Documento difundido por ciudadanos y agrupaciones civiles que están en desacuerdo con la construcción del "paso deprimido". Pese a su conclusión, seguimos rechazando la construcción del paso deprimido en prolongación Paseo Montejo
Antecedentes
La obra del “paso deprimido” no estaba entre las promesas de campaña de la Arq. Araujo Lara, tampoco el Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012 incluyó esa u otras obras similares. En el presupuesto municipal para 2011 no se consideraron recursos para la realización de la obra, pese al elevado costo de la misma. Tampoco apareció en el listado de obras municipales susceptibles de “consulta pública” turnado al IPEPAC.
Por si lo anterior no bastase para demostrar que la obra del “paso deprimido” no fue debidamente planeada, durante los meses de marzo y abril de este año, el Ayuntamiento de Mérida aplicó unainversión considerable en el remozamiento de la glorieta y de la fuente, que en ese entonces fue rebautizada como Glorieta de la Paz.
Cuando surgió la idea de realizar el “paso deprimido” no se atendieron los requisitos mínimos indispensables para la formulación del proyecto técnico respectivo. Tampoco se preocuparon las autoridades municipales en realizar los estudios de vialidad ni los estudios de suelos e hidrología de la zona.
Como se les hizo ver en su momento por especialistas del ramo, la sola propuesta del “distribuidor vial” violaba normas básicas en materia de vialidad y de equipamiento urbano (como el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras y Vialidades Urbanas, de la SCT o el Reglamento de Construcciones municipal –art. 109-), así como la Declaratoria de Patrimonio Cultural, que designó a la Colonia Méxicoy su entorno zona patrimonial de importancia cultural.
Tanto la solución vial a un problema inexistente como la decisión de fracturar un nodo de gran relevancia urbana -el que forman la Prolongación del Paseo Montejo y el Circuito Colonias- mediante un paso inferior, mereció la inmediata y contundente reprobación de especialistas y legos, destacándose por la calidad de los argumentos los estudios del Colegio Yucatecos de Arquitectos A.C. y el que un grupo de arquitectos independientes (Quijano Axle, Muñoz Menéndez, Zoreda, et. al.) formuló en materia de vialidad. Tampoco se consideró el análisis de los arquitectos especialistas en Conservación (Marco Tulio Peraza, Enrique Urzàiz, entre otros) ni las opiniones de organismos especializados como Plan Estratégico de Yucatán, ICOMOS y DOCOMOMO. Por la premura de sacar adelante la obra “a como diera lugar” no se atendieron las solicitudes de la CANACOME, la COPARMEX y la CANIRAC, entre otras organizaciones y agrupamientos sociales, que simplemente querían ser escuchados y conocer el sustento de una decisión de tanta trascendencia para la ciudad y para sus pobladores.
Sin atenderse todas esas razones, propuestas y objeciones, sin realizarse los estudios anteriormente enlistados, sin un proyecto ejecutivo que lo sustentase y sin contar siquiera con la autorización de CONAGUA y con el Manifiesto de Impacto Ambiental emitido por la SEMARNAT, se licitó y se adjudicó la obra, omitiendo la obligada consulta a órganos colegiados que forman parte de la estructura municipal de gobierno, como el Comité Municipal de Planeación, el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano o el Consejo para el Patrimonio Urbano, en ese momento, de reciente integración.
La represión del 4 de julio
La actitud de rechazo de las autoridades municipales para escuchar razones y para dar a conocer los argumentos de su decisión llevó a un numeroso grupo de vecinos y de activistas sociales a declararse en plantón permanente, a partir de la noche del viernes 1 de julio. Un grupo numeroso de personas se mantuvo día y noche, en los alrededores de la glorieta de la colonia México, de manera pacífica y hasta festiva, aprovechando el contacto con automovilistas y transeúntes para explicar las razones de su protesta. La manifestación ciudadana transcurrió pacíficamente, durante dos días con sus noches. Pero la madrugada del lunes 4, grupos de pandilleros agredieron en tres ocasiones (una de la mañana, seis y ocho) a personas que formaban parte del grupo de protesta. Como consta en actas judiciales, los pandilleros se desplazaban en vehículos del Ayuntamiento y ostensiblemente recibían instrucciones de funcionarios reconocidos. Pandilleros y funcionarios municipales acompañaron a un numeroso grupo de transportistas y operadores de la compañía constructora y a un contingente de “guardias privados” que sembró vallas alrededor de la glorieta y de la fuente
Las reiteradas agresiones propiciaron que durante la mañana se reuniera un numeroso grupo de hombres y mujeres, de todas las edades y condiciones sociales, para respaldar la exigencia de diálogo y para impedir, físicamente, el acceso de la maquinaria a la zona con el fin de iniciar los trabajos de construcción del paso deprimido. Fue unos minutos después de las 14 hrs, cuando un numeroso grupo de pandilleros, convocados y monitoreados por funcionarios municipales y estatales presentes en la zona, desataron una golpiza contra los manifestantes, sin que estos pudieran siquiera defenderse ante la ventaja numérica y los objetos contundentes que utilizaban los golpeadores de oficio.
