Ley de la agencia de administración fiscal, con respaldo
Apoyo por unanimidad a nueva ley
Ley de la agencia de administración fiscal, con respaldo
Aval unánime a una iniciativa
Se modificaría la estructura del Ejecutivo local
Decisiones unánimes
(cabildo 2010-2012, unanimidad, aniversario)
Publicada: 24 diciembre 2011
El pleno también aprobó por unanimidad que el orador huésped de esa sesión solemne sea José Guadalupe Huchim Herrera.
A diferencia de pasadas sesiones que se caracterizaron por las discusiones entre regidores del PRI y del PAN, la de ayer, quizás invadida por el ambiente de la Navidad que se celebra mañana, no hubo dimes y diretes.
La sesión duró apenas 20 minutos, aunque tardó en empezar más de una hora. Sólo faltaron las regidoras panistas Claudia Canto Mezquita y Lisette Mimenza Herrera.
Antes de clausurar la sesión, y en vísperas de la Nochebuena, el secretario de la Comuna, Alvaro Omar Lara Pacheco, y la alcaldesa Angélica Araujo Lara, desearon felicidades y parabienes a todos los regidores.
La alcaldesa también anunció que mañana domingo no tendrá actividades públicas.
Aprueba reforma a ley de gobierno municipal
El único asunto que sometieron a aprobación fueron las reformas a la ley de Gobierno de los Municipios; nadie habló en contra; por el contrario, el diputado panista Renán Barrera Concha hasta celebró en la tribuna la buena disposición de los priistas para aprobarlas.
-Por el contrario, para negocios de venta de bebidas en envase cerrado se necesitará del voto calificado, o sea de por lo menos las dos terceras partes de los regidores que integran el Cabildo, o no procede.
Como atribuciones de los Ayuntamientos, se estableció que pueden implementar políticas públicas en materia de prevención y combate de actos de corrupción.
El regidor priista añadió que esto implica la promoción y formulación de medidas que comprendan la participación en programas y proyectos destinados a combatir la corrupción, además de otras acciones en materia de educación y cultura, fomentando esta última para la prevención del tema.
Se incluyen obligaciones a los municipios en servicios y obras públicas, seguridad, medio ambiente, educación y cultura, protección civil y salubridad y asistencia social.
Buen acuerdo en la aprobación de leyes
También recordó que antes había un "cuello de botella": todas las iniciativas de ley tenían que pasar por la Comisión de Puntos Constitucionales para que se dictaminen y luego al pleno para su aprobación, porque era la única con esa facultad.
Ahora con la nueva ley del Congreso -continuó el legislador-, se faculta a las 13 comisiones permanentes para dictaminar por sí mismas; ya no tienen que esperar a reunirse conjuntamente con la de Puntos Constitucionales para hacerlo.
"Solo en el actual, tercer período de sesiones se ha aprobado seis nuevas leyes relacionadas con temas diversos", observó.
Sahuí recordó que en el primer período se aprobaron por unanimidad la Ley de Mejora Regulatoria, Ley de Protección al Medio Ambiente, Ley del Notariado y la Ley de Instituciones de Asistencia Privada.
"La única de ese período que se aprobó por mayoría fue la Ley de Gobierno del Poder Legislativo", manifestó.
En el segundo período se aprobó de forma unánime la Ley de la Fiscalía General del Estado, Ley del Instituto de Defensa Pública, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Desarrollo Inmobiliarios y el Código Fiscal del Estado.
Sahuí Rivero precisó que en un período extraordinario, entre el segundo y el tercero ordinarios, se sometió al pleno la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y se aprobó por mayoría.
"Cada ley está relacionada con el proceso de desarrollo de la entidad en los ámbitos de la vida social, económica y política... Todo esto justifica su aprobación", apuntó el legislador.- David Domínguez Massa
El próximo 15 de abril concluirá el tercer período ordinario de sesiones del Congreso.
Leyes aprobadas
En lo que va de este, tercer período se aprobaron por unanimidad las leyes de: Tránsito y Vialidad, Fomento Científico, Tecnológico y a la Innovación, Para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas, de Vivienda y la de Gestión Integral de Residuos.
Por mayoría
Sólo la Ley de Justicia Constitucional se aprobó por mayoría de votos.
Voto unánime por la vivienda
El diputado José Collado Soberanis, del PAN, señaló que la creación del Sistema Estatal de Indicadores de Vivienda evitará que se den "cifras alegres" en ese rubro, "que no cuadran con la realidad", y permitirá conocer cuál es la situación real.
