Este mes cierran 4 juzgados: 6º Penal, 2º Familiar, 4o Mercantil y Mixto de Ticul

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La transición hacia los sistemas penal acusatorio y oral y familiar oral, y la búsqueda permanente de acciones que optimicen los recursos con que cuenta el Poder Judicial para hacer más eficiente la impartición de justicia, ante la creciente demanda de servicios en el estado, ha motivado la reorganización de juzgados y personal, tanto en Mérida como en el interior del estado, anteponiendo el respeto y dejando intactos los derechos de sus colaboradores.
En Acuerdos tomados por los integrantes del Consejo de la Judicatura, a partir del 8 de abril del presente, el Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, ubicado en esta ciudad de Mérida, concluirá sus funciones. Esta medida forma parte de otras similares que se han aplicado ya a otros juzgados penales del sistema escrito, los cuales sólo atienden casos rezagados del sistema anterior, el cual dejó gradualmente de tener vigencia desde noviembre de 2011 y de forma total en junio de 2014.
Esta transición en el sistema penal ha implicado para el Poder Judicial un enorme desafío financiero, al mantener subsistentes, de forma paralela, los dos sistemas de justicia penal (el escrito y el oral) durante un periodo de casi 5 años, transición que continuará aun después de la presente reorganización, pues todavía continuarán abiertos tres juzgados del sistema penal escrito, a la par con los nuevos juzgados de control, de juicio oral y de ejecución de sentencias que operan el nuevo sistema con 18 jueces.
De este modo, se consolida el proceso de adecuación administrativa, de personal e infraestructura, para redimensionar el anterior sistema escrito y coadyuvar a la consolidación y  buena marcha del sistema acusatorio y oral, que es el único vigente para nuevos casos en todo el territorio estatal. Es importante señalar que los nuevos edificios que se han construido y adecuado para el sistema oral han conllevado también a un aumento en los gastos generales de mantenimiento y operatividad.
Cabe mencionar que el sistema acusatorio y oral que está vigente en Yucatán es parte de un mandato federal por el cual, a más tardar el próximo 18 de junio del presente, todas las entidades deben concluir su implementación, obligación que Yucatán cumple ya al 100%, pero que requiere su consolidación  en un contexto de austeridad.
Asimismo, se acordó el cierre, a partir del próximo 15 de abril del presente, del Juzgado Segundo de lo familiar del primer departamento judicial del estado, con sede en esta ciudad de Mérida, debido a la necesidad de dirigir los recursos y esfuerzos disponibles a la buena marcha y estabilización del sistema oral familiar, el cual desde febrero de 2013 es el único vigente para nuevos casos en todo el estado. Esta acción también es parte de una serie de reacomodos similares que se vienen dando desde la puesta en marcha del nuevo sistema familiar, que se rige por la oralidad y requiere la presencia de los jueces en todas las audiencias.
De la misma manera que en materia penal, el Poder Judicial ha mantenido, de forma paralela, el anterior sistema familiar escrito y el sistema familiar oral vigente. Al término de esta transición, sin embargo, el Poder Judicial contará con 10 jueces en materia familiar, en comparación con los cuatro juzgados que tenía en el sistema escrito anterior, esto es, se habrá casi triplicado el número de jueces para la resolución de asuntos en esta materia.
Como en el caso del juzgado sexto penal, los derechos de los trabajadores de este juzgado Segundo de lo familiar quedan intactos, pero su adscripción sería reorientada acorde a las necesidades de otras áreas prioritarias.
El Consejo de la Judicatura también estimó reorganizar y optimizar los recursos en el área mercantil, igualmente en transición hacia la oralidad, para lo cual el juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado con sede en Mérida, concluirá sus funciones a partir del 29 de abril del presente. De este modo, quedarán en operación, igual que antes, cuatro juzgados mercantiles, de los cuales tres corresponden al sistema escrito y uno al sistema oral.
Los asuntos pendientes de este juzgado serán redistribuidos en los tres juzgados mercantiles restantes.
En cuanto al interior del estado, el pleno del Consejo de la Judicatura acordó, a partir del 22 de abril del presente, el cierre del juzgado mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del estado con sede en el municipio de Ticul, con el fin de optimizar recursos.
Dicha reorganización fue pensada con base en el alto costo de infraestructura al mantener ambos juzgados, pese a la cercanía entre Ticul y Tekax, cuyo juzgado contaría con el personal suficiente para dar resolución a los asuntos que ahí se desahogarán. El hecho de que Tekax esté en condiciones de absorber la carga operativa de Ticul representa un ahorro operativo muy significativo para el Poder Judicial en el actual contexto económico.
Como en los casos anteriores, el personal será reubicado de acuerdo con criterios de optimización de recursos, cuidando en todo momento que los derechos laborales del personal permanezcan intactos y quedará a cargo del Consejo su readscripción a otras áreas, según con las necesidades de las mismas. Los expedientes que cursan en dicho Juzgado serán remitidos para la continuación de su trámite al Juzgado Primero Mixto del mismo Departamento Judicial en la localidad de Tekax.

