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Diario de Yucatán
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Miércoles, 22 de julio de 2015
La Legislatura saliente nos quedó a deber en materia de transparencia, afirma Booggar González Gómez, director general de Información Accesible y Rendición de Cuentas, A.C.
En una entrevista, dice que los próximos diputados, que entrarán en funciones el 1 de septiembre, tienen la gran oportunidad de generar procesos incluyentes y transparentes.
El dirigente se refiere específicamente al reciente proceso de selección del tercer consejero del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), que se desarrolló en forma exprés y en franca contradicción con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunque los diputados pueden argumentar que sí cumplieron la ley estatal.
La Ley General fue promulgada el 4 de mayo pasado y los congresos locales tienen un año de plazo para “armonizar” los ordenamientos estatales a las nuevas normas. Antes de esa Ley, en la práctica había 33 leyes con preceptos distintos: las 32 estatales y la federal.
El entrevistado recuerda que la Ley General obliga a la transparencia a todo ente u organismo que maneja recursos públicos y, considerando que el plazo para la “ armonización” vence el 5 de mayo de 2016, a los diputados que entrarán en funciones el 1 de septiembre les quedarán sólo ocho meses para acatar la disposición.
Hace unos días publicamos que Pablo Loría Vázquez, ex secretario ejecutivo del Inaip, consideró que los estados deben crear nuevas leyes en la materia o adaptar la Ley General a sus condiciones, no “armonizar” sus legislaciones como se dispone en uno de los transitorios, porque esa adaptación es complicada y podría llevarles más de un año.
Booggar González hace un llamado a la Legislatura entrante a que asuma de la mejor manera su responsabilidad de generar una ley a la altura de las demandas de la sociedad.
Para esto, enfatiza, es importante el acompañamiento de la sociedad civil y los académicos en los trabajos.
“La Legislatura entrante puede hacer que su trabajo se distinga y marque la diferencia con sus antecesores si genera de verdad procesos incluyentes”, recalca.
Para reforzar sus señalamientos cita los casos de Coahuila, que ya tiene una ley de avanzada; de Sinaloa, que ya convocó a mesas de trabajo sobre el tema, y Baja California, que ya tiene una iniciativa de ley.
En alusión al reciente nombramiento de María Eugenia Sansores Ruz como nueva consejera del Inaip, seleccionada de una terna propuesta por el Ejecutivo, el director general de Iarac indica que le extrañan la rapidez del proceso y la falta de una evaluación del perfil de la persona designada.
Hace notar que el Colectivo por la Transparencia, del cual forma parte Iarac, manifestó su preocupación por la opacidad, la unilateralidad y la inconveniente celeridad que caracterizaron al procedimiento.
Si bien el proceso se apegó a la ley estatal, añade, no se acató el espíritu de la ya vigente Ley General, que en su artículo 38 dispone: “En los procedimientos para la selección de comisionados (consejeros de los órganos garantes) se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad civil”.
El directivo reitera tres conceptos mediante los cuales Colectivo por la Transparencia expresó su preocupación por la designación de la nueva consejera:
1) Se desatendió o desconoció el contenido, alcance y espíritu de la Ley General de Transparencia.
2) En ninguna parte del proceso se consideró a la sociedad para la toma de decisiones u opiniones.
3) Al contrario de las buenas prácticas en la materia, la designación se realizó sin una metodología de selección definida con antelación, sin plena información al público, sin comparecencias públicas de los candidatos, y sin procedimientos y mecanismos de selección incluyentes y abiertos.
González Gómez señala que el 7 de este mes los senadores Laura Angélica Rojas, del PAN, y Alejandro Encinas, del PRD, propusieron un punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los congresos locales y a los organismos garantes de la transparencia en los estados a garantizar un proceso transparente, con participación de la sociedad civil, para nombrar a los comisionados. Seis días después se hizo la designación en Yucatán, sin la participación de la sociedad.
El nombramiento de nueva consejera del Inaip Ruta que se siguió
El lunes 13 de este mes el Congreso designó a la nueva consejera del Inaip.
La terna
Se seleccionó a María Eugenia Sansores Ruz de una terna que propuso el Ejecutivo, luego de la renuncia, hace varias semanas, del consejero Álvaro Traconis Flores.
Votación unánime
Los otros dos integrantes de esa terna fueron Dora Gabriela Pérez Lugo y Hugo Ulises Graniel Ortega. La selección de María Eugenia Sansores se efectuó por voto unánime de los diputados.
Proceso exprés
La terna fue enviada por el Ejecutivo el fin de semana. Los legisladores prácticamente sólo tuvieron en sus manos los datos curriculares de los propuestos. Con base en ellos decidieron su voto.
Espíritu que no permeó
En el proceso de selección no se atendió al espíritu de apertura e inclusión que contiene la Ley General de Transparencia. En su artículo 8, esa legislación dispone: “En los procedimientos para la selección de comisionados (consejeros de los órganos garantes) se deberá garantizar la transparencia , independencia y participación de la sociedad civil”.
