Varios ayuntamientos de Yucatán podrían ser embargados y sus titulares destituidos

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Los ayuntamientos de Tekax, Motul, Kanasín, Seyé, Tecoh y Tixkokob están a punto de ser embargados dado que se han agotado las instancias jurídicas relacionadas con los juicios que promovieron en su contra ex trabajadores despedidos sin liquidación en años anteriores, informó ayer el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán.
La instancia judicial informó que ya están en procedimiento de ejecución de embargos contra estos seis ayuntamientos y, en caso de que los alcaldes se resistan a cumplir con la normatividad, se podrá promover un procedimiento de destitución.
“Es importante que estos ayuntamientos paguen a sus ex empleados, de lo contrario se tomarán medidas estrictas como procedimiento de destitución. En el trienio pasado hubo uno contra el entonces alcalde de Celestún, Leonel Rosado Mena, pero al ver que ya era viable su destitución consiguió recursos para cumplir con el laudo”, expuso.
El tribunal precisó que el Ayuntamiento de Tekax acumula el mayor monto, con 60 millones de pesos; Kanasín adeuda 40 millones, y Tixkokob, 20 millones de pesos.
El tribunal informó que durante septiembre y octubre se incrementaron las demandas por despidos injustificados, situación que incluso casi triplicó los registros que esa instancia tuvo de enero a agosto de este año.
En este sentido, la instancia judicial precisó que en los primeros ochos meses de este año recibió 190 querellas, mientras que en los últimos dos meses se registraron 460 demandas, y los ayuntamientos que han acumulado el mayor número de procedimientos por despidos injustificados son Kanasín, Panabá, Ticul, Tekax, Chapab y Motul.
Al respecto, el tribunal explicó que ahora lo que procede es dar la audiencia de ley a las partes para que comparezcan, manifiesten lo que a su derecho convenga y contesten la demanda para ver si es posible llegar a un acuerdo con los ex trabajadores, pues de lo contrario continuará el juicio con pruebas hasta dictar una resolución relativa a que si hubo o no despido injustificado.

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Embargará el SAT 500 mdp a Tarek Abdalá, ex tesorero de Javier Duarte

Noticias de Yucatán

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargará hasta 500 millones de pesos de bienes de Antonio Tarek Abdalá, actualmente diputado federal del PRI y ex tesorero del ex gobernador actualmente preso Javier Duarte.
De acuerdo con publicación que realiza el diario Reforma, el SAT realizó la notificación de embargo la semana pasada para garantizar siete créditos fiscales que suman 500.6 millones de pesos, que derivan de sanciones impuestas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación.
Refiere que Tarek Abdalá impugnó el año pasado las sanciones mediante seis juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no ha aportado al SAT pago o bien para garantizar el adeudo, por lo que la autoridad fiscal determinó continuar el procedimiento.
Retoma que en septiembre de 2016, la Contraloría de Veracruz inhabilitó a Abdala para ocupar cargos públicos durante 10 años por su responsabilidad en el desvío de 315 millones de pesos de recursos federales en el ejercicio de 2013 y que durante ese procedimiento, el propio Abdala admitió que el dinero, proveniente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, fue utilizado para pago de salarios de maestros, tareas de seguridad pública y otras prioridades del Gobierno de Javier Duarte.
Reforma subraya que Tarek Abdalá está sujeto desde enero de 2017 a un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados, solicitado por la Fiscalía General del Estado que le investiga por el presunto desvío de 23 mil 156 millones de pesos del erario durante el gobierno de Javier Duarte.
Cabe señalar que el desafuero de Tarek Abdalá no se ha concretado pero perderá el fuero el próximo 1 de septiembre, en que concluye como diputado federal.
Fuente: Reforma/doh/Foto: archivo

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Inédito embargo del Palacio Municipal de Motul por deuda de $3.5 millones

Embargado por $3.5 millones el Palacio de Motul
Miércoles, 6 de julio de 2016 - Edición impresa
El alcalde Vicente Euán Andueza, emanado del PAN, interpuso ayer ante la agencia 24 de la Fiscalía del Estado, con sede en esta ciudad, una denuncia contra su antecesor, el priista Julián Pech Aguilar, por hechos posiblemente delictuosos que pueden constituir los delitos de fraude, peculado y robo.
Junto con el ex alcalde Pech Aguilar se acusó a Pedro Pablo Pech Chalé, ex director de Obras Públicas; María Luisa Tec Koh, ex síndica, y Beatriz del Carmen Chi Campos, ex tesorera.
Euán Andueza dijo que a consecuencia de que no culminó la entrega-recepción del Ayuntamiento, la comisión especial de análisis del expediente de entrega-recepción solicitó que el ex alcalde y los hoy tres coacusados comparezcan para aclarar las dudas y entreguen la documentación que corresponde, sólo la ex síndica contestó por escrito, pero generó más dudas.
Una irregularidad detectada fue que Pech Aguilar y Rosa María May y Balam, hoy ex secretaria municipal, celebraron un contrato mutuo con intereses con José Benjamín Paredes Camino por $3.500,000 con tasa anual fija del 9% de interés ordinario sobre saldos insolutos mensuales, mismos que debió pagar en una sola exhibición el 30 de noviembre de 2014; sin embargo, la deuda no fue liquidada.
—No se demostró en qué se usó este dinero, al parecer fue utilizado para provecho personal y no para cuestiones públicas sino privadas.
—Paredes Camino denunció mercantilmente al Ayuntamiento y esto derivó en que ahora se tiene embargado el edificio del Palacio Municipal —revela.
—En obra pública son inexistentes la construcción y pavimentación de las calles 28 entre 17 y 19, 28 entre 19 y 21, 28 entre 21 y 23 del centro de la ciudad, con importe de $2.417,932.98 con contrato MMY-FISM-IR3-001-15. El contratista de obra es José Juan Santos Cano, hermano de la hoy regidora priista Alejandrina Santos Cano.
—No se cuenta con el expediente, pese a que se pagó todo el importe de la obra.
—La rehabilitación de la Casa de la Cultura se presupuestó en $4.991,412.34 del Fondo de Cultura, pero el contratista José Alfonso Velázquez Rojas la dejó inconclusa y, además, se detectó que del 1 al 30 de agosto de 2015, según el estado de cuenta, se hicieron 10 depósitos por un total de $5.279,294.89, más que lo presupuestado, sin explicar el origen de los gastos adicionales.
—Lo extraño es que en el anexo “Relación de obras públicas en proceso o suspendidas”, Pech Aguilar firmó en su carácter de alcalde que el monto ejercido hasta el 31 de agosto de 2015 es de $2.492,113.71 y el monto por ejercer es de $2.499,299.03, de modo que se desconoce el destino de lo faltante.
—En la denuncia también se pide aclarar el caso de la ambulancia que se compró con la aprobación del Cabildo (en $700,000) y que al final no dejó Pech Aguilar, alegando que es de él —abunda.— MAURICIO CAN TEC
Yucatán Código Penal
Peculado
“A quien cometa el delito de peculado se le impondrá de seis meses a 10 años de prisión, de 20 a 200 días-multa (de $1,460 a $14,600), destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público de dos a 10 años”.
Robo
Cuando lo robado exceda de 800 veces el salario ($58,400), prisión de siete a 12 años y multa de 200 a 400 salarios (de $14,600 a $29,200).
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Inédito, el Ayuntamiento de Mérida embarga dos predios por no pagar predial

