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La última vez que Adrián Gómez Jiménez recibió un castigo físico fue hace casi 17 años: entre cuatro ó cinco elementos judiciales le metieron sus pies en una cubeta con agua, y luego sumergieron unos cables que conectaron a un enchufe para propinarle descargas eléctricas.
El originario del paraje El Romerillo, municipio indígena de San Juan Chamula, en la región Altos de Chiapas, ya no soportó más, debido a que durante tres días lo maltrataron y esa fue la "estocada final"; su cuerpo y su mente se desconectaron.
Aparte, luego de su detención --el 3 de febrero de 2004-- lo mantuvieron en calidad de arraigado en un lugar conocido como "Pitiquito", en la ciudad de Chiapa de Corzo, donde por un mes continuó la tortura sicológica, pues tenía que confesar que participó en un secuestro. De hecho, no le quedó más que aceptar el delito achacado en su contra, tras estampar su firma en un documento.
"¡Aquí te callas, pinche indio, porque aquí nosotros hacemos las preguntas y tu deber es contestar!", fue una de las frases que a él lo marcaron durante su arbitraria detención. Las amenazas continuaron, le decían que le iría mal y que, desde luego, sabía lo que le sucedería si contradecía a la autoridad.
Adrián -de 40 años de edad- y una de sus dos hermanas, Pascuala, abren a La Silla Rota las puertas de su casa, en el Barrio de Tlaxcala en San Cristóbal de Las Casas, donde han radicado desde hace tres décadas e, incluso, pusieron sus esperanzas para progresar como familia luego de intentar escapar de la pobreza.
Ahí, entre escombros que él mismo ha tratado de ordenar a dos meses de su liberación y una vivienda que no rebasa los 10 metros cuadrados, tiene piso de tierra y está construida con un poco de block, lámina, cartón, nylon y madera "que está a punto de caer", confiesa que se siente triste, pues le acabaron su vida.
Eso se refleja a diario, pues para "medio comer", él y sus hermanas salen en busca de botellas de plástico u otros materiales que puedan canjear por un poco de monedas y, al menos una vez al día, llevarse algo al estómago. En el caso de sus consanguíneas, también laboran en casa de una vecina, pero les paga poco.
DE PRISIÓN EN PRISIÓN
Sin una sentencia, debido a que ésta llegó hasta el 21 de febrero del año 2019, Adrián cuenta que primero fue llevado a la extinta cárcel de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez; luego a "El Amate", en Cintalapa, y desde el 2017 estuvo en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 en San Cristóbal.
Por ello, el varón de alrededor de 1.50 metros de estatura externa que "la justicia no existe, lo comprobé en carne propia, en vida; más bien la justicia la construimos desde la lucha, desde tus esfuerzos, cuando alzas la voz y te pueden escuchar".
Con esta convicción, él y otras 17 personas, también provenientes de pueblos originarios de la geografía chiapaneca, crearon una organización en "El Amate" para exigir justicia, bautizada como La Voz Verdadera del Amate, en el año 2015; tras cambiarlo al CERSS 5, la batalla continuó, pues no solo mantuvo una huelga de hambre por al menos tres meses junto a otros compañeros, sino que conformó otra agrupación: La Voz de Indígenas en Resistencia.
Como el gobierno se dio cuenta que ese grupo "tenía músculo", logró que su caso fuera agilizado, y no solo él sino otros reclusos organizados (acusados de delitos graves) obtuvieron la libertad.
LOS HECHOS
Adrián fue detenido cuando se dirigía a ver a un curandero en la comunidad Saclamantón, de San Juan Chamula. En ese viaje, lo acompañaron otros conocidos, entre ellos Felipe y Agustín.
"Paramos un taxi, nos haría un viaje redondo por 100 pesos, llegamos al lugar, pero no hallamos a la persona; cuando retornábamos, de pronto se nos atraviesa un coche, y se bajaron unos hombres para preguntarnos qué hacíamos ahí".
En ese momento, los presuntos policías les advirtieron que un ciudadano estaba en calidad de desaparecido, y que su automóvil fue hallado con manchas de sangre en esa misma región, lo que los hacía sospechosos.
Eso provocó que no solo él, sino sus acompañantes y el propio taxista que los trasladó, pasaran varios años en prisión, pero antes los mantuvieron por algunas horas en la Presidencia de San Juan Chamula, donde los amenazaron con lincharlos.
"Ahí también nos golpearon los policías, y luego nos mostraron una garrafa con gasolina, como para intimidarnos; ´Esto es lo que te pasará si no hablas´, me dijo uno de ellos, pero le respondimos que no sabíamos nada".