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Nuevo sistema de justicia familiar muy caro y poco efectivo, aseguran abogados

Encuentro de la Barra de Abogados con Magistrados, un “show” mal montado

“Leí en prensa sobre la reunión que hace unos días sostuvo la Barra de Abogados de Yucatán con autoridades del Poder Judicial del Estado y en verdad que todo me parece un “show”, un teatro mal montado por parte de ambos actores”, manifestó el licenciado Jorge Peniche Aznar, reconocido abogado de la localidad.
Agregó que de 2013 a 2015 se han abierto 11 juzgados adicionales de oralidad y, a pesar de esto, el rezago existe. La apertura de cada uno de estos tiene un costo de aproximadamente $4 millones, además hay que añadirle los sueldos y costos de operación. Imaginen nada más cuánto se está invirtiendo en el nuevo sistema “.
-Pero los problemas que se suscitan en los procesos llevados ante los juzgados civiles y familiares en nuestro estado no es un tema tanto de presupuesto sino de capacitación. No hay gente preparada para aplicar los códigos, eso es lo que sucede en realidad  -subrayó el profesional.
Además, añadió, por ejemplo, el Código Familiar de Yucatán “nació” con muchas deficiencias, muchos conceptos obsoletos y en realidad éste no sirve de nada para resolver los problemas jurídicos de la localidad.
-Esto lo he hecho saber de manera directa a Marcos Celis Quintal, presidente del Consejo de la Judicatura, a quien le expusimos que  la supuesta realidad que nos plantea sobre la situación jurídica tan “eficiente” en Yucatán está fuera de contexto. No sé de qué lugar estés hablando”
“Yo fui presidente de la Barra de Abogados el 1986 a 1987 durante el mandato de Víctor Cervera Pacheco y aquellos fueron tiempos difíciles; sin embargo, cuando algo no me parecía yo levantaba el teléfono y directamente le externaba al entonces gobernador mis dudas y preocupaciones. A veces me hacían caso, otras no, pero al menos levantábamos la voz”, recordó.
Hoy día, señaló, la Barra de Abogados no tiene presencia, no representa los verdaderos intereses del gremio y para mí son manejados por el mismo sistema del cual se quejan “,concluyó Peniche Aznar.

Otra opinión profesional: cierre de juzgados una burla

El joven abogado Carlos Noh Vázquez indicó que el Tribunal Superior de Justicia ha gastado en “elefantes blancos” y no en eficiencia y preparación.
“Es una burla lo que acaban de anunciar sobre el cierre de los juzgados en el interior del estado.
-Ellos mismos los crearon y ahora de pronto, los cierran. Llevo desde hace años un juicio en donde ni siquiera han fijado el divorcio. Todo tarda más incluso que antes. No se ve ninguna mejoría y lo peor es que tal parece que se lavan las manos - indicó el entrevistado.

