Nunca fueron detenidos y siguieron el juicio en libertad porque los delitos que les atribuyeron no son considerados graves. Ningún funcionario fue involucrado oficialmente en los hechos.
El abogado José Enrique Gutiérrez López, cónsul honorario de Holanda, quien leyó en el portal del Diario que el Calín recibió una sentencia de menos de un año con derecho a fianza para evadir la cárcel, considera que el castigo no es justo, es suave, “porque a mí casi me matan”.
El abogado no piensa apelar la sentencia ni interponer amparo, “porque sería inútil tratar de combatir un expediente a modo elaborado por el Ministerio Público”.
Tampoco quiere convertirse en cómplice de la autoridad, dice, “porque la averiguación previa la armaron para que perdieran los denunciantes y para proteger a los acusados de la agresión”.
Contra la sentencia del juez no hay nada qué hacer, considera. “Sin embargo, lo que verdaderamente valió la pena fue la condena social, porque toda la sociedad supo perfectamente que Yucatán y Mérida estaban gobernados por personas ineficientes que sólo actuaban en beneficio propio y de su partido”.
“Nosotros exigimos justicia en otros foros. No me importa la sentencia judicial porque la sociedad sabe perfectamente lo que pasó”, dice. “Con la sentencia social es suficiente. Vale más el peso del ciudadano que el de la autoridad que manejaba los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que están del mismo lado y por ello no puede haber justicia para el ciudadano”.
El abogado, quien luce una imagen renovada -se cortó el cabello largo que cuidó varios años-, insiste que es inútil actuar contra el expediente porque desde el principio de las denuncias vieron que lo armaban a modo para que salieran libre los agresores y no pisaran la cárcel. Desde el principio las autoridades no hicieron caso a las denuncias y testimonios de las víctimas, que tuvieron que recurrir a recursos legales para que les dieran información del expediente, pero ni los juzgados de distrito les favorecieron.
“Seguir un expediente a modo es hacerse cómplice de la autoridad”, recalca. “Vimos que el Ministerio Público quería que hiciéramos lo que él querían, por eso abandonamos el expediente. Nos pedían careos con Calín, ¿qué voy a hacer si sólo está por delitos menores? Con un expediente a modo, pierdes”.
Injusticia
“La sentencia que se ha dictado en este expediente es injusta. El mismo procedimiento ha sido injusto. No se siguieron los trámites adecuados, se les impusieron delitos menores”, reitera. “Nosotros denunciamos robo agravado, lesiones graves, casi intento de homicidio en mi contra, abandono de la autoridad porque no atendió a los heridos cuando se le pidió y por no dar la fuerza pública. Cualquier sentencia es menor para lo que hicieron”.
Gutiérrez López sostiene que la golpiza del 4 de julio ha demostrado que la aplicación de la justicia es lenta, no es pronta ni expedita y que las diligencias están dirigidas y no buscan la correcta aplicación de las leyes.
“La sentencia a los autores materiales no me deja satisfecho. Así fueran dos o tres años de cárcel. A los lesionados lo que nos importaba era que se buscara a los autores intelectuales”, indica. “Sabemos quiénes son y la misma autoridad impidió que los denunciáramos”.
“Cuando Pedro Torre y yo interpelábamos para que los denunciados dijeran quiénes los mandaron al lugar, la misma autoridad impedía que respondieran”.
“Hay protección para los 70 pelafustanes que nos golpearon”, insiste. “Una justicia bien impartida hubiese sido someter a juicio a los autores intelectuales. Fue grave lo que planearon, ordenaron e hicieron, tal como lo muestran las fotos, videos y testimonios de la gente que estuvo en el lugar”.- Joaquín Chan.
4 de julio | Mérida
El cónsul recuerda que “absurdamente” a ellos señalaban como agresores.
Autores intelectuales
Responsabiliza a la entonces alcaldesa, Angélica Araujo Lara, porque era la primera autoridad de la ciudad. Luego a los que presuntamente dieron la orden de ataque. “Hay quienes dicen que fueron el Oficial Mayor (Gaspar Quintal) y la gobernadora (Ivonne Ortega), por eso no llegó la policía”.
Complicidades
En este caso hubo una red de complicidades y esta misma red, con ciertas maquinaciones de tipo político, sacó de la jugada en definitiva a Angélica Araujo en sus aspiraciones a la gubernatura, señala.
Disculpa pública
“La ex alcaldesa debió dar una disculpa pública a los meridanos y renunciar a su cargo, pero fue premiada con una senaduría”.
Una “burla” que abre paso a la impunidad
La sentencia sienta un mal precedente, dice una activista
Como una burla para la sociedad calificó ayer la activista Patricia McCarthy Caballero la sentencia judicial de menos de un año contra los agresores de ciudadanos que protestaban contra la construcción del paso deprimido de Prolongación Paseo de Montejo, el 4 de julio de 2011.