La Dirección de Finanzas y Tesorería embargó en días pasados dos predios como consecuencia de adeudos de impuesto predial, cuyos pagos fueron requeridos a sus propietarios sin respuesta positiva.
El Ayuntamiento procedió con esa medida administrativa, que representa un  hecho inédito del que, al menos las dos últimas décadas, no hay registro histórico, según manifestó Laura Muñoz Molina, directora de Tesorería Administración y Finanzas.
La funcionaria  manifestó que la medida se llevó al cabo con fundamento en el Artículo 167 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, y en cumplimiento de una demanda de sectores organizados de la sociedad que pidieron una mayor justicia distributiva en la aplicación del cobro del impuesto a contribuyentes morosos, a fin de que cada vez sean más los ciudadanos que cumplan con ese pago, para mantener la calidad de vida de la ciudad.
Uno de los predios embargados está ubicado en la calle 35, No. 447, entre 16 y 20, de la colonia Industrial, que registra un adeudo de $58,411, y el otro, en el tablaje 105, de la comisaría de Dzoyaxché, con $64,437.
Otro predio por el cual inició se inició un procedimiento de embargo está ubicado en la calle 50 diagonal  #460, de la colonia Gonzalo Guerrero, pero sus propietarios acudieron a la dependencia para regularizar su situación, pagando un crédito fiscal por $48,800.
Recordó que desde abril de 2015, la dirección de Finanzas y Tesorería notificó por escrito al contribuyente en cuestión, sobre el monto del adeudo que presentaba, tal como se realiza con el resto de los ciudadanos morosos.
Muñoz Molina explicó que como no se pagaron los adeudos, el procedimiento de embargo se inició con la notificación correspondiente del mismo, el pasado 27 de mayo, a los representantes legales de esos terrenos y pasados quince días sin respuesta de pago, conforme a la Ley, se procedió al embargo de bienes suficientes para cubrir el adeudo.
“Aunque esta es una medida a la que no se había recurrido con anterioridad, estamos actuando conforme a la ley y en respuesta a la ciudadanía que sí cumple con el pago de sus impuestos, los cuales permiten tener mejores servicios y más obras para los ciudadanos”, recalcó la funcionaria.
En total, informó, en Mérida son 395,000 predios que generan facturación de pago de impuesto predial.

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Ex alcaldesa de Tinum se queja contra Hacienda por un posible embargo

Noticias de Yucatán

La ex alcaldesa de Tinum Natalia Mis Mex, en visita al Diario, hizo pública su queja contra la Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado que, según ella, intenta embargarle su parador denominado “El Balam”, por supuestos impuestos que no habría pagado su padre, Evelio Mis.

La ex edil se quejó también de que el gobierno del Estado, en contubernio con la dirigencia estatal del PAN, le arrebataron una diputación plurinominal y ahora le quieren quitar su negocio, que igual está a nombre de su hermana menor Sandra Mis Mex.

Comentó que su padre, Evelio Mis Tun, tiene un negocio ubicado fuera de Kaua, cuyo tablaje catastral es el 7447, y por el cual libra un proceso mercantil con Hacienda estatal.

Explicó que de manera equivocada, personal de Hacienda arribó a su negocio “El Balam”, ubicado dentro de la comunidad, a notificarle que se iba a proceder con el embargo del inmueble por un adeudo de su padre con la dependencia estatal.

Agregó que su padre está resolviendo sus asuntos legales, pero ello no significan que deban afectarla.

Según Natalia Mis, otra irregularidad que se está cometiendo en su contra es que de acuerdo con la ley, se les deben dar 45 días luego de la notificación para que pueda defenderse; sin embargo, sólo les dieron 10 días.

Manifestó que el próximo lunes 21 interpondrá una denuncia ante las autoridades, contra Hacienda estatal, por el intento de embargo a su propiedad.

Recordó que en 2012 le cerraron su restaurante del parador turístico y hasta ahora no le permiten abrirlo. Además, indicó que la han despojado de una camioneta y de 7 millones de pesos en plata, los cuales no le han sido devueltos hasta la fecha.

Finalmente, dice, le quitan una diputación plurinominal, y ahora el embargo. “¿Hasta dónde quiere llegar el gobierno del Estado para afectarme?”, se pregunta.

La ex edil pide que la dejen en paz, pues lo único que quiere es trabajar.

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Incautan 2 barcos estatales

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró dos embarcaciones en la Isla Blanca, ubicada al sur de la zona núcleo del Parque Nacional Arrecife Alacranes, por transgredir la legislación ambiental vigente en esta Área Natural Protegida, se informa en un comunicado.

Personal de la Profepa inspeccionó la embarcación “Sea hunter”, que prestaba servicios turísticos. Constató que los pasajeros no portaban los brazaletes que expide la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para comprobar el pago de derechos correspondiente al aprovechamiento no extractivo del lugar. Por lo anterior, el navío fue asegurado.

Posteriormente, se detectó una embarcación de recreo denominada “Holandés” en la playa Isla Blanca, donde había 15 ejemplares muertos desvirados sin concha de la especie conocida como caracol rosado o blanco (Strombus gigas), los cuales estaban escondidos en los asientos.

Dicha especie se encuentra en veda permanente, por lo que se aseguró el barco, así como dos pistolas para arponear (una neumática y una de ligas), un gancho y una puya de acero inoxidable.

En este último caso, por tratarse de una especie en veda permanente, la Profepa interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la Republica l considerarse la posible comisión de un delito contra la Biodiversidad establecido en el Código Penal Federal Vigente.

El Parque Nacional Arrecife Alacranes cuenta con una elevada diversidad biológica y un gran potencial pesquero. También es un área importante de preservación de germoplasma de especies en peligro de extinción, endémicas y otras útiles para el hombre.

El Código Penal Federal señala que se impondrá una pena de uno a nueve años de prisión y el equivalente de 300 a 3,000 días multa a quien ilícitamente capture, transforme, acopie, transporte o dañe especies acuáticas declaradas en veda.

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Embargo a Comuna panista de Cuncunul

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El alcalde afirma todo “es por una venganza política”

Viernes, 24 de julio de 2015 

CUNCUNUL.— Las cuentas de la Comuna fueron embargadas, medida que el alcalde Reyes Melchor Suaste Gutiérrez califica como “una venganza política”.

Según comenta el presidente municipal, el embargo podría ser una represalia por haber ayudado a la ex candidata panista a la alcaldía de Tekom Karla Cocom Batún, cuando ésta era perseguida por un grupo de priistas.