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Echadera de culpas de funcionarios judiciales ante fallas propias

A solicitud de los representantes de la Barra de Abogados de Yucatán, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y consejeras y consejeros de la Judicatura del Estado sostuvieron una reunión ayer en la mañana para escuchar los planteamientos de esta agrupación, sobre temas que inciden en la resolución de casos en los juzgados.
El magistrado de la sala colegiada civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Rivero Evia y la magistrada presidente de la sala penal de este máximo órgano, Ligia Aurora Cortés Ortega, expresaron a los abogados su apertura y voluntad para atender sus consideraciones, con el fin de que la impartición de justicia sea cada vez más eficaz, en bien de los ciudadanos.
El presidente de la Barra de abogados de Yucatán, William de Jesús Acevedo Azarcoya, señaló, mediante la lectura de un escrito, sus “apreciaciones relativas a la administración de justicia, que se imparte específicamente en los juzgados civiles, mercantiles, pero principalmente en los familiares” y también hizo una serie de propuestas de ese grupo colegiado, para resolver algunos de los problemas expuestos.
Al comentar las observaciones que se hicieron a lo largo de la reunión, la magistrada presidente de la sala colegiada civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, Mygdalia A. Rodríguez Arcovedo explicó que los amparos concedidos por la justicia federal en temas familiares han obligado a los jueces a hacer investigaciones más profundas, para poder estimar los ingresos de los obligados cuando se trata, por ejemplo, de pensiones alimenticias, lo que alarga los procesos y el tiempo para la toma de decisión del juez.
Con respecto a la ética y el comportamiento de los jueces, otro de los temas planteados, dijo que sus opiniones serán valoradas, pero también expuso que en ocasiones los litigantes caen en actitudes de falta de respeto a la autoridad judicial o tratan de presionarla cuando las decisiones no les favorecen o incluso cuando están fuera de tiempo para presentar recursos.
Por su parte, la consejera Melba Angelina Méndez Fernández, presidenta de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, expuso a los abogados que el sistema de oralidad familiar no se ha podido estabilizar en los tres años que lleva su implementación, a causa de carencias presupuestales que limitan el personal, el espacio y la tecnología.
Expresó que la oralidad familiar tuvo que ser implementada en Yucatán, por ley, en cuestión de meses y sin recursos federales, contrario al sistema penal que fue gradual y al ser federal sí recibió recursos de esa vía.
"No es lo mismo legislar en el papel que aplicar los cambios en la realidad, se requiere presupuesto", añadió la Consejera de la Judicatura.
En su oportunidad, el magistrado Rubén Ruiz Ramírez, presidente de la sala mixta del Tribunal Superior de Justicia, resaltó la importancia de que los abogados impulsen la mediación, y que insten a las partes a llegar con voluntad a los procesos, en búsqueda de una solución pronta.
La consejera Sara Luisa Castro Almeida ofreció que la comisión de disciplina que preside, está abierta a recibir quejas o denuncias contra servidores públicos, incluidos los jueces.
Con respecto a la queja de los abogados por falta de personal en los juzgados familiares, dijo que por cuestiones presupuestarias no es posible aumentar el personal, pero que se trabaja con los jueces para establecer mecanismos de mejora con el mismo personal con que se cuenta.
En la reunión estuvieron también presentes la magistrada Adda Lucelly Cámara Vallejos, integrante de la sala civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado de la sala penal Luis Felipe Esperón Villanueva, así como la magistrada de la sala mixta Leticia del Socorro Cobá Magaña y la consejera de la Judicatura Silvia Carolina Estrada Gamboa, presidenta de la comisión de desarrollo humano de ese organismo.

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Los juzgados familiares de Yucatán no cumplen las expectativas

Los juzgados familiares de Yucatán no cumplen las expectativas trazadas por el Tribunal Superior de Justicia de darle a la sociedad una justicia pronta y expedita como se ofrece.
Dirigentes de la Barra de Abogados del Estado, encabezados por su presidente William de Jesús Acevedo Azarcoya expusieron ante al Consejo de la Judicatura y magistrados del Tribunal Superior una serie de fallas sobre todo en los juzgados familiares.
Por ejemplo, señalaron que los llamados divorcios express, que se supone se resuelven en unos cuantos días, actualmente se pueden llevar hasta cuatro meses o más, y ni que decir de los casos de pensiones alimenticias, que debiera ser de especial atención.
Por su parte, la Consejera Melba Méndez Fernández expresó que el sistema de oralidad familiar no se ha podido estabilizar en los tres años que lleva su implementación, a causa de carencias presupuestales que limitan el personal, el espacio y también la tecnología .

