(Proceso).– El asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en Chiapas, reconocido defensor de los derechos de los pueblos indígenas, revela la continuidad de la violencia contra defensores de derechos humanos que heredó la presidenta Claudia Sheinbaum del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La herencia violenta se advierte a menos de un mes de iniciado el gobierno de Sheinbaum, en el que además del caso del padre Marcelo, se registra el de Gerardo Cruz Palacios, integrante del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo-Unidad Patriótica, asesinado el 10 de octubre en Pinotepa, Nacional, Oaxaca.
A esos casos se suman otros seis defensores ejecutados en los últimos meses del gobierno de López Obrador, de acuerdo con los registros de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH): Miriam Noemí Ríos, de Zamora, Michoacán, asesinada el 11 de enero; Samantha Gomes Fonseca, de Xochimilco, Ciudad de México, ejecutada el 14 de enero; Angelita Almeras León, acribillada el 7 de febrero en Tecate, Baja California; Noé Sandoval Adame, víctima de homicidio el 13 de febrero en Chilpancingo, Guerrero; Socorro Barrera Sánchez, de Izúcar de Matamoros, Puebla, asesinada el 20 de junio, y Danna Rodríguez, víctima de homicidio en Zacatepec, Morelos, el 16 de agosto.
Los más recientes informes sobre las agresiones contra defensores fueron elaborados por organizaciones como la Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), coordinado por el Comité Cerezo, y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), aún con distintas metodologías de registro, reportan más de 90 crímenes contra defensores durante el sexenio de López Obrador.
En entrevistas por separado con Proceso, representantes de organizaciones civiles alertan que esta tendencia criminal contra defensores estuvo acompañada de estigmatización durante las conferencias matutinas del López Obrador.
Francisco Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo, organización que registra las agresiones a activistas, advierte que México arrastra un “patrón de violaciones a los derechos humanos contra defensores desde el gobierno de Felipe Calderón, “que nosotros consideramos parte de una política de contrainsurgente, que se remonta a 1994, con el surgimiento del EZLN en Chiapas y en 1996 en Guerrero y Oaxaca con el surgimiento del EPR, y que, sin importar el tipo de partido que esté al frente de los gobiernos federal y estatales, se sigue manteniendo”.
ACUDDEH, que sólo registra muertes de defensores que considera “ejecuciones extrajudiciales”, ha registrado desde el gobierno de Calderón hasta mayo de 2024, un total de 345 asesinatos de defensores, de los cuales 67 ocurrieron durante el sexenio de Calderón, 184 con Enrique Peña Nieto y 94 con López Obrador.
Durante el gobierno de López Obrador bajó considerablemente el número de ejecuciones extrajudiciales respecto del gobierno de Peña Nieto, concentrándose los casos sobre todo en estados donde históricamente se ha aplicado esta política contrainsurgente, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, gobernadas por Morena.
De acuerdo con los registros de ACUDDEH, de junio de 2023 a mayo de 2024 nueve defensores de derechos humanos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Aun cuando las cifras de crímenes contra defensores ocurridas en el sexenio que concluyó el 30 de septiembre pasado son menores que los ocurridos durante el gobierno de Peña Nieto, no dejan de ser preocupantes; Cerezo Contreras acota que “no respondían a una política dirigida desde el gobierno federal, sino a dinámicas propias de los estados y los municipios, como lo hemos visto en Chiapas donde ceder el territorio a un viejo priista, como Rutilio Escandón, tiene al estado en continua violencia”.
Ataques desde la mañanera
Francisco Cerezo Contreras denuncia que, durante la gestión de López Obrador, la estigmatización a los defensores en las conferencias mañaneras fue un factor que operó contra el derecho a defender derechos humanos.
Aunque la estigmatización estuvo dirigida a un grupo específico de organizaciones, sin duda es uno de los puntos más negativos del gobierno de AMLO, ver a los defensores como si estuvieran contra su gobierno, como parte del enemigo interno, y eso permite que se siga ejecutando a defensores.
Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red TDT, coincide con Cerezo Contreras en que la estigmatización del gobierno de López Obrador puso en riesgo a las organizaciones civiles.
“El señalamiento sin fundamento, la criminalización que por consecuencia tuvo como objetivo judicialización, sí es un tema en que debería determinarse cuál va a ser la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, dado que la posición del presidente López Obrador sí marcó una distancia, una cerrazón y choque directo contra personas defensoras”, considera el secretario ejecutivo de la Red TDT, a la que están afiliadas 87 organizaciones civiles de 23 estados del país.
