Luego de que el Ayuntamiento de Mérida hiciera caso omiso a sus planteamientos y a una semana de la violenta represión en la glorieta de Montejo, las cámaras de Comercio (Canaco-Servytur) y de la Industria Restaurantera (Canirac) anuncian que interpondrán recursos legales contra la construcción del paso deprimido, como una alternativa para frenar la obra.
Las cámaras, que son las más afectadas por los trabajos de excavación del túnel y el cierre de calles de amplio sector, indican que de hoy a mañana decidirán si se van al amparo o utilizan la figura del interdicto, que es un proceso judicial más rápido a fin de detener el paso a desnivel.
El interdicto es un proceso judicial que se promueve para que un juez suspenda una obra nueva o peligrosa que causa perjuicios o daño inminente, cuya urgencia debe estar justificada.
El presidente de la Canaco, Jorge Manzanilla Pérez, afirma que los perjuicios para los comerciantes de la zona de la glorieta de Montejo es extremadamente grave, pues registran pérdidas millonarias ante la caída del 90% en sus ventas.
"En algunos casos ya cayó en un 95% y otros están ceros, al grado de que algunos pequeños comercios ya cerraron", asegura el líder de ese organismo.
"No hay un solo comerciante o restaurantero de esa zona que no reporte que sus ventas están deprimidas, es realmente difícil sostener sus gastos fijos y el pago del personal", recalca.
"La gasolinera que está cerca de Dante calcula que en tres meses dejará de vender $20 millones en combustibles, estamos hablando sólo de una gasolinera. Imagínense cuántas pérdidas tendrán, por ejemplo, Chapur Norte y Trotter's", advierte.
"El ofrecimiento del Ayuntamiento de ofrecer créditos de $50,000 no resuelve el problema, es como una aspirina para un cáncer terminal. Una opción sería otorgar subsidios de acuerdo con la contabilidad de cada comercio, aunque no creo que el Ayuntamiento tenga la capacidad económica para hacerlo.
Jorge Manzanilla afirma que hay 78 comercios en la zona, que generan 2,000 empleos. No hay datos aún de a cuánto ascienden las pérdidas económicas.
"La afectación es grave y no sólo será durante los tres meses que durará la obra, sino el daño será permanente e irreversible al convertirse ese sitio en una vía rápida, que impactará a todo el entorno", apunta.
"Nosotros insistimos en que la obra se detenga, que se revierta, es una zona patrimonio cultural de Mérida, que se respete el dictamen técnico del Colegio de Arquitectos, que ya sustentó que no es factible el túnel.
"Es una zona que ya tiene la declaratoria patrimonial y es una zona emblemática de la ciudad, con una arquitectura del Siglo XX, nos sorprende la falta de gobernanza, porque la alcaldesa (Angélica Araujo Lara) no toma en cuenta a los ciudadanos, tampoco a los especialistas".
En otra entrevista, el presidente de la Canirac, Carlos Campos Achach, afirma que hay 26 restaurantes en esa zona, que generan de 600 a 1,000 empleos, más otros 500 indirectos, de sus proveedores de insumos y servicios, que también resultan seriamente afectados por el túnel.
El directivo confirma que también registran un 90% de caída en sus ventas: "Cuando las ventas bajan un 20% ya no hay utilidades, así que ahora estamos hablando de cuantiosas pérdidas", subraya Campos.
"Muchos están trabajando sin ser negocio", recalca.
El líder de los restauranteros afirma que recurrirán a la vía legal para impugnar el túnel.
Jorge Manzanilla dice que sabe que algunos vecinos, que son propietarios de negocios, ya tramitan sus recursos para intentar frenar la obra. Ayer trascendió que Josefina Peón ya presentó un interdicto.- Félix Ucán S.
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