El ex director de Servicios Públicos Municipales indicó luego que en esas 75 mil acciones de vivienda se incluyen aceras, pintura de fachadas, pisos, techos, mejoramiento y otras acciones que no corresponden a vivienda nueva.
Collado Soberanis destacó que en la nueva ley se incluyó un capítulo para promover la Vivienda Rural e Indígena, lo que beneficiará a los que viven en el interior del Estado.
El diputado David Ramírez Sánchez, del PVEM, propuso que cada casa tenga, por ley, al menos un árbol
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Ex alcaldes reprobados
Una jornada de sorpresas fue la de ayer en el Congreso del Estado, donde de manera unánime y después de cinco años de espera se aprobó la Ley de Tránsito y Vialidad, y por primera vez en los últimos 20 años se emitió un dictamen de rechazo a las cuentas de Mérida, por un presunto daño patrimonial municipal de $82.781,814.54.
La Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública dictaminó por unanimidad -porque los dos diputados panistas perdieron su derecho a votar al llegar tarde a la sesión- el rechazo de las cuentas de 10 ex alcaldes -cinco priistas y cinco panistas-, incluidas las de César Bojórquez Zapata, de Mérida.
Según se recuerda, la última vez que fueron rechazadas las cuentas de Mérida fue hace 20 años y correspondieron al ex alcalde priista Carlos Ceballos Traconis. Luego surgieron problemas con las de los panistas Manuel Fuentes Alcocer y Patricio Patrón, pero nunca llegaron al pleno del Congreso.
En total, las cuentas rechazadas ayer fueron por un daño que asciende a $158.896,026 al patrimonio de esos 10 municipios. Las de mayor monto corresponden a Mérida, con más de $82 millones, y al ex alcalde priista de Tizimín José Peniche Bates, con más de $41 millones.
Antes del asunto de las cuentas, se aprobó la nueva Ley de Tránsito, que -como hemos publicado- prohíbe, entre otras cosas, conducir un vehículo y hablar por teléfono celular al mismo tiempo y obliga a que todos los vehículos estén asegurados, por lo menos para responder por daños a terceros.
También se aplicarán multas definidas con el uso de robots, que serían enviadas al domicilio del infractor.
La primera iniciativa de ley de tránsito se presentó en la pasada administración estatal, en septiembre de 2005, pero no fue aprobada.
La iniciativa de ley que se aprobó ayer fue presentada por el actual gobierno del Estado, con apoyo de los legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM
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Se aprueba por unanimidad la ley sobre asistencia social
En la penúltima sesión de su primer período ordinario de sesiones, la LIX Legislatura local aprobó ayer por unanimidad la nueva Ley de Instituciones de Asistencia Social, que sustituirá a la de Beneficencia Privada, emitida en 1915.
Con el voto de la mayoría calificada y la oposición de los panistas, también se aprobaron las primeras reformas a la Carta Magna local en esta Legislatura, para elevar a rango constitucional los Proyectos de Participación Social (PPS).
Con el voto unánime de los 25 legisladores se aprobó, asimismo, publicar la convocatoria para ratificar o elegir a dos consejeros electorales.
Igual por unanimidad se eligió a los integrantes de la primera Diputación Permanente, que estará en funciones en el primer receso de sesiones, que se inicia mañana miércoles.
Presidirá esa diputación el priista Carlos Carrillo Paredes; el secretario será el panista José Enrique Collado Soberanis, y el vocal, René Geremías Tun Castillo, del PRI.
Hoy, en la última sesión del período ordinario, se espera que los diputados aprueben reformas a la ley orgánica del Poder Legislativo. Según el dictamen emitido ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales, esta reforma incluye que desaparezca la Gran Comisión.
“Que no nos ganen los protagonismos políticos y entendamos que fue de la mano civil como logramos darle a Yucatán un ordenamiento moderno, cuya ley predecesora tiene 95 años de estar vigente”, dijo la diputada priista Leticia Mendoza Alcocer al pedir el voto a favor de esta nueva ley.
El legislador panista Renán Barrera Concha resaltó que esta ley fue el triunfo de la sociedad, no el logro de ninguna fracción parlamentaria.
Los diputados Jorge Várguez Canul (PRD) y David Ramírez Sánchez (PVEM) también se pronunciaron a favor de esta ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2011 en sustitución de la Ley de Beneficencia Privada, que data de 1915.