Resalta que durante la gestión de López Obrador, la Red TDT ha detectado que las organizaciones que fueron estigmatizadas fueron aquellas que documentaron casos en los que estaban involucradas las Fuerzas Armadas en violaciones graves a los derechos humanos o el crimen organizado, como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. “Son temas en los que el presidente delineó su postura de señalamiento de estigmatización y de descrédito” y que pusieron en riesgo a los defensores.
En su “Balance Sexenal de derechos humanos en México: una perspectiva de la Red TDT”, el colectivo de organizaciones civiles identificó 92 ejecuciones extrajudiciales ocurridas del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023.
“Vemos que han continuado las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, y de manera paralela hemos estado observando que las negativas de incorporación al Mecanismo de Protección (de Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) también han aumentado, hablamos que al menos 60% de las solicitudes han sido rechazadas y ahí hay un punto ciego porque el mecanismo no da explicaciones sobre por qué rechazan las solicitudes”, dice López Rodríguez.
Considera que la negativa a incorporar a defensores al Mecanismo de Protección, es una consecuencia de “escucha a un presidente que desestima la labor de ejercer la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, es una narrativa que permea a las autoridades y que por consecuencia las inmoviliza o las coloca en el mismo sentido del presidente”
Llamado contra la agresión
A menos de un mes de que Sheinbaum Pardo haya asumido la Presidencia, y ante un escenario en el que “no se puede asumir que México está en paz, cuando tenemos al crimen organizado dominando el territorio, al país y a las autoridades, y tenemos a las Fuerzas Armadas desplegadas en México como nunca antes en la historia”, Víctor Hugo López, hace un llamado a la mandataria a no continuar con el discurso estigmatizador.
“Nos parece importante que se pueda establecer un compromiso claro de la presidenta y un reconocimiento a la labor de personas defensoras y periodistas en México, dado que no somos detractores políticos, no estamos interesadas en minar el proyecto en turno, sino, por el contrario, estamos cubriendo frentes que la institucionalidad, llámese justicia, desarrollo social o educación, no está cubriendo desde las entidades de gobierno”, considera el secretario ejecutivo de la Red TDT.
Juanita Goubertus, directora de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, recuerda que durante el gobierno de López Obrador su organización dio seguimiento “con mucha preocupación el proceso de estigmatización de la sociedad civil, de ataques a periodistas, a líderes defensores de los derechos humanos, incluso al discurso mismo de derechos humanos”.
Además, apunta:
Bajo esta idea de que los derechos humanos era un discurso impuesto y foráneo, empezó a estigmatizarse toda la defensa de los derechos humanos y, en vez de asumirla como es, y que además que hacía parte de sus propias banderas originales de campaña, nos puso en particular a las organizaciones mexicanas, pero sin duda también a las organizaciones internacionales en un lugar de enemigos.
La situación es grave, dice, si se considera que López Obrador dejó “una deuda histórica en materia de seguridad pública, en la que México sin duda se ha enfrentado a unas tasas demasiado altas de homicidio, mientras los cárteles mantienen el control a nivel territorial no sólo de mercado ilegales sino francamente de gobernanza territorial porque son los narcos quienes deciden qué se pude hacer o no”.
Frente a ello, “el legado que deja López Obrador es seguir la misma receta del pasado, de la militarización, cuando eso no ha podido resolver el problema, peor aún, se agravó, pese a que se le entregó aún más poder a los militares en este país”.
En su balance, Goubertus lamenta que durante el sexenio que recién terminó, “temas tan importantes como las discusiones sobre cómo dar más seguridad pública, sobre cómo controlar, a través del poder civil al poder militar, sobre cómo garantizar una investigación efectiva para que no haya impunidad por crímenes cometidos por los narcos o por los miembros de las fuerzas militares, terminaran empañados en esa lógica de amigo-enemigo del gobierno, llegando a los escenarios más difíciles de las reformas constitucionales, al poder judicial, de establecimiento de la prisión preventiva oficiosa, todo este ataque contra las instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE)”.
La defensora de HRW concluye con la esperanza de que el cambio de gobierno en manos de una mujer realmente modifique la manera de abordar los derechos humanos y a sus defensores.
“Para nosotros, si Claudia Sheinbaum quiere construir un legado para México, como la primer mujer presidenta y para América Latina, tiene que distanciarse de esa visión estigmatizadora de derechos humanos.
“Nuestra expectativa es que Claudia Sheinbaum construya un legado para sí misma, que recupere el lugar de los derechos humanos como un piso común y no como un enemigo”, agrega Goubertus.