—Coincidencias no existen, yo podría asegurar que esto es una venganza política del gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Rolando Zapata Bello.

Quieren desestabilizar

— Están mal porque no les importa la salud de las familias de Cuncunul, sólo quieren desestabilizar el final de esta administración municipal —añade.

—Qué casualidad que congelan las cuentas a unos días de recibir un dinero que manda la Federación.

—Podemos recibir los recursos, pero no utilizarlos. En la cuanta que fue congelada estaría el dinero para pagar un laudo de poco más de $600,000, también se depositaron ahí los ahorros para pagar la liquidación a los empleados de la Comuna.

El primer edil explica que nadie le notificó sobre el embargo que se realizaría y que sólo afectan a empleados y ciudadanos, porque se retrasa el pago a proveedores y de la nómina, así como la entrega de apoyos.

No es la primera vez

Reyes Melchor Suaste asegura que esta no es la primera acción que realizan contra el Ayuntamiento de Cuncunul y que podría considerarse una venganza política.

Afirma que en días pasados, con motivo de las clausuras escolares, envió a una persona a Tekom para realizar unas diligencias, pero el empleado fue detenido “sin argumento alguno”.

—Confiscaron el vehículo (la camioneta pick up placas YN-27-429) sin motivo alguno. Eso es robo y ya existe una denuncia por tal motivo —afirma el alcalde panista.

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Niegan al Ayuntamiento descongelar cuentas embargadas

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El tribunal administrativo estatal mantiene intocable los recursos federales embargados

Acompañado de directores, regidores del PAN y empleados municipales, el alcalde de Mérida Renán Barrera Concha realizó hoy en Palacio Municipal una acusación contra el Tribunal administrativo del Poder Judicial de Yucatán: negó liberar los recursos no susceptibles de embargo judicial en contra de la ley. Hasta el momento no ha recibido respuesta a su solicitud de liberar las cuentas bancarias. 

El alcalde, de extracción panista, dijo que el tribunal actúa mezquinamente en perjuicio, no de su persona, sino de los trabajadores y de los ciudadanos que son beneficiarios de los programas del Ayuntamiento.

Poco después del mediodía el alcalde Barrera Concha bajó de su despacho por las escaleras centrales del edificio flanqueado por la síndico Lizbeth Estrada Osorio, del oficial mayor Mario Martínez Laviada, del secretario Alejandro Ruz Castro y una veintena de empleados municipales y pronunció un discurso de casi 10 minutos y subió de nuevo a sus oficinas.

El tribunal administrativo emitió una sentencia hace unos meses que obliga al Ayuntamiento a pagar casi $28 millones a 13 inversionistas que compraron edificios en Mérida aprovechando un error del gobierno cerverista en 1999.

Para subsanar la deuda el Ayuntamiento propuso un pago a plazos, pero no fue aprobado por los regidores del PRI. Entonces, el Tribunal, a cargo de Diego Barbosa Lara, embargó cuentas bancarias que rebasan cuatro veces el monto de la cantidad reclamada.

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“Una sentencia injusta”

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“Error de Cervera Pacheco favorece a unos cuantos”

El caso de la sentencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado que obliga a la Comuna a devolverle casi $28 millones a 13 particulares por pagos supuestamente ilegales del Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) se remonta a 1999.

En ese año, el Poder Ejecutivo, a cargo entonces de Víctor Cervera Pacheco, promulgó la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida con graves omisiones.

Según el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro, para darle validez a la ley era necesaria la firma del gobernador y de los secretarios de Gobierno y de Hacienda, Cleominio Zoreda Novelo y Rafael Casellas Fitzmaurice, respectivamente.

—Casellas, sin embargo, nunca firmó la ley, aunque ésta estuvo vigente durante más de 20 años, sin que Cervera Pacheco u otro gobernador corrigiera la omisión. Tampoco Angélica Araujo hizo algo para remediar la situación, no obstante que las primeras denuncias llegaron desde 2011.

—No fue sino hasta la administración de Renán Barrera cuando redactamos otra ley que entró en vigor en 2013 —agregó.

Los demandantes de la Comuna se valieron de esta situación y argumentaron que durante años el Ayuntamiento les había cobrado el ISAI con base en una ley anticonstitucional, y por eso debía devolver el pago de ese impuesto. Este criterio fue avalado por el Tribunal.

La demanda asciende en total a $27 millones 726,000, aunque el motivo del embargo de ayer es por $19.718,959, correspondientes a 2 de las 7 sentencias.

Si el cobro del ISAI equivale al 2% de la operación de compra de un inmueble, quiere decir, afirma Ruz Castro, que los demandantes hicieron operaciones por casi $1,200 millones.

“Por eso digo que no es justa la sentencia”, advierte el funcionario.

El ISAI es un impuesto bien calculado, que paga toda la gente, menos quienes presentaron la demanda, originada por una omisión del gobierno del Estado, no del Ayuntamiento.

Según el secretario Ruz Castro, la sentencia no se justifica, porque ya se rebasó el plazo para reclamar el pago de impuestos mal cobrados y porque el Tribunal de Justicia Fiscal no tiene autoridad para atender ese tipo de casos. De hecho, la Comuna presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, pero ésta dictaminó la imposibilidad del Ayuntamiento para ampararse, toda vez que la ley normativa de ese tribunal no contempla esa posibilidad, cuando se trata de litigios entre la autoridad y el Tribunal.

En este sentido, dice Ruz Castro, al Ayuntamiento de Mérida no le queda más que acatar la sentencia, por lo que hace algunas semanas el alcalde propuso al Cabildo pagar los $27.7 millones en mensualidades de $250,000 durante 10 años. — HERNAN CASARES CAMARA

LEA TAMBIÉN:

Embargo a la Comuna. Aseguramiento de bienes para pagar a 13 particulares

Embargo 115 predios

El PRI rechazó la propuesta del alcalde Renán Barrera de devolver el ISAI mediante el pago de mensualidades.

Intereses

“Los regidores de ese partido se mostraron más interesados en apoyar a un grupo de particulares que a la ciudad”, señala el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz. Castro.

Actuaria

Como no prosperó la propuesta, el Tribunal de Justicia Fiscal ejecutó la sentencia y ayer envió a una actuaria al Ayuntamiento.

Treinta minutos

La actuaria requirió a la Tesorería el pago de $16.039,633, correspondientes a uno de los juicios, y $3.679,326, de otro, o en su defecto señalar los bienes de su propiedad para su embargo, que sean suficientes para cubrir el monto señalado, y le dio 30 minutos para hacerlo.

Avalúos

El Ayuntamiento señaló 115 predios de su propiedad, pero el embargo no se concretó, a petición de los demandantes, hasta que ellos y el Tribunal conozcan si el avalúo de esos predios corresponde a la cantidad demandada.