Regulación La nueva ley establece que las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) serán reguladas por una Junta de Asistencia Social que presidirá la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y un Consejo Consultivo, cuyo presidente designará la jefa del Ejecutivo de una terna de candidatos que le propondrán las instituciones privadas.
La Junta tendrá por objeto vigilar el cumplimiento de esta ley para regular los actos relativos a la constitución, funcionamiento, fomento, desarrollo y extinción de las instituciones de asistencia privada.
Entre sus atribuciones destacan: autorizar la creación y extinción de las instituciones; establecer, operar, actualizar y difundir el registro estatal de las IAP; revisar los estatutos de las instituciones y sus modificaciones, y en caso de no haber sido formulados por éstas, elaborarlos de acuerdo con las disposiciones legales.
También deberá cuidar que las IAP cumplan las disposiciones de esta ley y los estatutos que los rigen, como presentar su informe anual de ingresos, egresos y movimiento de su patrimonio, así como cuidar que las IAP cumplan los fines para los cuales se constituyeron.
Deberá prestar a asesoría administrativa, legal, contable y de cualquier índole que propicie su mejor operación, y otorgar a las IAP las autorizaciones que procedan, entre otras atribuciones.
En cuanto al Consejo Consultivo de Asistencia Privada, este se integrará por: un presidente y su suplente, que serán designados por el titular del Ejecutivo estatal, de entre las ternas que le propongan las IAP.
Los demás integrantes del Consejo serán el director general de la Junta; el presidente del patronato de la Beneficencia Pública de Yucatán, y cuatro vocales que serán designados por las instituciones.
También estará el secretario ejecutivo que será nombrado por el Consejo Consultivo a propuesta del presidente, y fungirá como secretario de actas, con voz pero sin voto.
El presidente del Consejo durará en su encargo tres años.
Congreso
- Ley Asistencia Como se esperaba, ayer se aprobó la Ley de Instituciones de Asistencia Privada.Beneficios La diputada priista Leticia Mendoza resaltó que ahora las IAP gozarán de exenciones, estímulos, subsidios y prerrogativas fiscales y administrativas.
Registros Actualmente, según expuso la legisladora, se calcula la existencia de unas 260 organizaciones de la sociedad civil en Yucatán, pero sólo se tiene el registro de 115.
Presentes A la sesión de ayer acudieron a presenciar la aprobación de esta nueva ley representantes de varias organizaciones civiles como Maná, Salvemos una Vida, Frente Cívico Familiar, Instituto Cultural Maya y otros, que manifestaron su acuerdo con esta nueva ley que las regirá a partir de 2011.
Vea en el sitio en internet del Diario los textos íntegros de la nuevas leyes aprobadas ayer en el Congreso.
Unánime, nueva ley al pleno
Por unanimidad, con cambios a la propuesta original, ayer se dictaminó sobre la nueva Ley de Instituciones de Asistencia Privada, que aprobaría el pleno del Congreso mañana lunes.
En esta nueva ley destaca que sería opcional para las asociaciones civiles convertirse en Institución de Asistencia Privada, aunque sólo bajo este esquema podrán recibir apoyos gubernamentales y de organismos internacionales.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado priista Víctor Caballero Durán, anticipó que, de aprobarse como se espera, esta iniciativa sustituirá a la actual Ley Orgánica de la Beneficencia Privada, que data de 1915.
El legislador panista Renán Barrera Concha añadió que ésta “es prácticamente otra ley, muy diferente de la que envió el Ejecutivo estatal; ésta incluyó los cambios que propusieron las organizaciones privadas”.
En sesión sabatina, con la ausencia de dos integrantes de dicha comisión —el priista Adolfo Calderón Sabido y el panista Tito Sánchez Camargo—, se acordó por unanimidad emitir el dictamen de esta nueva ley.
Esta sesión se inició el día anterior; por cambios de última hora se suspendió y concluyó ayer.
Aunque la nueva Ley de Instituciones de Asistencia Privada se aprobaría mañana, no será sino hasta el 1 de enero de 2011 cuando entraría en vigor, según su artículo primero transitorio, declaró ayer el diputado priista Víctor Caballero Durán.
De acuerdo con el dictamen aprobado ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales que preside Caballero Durán, el órgano rector de estas instituciones será la Junta de Asistencia Privada, que presidirá la gobernadora del Estado.
El diputado panista Renán Barrera Concha, integrante de la comisión, dijo que están de acuerdo y su bancada aprobaría la iniciativa porque no es la que mandó el Ejecutivo, se modificó: le hicieron cambios propuestos por 70 organizaciones civiles.
