Sociedad
La Fiscalía General del Estado recibe unpromedio de 2,000 denuncias al año por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, informa la titular de esa institución, Celia Rivas Rodríguez.
De ese total, explica, aproximadamente el 55 por ciento se resuelve desde la primera instancia, mediante acuerdo de las partes, y esto evita su llegada a los juzgados.
En amplia entrevista en sus oficinas de la Fiscalía, la maestra Rivas Rodríguez subraya que el nuevo sistema de justicia penal trajo grandes beneficios en ese tema, pues se acortó el proceso para llegar a una resolución y se impusieron más herramientas para protección de los hijos de la pareja en conflicto, como la posibilidad de embargar propiedades del deudor alimentario cuando se niega a cumplir.
Sobre el número de denuncias de este tipo en los últimos años, la fiscal indica que al menos en lainstitución a su cargo se ha mantenido estable, considerando que la población es cada vez mayor.
De acuerdo con sus estadísticas, desde su llegada a la Fiscalía en 2012 las denuncias aumentaron en un 20 por ciento, pero insistió en que se le puede considerar un porcentaje estable porque también ha crecido el número de habitantes.
“Desde que se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres ha sido recurrente el tema de las denuncias”, enfatiza. “Hemos sentido que aumenta, por supuesto, desde que hay una mujer al frente de la Fiscalía. Creo que esto es una situación normal porque hay confianza en que las denuncias serán atendidas en el marco de la ley, pero con mayor sensibilidad”.
La funcionaria también se refiere a las órdenes de arresto contra padres incumplidos. Este año el número es considerablemente menor que en períodos anteriores, porque el nuevo sistema privilegia el acuerdo.
En lo que va de 2014 la Fiscalía General del Estado ha ejecutado 160 órdenes de aprehensión por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, una cantidad baja si se le compara con años anteriores.
Sin embargo, eso no significa que haya menos denuncias o que se haya bajado la guardia en las órdenes de arresto: es resultado de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, que facilita los acuerdos para garantizar protección a los menores que tienen derecho a los alimentos.
La fiscal general del Estado, Celia Rivas Rodríguez, explica en una entrevista que se mantiene el promedio de 2,000 denuncias al año por ese delito ante la institución a su cargo. El 55 por ciento se resuelve mediante acuerdos.
“Con el sistema tradicional se ejecutaban órdenes de aprehensión”, añade. “Desde que iniciamos nuestro trabajo en la Fiscalía (en octubre de 2012), el número de órdenes aumentó prácticamente en un 100 por ciento”.
“En 2013 ejecutamos 404 por incumplimiento de asistencia familiar, pero en lo que llevamos de este año son 160, considerando que en muchos municipios ya se aplicaba el nuevo sistema de justicia penal”.
La entrevista con la maestra Rivas Rodríguez forma parte de un reportaje vinculado con la otra cara de festejos como el Día del Padre. Ayer publicamos datos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) sobre maltrato infantil, cometido en la mayoría de los casos por el padre y la madre, y declaraciones de una jueza de oralidad familiar sobre la situación en que quedan los hijos en casos de divorcio.
La fiscal general también formula los siguientes conceptos:
-Desde que se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres se ha dado especial atención a este tema tan delicado, porque desgraciadamente muchos papás no entienden que dejan de ser pareja pero no dejan de ser papás. A veces, en medio de sus problemas, una manera de agredir o molestar a la ex pareja -y lo digo porque puede ser hombre o mujer- es dejar de pagar la manutención, esta pensión alimenticia que es un derecho de los niños, no de los papás que tengan la custodia de los menores.
-Con el nuevo sistema de justicia penal se acortan los tiempos. Si bien es cierto que con el sistema tradicional se podían ejecutar órdenes de aprehensión, también lo es que los papás podían salir de prisión consignando cierta cantidad de dinero y el proceso se podía llevar hasta tres años, sobre todo si había amparos.
-Con el nuevo sistema, lo más que se puede demorar un caso de este tipo son seis meses llevándolo hasta el final, pero esto es lo que no se pretende. Desde el inicio de este esquema se trata de llegar a arreglos y así lo estamos haciendo. Lo último que hacemos, el último recurso, es integrar la carpeta y “subirla” al juez.
-En el nuevo sistema, además de que se acortan los tiempos, hay una gran ventaja en los casos de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar: se giran oficios al Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial y a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de corroborar si los imputados tienen propiedades y vehículos, que en cierto momento se les pueden embargar.
-Si llegamos al final, que no es lo que se pretende, podría darse la prisión, con una sentencia de uno a cuatro años. También multas, privación de los derechos de familia y pago de reparación del daño.
-Si hay reincidencia, la sanción sube de tres a seis años de cárcel. Si el reincidente se coloca en situación de insolvencia a propósito, también la pena aumenta de uno a seis años.- ÁNGEL NOH ESTRADA
Denuncias | Proceso
El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado fue inaugurado el 7 de marzo.
Pasos a seguir
Ese organismo hizo más eficiente la atención de mujeres que son víctimas de algún delito o están involucradas en algún problema legal. Cuando se trata de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la interesada se entrevista con una trabajadora social, que determina si se reúnen las condiciones para un proceso. De ser así se le indica qué documentación debe reunir y luego recibe el acompañamiento de un asesor jurídico.
Arreglo desde el principio
Cuando se cita al papá incumplido para que acuda a declarar, como por “arte de magia” se llega a un acuerdo, en palabras de la fiscal general, Celia Rivas Rodríguez. Con la conciliación termina el problema, pero de no ser así se integra la carpeta de investigación y se “sube” el caso al juez. Esto, enfatiza la maestra Rivas Rodríguez, es el último recurso.