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Yumaira no pudo juntar los $50 mil de fianza y pide amparo

Ante la imposibilidad de reunir los 50 mil pesos de fianza que se le fijaron por el accidente que propició en Plaza Altabrisa, Yumaira Guadalupe Burgos Lara solicitó un amparo con el argumento de que la cantidad es excesiva.
Mediante sus defensores, la joven conocida como #LadyEscalera o #LadyAltabrisa recurrió a la protección de la justicia federal al vencerse ayer la prórroga que ella misma solicitó para reunir la cantidad que se le fijó como garantía económica por los daños que ocasionó en dicho centro comercial.
El pasado 24 de noviembre Yumaira protagonizó aparatoso accidente en Plaza Altabrisa, donde perdió el control del vehículo que manejaba y se estrelló contra las escaleras eléctricas. Fue denunciada por el centro comercial, un empleado de Sanborn’s que alega lesiones y la dueña del vehículo, quien es su suegra.
Tras ser acusada oficialmente, se le fijó la mencionada garantía económica de 50 mil pesos y como medidas preventivas se le prohibió salir de Yucatán y se le ordenó que acuda cada vez a firmar ante el Ministerio Público.
Al considerar que la cantidad es excesiva para sus posibilidades, la defensa de Yumaira recurrió al amparo a fin de evitar que la joven sea detenida y enviada al penal meridano por incumplir con el depoósito de la garantía económica.

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Consideran que 2015 marcó la consolidación de cambios en el sistema de justicia

