las víctimas ya que incluyen la opinión de la víctima en todas las partes de los procesos judiciales.

Agregó que la justicia terapéutica no es un concepto exclusivo de la psicología, puesto que se refiere al proceso en la cual la víctima puede lograr una adecuada recuperación a través del proceso judicial.

Por su parte, la justicia terapéutica busca el bienestar de la persona que fue víctima de un delito por lo que se encuentra vinculada estrechamente con la justicia restaurativa, que busca la recuperación íntegra de la víctima.

Asimismo, señaló que la justicia transicional es el concepto con el que la población se encuentra menos familiarizada debido a que solo se aplica en situaciones donde se ha presentado una ruptura del estado de derecho a través de un conflicto bélico ya sea interno o internacional.

Mencionó que el ejemplo más importante de la aplicación de este tipo de justicia se encuentra en la labor de la Corte Penal Internacional (CPI) y de los tribunales penales internacionales al  juzgar las violaciones al Derecho Internacional Humanitario como lo son los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Dijo también que la justicia social es un concepto que se refiere a la solidaridad en un sentido colectivo; es entender el sentido de lo que es la sociedad. Para profundizar más sobre el tema, la maestra Peña Castillo expuso el caso de Nigeria en donde señaló que no existe una justicia reparativa y constantemente se realizan violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por lo que es necesaria la aplicación de una justicia transicional (a través de la CPI)  para sentar las bases para una justicia social.

Finalmente Peña Castillo recibió de las manos del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,  el magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal un reconocimiento por su participación, de igual manera, el magistrado Celis Quintal reconoció la labor de la maestra Peña Castillo y la invitó a seguir colaborando con el Poder Judicial del Estado en materia de igualdad de género.

Es importante señalar que este evento que reunió a autoridades estatales, federales, militares, navales, funcionarios judiciales, abogados, estudiantes y público en general, forma parte de las acciones implementadas por la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, quien es enlace de igualdad de género del Poder Judicial del Estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).

Juez concede amparo contra Ley de Seguridad Interior; la considera “inconstitucional”

13 mayo 2018
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 (apro).- Fernando Silva García, juez octavo de distrito en Materia Administrativa, resolvió que la Ley de Seguridad Interior (LSI), aprobada por el Legislativo y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre pasado, es “inconstitucional”.
Silva García concluyó, al resolver una demanda de amparo presentada por la penalista Bárbara Zamora, del bufete “Tierra y Libertad”, que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y seguridad interior implica “introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas”.
El juzgador resolvió en su sentencia que “la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa frente al sistema normativo de la Ley de Seguridad Interior que incorpora a las Fuerzas Armadas en las funciones relativas a la seguridad interior en tiempos de paz”.
La sentencia, en su parte medular, advierte:
 “La intervención de las autoridades militares en tiempos de paz implica la medida excepcional de solicitar al instituto armado que participe en tareas distintas a aquella loable labor para la cual fue creado y por ende que se introduzca un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, precisamente porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual fue creado”.
También señala que la actuación de los militares en las tareas de seguridad pública “puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad”.

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