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Embargo a la Comuna

Aseguramiento de bienes para pagar a 13 particulares

Política y gobierno

El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado embargó ayer 115 predios del Ayuntamiento de Mérida para cubrir el pago de 19 millones 718,959 pesos, ordenado en una sentencia de ese tribunal el año pasado en contra de la Comuna y que el alcalde Renán Barrera Concha considera injustificada.

La sentencia obliga al Ayuntamiento a devolver el pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) a 13 particulares, entre ellos integrantes de la familia Abraham, que demandaron al gobierno de la ciudad por el cobro ilegal de ese impuesto, que en el caso de los demandantes asciende a 27 millones 726,000 pesos.

“Es una sentencia injustificada”, dice el alcalde, y llama a los meridanos a informarse bien del caso y a “defender al Ayuntamiento y a la ciudad de este nuevo embate”.

Según el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro, todos los predios embargados son terrenos ubicados en las comisarías, pertenecientes al patrimonio de la ciudad. “Su embargo afectará gravemente al municipio y se trata, sin duda, de un golpe duro e injusto para Mérida”.

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Ningún interés de ayuntamientos en pagar

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Habría embargos si no hay acuerdos con municipios

Algunos municipios ya solucionan sus problemas de demandas laborales por la vía de los acuerdos, pero todavía hay algunos que no lo hacen, como Tinum, Kanasín y Acanceh, a los cuales les fueron embargadas sus cuentas públicas por ese motivo.

César Antuña Aguilar, presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, comentó que, además, todavía existen entre 15 ó 20 Ayuntamientos que tienen pendientes demandas laborales.

El miércoles 5 de febrero pasado informamos, por declaraciones del mismo funcionario, que las deudas de los municipios de Yucatán por el pago a trabajadores despedidos ascienden a más de 100 millones de pesos y sólo 14 ayuntamientos del interior se mantenían limpios de pasivos laborales.

A mes y medio de que se presentara esta situación, ayer Antuña Aguilar informó que ya varios municipios encontraron la solución en acuerdos que establecen con los demandantes.

El funcionario admitió que en algunos casos los acuerdos para pagar son a plazos muy largos, por lo que abarcarán hasta a las siguientes administraciones municipales.

Estrategia

Como ejemplo de estos casos, el presidente del Tribunal recordó el caso de Opichén, en donde el monto del pago de la indemnización a un solo demandante asciende a casi un millón de pesos, y acordaron liquidarla con pagos quincenales durante los próximos cinco años.

Entrevistado al término de la ceremonia por el 208 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, el magistrado manifestó que, afortunadamente, ya la mayoría de los ayuntamientos encontró una salida a este problema que afectaba seriamente a sus finanzas.

Antuña Aguilar explicó que los alcaldes acuden a este tribunal y negocian con los demandantes para establecer acuerdos sobre la forma en que les liquidarán sus indemnizaciones, sobre todo los plazos para hacerlo.

“En algunos casos pueden hacerlo hasta en dos pagos, pero en muchas de las veces, por ser cantidades de importancia, acuerdan que sea en varios pagos”, indicó.

Entre los municipios que ya van resolviendo estos problemas por la vía de acuerdos directos con los demandantes, el entrevistado citó a Progreso, Yaxcabá, Valladolid y Peto, por mencionar algunos.

Para los próximos días ya se han agendado otros municipios para establecer acuerdos similares. Los más inmediatos serían Hunucmá, Xocchel y Mama.

Sin embargo -continuó el funcionario- todavía hay algunos que se resisten a los acuerdos, y para garantizar el pago de las indemnizaciones, en cumplimiento de los laudos condenatorios, se ha tenido que recurrir de nuevo a embargarles sus cuentas bancarias.

El magistrado señaló que los embargos más recientes que ya se ejecutaron fueron contra los municipios de Tinum, Kanasín y Acanceh.

Antuña Aguilar dijo que los embargos en estos casos fueron para garantizar el pago de entre $240,000 y $300,000 que debe cada municipio por indemnizaciones.

Precisó que esta medida de los embargos se aplica sólo en última instancia, cuando no hay arreglo entre las partes del proceso.- David Domínguez Massa

De un vistazo

Persiste el problema

Aún persiste el problema de los municipios en problemas de demandas laborales heredadas de anteriores administraciones por despidos injustificados de su personal, cuyos laudos fueron favorables a los demandantes.

Fuertes cantidades

En muchos casos el problema radica sobre todo en que se trata de añejas demandas, que por el tiempo que transcurrió sin resolverse acumulan salarios caídos y otros pagos que deben cubrir, alcanzando a veces hasta más de un millón de pesos a un solo demandante.

Pendientes

Aún quedan entre 15 ó 20 municipios con un total de 60 expedientes de demandas laborales pendientes por resolverse, que se espera solucionarlos por la vía de los acuerdos, como ya lo hace la mayoría, o se aplicarían los embargos a sus cuentas.

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Ardid para burlar la ley

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Ante un embargo, una oficina estatal devuelve un predio

Para evadir el pago de indemnizaciones laborales, las autoridades del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán han recurrido no sólo a tácticas dilatorias sino a estrategias que atentan contra el propio organismo, según reportan ex supervisores de la Comisión para la Erradicación de la Tuberculosis, la Brucelosis y otras enfermedades de los bovinos.

Ayer publicamos que los ex trabajadores acusan al Comité de recurrir a más “chicanadas” para no hacer frente a las consecuencias de un despido masivo durante el gobierno anterior, en una acción que prácticamente desmanteló la estructura de vigilancia sanitaria y puso en riesgo el estatus de Yucatán en esa materia.

En la actualidad hay unos 20 juicios laborales contra el Comité. Hay por lo menos dos casos de laudos favorables a los demandantes, quienes deploran que ahora la Junta muestre inclinación a apoyar a la dependencia estatal, lo cual se palpa con recientes decisiones.

En la entrevista que concedieron en visita al Diario, los ex supervisores citan, con el respaldo de documentos, el siguiente caso como muestra de la lista de “chicanadas” del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria:

-En el laudo que favoreció al ex supervisor Jorge Armando Chi Chi, la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje condenó al Comité a pagarle al demandante $543,875 por concepto de salarios caídos y otras prestaciones que se le dejaron de proporcionar hasta el 20 de septiembre, cuando se supone que lo reinstalaron. Como ya publicamos, la reinstalación fue una simulación, porque el trabajador fue cesado de nuevo apenas se retiró el actuario de la institución laboral.

-La Junta también ordenó, en previsión de una negativa de pago, el embargo de bienes suficientes no sólo del Comité sino de sus directivos Miguel Arsenio Lara Sosa, Edwin Alfredo Novelo Ayuso y Franklin José Ávila Quiñones, quienes también figuraron en la demanda.

-Otro ex supervisor con laudo a su favor fue Juan Manuel Torres Torres.

-Al solicitar los embargos de propiedades al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), la ejecución sólo recayó en tres predios, todos rústicos: uno de Tixkokob, propiedad de Lara Sosa, y dos de Temax, de Ávila Quiñones.

