Auditor evade un tema
“Todas las cifras son de ellos…”
Blanca Estrada responde a una carta del Ejecutivo
No aprobaron las cuentas públicas
Detectan múltiples fallas en la Auditoría Superior
Hay gran riesgo de discrecionalidad, revela un estudio
Floja vigilancia al gasto oficial
En el último lugar en transparencia la Auditoría Superior
En el último lugar en transparencia la Auditoría Superior
Auditor no pasa examen
Una instancia del Congreso estatal, con limitaciones
Pagan deudas que heredaron
El Cabildo rechaza las cuentas de la Comuna de Tekax
Exigen partidos a sus alcaldes que rindan cuentas
Señalan ahora a un ex alcalde de Ticul
(cuentas, alcalde en problemas, dimes y diretes)
Publicada: 5 marzo 2012
El alcalde con licencia, Rafael Chan Magaña, expuso que los auditores pidieron que se le exija al ex alcalde esa documentación mediante un escrito y así se hizo, de hecho Ucán lo firmó, pero hasta la fecha no ha cumplido.
-Desde aquella ocasión los auditores nos dijeron que con ese documento, el Ayuntamiento actual se deslindaba de esa irresponsabilidad.
Cocom refiere que tiene la documentación que ampara sus declaraciones y ofreció que hoy la daría a conocer.
-En este último caso, la irregularidad fue una mala aplicación de los recursos. En vez de sacar de las participaciones, se utilizó el Fondo de Infraestructura, que es el que se destina al combate contra la pobreza.
Consecuencias del despilfarro de Araujo
(despilfarro, ineficiencia, corrupción, cuentas, agandalle)
Publicada: 10 diciembre 2011
La administración de Angélica Araujo Lara, que termina en agosto de 2012, ejercerá la mayor parte del gasto: $1,280.2 millones, que representa el 71%, y sólo le dejará a su sucesor o sucesora $527.4 millones, el 29%.
El regidor priista Daniel Granja Peniche únicamente informó en qué gastarán los $1,280.2 millones, en un desglose por capítulos (sueldos, prestaciones, gasolina, vehículos, obra pública, etcétera).
En la sesión, los regidores del PAN señalaron que no hay información del presupuesto por partidas o clasificación del gasto, lo que impide saber cuánto se invertirá en obra pública y cuánto en gasto corriente, entre otros.
La regidora Lizette Mimenza Herrera advirtió que, además de la falta de información, hay errores en los POAs, pues, por ejemplo, en un apartado que habla de hacer un techo en el Tecnológico, dice que se hará con la participación de los mayahablantes, "¿qué tiene que ver una cosa con otra?".
Su colega Claudia Canto Mézquita coincidió en que es un presupuesto hecho al vapor y advirtió, como informamos en primera plana, que la arquitecta Araujo Lara dejará un déficit de $245 millones a la siguiente administración.
La ex tesorera municipal señaló que, por gastar de más y no tener un control, esa "herencia" se integra por un déficit de $165.9 millones, una reserva de aguinaldo de $40 millones y un pasivo de con proveedores de $40 millones, que no previeron.
"El papel aguanta todo, pero hay una mala administración financiera. La fracción del PAN no puede aprobar un presupuesto de egresos inequitativo, donde la siguiente administración, sea de la filiación que los meridanos decidan, entre con un déficit de $245 millones... si es que no hay más 'trastadas' financieras", advirtió la ex tesorera.
En contraste, el regidor prisista Humberto Hevia Jiménez, minimizó la advertencia e, incluso, consideró que el PRI ganará la alcaldía en 2012.
La alcaldesa no intervino en el debate y, contra lo que se acostumbraba, su oficina de prensa no proporcionó una información detallada del presupuesto de egresos 2012.
La síndico Elizabeth Vargas Aguilar y otros ediles del PRI defendieron el presupuesto.
1Un 3.5% más que este año
¿Prisa? Seis días antes de que venza la fecha límite, el Cabildo aprobó, con el voto del PAN en contra, el presupuesto de egresos de 2012, que asciende a $1,807,773,608.00, que representa un crecimiento del 3.5 más comparado con 2011.
2"Cuentas claras"
Desarrollo. La síndico Elizabeth Vargas Aguilar afirma que el gasto 2012 atenderá las necesidades sociales y procurará el desarrollo integral y sostenible del municipio. Afirma que le dejarán cuentas claras a la siguiente administración.
3"¿Habrá otra sorpresita?"
Ocultamiento. La regidora Lizette Mimenza Herrera advierte que los priistas no ocultan información a los regidores panistas sino a los meridanos y se pregunta si en 2012 la alcaldesa no saldrá con otra "sorpresita" como fue el paso deprimido.