UN COCTEL DE VIOLENCIA
Adrián se toma un momento para explicar, a detalle, los golpes que le propinaron desde el primer día, hace casi 18 años, desde patadas y puñetazos en todas partes del cuerpo; asimismo, relata cómo fue vendado de manos y ojos para que continuaran los castigos corporales, como golpes en sus costillas.
Incluso, para ahogarlo, le metieron una bolsa en su cabeza; también le aplicaron el "tehuacanazo" y chile, hasta rematarlo con descargas eléctricas que lo doblaron.
Pero se enfrentó a otras barreras, pues hablaba poco el español y la mayor parte de la comunicación que podía sostener era en su lengua natal, el tsotsil; sin embargo, en ningún momento las autoridades de justicia le proporcionaron un traductor o alguien que le ayudara a comprender lo que le decían; mucho menos vio una orden de aprehensión.
De acuerdo con el informe titulado "Romper el miedo", análisis sobre impactos y consecuencias de la tortura a víctimas y sobrevivientes indígenas de Chiapas, elaborado por el "Frayba" y presentado en marzo del año pasado, las personas indígenas detenidas y procesadas penalmente enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de escasez de intérpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas o conozcan las culturas indígenas.
¿Y LOS TRADUCTORES Y DEFENSORES?
Además, una vez que fue presentado en la Fiscalía de Justicia de Tuxtla, a Adrián y a los demás les cambiaron o aumentaron delitos: de homicidio ahora los acusaban de plagio de otra persona diferente a la primera (esta vez identificada como Roberto Liévano Nájera), robo de vehículo y delincuencia organizada. Lo peor es que la parte agraviada nunca se presentó, por lo que Adrián fue un "chivo expiatorio".
Para colmo, los abogados de oficio no le dieron esperanzas, pues le advertían que su caso estaba "muy complicado", hasta que otras ONG lo protegieron, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Grupo de Trabajo "No Estamos Todxs".
Del castigo físico y sicológico, Adrián vivió otra pesadilla: el alejamiento de sus hermanas y hermanos, pero no porque no lo quisieran, sino porque carecían de dinero para viajar hasta Cintalapa, y visitarlo. Así transcurrieron varios años, hasta que llegó a la penintenciaría sancristobalense.
Si vio la luz de nuevo, es porque Gómez Jiménez solicitó un amparo ante la falta de pruebas para inculparlo y las flagrantes violaciones a sus derechos humanos durante su proceso, lo que motivó a los jueces a que le otorgaran su libertad y no cumpliera dos décadas de encierro, como quedó asentado en la sentencia original (saldría libre hasta el 2024).
En la actualidad, Adrián, quien manifiesta su deseo por formar una familia, está en busca de empleo, pero tiene que esperar un poco porque, tras el encierro, se tiene que regularizar su situación legal, primero, para que le puedan proporcionar su credencial de elector.
Además, tratará de desempeñarse en lo que pueda, aunque no sea precisamente en lo que sabe hacer, la albañilería, oficio que aprendió de su padre, o el de elaborar hamacas, cuyos conocimientos los adquirió en la cárcel. "Quiero estudiar más, porque en el encierro hice mi primaria y secundaria; quise hacer la prepa, pero no me alcanzaba el recurso", comenta Adrián, quien está consciente de que sufre los estragos de los golpes recibidos.
Lo que sí desea es que el Estado mexicano cumpla con resarcirle el daño, y que además le ofrezcan una disculpa pública, pues nunca le comprobaron su participación en los delitos.
"Seguiré en la lucha, ayudando a quienes están presos de forma injusta, y que por desgracia les tocó ser indígenas, pobres", pero esta vez lo hará a través de otra agrupación: Familias Unidas contra la Tortura, formada el pasado 8 de octubre.
CHIAPAS: LA TORTURA ES UNA PRÁCTICA COMÚN
Hasta abril de 2018, según el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social) las entidades con mayor número de personas indígenas en situación carcelaria eran: Puebla, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Guerrero.
Entre otro dato "aterrador", según la Encuesta Nacional Privada de la Libertad (Enpol) de 2016, Chiapas aparece como una entidad con una alta prevalencia de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y/o degradantes.
Además, el informe de "World Justice Project" refiere que, en esta entidad del Sureste mexicano, el 24.7 por ciento de las personas privadas de su libertad fueron aprehendidas en flagrancia, y de este grupo, al 69% las sometieron a malos tratos y a tortura.
Solo el 14.4%, añade el reporte, dijo que fue detenida con una orden de arresto, y de este grupo, 57% indicó que fueron sujetos a malos tratos o tortura durante la captura. Además, poco más de la mitad (52%) expuso que las agarraron sin flagrancia y sin orden de aprehensión.
"Esta categoría, que permite presumir la recurrencia de las detenciones arbitrarias, es la que presenta una prevalencia de tortura más alta: 81 puntos porcentuales", indica el "World Justice Project", plasmado en el informe del "Frayba".
