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(apro).- Fernando Silva García, juez octavo de distrito en Materia Administrativa, resolvió que la Ley de Seguridad Interior (LSI), aprobada por el Legislativo y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre pasado, es “inconstitucional”.
Silva García concluyó, al resolver una demanda de amparo presentada por la penalista Bárbara Zamora, del bufete “Tierra y Libertad”, que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y seguridad interior implica “introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas”.
El juzgador resolvió en su sentencia que “la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa frente al sistema normativo de la Ley de Seguridad Interior que incorpora a las Fuerzas Armadas en las funciones relativas a la seguridad interior en tiempos de paz”.
La sentencia, en su parte medular, advierte:
“La intervención de las autoridades militares en tiempos de paz implica la medida excepcional de solicitar al instituto armado que participe en tareas distintas a aquella loable labor para la cual fue creado y por ende que se introduzca un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, precisamente porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual fue creado”.
También señala que la actuación de los militares en las tareas de seguridad pública “puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad”.
(apro).- Fernando Silva García, juez octavo de distrito en Materia Administrativa, resolvió que la Ley de Seguridad Interior (LSI), aprobada por el Legislativo y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre pasado, es “inconstitucional”.
Silva García concluyó, al resolver una demanda de amparo presentada por la penalista Bárbara Zamora, del bufete “Tierra y Libertad”, que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y seguridad interior implica “introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas”.
El juzgador resolvió en su sentencia que “la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa frente al sistema normativo de la Ley de Seguridad Interior que incorpora a las Fuerzas Armadas en las funciones relativas a la seguridad interior en tiempos de paz”.
La sentencia, en su parte medular, advierte:
“La intervención de las autoridades militares en tiempos de paz implica la medida excepcional de solicitar al instituto armado que participe en tareas distintas a aquella loable labor para la cual fue creado y por ende que se introduzca un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, precisamente porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual fue creado”.
También señala que la actuación de los militares en las tareas de seguridad pública “puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad”.