Un regidor del PRI dice que volverán a ganar la alcaldía
Publicada: 10 diciembre 2011
El regidor priista Daniel Granja Peniche indicó que de los $1,807.7 millones, la administración de Angélica Araujo Lara gastará $1,280.2 millones (el 71%) y sólo le dejarán $527.4 millones (el 29%) a la siguiente que será electa en 2012.
Con base en un análisis financiero, la regidora Claudia Canto Mézquita advirtió que la alcaldesa gastará más de lo que debe y le dejará un déficit de $245 millones a la siguiente administración. "La herencia de Angélica Araujo era bola cantada", subrayó la edil.
Aún no dictaminan las cuentas de 21 comunas
Publicada: 3 agosto 2011
En el marco del desacato del Congreso a la nueva Ley de la Auditoria Superior, el Poder Legislativo sólo ha resuelto uno de los 25 casos de ex alcaldes a los que les rechazaron cuentas.
De acuerdo con la resolución, la ex alcaldesa de Abalá tendrá que pagar una multa de $4,000.
Sin embargo, el diputado panista Pedro Couoh Suaste advirtió que ante el desacato a la nueva Ley de la Auditoría Superior, cualquiera de los ex alcaldes en proceso podría impugnar y no procederían las sanciones en su contra.
Recordó que el plazo para que el auditor superior, René Márquez Arcila, presentara el reglamento de la nueva Ley de la Auditoria Superior venció hace dos meses, pero no cumplió.
El auditor presentó fuera de tiempo su propuesta, que se turnó a comisiones. El lunes 8 vence el plazo de 45 días para que se dictamine y termine el desacato por falta de reglamento.
La presidenta de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Martha Góngora Sánchez, informó que precisamente mañana a las 5 de la tarde sesionarán para dictaminar esta propuesta de reglamento.
Respecto a los 25 ex alcaldes en proceso, informó que la Auditoria Superior emitió su resolución condenatoria sobre cuatro, pero sólo quedó firme una multa contra la ex alcaldesa de Abalá, Cristina Ayala López.
Los ex alcaldes priistas Casimiro Mis Hoil, de Tixcacalcupul, y José Vicente Domínguez Canto, de Peto, y el panista José Tzab Ortiz, de Chichimilá, pidieron una revisión.Los otros 21, entre los que se encuentran Mérida y Tizimín, siguen pendientes.- D.D.M.
Tema: Gobierno del Estado
No coincidían: En un momento de la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, ayer, fue para ponerse de acuerdo a ver cuándo podían regresar a trabajar los diputados.
Se preguntaban los diputados: ¿Tú puedes mañana? ¿el lunes tienen inconveniente? ¿tú si puedes? ¿hasta cuándo tenemos de plazo?
Hoy por la tarde: Al final la diputada Martha Góngora convocó para hoy miércoles a las 17 horas.
Fincarían castigos a 5 ex alcaldes
El Congreso del Estado rechazó ayer por unanimidad las cuentas de cinco municipios en diversos períodos de 2008 y 2009 y ordenó a la Auditoría Superior que abra un procedimiento contra los ex alcaldes por presunto daño patrimonial de $8.8 millones.
En caso de que los ex alcaldes de Cacalchén, Cuncunul, Dzitás, Dzoncauich y Suma de Hidalgo no solventen los faltantes, pueden ser sujetos de sanciones que van desde multas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta la cárcel.
Se trata de tres ex alcaldes del PAN, uno del PRI y uno del PRD. El Congreso aprobó las cuentas de otros cinco municipios y de un semestre de Cuncunul.
Por presentar facturas que no corresponden a los gastos supuestamente realizados, mezclar indebidamente los recursos y no comprobar con documentos el dinero ejercido, entre otras irregularidades, cinco ex alcaldes serán sometidos a un proceso administrativo que podría derivar en denuncias penales, en caso de que no las solventen en una última oportunidad que les dará la Auditoría Superior.
En otra aprobación unánime, diputados del PAN, PRI y PRD rechazaron ayer las cuentas de los ex alcaldes de Cacalchén, Cuncunul, Dzitás, Dzoncauich y Suma de Hidalgo, correspondientes a diversos períodos de 2008 y 2009, que en conjunto suman un presunto daño patrimonial de 8.8 millones de pesos.
Al ex alcalde panista de Dzoncauich, Pascual Chi Quim, lo acusan de no solventar un gasto de $3.153,266; al de Dzitás, Alfonso Hau Mex, de $2.431,630, y al de Cacalchén, Reyes Luciano Ché Bote, de $1.628,141.