¿Cuáles son los avances más significativos que dejó 2015 en materia de justicia?
Podemos decir que 2015 fue un año de consolidación de las reformas, sobre todo por la forma en que se desarrollan los procesos. En todo México, pero particularmente en Yucatán, se ha concretado una serie de cambios de dos tipos: uno derivado de la reforma al artículo primero constitucional, que es una reforma profunda en materia de derechos humanos y los jueces han tenido que asumir ese papel que siempre han tenido pero que la Corte reconoce en 2011, que es el de poder controlar la constitucionalidad de los actos y las leyes.
¿Qué significa esto? Que el juez puede desaplicar o irse directamente a los tratados internacionales para proteger los derechos humanos de las personas. Esta reforma de 2011 ha implicado capacitación, cambios inclusive en la forma de ver los casos para proteger los derechos humanos. Por ejemplo, el interés superior del niño, la presunción de inocencia en materia penal, la mirada a los casos con perspectiva de género, etc.
Por el otro lado está una reforma procesal importantísima que ha generado cambios en la forma de los juicios en varias materias, de un sistema escrito a un sistema oral. Tuvimos en 2015 un año de consolidación, la consolidación de la transformación a la oralidad.
¿Cómo se han concretado los cambios en materia penal?
En materia penal logramos el aterrizaje de las reformas y de la implementación del sistema acusatorio y oral, que se fue gestando durante varios años y se completó en 2014. En 2014, en el mes de junio específicamente, este sistema entró en vigor en el primer distrito judicial, que abarca a Mérida y, por tanto, al 50% de la población.
Todo 2015 se caracterizó por la funcionalidad del sistema en los asuntos penales que se nos han presentado. Un procedimiento puede durar seis, siete meses. Lo ideal es que la generalidad de los casos sea de seis meses o menos, desde que se comete el delito hasta que se dicta la sentencia. En muchos casos así ha sido, se han agilizado los procesos, sobre todo en el primer distrito judicial, donde se concentra la mayor parte de la actividad jurisdiccional en el estado de Yucatán. Durante dos años tuvimos judicializados poco más de 200 asuntos. Sólo en 2015, estando ya Mérida con el sistema operando, tuvimos 351 casos hasta mediados de noviembre. Esto quiere decir que ha aumentado la carga de trabajo del sistema, que es mayor el número de audiencias que tienen que atender los jueces.
¿Cómo está la situación en materia familiar?
Después de que implementamos el nuevo sistema en 2013, ese año y el siguiente fueron, por decirlo así, de acostumbrar a jueces, a litigantes y a todas las instituciones públicas que intervienen, como el Instituto de la Defensa Pública y la Prodemefa (Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia), a un nuevo sistema de justicia más exigente y más complejo, por la reforma en materia de derechos humanos y la reforma a nuestra legislación, que incluyó la expedición de un Código Familiar y un Código de Procedimientos Familiares separándolos de la materia civil. Esto, además de que se aplicó en todo el Estado desde 2013, generó una crisis dentro del sistema de justicia familiar por las importantes cargas de trabajo que tuvieron los jueces y porque los asuntos, si bien ya eran más rápidos que en el sistema escrito, no llegaban a ese punto ideal de agilidad y rapidez.
Hemos aumentado paulatinamente el número de jueces. Hoy tenemos once en materia familiar y eso ha generado que se agilicen los juicios. Podemos decir que 2015 fue el año de la consolidación de la oralidad familiar y ya se ven los resultados en cuanto a una mejor justicia y rapidez de los procesos.
¿Cuántos asuntos atiende un juez del área familiar?
En promedio, cada juez ve en Mérida alrededor de dos mil asuntos; en el interior del Estado, donde están los juzgados mixtos, se ven en materia familiar alrededor de 300 ó 400. Cerrando octubre tuvimos 10,655 asuntos. La gran carga de trabajo la tienen los jueces de Mérida, pero también se ha visto la buena respuesta del Poder Judicial para ir disminuyendo ese fuerte peso.
¿Qué se espera de las ramas familiar y penal en 2016?
Tenemos que fijarnos metas. Un juez no debe tener carga de trabajo permanente de más de 500 asuntos y los juicios no deben tardar más de seis meses. Es nuestra meta y conforme nos vayamos acercando a su cumplimiento la sociedad la verá reflejada en una justicia más rápida.
¿En qué forma se cerró el año en materia civil?
En esta materia se sigue con el sistema escrito. Hasta octubre teníamos 3,345 asuntos, con tres jueces en Mérida. Equivale a poco más de mil por juez, más los que han llegado de los juzgados mixtos del interior del Estado.
El sistema es bastante estable y se han agilizado mucho los asuntos, aunque el propio diseño del juicio civil hace que su duración sea de varios meses e incluso hasta dos años o más en casos excepcionales.
La idea es que podamos hacer una reforma procesal como hemos hecho en materia familiar, en materia penal y parcialmente en materia mercantil, para que con un sistema de audiencias basado en la oralidad agilicemos los procesos civiles.
¿Cuáles son los resultados en materia mercantil?
En materia mercantil hemos implementado también la oralidad para los juicios ordinarios de menor cuantía. Realmente han sido pocos estos juicios en el Estado, pero nos han mostrado que la oralidad puede solucionarlos en forma rápida.
Una importante carga de trabajo de los asuntos mercantiles se presenta en el sistema escrito. Tenemos un promedio de 8,000 por año. En 2015, hasta el cierre de octubre se habían iniciado más de 7,000 asuntos y esperábamos cerrar el año con cerca de 9,000, cifra superior al promedio de años anteriores.
Podemos afirmar que en materia mercantil se está al día. La carga de trabajo se resuelve el mismo año, es decir, los asuntos que se inician son los asuntos que se terminan. Creo que la materia que funciona de manera más dinámica en el sistema tradicional, en el sistema escrito, es la mercantil.
La oralidad no depende de nosotros, porque el Código de Comercio es una norma federal que aplicamos los estados. Una mayor agilidad en el procedimiento mercantil, para que toda la justicia en esta materia sea oral, dependería de reformas que haga el Congreso de la Unión.
¿Cuáles son los retos de 2016 para la justicia en Yucatán?
Bueno, el más importante es la revisión y el análisis de la normatividad civil para hacer más dinámicos los procesos. Creemos que la herramienta adecuada es la oralidad y en 2016 estaríamos revisando las normas y los códigos. Como no depende solamente del Poder Judicial, estaremos en coordinación con el Poder Ejecutivo y las instancias que tienen que ver con esa materia, como pueden ser el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública, etcétera. El Ministerio Público tiene participación en los procedimientos civiles, sobre todo cuando están involucrados menores o grupos vulnerables, como representante de la sociedad. Y el Instituto de la Defensa Pública tiene una carga importante de asesoría a los justiciables cuando se trata de procedimientos civiles. Por esa razón, la sociedad civil será invitada a que participe en los procedimientos y las reformas que se propongan a la Legislatura del Estado.
Por supuesto, esto impacta también en los recursos porque implicaría salas de oralidad, infraestructura, tecnología, etcétera, y tampoco depende solamente del Poder Judicial. (Continuará)
MAÑANA: En nuestra edición de mañana publicaremos las respuestas del magistrado Marcos Celis Quintal a preguntas sobre los siguientes temas:
—La reforma penal y el recelo de algunos sectores sociales que se quejan de supuesta tibieza al dejar en libertad a delincuentes para que lleven su proceso en libertad.
—Los menores de edad que delinquen y los procedimientos a que se les somete.
—¿Es la justicia sólo para quienes pueden pagar?
Hay que fijarnos metas. Un juez (penal y familiar) no debe tener carga de trabajo permanente de más de 500 asuntos y los juicios no deben tardar más de 6 meses
De un vistazo
Once magistrados y cuatro salas
Con once magistrados, el Tribunal Superior de Justicia del Estado consta de cuatro salas, tres de ellas colegiadas y una unitaria.
Áreas de competencia
Las salas colegiadas son: penal, civil y familiar, y mixta. La unitaria es de justicia para adolescentes.
El Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura tiene cinco integrantes. El presidente es Marcos Alejandro Celis Quintal, quien también preside el Tribunal Superior de Justicia.
La segunda parte
En nuestra edición de mañana publicaremos la segunda parte de una entrevista que concedió el magistrado Celis Quintal sobre los avances del sistema de justicia en 2015 y los pendientes de 2016.