Los hechos arriba citados, la identidad de cada uno de los porros, la demostración fehaciente de su relación laboral y personal con el Ayuntamiento y con las autoridades estatales, todo ha sido fehacientemente demostrado con fotos y vídeos, así como la identidad y el papel que desempeñaron los funcionarios municipales que coordinaron la agresión. Todas esas pruebas obran en poder de la Fiscalía y de los jueces que conocen las denuncias y que, en principio, han desestimado la gravedad de los delitos, cubriendo con el manto de la impunidad a los responsables materiales y a los instigadores intelectuales de los mismos.
A pesar de haberse solicitado la intervención policial desde la primera agresión, efectuada a la una de la mañana, las fuerzas policiales estuvieron ausentes y renuentes a intervenir, incluyendo la cuarta agresión, efectuada 13 horas más tarde, cuando los grupos de golpeadores fueron descargados frente a las patrullas y pasaron ante contingentes policiales que se mantenía a distancia estratégica del área de las agresiones. La gobernadora Ivonne Ortega ratificó públicamente que ella dio la orden de no intervenir a todos los mandos y agrupamientos policiales para no ser motivo de mayor encono “entre los grupos enfrentados”.
Las consecuencias jurídicas, políticas y sociales
La figura del FISCAL, en todas las legislaciones del mundo, corresponde a la representación de la sociedad en materias tan complejas y difíciles de cumplir, como son la persecución del delito y la procuración de justicia. Sabedores de que el FISCAL en funciones en Yucatán es un operador directo e incondicional de las órdenes y los intereses de la gobernadora, la sociedad meridana se dio a la tarea de identificar a los responsables de la agresión del 4 de julio, a los responsables materiales y a los operadores y funcionarios que los mandaron. A pesar de la oportuna y eficaz labor de fiscalización realizada por la propia sociedad, el Fiscal Héctor Cabrera retardó la investigación y obstruyó la impartición de justicia, función de protección a los delincuentes que se ha visto complementada por los jueces escogidos para EXTRAVIAR los juicios en los albañales de la ley y de los tribunales.
Las obras del paso deprimido se terminaron ya. No fue a tiempo, tampoco con los costos anunciados (el presupuesto pasó de 50 a 82 millones…hasta ahora) y, pensamos, con muchos más fallas y deficiencias técnicas de las que se habían previsto.
Nuestra posición ante hechos consumados
A pesar de haber concluido las obras del paso deprimido en la prolongación del Paseo Montejo y a pesar de que las autoridades persisten en su autismo y en su autoritarismo, los ciudadanos y las organizaciones sociales que se manifestaron contra la construcción del paso a desnivel, desde su anuncio, reiteramos hoy nuestro rechazo a la obra y a la manera de decidirla y realizarla. Estas son las razones de nuestro rechazo:
Nos oponemos a la realización de obras públicas que responden al interés político de los gobernantes y no a las demandas y necesidades de la sociedad.
Nos oponemos a las decisiones caprichosas, que no respetan las leyes y reglamentos vigentes y que no surgen de ejercicios de planeación y de estudio, en todas sus partes y contemplando todas sus consecuencias.
Nos oponemos a las obras públicas que se deciden y realizan de manera autoritaria, sin escuchar a los afectados, sin tomar en cuenta la opinión de los especialistas e interesados.
Demandamos que las instancias de opinión y de consulta que la sociedad ha ganado en las estructuras gubernamentales, instancias de participación que garantizan las leyes vigentes, no sólo sean atendidas y respetadas, sino que cobren mayor relevancia, como respuesta a la exigencia ciudadana de participación en la toma de decisiones y a sus reclamos de transparencia gubernamental y rendición de cuentas de funcionarios y representantes populares.
No aceptamos, ni aceptaremos, nunca, que se utilice la violencia del estado en contra de ciudadanos que ejercen sus libertades. Pero resulta deleznable y cobarde que se utilice a pandillas de antisociales para agredir a ciudadanos, como sucedió el pasado 4 de julio en nuestra ciudad, grupos de golpeadores que actuaron con toda impunidad gracias a la protección brindada por las corporaciones policiales y que les refrendaron fiscales y jueces que tuercen la ley por consigna, en este caso de la titular del Poder Ejecutivo.
Exigimos sean llevados ante la justicia TODOS LOS RESPONSABLES de las agresiones del 4 de julio, todos, los responsables materiales y también los autores intelectuales.
Exigimos que la actuación de la fiscalía sea enmendada y que los expedientes se reformulen para que los responsables sean juzgados por agresión EN PANDILLA, con premeditación, alevosía y ventaja, agravantes que remiten, necesariamente, a las autoridades que convocaron y reunieron a los pandilleros, que los transportaron, que les dieron las órdenes y que los han protegido jurídicamente y cobijado política y laboralmente, antes y después del 4 de julio.
Para quienes quieran suscribirse a este documento pueden ponerse en contacto con Alfonso Peniche Manzano (alpema_52@hotmail.com).
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