En la "lista negra" está el ex alcalde priista Moisés Novelo Moo, de Cuncunul, con un presunto mal manejo de $441,276, y el perredista Eduardo Pool Chí, de Suma, con $1.171,070.
La diputada Martha Góngora Sánchez, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, indica que el siguiente paso es un citario de la Auditoría Superior a los ex alcaldes para que comprueben los gastos y, en caso de que no lo hagan, entonces se procedería legalmente contra ellos a fin de que repongan el dinero y les finquen sanciones.
La legisladora admite que puede ser un proceso largo, debido a que los acusados suelen interponer recursos para defenderse.
La diputada Martha Góngora afirma que "la ley se aplica por igual, sin importar colores".
En el caso del ex alcalde de Cuncunul, Novelo Moo, del PRI, se le aprobaron sus cuentas en un semestre, pero en tres no y por eso está entre los ex concejales en capilla.
En la sesión, el Congreso aprobó también opor unanimidad las cuentas de diversos períodos de 2008 y 2009 de los municipios de Chapab, Chicxulub Pueblo, Chemax, Samahil y Tekit.
Al menos por esos períodos, los ex alcaldes panistas Juan Gabriel Zapata Alvarado, Lucio Balam Herrera y Felipe de Jesús Meduina Collí, de Chapab, Chemax y Samahil, ya la libraron, igual que el priista Miguel Angel Cuá Cocom, de Chicxulub Pueblo, y el perredista Rigoberto Tun Salas, de Tekit. Entre otros ex alcaldes en capilla está, como se recordó en la sesión, el de Tizimín, José Luis Peniche Bates
.
Ayuntamientos bajo la lupa del Congreso
Los diputados de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia dieron inicio a la revisión de la cuenta pública de 10 municipios del Estado de Yucatán correspondiente a diferentes periodos.
Se trata de los municipios de Cacalchén, segundo semestre de 2008 y primer y segundo de 2009; de Cuncunul, segundo semestre de 2008 y primero de 2009; de Dzitás, segundo semestre de 2008 y los dos de 2009; Dzoncauich, segundo semestre de 2008 y los dos de 2009, y Suma de Hidalgo, los dos semestres de 2008 y los dos de 2009.
Asimismo, revisarán las cuentas públicas del segundo semestre de 2007 del municipio de Chapab; de Chemax, segundo semestre de 2007; de Chicxulub Pueblo, también del segundo semestre de 2007: de Cuncunul, segundo semestre de 2009; de Samahil, primer semestre de 2009, y Tekit, segundo semestre de 2007.
Los diputados acordaron sesionar el martes o miércoles de la próxima semana, a propuesta de la presidenta de la Comisión, Martha Góngora Sánchez (PRI), una vez que hayan revisado el informe que les envió la Auditoría Superior del Estado de Yucatán sobre estas cuentas públicas.
Por su parte, el diputado Pedro Couoh Suaste, del PAN, solicitó que se le diera 15 días para revisar las cuentas, ya que no podía basar su voto en el dictamen sólo con el informe de la Auditoría. Esta moción fue rechazada por mayoría.El diputado Martín Peniche Monforte, del PRI, manifestó que la revisión de las cuentas públicas no se debe hacer a capricho de una persona, sino con base en la buena fe de los legisladores.El diputado Roberto Rodríguez Asaf, del PRI, coincidió con la presidenta de la Comisión en que el tiempo para revisar estas cuentas era el indicado, ya que la Asey había realizado el trabajo de investigación de cuáles cuentas pasaban y cuáles fueron rechazadas.El legislador del PRD Edilberto Rodríguez López consideró que la Comisión debería sesionar más seguido para tener un poco más de tiempo para revisar las cuentas públicas. Al respecto, el diputado Rodríguez Asaf le respondió que la Comisión cumple lo marcado en la Ley de Gobierno del Poder Legislativo.
Estuvieron en la reunión la presidenta de la comisión, el vicepresidente, Roberto Rodríguez Asaf; los secretarios, Daniel Zacarías Martínez y Edilberto Rodríguez López y los vocales Pedro Couoh Suaste, José Collado Soberanis, Leticia Mendoza Alcocer, Carlos Carrillo Paredes y Martín Peniche Monforte.
El diputado Pedro Cohuó Suaste, del PAN, solicitó que se le dieran 15 días para revisar las cuentas.
Necesaria revisión
De acuerdo con el legislador, si no hay revisión, no podía basar su voto en el dictamen sólo con el informe de la Auditoría, lo que fue rechazado por mayoría.