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Regalo de Navidad para asaltantes:serán vinculados el 25 de diciembre

Noticias de Yucatán

Pedro Germán Euán Cach y Joaquín Fernando Jiménez Euán, acusados de asaltar a mano armada una “Agencia Modelorama Valladolid”, recibirán como regalo de Navidad la vinculación a proceso penal.
En audiencia efectuada este lunes ante el Juez Primero de Control del Quinto Distrito
Judicial con sede en Valladolid, los sujetos fueron imputados a proceso por robo con violencia por su “supuesta” participación en el atraco.
Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, el juez de control Manuel Jesús Soberanis Ramírez decretó como legal la detención y estableció la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado jueves 17 de diciembre en el kilómetro 157 de la carretera federal Mérida­Cancún, donde presuntamente los indiciados se introdujeron al establecimiento denominado “Agencia Modelorama Valladolid” y portando una pistola y con amenazas se apoderaron de 11 mil 500 pesos y un celular.
Tras los hechos, se presentó la formal denuncia, luego de ser detenidos y fueron puestos a disposición de la autoridad para definir su situación legal por los hechos que se les imputa.

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Rinden compromiso constitucional 52 nuevos jueces de paz en Yucatán

Noticias de Yucatán

A partir de hoy 52 municipios del estado cuentan con jueces de paz, figura que coadyuva a la impartición de justicia para conocer y resolver sobre algunos asuntos de orden civil y como conciliadores, en ausencia de un juez de primera instancia.

Luego de que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán concluyó el proceso de capacitación y selección de las ternas enviadas por cada uno de los presidentes municipales, tal como lo establecen la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado y la de Gobierno de los municipios, las personas que fueron seleccionadas y reunieron los requisitos de ley, rindieron compromiso constitucional ante el pleno del Consejo por un periodo de tres años.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Poder Judicial del Estado Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal, tomó la protesta de ley a los nuevos jueces de paz.

Ejerzan el cargo con la amabilidad, responsabilidad y excelencia que tan alta comisión implica, les recomiendo que velen siempre por el respeto de la ley y de los derechos humanos porque ustedes ya son protectores de ellos, sin excederse de las funciones que estrictamente la ley les permite y autoriza, recomendó el Presidente Celis Quintal en la ceremonia.

