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“Error de Cervera Pacheco favorece a unos cuantos”
El caso de la sentencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado que obliga a la Comuna a devolverle casi $28 millones a 13 particulares por pagos supuestamente ilegales del Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) se remonta a 1999.
En ese año, el Poder Ejecutivo, a cargo entonces de Víctor Cervera Pacheco, promulgó la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida con graves omisiones.
Según el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro, para darle validez a la ley era necesaria la firma del gobernador y de los secretarios de Gobierno y de Hacienda, Cleominio Zoreda Novelo y Rafael Casellas Fitzmaurice, respectivamente.
—Casellas, sin embargo, nunca firmó la ley, aunque ésta estuvo vigente durante más de 20 años, sin que Cervera Pacheco u otro gobernador corrigiera la omisión. Tampoco Angélica Araujo hizo algo para remediar la situación, no obstante que las primeras denuncias llegaron desde 2011.
—No fue sino hasta la administración de Renán Barrera cuando redactamos otra ley que entró en vigor en 2013 —agregó.
Los demandantes de la Comuna se valieron de esta situación y argumentaron que durante años el Ayuntamiento les había cobrado el ISAI con base en una ley anticonstitucional, y por eso debía devolver el pago de ese impuesto. Este criterio fue avalado por el Tribunal.
La demanda asciende en total a $27 millones 726,000, aunque el motivo del embargo de ayer es por $19.718,959, correspondientes a 2 de las 7 sentencias.
Si el cobro del ISAI equivale al 2% de la operación de compra de un inmueble, quiere decir, afirma Ruz Castro, que los demandantes hicieron operaciones por casi $1,200 millones.
“Por eso digo que no es justa la sentencia”, advierte el funcionario.
El ISAI es un impuesto bien calculado, que paga toda la gente, menos quienes presentaron la demanda, originada por una omisión del gobierno del Estado, no del Ayuntamiento.
Según el secretario Ruz Castro, la sentencia no se justifica, porque ya se rebasó el plazo para reclamar el pago de impuestos mal cobrados y porque el Tribunal de Justicia Fiscal no tiene autoridad para atender ese tipo de casos. De hecho, la Comuna presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, pero ésta dictaminó la imposibilidad del Ayuntamiento para ampararse, toda vez que la ley normativa de ese tribunal no contempla esa posibilidad, cuando se trata de litigios entre la autoridad y el Tribunal.
En este sentido, dice Ruz Castro, al Ayuntamiento de Mérida no le queda más que acatar la sentencia, por lo que hace algunas semanas el alcalde propuso al Cabildo pagar los $27.7 millones en mensualidades de $250,000 durante 10 años. — HERNAN CASARES CAMARA
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Embargo 115 predios
El PRI rechazó la propuesta del alcalde Renán Barrera de devolver el ISAI mediante el pago de mensualidades.
Intereses
“Los regidores de ese partido se mostraron más interesados en apoyar a un grupo de particulares que a la ciudad”, señala el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz. Castro.
Actuaria
Como no prosperó la propuesta, el Tribunal de Justicia Fiscal ejecutó la sentencia y ayer envió a una actuaria al Ayuntamiento.
Treinta minutos
La actuaria requirió a la Tesorería el pago de $16.039,633, correspondientes a uno de los juicios, y $3.679,326, de otro, o en su defecto señalar los bienes de su propiedad para su embargo, que sean suficientes para cubrir el monto señalado, y le dio 30 minutos para hacerlo.
Avalúos
El Ayuntamiento señaló 115 predios de su propiedad, pero el embargo no se concretó, a petición de los demandantes, hasta que ellos y el Tribunal conozcan si el avalúo de esos predios corresponde a la cantidad demandada.
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Aseguramiento de bienes para pagar a 13 particulares
Política y gobierno
El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado embargó ayer 115 predios del Ayuntamiento de Mérida para cubrir el pago de 19 millones 718,959 pesos, ordenado en una sentencia de ese tribunal el año pasado en contra de la Comuna y que el alcalde Renán Barrera Concha considera injustificada.
La sentencia obliga al Ayuntamiento a devolver el pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) a 13 particulares, entre ellos integrantes de la familia Abraham, que demandaron al gobierno de la ciudad por el cobro ilegal de ese impuesto, que en el caso de los demandantes asciende a 27 millones 726,000 pesos.
“Es una sentencia injustificada”, dice el alcalde, y llama a los meridanos a informarse bien del caso y a “defender al Ayuntamiento y a la ciudad de este nuevo embate”.
Según el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro, todos los predios embargados son terrenos ubicados en las comisarías, pertenecientes al patrimonio de la ciudad. “Su embargo afectará gravemente al municipio y se trata, sin duda, de un golpe duro e injusto para Mérida”.
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