-En un caso, para evadir el embargo, el Comité Estatal devolvió al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) un terreno del polígono Caucel-Tixcacal Opichén que había recibido durante el gobierno de Patricio Patrón Laviada.

Esta maniobra, subrayan los ex trabajadores afectados, es completamente ilegal porque el Comité actuó con dolo al conocer con anticipación la resolución judicial. Ya están analizando las medidas legales que adoptarán.

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Embargan a municipios por laudos laborales

Noticias de Yucatán ()

Condenados a pagar millones de pesos a varios ex trabajadores

Cerca de 80 municipios yucatecos afrontan problemas económicos a causa de laudos laborales que los condenan a pagar millonarias sumas de dinero a ex trabajadores que los demandan.

Se calcula que todos esos municipios, incluyendo Mérida, han sido sentenciados a pagar alrededor de 100 millones de pesos.

Además, sobre varias comunas pesan órdenes de embargo, lo que podría derivar en que se queden sin recursos suficientes para atender las necesidades más urgentes de sus comunidades.

Para dar un ejemplo, las cuentas de Progreso se embargaron por un laudo que ordena el pagode $15 millones; Motul por $2 millones; Baca debe $100,000 a un ex empleado, y Conkal $350,000.

Oxkutzcab adeuda por laudos más de $2 millones y Mérida afronta cerca de 100 juicios laborales.

Yucatán | Municipios

Urgencia

El diputado local Bayardo Ojeda Marrufo, de extracción perredista, afirma que es urgente la intervención del Congreso del Estado para evitar quebrantos en los municipios.

Crisis económica

Muchos ayuntamientos están en crítica situación por los laudos.

En problemas 80 comunas

Los laudos superan ya $100 millones en total, advierten

Acanceh no es el único municipio con problemas de embargos por demandas laborales: son alrededor de 80 los ayuntamientos, incluyendo el de Mérida, con situaciones similares; incluso la mayoría ya con laudos por un total superior a $100 millones.

Bayardo Ojeda Marrufo, diputado local del PRD, considera que es urgente la intervención del Congreso del Estado para evitar más quebrantos a los municipios.

Entre otras cosas, sugirió que el Ejecutivo del Estado disponga de un fondo de recursos para rescatar a esos municipios.

En los últimos días se ha informado que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios embargó las cuentas bancarias de Acanceh, por un laudo en el que se ordena pagar más de $3 millones a nueve ex trabajadores del municipio, y que hay más autoridades municipales con el mismo problema de denuncias.

El diputado perredista recordó que en su oportunidad advirtió de esta situación grave y delicada que viven los municipios.

También recordó que incluso en la tribuna del Congreso, al denunciarla, se pronunció contra los embargos ordenados por ese tribunal a los municipios, porque va en detrimento de los serviciosque prestan los ayuntamientos.

“Al embargar las cuentas el presupuesto asignado al municipio ya no puede ser ejercido, dejando al Ayuntamiento imposibilitado para practicar las políticas públicas y sociales, y afectando de manera directa a los ciudadanos”, afirmó.

Ojeda Marrufo añadió que son 80 municipios con ordenes para embargar, cuatro de ellos gobernados por el PRD, (Xocchel, Seyé, Tepakán y Oxkutzcab) en espera de la acción legal; por eso urge se abra la posibilidad de legislar esta situación.

Por ejemplo, propuso que no cambien a los policías municipales cada vez que se inicia un Ayuntamiento; en todo caso, que sólo se releve a los altos mandos y se eviten despidos multitudinarios.

En el caso específico de Tekax, el perredista indicó que se incrementaron las denuncias por despidos injustificados a raíz de que la alcaldesa Consuelo del Carmen Navarrete Navarro despide sin razón a empleados, sólo porque no “simpatizan” con ella.

Ojeda Marrufo dijo que, “con todo respeto a la autonomía de los municipios por parte de la bancada perredista”, están conscientes de que los laudos deben cumplirse con apego a la ley y que hacen un llamado a las partes en estos procesos para llegar a un acuerdo que ponga fin a dichos procedimientos y, de ese modo, evitar el embargo de las cuentas.

“Consideramos necesario que el titular del Ejecutivo tome cartas en el asunto, a efecto de que se destine un fondo al rescate de estas entidades municipales en esta situación”, puntualizó.

El diputado insistió en que se legisle a fin de que en el presupuesto de egresos del último año de ejercicio se consideren las cantidades necesarias para liquidaciones, y evitar la ola de despidos por cambios de administración que desencadenan los juicios laborales que hoy tienen en jaque a las arcas municipales.- DAVID DOMíNGUEZ M.

Gobierno | Municipios con demandas laborales

El 80% de los municipios acumulan laudos de pagos millonarios por despidos.

Embargados

Las cuentas de Progreso se embargaron por un laudo que ordena el pago de $15 millones; Motul, por dos millones; Baca debe $100,000 a un ex empleado, y Conkal, $350,000

Convenio millonario

Valladolid resolvió su problema mediante un convenio para liquidar en pagos mensuales $15 millones por laudos en su contra.

Los más demandados

Oxkutzcab adeuda por laudo más de dos millones de pesos y además tiene aproximadamente 50 demandas en proceso.

Otro municipio con más demandas laborales es Mérida, con alrededor de 100 juicios aún en proceso.

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Embargan a una Comuna

Noticias de Yucatán ()

Retiran la cuenta pública de Acanceh por un lío labora

“Me dejaron en la lona, sin un peso”, afirmó ayer en esta ciudad José Faustino Tolosa Pool, alcalde de Acanceh, al denunciar públicamente que de manera ilegal le embargaron las cuentas del municipio y despojaron de $1.8 millones, por demandas laborales de nueve ex empleados.

“Edmundo Alzina Campos, presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, actuó de manera ilegal, porque teníamos un amparo que no respetó, y además esas cuentas son inembargables, son recursos públicos federales que llegan incluso etiquetados”, afirmó el alcalde.

En improvisada conferencia de prensa en el restaurante Manjar Blanco, el alcalde panista, acompañado de sus regidores, manifestó que su municipio atraviesa por una etapa crítica.

Tolosa Pool indicó que ni siquiera pudieron pagar la nómina completa de esta quincena, sólo les dieron una parte a los cerca de 400 trabajadores del municipio, y eso gracias al apoyo de la secretaría de administración y Finanzas del Estado.

La orden de embargo fue por una demanda laboral presentada contra el Ayuntamiento en 2007, cuando era alcalde Gregorio Dzul May, de extracción panista.

El alcalde admitió que el laudo del tribunal favoreció a los ex trabajadores y se ordenó al Ayuntamiento pagarles indemnizaciones, pero se trata de cantidades elevadas. Uno de los demandados calculó que cobraría alrededor de un millón de pesos.

Para evitar que por estos pagos se dejará sin recursos al Ayuntamiento, el presidente municipal explicó que promovió un amparo, pero Alzina Campos no lo respetó y contraviniendo la orden del juez federal embargó las cuentas y retiró el dinero que tenía el municipio.