Esta iniciativa de ley, cuando fue presentada y enviada por el Ejecutivo del Estado a la anterior Legislatura, generó polémica y hasta división entre las organizaciones civiles.
Barrera Concha recordó que uno de los principales motivos por los que se oponían las agrupaciones a esa iniciativa era la intromisión directa que tendría el gobierno sobre las organizaciones y la obligación de convertir a todas en Instituciones de Asistencia Privada (IAP).
Precisó que incluso la iniciativa de la gobernadora les daba un plazo de 365 días para que se convirtieran en IAP.
Finalmente esta disposición se eliminó. La ley les da la libertad de convertirse en IAP o continuar como Asociación Civil.
Lo que sí precisó es que sólo las IAP pueden recibir apoyo oficial de cualquiera de los tres niveles de gobierno u organismos internacionales.
Sobre la intromisión y control que se pretendía ejercer por el gobierno hacia las agrupaciones, dijo que se resolvió con el último cambio que hicieron el viernes por la noche.
—El cambio —explicó—, fue a petición de las organizaciones, para que la Junta de Asistencia Privada, que será el órgano rector, no sea órgano desconcentrado sino descentralizado.
Uno desconcentrado depende presupuestal y normativamente de una secretaría, en este caso iba a ser de la de Salud, pero uno descentralizado tiene su propio presupuesto, patrimonio y personalidad jurídica propia.
Caballero Durán confirmó que ésta fue una de las peticiones que hicieron las organizaciones a través de la diputada priista Leticia Mendoza Alcocer, quien está en contacto con los dirigentes de las agrupaciones.
Para cumplir esa disposición, dijo que el artículo 66 establece: “La Junta de Asistencia Privada es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de Mérida, Yucatán, o en la localidad que en su caso determine el Órgano de Gobierno del mismo”.
Señaló que en general hicieron cambios más de forma que de fondo, se tomó como base fundamental la que envió el Ejecutivo y se enriqueció con propuestas de las organizaciones.
Esta ley, indicó, consta de 99 artículos y cinco transitorios, a diferencia de la actual Ley Orgánica de Beneficencia Privada que tiene 69 artículos y data del 24 de diciembre de 1915, y es la que sería abrogada.
Facilidad para abrir empresas
La iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria del Estado se perfila ya para ser de las primeras que apruebe esta Legislatura por unanimidad, al encargar ayer la Comisión de Puntos Constitucionales que se realice el proyecto de dictamen final.
Una de sus principales ventajas es que con esto se espera reducir a alrededor de un mes el tiempo para abrir empresas y establecer negocios en Yucatán, proceso que actualmente lleva casi un año.
El presidente de esa comisión, Víctor Caballero Durán, indicó que con esta iniciativa se busca potencializar la economía del Estado, otorgando más facilidades para crear empresas, y en consecuencia, más empleos.
Mayores empleos Al reducir considerablemente los tiempos para la apertura de empresas e industrias en la entidad, además de ser un importante atractivo para atraer inversiones, generará mayores empleos, afirmó.
El diputado priista Roberto Rodríguez Asaf presentó una propuesta de modificación junto con su compañera Martha Góngora Sánchez, para incluir en el Consejo de Mejora Regulatoria a la gobernadora como presidenta honoraría del mismo.
También propuso se incluya a tres consejeros ciudadanos designados por el Ejecutivo o las Cámaras empresariales y dar más facultades al secretario técnico del Consejo.
El panista Tito Sánchez Camargo, al expresar su acuerdo con esta iniciativa, propuso que también se incluyera en ese consejo a dos diputados como representantes del Congreso.
El objetivo de este sistema es simplificar trámites, sobre todo consolidar una Mejora Regulatoria basada en el análisis, la transparencia y la consulta pública, indicó.
Caballero Durán añadió que otro objetivo es asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y transparencia en la elaboración de trámites y servicios administrativos.
Precisó que establece como obligación para el Poder Ejecutivo contar en su página web con un apartado de Mejora Regulatoria disponible para cualquier interesado, en el cual pueda consultar el programa especial, las dispensas de trámites y servicios entre otras informaciones indispensables.
Este sistema, explicó, consiste en un conjunto de órganos, instrumentos y procedimientos para propiciar la desregulación, revisión, construcción o reconstrucción y mejora continua de los procedimientos para realizar trámites u obtener servicios en las dependencias.
El diputado priista manifestó que también servirá esta ley para realizar el análisis, adecuación o fortalecimiento del marco regulatorio de la Administración Pública del Estado.