“Está desproporcionada para los hechos que ocurrieron”, indicó. “La autoridad le abre paso a la impunidad cuando no aplica un castigo fuerte para delitos graves que cometieron esas personas”.
La integrante del Frente Cívico Familiar recordó que ella estuvo en el lugar de la agresión, recibió golpes y agresiones verbales, y saben que al Calín alguien lo mandó y ordenó dirigir la golpiza.
“Las autoridades están premiando al principal golpeador y obviamente se le da un espaldarazo a los que lo contrataron”, señaló. “Están mandando un mensaje a los golpeadores para que reincidan, que vuelvan a golpear porque finalmente el sistema los protege”.
Recordó que después de las agresiones del 4 de julio varios activistas lesionados quisieron denunciar a los responsables intelectuales, entre ellos a la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y la alcaldesa Angélica Araujo Lara, ambas del PRI, pero no les aceptaron sus denuncias contra ellas. Incluso, promovieron juicios políticos contra las dos en el Congreso del Estado, pero los diputados de su partido desecharon esos recursos.
“Todo mundo cree que detrás de los hechos del cuatro de julio estuvieron la gobernadora y la alcaldesa porque hubo varias circunstancias que así lo dejan entrever”, recalcó. “Ivonne Ortega debió garantizar la seguridad de los ciudadanos que estaban en su legítimo derecho a la manifestación y de protestar pacíficamente por una obra que era rechazada en una zona muy preciada para Mérida”.
Patricia McCarthy afirmó que no había motivos para la salvaje agresión de ese día porque los ciudadanos hacían uso de su libre expresión de ideas.
En su opinión las autoridades ministeriales y judiciales no tuvieron nunca la intención de llegar al fondo del caso y menos sancionar a los que ordenaron el ataque.
“Sentaron un mal precedente y no sólo es una burla esa sentencia sino que es un espaldarazo a los autores intelectuales”, reiteró la activista.
Castigo lejos de la cárcel
Conceden libertad condicionada a tres agresores
En una de las dos denuncias por la agresión que sufrieron en julio de 2011 los ciudadanos que se oponían a la construcción del paso deprimido, la mayor condena fue de nueve meses de prisión, pero a los acusados se les concedió el derecho a pagar 5,000 pesos de fianza para no pisar la cárcel.
El Juzgado 6o. Penal emitió la sentencia en junio pasado por los hechos violentos ocurridos el 4 de julio de 2011.
Los sentenciados son Juan Carlos Herrera Chalé (Calín), su hermana María Teresa y Diego de la Rosa Rodríguez. El primero recibió nueve meses de prisión y los dos últimos seis meses.
Fueron acusados de diversos delitos, ninguno grave, como señaló la Fiscalía General en su consignación.
Además del tiempo en prisión los inculpados fueron multados con $567.
El tiempo en la cárcel, de acuerdo con la ley, permite beneficios. Por tanto, la condena puede sustituirse por una multa de $3,969, más los $567 iniciales. También pueden optar por pagar $5,000 como libertad condicionada.
Si optan por lo primero, pero no tienen dinero, pueden realizar 90 jornadas de trabajo en favor de la comunidad y en los sitios donde el Ayuntamiento decida, de acuerdo con un reglamento de Prevención Social del gobierno del Estado.
Hace tres meses que se llevó al cabo la última audiencia en este caso. La denuncia fue promovida por Israel Tamayo y el abogado Enrique Gutiérrez López, notario y cónsul honorario de Holanda.
La agresión, como informamos en su oportunidad, se hizo con premeditación, y la salvaje golpiza ameritó la hospitalización de varios inconformes.
Detrás de los agresores físicos había varios funcionarios que, cuando menos, no impidieron el ataque.
Aún no se dicta sentencia por otro expediente, derivado de los mismos hechos, pero denunciado por otras personas, entre ellas Orlando Pérez Moguel y Alejandro Torre López.- Rudesindo Ferráez García
Sentencia | Pago
Pese a la naturaleza de los delitos, los agresores recibieron baja condena.
Para Calín
La condena para Juan Carlos Herrera Chalé fue de nueve meses de prisión.
Dos acusados más
María Teresa Herrera Chalé, hermana de Calín, y Diego de la Rosa Rodríguez recibieron seis meses de cárcel.
Multa
A los tres se les condenó además al pago de $567.
Notificacion
Aunque la sentencia tiene fecha 27 de junio, hace apenas unos días que se les dio a conocer a los acusados, quienes gozaban de libertad.
Nunca pisaron la cárcel
Los sentenciados nunca fueron aprehendidos, pues los delitos que les atribuyen son de “pena alternativa”, es decir, se les puede imponer tiempo en prisión o multa. Se aplica lo que más beneficia al acusado.
Otro expediente
Aún sigue sin sentenciarse otro expediente, por los mismos hechos, pero con otros denunciantes.
Inconformidad
Los sentenciados pueden inconformase con la condena.