La demanda de los ex trabajadores es por un total de tres millones 620 mil pesos, de los cuales ya se cobraron “de manera ilegal” anteayer jueves, un millón 800 mil pesos que tomó el tribunal de las cuentas embargadas.

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Embargo a una oficina del gobierno de Yucatán

Noticias de Yucatán

 (embargo, caso curioso, salud, lío laboral)

Fallo adverso tras un proceso por despido indebido 
Publicada:  6 enero 2012

  Empleados de la Secretaría de Salud del gobierno de Yucatán estuvieron encerrados más de dos horas mientras se realizaba una diligencia de embargo por un laudo laboral.

  Las puertas del edifico de la avenida Reforma, en la calle 72 entre 53 y 55, estuvieron cerradas para evitar un embargo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por una demanda de despido injustificado en 2006 entablada por el ex director administrativo del Hospital Psiquiátrico Yucatán Juan Heredia.

  El abogado Rodolfo García Ferrón, representante de la Junta de Conciliación y Arbitraje, tuvo a su cargo la diligencia ayer para el embargo de dos vehículos de la dependencia: una camioneta de transporte de personal y otro vehículo utilizado para las campañas de vacunación.

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Habría embargo en la Sidra Pino

Noticias de Yucatán

(huelga, conflicto, embargo, sindicato)

21 enero 2011

Empleados en paro podrían embargar las instalaciones

Trabajadores de la Sidra Pino y la bandera de huelga en la empresa (1)

El mercado de La Embotelladora Sidra Pino está garantizado en la Península de Yucatán y por ello los obreros ven con extrañeza que la empresa tenga problemas financieros.

Al mes, la compañía produce más de 30,000 cajas de refrescos en sus diferentes presentaciones y las vende en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

"La Sidra Pino es considerada la champaña del Estado y aún gusta a los yucatecos", dijo el secretario general de la Sección 118 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Refresquera, Raymundo Simá Paredes.

Afirmó que a dos años de la reapertura de la fábrica la producción iba muy bien, hubo nuevas presentaciones de refrescos en sabores toronja, jamaica, té, mango y limón, sin embargo, en noviembre empezaron los problemas económicos.

"Primero empezaron a faltar las botellas, la materia prima para la elaboración de los refrescos, cortaron la energía eléctrica a la planta y dejaron de pagar salarios", indica.

Hasta el día de hoy la Sidra Pino, propiedad del empresario Víctor Erosa Lizarraga, adeuda dos meses de salarios a 117 trabajadores y varias prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Erosa Lizarraga fue detenido en octubre de 2010 en la Siderúrgica de Yucatán durante un embargo que realizó el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por evasión fiscal.

Durante la intervención del SAT el dueño de la empresa intentó sacar de la empresa varias pistolas, tres de ellas calibre .45 milímetros y dos calibre 9 milímetros. Fue turnado a la PGR y luego liberado previo pago de una fianza de $10,000.

Simá Paredes aseguró ayer que la Sidra Pino debe más de $1.000,000 a sus trabajadores.

Como informamos, la huelga estalló en las primeras horas de ayer.

Simá Paredes convocó a una rueda de prensa al mediodía de ayer, sin embargo, la suspendió porque no había ningún acuerdo para solucionar la huelga.

"Estamos en negociaciones y en el proceso de embargar las instalaciones de la Sidra Pino", afirmó el dirigente.- Joaquín Chan Caamal

En contexto:

La huelga | Detalles

La principal demanda que motivó el paro es la falta de pago de salarios caídos:

Sin respuesta

"No han dado la cara, ni siquiera el representante legal Edgar Martín", declaró el líder sindical.

Retrospectiva

La huelga de la Sidra Pino es la primera de Yucatán en 2011, la primera en la administración de Ivonne Ortega Pacheco y la primera de la empresa en 44 años.

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Hallan otras anomalías

Noticias de Yucatán

(embargo)

31 octubre 2010

Ya están libres un empresario local y sus dos asistentes

Trabajadores de la Siderúrgica observan diligencias de embargo (1)

Luego del embargo de activos de la Siderúrgica el Sistema de Administración Tributaria halló presuntas irregularidades de la empresa con varios bienes que fueron comercializados después que se le notificó el procedimiento que impedía desajenarse de sus propiedades.

Entre los bienes que vendió la empresa figuran varios vehículos que estaban a nombre de la compañía y que, al parecer, fueron vendidos a empleados y directivos de la misma.

Sin embargo, el SAT determinó inicialmente que las operaciones no fueron legales, pues no se dio de baja a los autos y tampoco se realizó el cambio de propietario, de manera que legalmente siguen siendo de la empresa.

Por este motivo, el administrador del SAT en Yucatán, Mauricio Molina Bermúdez, no permitió que los automóviles salieran de las instalaciones después que concluyó la diligencia de embargo.

Aunque no se embargaron tampoco esos vehículos, los dueños deberán demostrar legalmente que ya están a su nombre para poder recuperarlos.

El SAT verifica el estado de otros bienes, incluso investiga si los terrenos de la empresa fueron vendidos, como se ha especulado.

Por otra parte, el Ministerio Público de la Federación concedió anteanoche la libertad bajo fianza al empresario Víctor Erosa Lizarraga, dueño de la empresa, quien había sido acusado de posesión de armas que le fueron decomisadas durante las labores del embargo .

También se concedió la libertad mediante fianza a Edgar Eduardo Martín Sánchez y Noemí Maricela Sobrino Ruiz, asistentes del empresario.

Cada uno pagó una fianza de 10,000 pesos, pues el delito del que se les acusa no es considerado grave.

Sin embargo, los tres enfrentarán todavía proceso, pues el Ministerio Público Federal determinó que ninguno tenía autorización para portar las armas.- Carlos Gebhardt Acosta; carlosg@megamedia.com.mx

En contexto:

Embargo | Siderúrgica

El SAT mantiene en resguardo los bienes asegurados a la Siderúrgica Yucateca

Horno

Entre los bienes asegurados hay relojes, lanchas y automóviles, además de maquinaria y el "horno" de la propia empresa.

Devolución

Para el SAT, las bodegas, el terreno y la maquinaria de la empresa si son suficientes para cubrir el monto del adeudo de la compañía al fisco, que es de aproximadamente $440 millones

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"Pobres de la noche a la mañana"

Noticias de Yucatán

(embargo, evasión, empresarios)

29 octubre 2010

Bajo investigación varias empresas del Estado por evasión

Instalaciones de la Siderúrgica, en la carretera a Progreso, a donde llegaron ayer policías federales (1)

Luego del embargo de la Siderúrgica de Yucatán y de la detención de su propietario Víctor Erosa Lizarraga, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda, advirtió que esa empresa es sólo una de grandes compañías locales que han evadido al fisco en los últimos años.