Buena fe
Martín Peniche Monforte, diputado del PRI, dijo que la revisión de las cuentas públicas no se debe hacer a capricho de una persona, sino con base en la buena fe de los legisladores.
"El tiempo indicado"El diputado Roberto Rodríguez Asaf, también del PRI, coincidió con la presidenta de la Comisión en que el tiempo para revisar estas cuentas era el indicado, ya que la Asey había hecho el trabajo de investigación de cuáles cuentas debían pasar y cuáles no.CerrazónEl legislador del PRD Edilberto Rodríguez López consideró que la Comisión debería sesionar más seguido para tener un poco más de tiempo para revisar las cuentas públicas. Al respecto, el diputado Rodríguez Asaf le respondió que la Comisión cumple lo marcado en la Ley de Gobierno del Poder Legislativo
Adeudo de $5 mil millones para 25 años
Funcionarios y diputados del PRI han recalcado que técnicamente los PPS no son deuda pública, pero en los hechos sí implica la obligación de un pago.
Con un contrato totalmente ventajoso para la Fundación Teletón, que fue blanco de críticas, Ivonne Ortega firmó un compromiso de pago -aprobado por el Congreso- de 8 millones de UDIS al año. A la fecha, el saldo del adeudo, al valor de hoy, asciende a $275.4 millones.
La operación para adquirir 3,012 hectáreas también se hizo en el sigilo, pues comenzó el 22 de febrero de ese año -dos meses antes-, cuando la Cousey pagó un anticipo a los ejidatarios para amarrar la compraventa.
A tres años de esos hechos, el Ejecutivo ya pagó $343 millones por esas tierras y aún no tiene los títulos de propiedad, pero sí una denuncia por peculado de legisladores panistas por pagar un bien que no tiene, en el que involucran a la ex directora de la Cousey Angélica Araujo Lara.
Los acreedores de 2009 son:
El saldo al 31 de diciembre de este año era de $648.3 millones. Con este monto se compromete el 9.7% de las participaciones federales, firmadas en calidad de garantía al banco.
2) Banco del Bajío. El 16 de diciembre de 2009, el Ejecutivo contrató $670 millones, con una vigencia máxima de pago a 18 años contados a partir de la primera disposición del dinero.
Al 31 de marzo, el saldo de este crédito es de $661.1 millones, con el que se compromete otro 9.3% de las participaciones.
3) Banorte. En este caso se trata de un refinanciamiento o reestructuración de dos créditos, que son los siguientes:
a) La anterior administración dejó una deuda de $74.6 millones, que utilizó para cubrir su aportación al Fonden, con el que se construyeron 30,000 viviendas a los damnificados del huracán "Isidoro", que azotó en 2002. Ese adeudo estaba pactado a pagarse por completo en 2012.
b) El saldo de $214.2 millones (hasta el año pasado) del crédito de $320 millones que utilizó la actual administración para comprar las tierras de Ucú.
Ambos créditos arrojan un refinanciamiento de $310 millones para pagar a 20 años. Con este adeudo se compromete un 4% más de participaciones.
Hasta aquí la deuda bancaria actual es de $1,655.4 millones.
La "carrera crediticia" tuvo un salto espectacular en 2010, cuando Ivonne Ortega recurrió al financiamiento internacional. Otra vez el Congreso, sin objeción, le autorizó contratar hasta $2,600 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Ejecutivo dice que contratará $1,300 millones este año y $1,300 millones en 2012, pero tiene la opción de hacerlo todo este año, pues así se lo aprobó el Congreso del Estado.
Con ese monto del BID se compromete un 25% más las participaciones y la deuda se alarga a 25 años, es decir, a un cuarto de siglo. Aunque técnicamente no es deuda, hay otras obligaciones de pago en puerta: los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), por $1,071 millones, con el que se harían el Museo Maya, tres hospitales y otras obras.
Con ese monto se compromete un 15% más de participaciones.
Sumando todos los conceptos, la deuda asciende a $5,326.4 millones y se compromete el 63% de las participaciones. Debido a que el pasivo se extiende hasta el año 2036, se pone en riesgo a las siguientes cuatro administraciones.- FéLIX UCáN SALAZAR
La gobernadora siempre ha ido de la mano con el Congreso para endeudar más a Yucatán.
Sin objeción
Tanto la anterior como la actual Legislatura, de mayoría priista, nunca han puesto una objeción a la contratación de deuda.
"Lavado"
En el manejo del crédito de 2009, cuyo destino sigue sin aclararse, han surgido casos polémicos como la compra de placas de vehículos y la autocompra del terreno para el Museo Maya. Un diputado panista afirma que es "lavado de dinero", pues se trianguló el crédito para convertirlo en gasto corriente.