El titular del SAT en Yucatán, Mauricio Molina Bermúdez, informó que hay denuncias penales contra empresarios yucatecos que se han vuelto "pobres de la noche a la mañana" incurriendo en conductas delictivas para evitar multas o embargos de sus bienes cuando hay procesos en su contra.

El funcionario señaló que hay aproximadamente diez denuncias de ese tipo y algunas ya están en manos de jueces de Distrito, casi listas para que se emitan las órdenes de captura contra los defraudadores.

-Hay casos en que las empresas o bienes son vendidos en cantidades irrisorias y esa conducta es motivo de procesos penales porque incurren en delitos graves -subrayó.

En el caso de la Siderúrgica, dijo que se analizará si Erosa Lizarraga vendió la empresa cuando ya no podía hacerlo.

Según se informó, la diligencia practicada ayer, con apoyo de la policía federal, fue por un adeudo con el SAT de 440 millones de pesos en las dos compañías registradas ante Hacienda: Siderúrgica de Yucatán y Siderúrgica Yucateca.

29 octubre 2010 | Comentar 0 | Imprimir | Enviar |

Por millonario adeudo
La Siderúrgica no habría hecho pagos a IMSS e Infonavit

Parte del movimiento que se registró a las puertas de la Siderúrgica de Yucatán, donde Hacienda ejecutó un embargo a causa de multimillonario adeudo (1)

Funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargaron la mañana de ayer la Siderúrgica de Yucatán por un adeudo multimillonario, según se dijo en el lugar.

La operación comenzó poco antes de las 11 de la mañana. Los funcionarios llegaron en varios vehículos acompañados de tres patrullas de la Policía Federal con agentes que estaban encapuchados y portaban armas largas de grueso calibre.

La operación llamó fuertemente la atención de guiadores, debido a que los vehículos de los policías fueron atravesados en las puertas de la Siderúrgica.

Minutos más tarde llegaron agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), dependencia con la que la empresa tiene un millonario adeudo por cuestiones de multas por daños al ecosistema.

Al principio no se permitió la entrada del personal del SAT para ejecutar el embargo.

"Tenemos la orden, incluso de usar la fuerza publica", dijo Mauricio Molina Bermúdez, jefe de recaudación fiscal del SAT.

Mas tarde pudieron entrar al inmueble.

A partir de las 11 de la mañana la Siderúrgica, ubicada en el kilómetro 8.5 de la carretera Mérida-Progreso, quedó sellada, nadie podía entrar o salir.

En el interior quedaron varios vehículos, entre ellos un Verna, un Chevy, una camioneta y dos lanchas, una de ellas de las rápidas que estaba tapada con una lona en una cochera.

Algunos de los vehículos son propiedad del personal administrativo. Para recuperar los vehículos tendrán que demostrar su propiedad, de lo contrario también se pondrán a remate, ya que se considerarán bienes de la empresa.

Dos empleados intentaron salir del edificio, pero fueron retenidos a las puerta del inmueble. Se les revisó y regresaron a los patios.

Molina Bermúdez indicó que el embargo se realizó porque la Siderúrgica de Yucatán tiene un adeudo multimillonario con dos oficinas de gobierno. Antes del embargo, aseguró, se enviaron dos oficios de notificación para que se cubra la deuda.

"Llegamos preparados para realizar el embargo para que se asegure el pago. Traemos cizallas, un cerrajero y agentes de la Policía Federal".

Molina Bermúdez afirmó que ni con la maquinaria o con los bienes que hay dentro de la Siderúrgica alcanza para cubrir el adeudo que tiene la empresa. Fuentes extraoficiales indicaron que la deuda ascendería a 450 millones de pesos. La cantidad no fue confirmada por las autoridades fiscales.

El funcionario dijo que los bienes que se aseguren estarán 15 días en custodia antes de que se pongan a remate: "Se le dieron a la empresa todas las facilidades y no respondió".

El funcionario federal dijo que en caso de que con los bienes que se embarguen a la Siderúrgica no alcancen a cubrir la deuda, que es lo más seguro, se procederá penalmente contra Víctor Manuel Erosa Lizarraga, propietario del negocio, y también contra los socios y apoderados legales de la empresa.

"Así lo marca la ley", expuso el representante del SAT.

Molina Bermúdez señaló que desde ayer el inmueble está custodiado por agentes federales. Además, como medidas de seguridad, no se permitirá el acceso a personas no autorizadas y se cambiarían las cerraduras.

Todos los bienes fueron asegurados con sellos del SAT.

En el lugar corrió el rumor de que la empresa tiene una fuerte deuda con el Infonavit y el IMSS. Incluso el Seguro Social desde hace unos meses suspendió las consultas a empleados de la empresa por la falta de pago.

29 octubre 2010 | Comentar 0 | Imprimir | Enviar |

Largo historial de problemas antes del embargo
Huelgas, deudas, multas, rumores y despido de personal

Accidentes fatales, huelgas, millonarias multas y deudas con el IMSS y el Infonavit, despidos masivos y el rumor de que el inmueble había sido vendido a una prestigiada cadena de tiendas departamentales, fueron la antesala del embargo de la Siderúrgica que fue ejecutado ayer por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En 2008 la empresa fue multada con $2.5 millones por la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente (Profepa), porque luego de un estudio se determinó que emitía gases contaminantes que afectaban a por lo menos 500 familias, principalmente de Cordemex.

De 2006 a 2008 hubo tres huelgas de empleados que exigían mejores condiciones laborales y medidas de seguridad. Luego de una negociación con el sindicato la plantilla laboral regresó a sus labores cotidianas.

La Siderúrgica ha sido escenario de accidentes fatales.

El 24 de octubre del año pasado ocurrió el más reciente, cuando una celda defectuosa de uno de los hornos eléctricos tuvo filtración y generó una reacción química que devino en una explosión que aventó a tres trabajadores cuatro metros de distancia y fueron rociados con la fundición de chatarra convertida en líquido. Lo anterior ocasionó la muerte de Jorge Gutiérrez López, de 52 años, quien recibió en su cuerpo el líquido ardiente a manera de lava que le ocasionó quemaduras en el 90% de su cuerpo. Dos empleados más resultaron lesionados.

En enero de este año comenzó el recorte masivo de empleados. La plantilla original era de 340 personas. Hasta ayer nada más laboraban unas 130 personas.

Este año se rumoró la venta del inmueble a una cadena comercial con presencia nacional, la venta sería de 20 millones de dólares. La cadena lo desmintió.

Durante la operación de ayer la Policía Federal detuvo a Víctor Erosa Lizarraga, dueño de la empresa, como informamos en nota aparte. Es la segunda ocasión que es capturado por la policía. La primera vez, como publicamos, fue por fraude contra la cooperativa Únicos, de la que fue socio fundador.

Erosa Lizarraga fue socio de la refresquera Sidra Pino, que también quebró.

Los empleados indicaron que desde hace meses les suspendieron los servicios médicos en el IMSS y hay adeudos con el Infonavit.

Antes del embargo de ayer la Siderúrgica tenía casi tres meses en paro técnico, debido a que nada más un limitado número de empleados laboraba en la empresa, principalmente personal administrativo.

Desde julio dejó de recibir materia prima y construir varillas, su principal producto.

Desde años atrás la empresa fue blanco de quejas vecinales por las partículas contaminantes que emitía.

Luego de un estudio, la Profepa le impuso una sanción económica por considerar que las partículas que emitía eran dañinas para la salud de los vecinos de los alrededores.

29 octubre 2010

Detectan armas en la Siderúrgica

Detenidos el dueño de la empresa y dos de sus colaboradores

Agentes federales revisan las armas decomisadas en la Siderúrgica (1)

Durante el embargo contra la Siderúrgica, agentes federales detuvieron al dueño de la empresa, Víctor Erosa Lizarraga, por posesión de armas de fuego de grueso calibre.

Junto con el empresario fue detenido uno de sus colaboradores, al parecer su contador -por esconder las armas-, y otro allegado suyo por obstaculizar la diligencia.

Según el informe oficial, Erosa Lizarraga intentó sacar de la empresa varias pistolas, tres de ellas calibre .45 milímetros y dos calibre 9 milímetros.

Las armas estaban en una de las oficinas y cuando el empresario se percató de la llegada del personal del SAT y de los agentes federales, ordenó a su colaborador que pusiera las armas en un maletín negro.

Luego, el empleado colocó el maletín en un vehículo Dodge Verna e intentó salir junto con Erosa Lizarraga, pero los agentes federales revisaron el automóvil y al descubrir las armas detuvieron a ambos debido a que son pistolas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

Poco antes los policías federales habían detenido a otro colaborador de Erosa Lizarraga porque bloqueó el acceso a Mauricio Molina Bermúdez, administrador del SAT en Yucatán.

El funcionario dijo que la detención de estas tres personas fue un procedimiento independiente de la diligencia, de manera que tendrán que responder ante otra autoridad. Los detenidos fueron remitidos a la PGR.- Carlos Gebhart Acosta

En contexto:

Detención | Armamento

La Policía Federal intervino porque son armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

Esposado

Víctor Erosa, dueño de la Siderúrgica fue esposado porque admitió que las armas eran suyas, aunque dio varias versiones, incluso dijo que eran de colección.

Fuero federal

Erosa y dos colaboradores quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, aunque no están acusados de delitos graves, de manera que salen bajo fianza.

29 octubre 2010

En incertidumbre laboral

Fueron retirados tres meses, regresan y la empresa está cerrada

Un empleado del SAT toma datos de una de las dos lanchas que se hallaron en la Siderúrgica durante el embargo (1)

Por lo menos 120 empleados de la Siderúrgica, que fue embargada ayer por personal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), no saben cuál va a ser ahora su suerte.

Aseguraron que desde julio fueron retirados de sus labores, les dijeron que en un mes regresarían a trabajar debido a que se iba a dar mantenimiento a la maquinaria y no se requería mucha producción.

Durante julio, agosto, septiembre y la primera quincena de octubre estuvieron recibiendo nada más el 50% de su sueldo.

"El patrón dijo que no había mercado para las varillas debido a las inundaciones de Tabasco y Veracruz", indicó Braulio Espadas, uno de los trabajadores.

Ayer a las 12 del día fueron citados para reincorporarse a sus labores. Sin embargo, al llegar se encontraron con el inmueble embargado.

Manuel González Echeverría es de los más veteranos de la compañía, tiene 20 años de laborar en la Siderúrgica y se desempeña como mecánico.

Ahora dice que no sabe qué va a pasar. Los empleados no sabían que personal del SAT estaba realizando un embargo de los bienes del inmueble.

"¿Qué pasó, qué pasó, hubo otro accidente?", preguntó al reportero del Diario González Echeverría cuando vio a los policías encapuchados a las puertas del negocio.

Cuando los policías le impidieron el acceso porque el inmueble estaba asegurado preguntó si sobraría algo para liquidar a los trabajadores.

"No lo creo jefe", le contestó un funcionario del SAT.

Uno a uno iban llegando a la empresa los empleados y crecía la incertidumbre.

"Ahora no sabemos qué va a pasar con nosotros", dijo José Luis García Zunza, con 10 años de labores en la empresa.

Un grupo de empleados se quedó para ver las diligencias de los funcionarios federales e informaba sobre el embargo a sus compañeros.

Según dijeron, irán a la Procuraduría del Trabajo para buscar ayuda.

"Era un buen negocio, pero no lo supieron administrar", dijo con la mirada perdida García Zunza. Según los empleados en menos de un año pasaron de 300 empleados a 120.

"El problema es que la empresa no adquirió nuevas máquinas e iba perdiendo terreno en el mercado", indicó Gabriel Canché García, otro de los empleados.- D.Ch.C.

En contexto:

Siderúrgica | Adeudos

Los empleados atribuyen los problemas de la Siderúrgica a una mala administración:

Millonaria deuda

Se habla que la deuda ascendería a unos 450 millones de pesos. Sin embargo, esta cantidad no fue confirmada por las autoridades.

Buenos tiempos

En sus mejores tiempos la Siderúrgica producía 100 toneladas de palanquilla, que se utiliza para la producción de varilla corrugada. La plantilla era de 300 obreros y 40 técnicos de capacitación.

29 octubre 2010

Se ofrece a ser el mediador

Preocupa a la jefa del Ejecutivo la pérdida de empleos

La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco declaró que el embargo a la Siderúrgica de Yucatán es un procedimiento federal, donde el gobierno del Estado no tiene injerencia, aunque ofreció que el Ejecutivo estatal pudiera ser mediador para llegar a una solución, ya que son 300 los empleos que se podría perder.

En relación con las armas decomisadas a Víctor Erosa Lizarraga, dueño de la empresa, dijo que la información que tiene es que son de colección.

"La Siderúrgica tenían un proceso de embargo, obviamente es una aplicación federal, nosotros nos enteramos por el movimiento de la policía federal", dijo.

En relación con los 300 trabajadores de la Siderúrgica que perderán su empleo, reiteró que el gobierno del Estado podría ser mediador para resolver el problema, a fin de que no se pierdan esas fuentes de empleo.

"Al final de cuentas es algo que se tiene que solventar, por lo que tengo de conocimiento, pero podemos ayudar en la asesoría y obviamente lo que nos interesa a nosotros es que estos empleos no se pierdan porque sería muy lamentable, acabamos de crear 60 ahorita y perderíamos 300 ahí".

En caso de que los trabajadores sean despedidos, añadió, sin duda será conforme a la ley.

En relación con las armas, la gobernadora dijo que, al parecer, que se trata de armas de colección, pero debido a que no es de ingerencia estatal, no se tiene la información y no pudiera dar los datos exactos, "pero esperamos que pueda solucionarse para bien de todos", comentó.

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