“Ejercer la función jurisdiccional nos da la oportunidad de juzgar a otros, lo cual es una de las tareas más altas y nobles que puede tener un ciudadano, por ello ejérzanla con prudencia y sabiduría pero también con orgullo de tener esta oportunidad de ser un árbitro que dirime las controversias, conflictos, y que puede tomar decisiones a favor o en contra de nuestros semejantes, y que sea siempre a beneficio de la comunidad a la que servimos”, afirmó.

Cabe mencionar que éste grupo 52 municipios que ya cuentan con juez de paz, es el primero en el que  las autoridades solicitaron y cumplieron con los requisitos para participar en el proceso de nombramiento de los Jueces de paz.

En la ceremonia estuvieron presentes las Consejeras de la Judicatura  M.D. Silvia Carolina Estrada Gamboa, M.D. Sara Luisa Castro Almeida, M.D. Melba Angelina Méndez Fernández y el Consejero M.C.P. Luis Jorge Parra Arceo.

Dentro del marco legal vigente, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tiene como una de sus atribuciones designar, adscribir, ratificar y remover a los jueces de primera instancia, jueces de ejecución de sentencia y jueces de paz, en términos de lo previsto por la Constitución Política del Estado.

En el caso de los jueces de paz, los presidentes de cada municipio donde actualmente no hay jueces de primera instancia, deben proponer al Consejo de la Judicatura ternas con las personas a ocupar dichos cargos.Cabe señalar que los jueces de paz no están facultados por ley para conocer asuntos del orden penal o familiar o civiles de monto mayor a  doscientas veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida, para los cuales todos los municipios del estado cuentan con juzgados penales y mixtos de jurisdicción regional.

Unos de los requisitos para ser juez de paz los establece el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán (PJEY), establece que  para ser juez de paz es necesario haber cumplido veinticinco años de edad, como mínimo; poseer el día del nombramiento, título de abogado o licenciado en derecho, legalmente expedido, cuando se trate de municipios con más de diez mil habitantes. Tratándose de municipios de hasta diez mil habitantes, el requisito será haber concluido la educación media superior.

De igual manera, poseer conocimientos necesarios para desempeñar el cargo en los términos de Reglamento de Carrera Judicial y no haber sido condenado por delito doloso.

También señala que deben cumplir con el curso de capacitación que establezca el PJEY y posteriormente, aprobar el examen correspondiente, así como carecer de antecedentes penales.

A continuación la lista de las personas que fueron asignados Jueces de Paz, con su respectivo municipio:

1.    Maricarmen Euán Camal de Abalá

2.    Cindy Guadalupe Quintal Vera de Acanceh

3.    Rosalva MariCruz de Baca

4.    Edith Jesús Maldonado Marrufo de Buctzotz

5.    Mario Alberto Meneses Meneses de Calotmul

6.    Mario Enrique Chay Chan de Celestún

7.    Fausto R. Yam Zapata Canché de Cenotillo

8.    Wilbert Briceño Pacheco de Chapab

9.    José Arturo Poot Moo de Chemax

10.  Mario Dzib Poot de Chichimilá

11.  Eleazar Manuel Aké de Chicxulub pueblo

12.  Jorge Humberto Puc Itzá de Chumayel

13.  Fashka Johnatan Tzuc Aguayo de Conkal

14.  Jorge Ismael Ek Canché de Cuzamá

15.  Luis Felipe Ciau Chablé de Dzán

16.  Ana Clarissa Basto Aké de Dzemul

17.  Luis Fernando Jiménez Ciau de Dzidzantún

18.  Irma Victoria López Cruz de Dzilam bravo

19.  Luis Antonio López Huan de Dzoncauich

20.  Sahily Beatriz Uc Caamal de Espita

21.  Carolina Ibeth Góngora Herrera de Halachó

22.  José Roberto Caro Heredia de Hocabá

23.  Sergio Azael Ek Sarabia de Hoctún

24.  Elba Guadalupe Enríquez Echeverría de Homún

25.  Ángel Martin May Arjona de Huhí

26.  Diacaren Guadalupe Chuc Xool de Hunucmá

27.  José Antonio Pech Chim de Ixil

28.  Elmer Faustino Zapata Canche de Kantunil

29.  José Eduardo Madera Canul de Kinchil

30.  Celia Bonifacia Puch Salas de Kopomá

31.  José Manuel Paredes Patrón de Maxcanú

32.  Sergio Alberto Valencia Guillen de Muna

33.  Luis Antonio Chan Calam de Opichén

34.  Yessica María Tzakun Can de Oxkutzcab

35.  Teresita Maidely Uc Valle de Panabá

36.  Gabriel Geovanny Andrade Yam de Peto

37.  Eduardo Fernándo Marfil Yam de Río lagartos

38.  Silvia María Anguas Sulub de Sacalum

39.  Selena Avilés Acevedo de San Felipe

40.  Nuvia María Noh Polanco de Sotuta

41.  Lenny Dianely Ceh Pech de Suma de Hidalgo

42.  José Juan Moo Aguilar de Tahdziú

43.  Laura Verónica Poot Cauich de Tahmek

44.  Jhony Ricardo Yah Chablé de Teabo

45.  Jorge David Sansores Martin de Tecoh

46.  Jesús Marisol González cel de Temax

47.  Carlos Renán Castillo Fernández de Temozón

48.  Wilbert Alberto Canul Cuytun de Tetiz

49.  Adriana Isabel Fernández Góngora de Timucuy

50.  Karla Teresa Tun Uc de Tixpéhual

51.  Miguel Francisco Uicab Parra de Tunkás

52.  Rosana Patricia Cuxim Acevedo de Tzucacab

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Buscan a jueces para justicia juvenil del Poder Judicial de Yucatán

Noticias de Yucatán

El Poder Judicial del Estado reforzará el año próximo el área de justicia juvenil especializada con dos jueces más, anunció ayer Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.

“De acuerdo con el nuevo sistema de justicia oral que se aplica en la entidad, es necesario contar con lo menos dos jueces más especializados en justicia juvenil”, manifestó.

Entrevistado al término de la ceremonia de liberación de conscriptos —de lo que informamos en nota aparte—; el presidente magistrado informó que en enero de 2016 iniciarán el proceso para seleccionar a esos jueces.

Celis Quintal explicó que actualmente con el nuevo sistema hay tres jueces especializados en justicia juvenil, uno de control, otro de juicio y el último para la ejecución de sanciones.

El magistrado señaló que con el actual sistema ninguno de ellos puede salir de vacaciones, enfermarse o pedir permiso, pues no hay quien los supla en sus funciones respectivas para los procesos que se siguen.

El presidente del Tribunal puntualizó que precisamente por eso requieren lo menos de otros dos jueces especializados en justicia juvenil.

El funcionario añadió que la selección comenzará con una serie de cursos que se impartirán a los interesados en estas plazas.

—Este proceso —siguió el entrevistado— concluiría con un examen de oposición al que entrarían los interesados y que participaron en los cursos.

Con los nuevos jueces se garantizaría presencia permanente de cualquiera de los tres jueces que se requieren en los procesos de justicia juvenil en la entidad.

Se elimina con esto el riesgo de que algún proceso contra cualquier joven pueda verse retrasado o afectado por la falta de alguno de los jueces especializados.

Celis Quintal declaró que de esa manera se reforzaría esa parte del Poder Judicial del Estado, en atención a los jóvenes que lo requieran.

Justicia Militar

El magistrado y el gobernador Rolando Zapata Bello recorrieron ayer las nuevas instalaciones de “Justicia Militar”, que se construyeron en la X Región de la Zona Militar en esta ciudad.

En el recorrido los acompañó también como anfitrión el Gral. Sergio García Aragón, comandante de la X Región Militar, con lo que se demostró que las Fuerzas Armadas en Yucatán también trabajan con el nuevo sistema de justicia oral.

Las explicaciones del lugar y el funcionamiento de cada área estuvieron a cargo de Gabriel Torres Fonseca, agente del Ministerio Público adscrito a la X Región Militar.

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Los magistrados yucatecos saben consentirse: aguinaldos de hasta $180,000

Noticias de Yucatán

En el Poder Judicial el pasado martes 1 se le pagó en una sola entrega los aguinaldos: $180,137 para su presidente, Marcos Celis Quintal, y $154,194 para cada uno de los 11 magistrados, más lo correspondiente a los demás funcionarios y personal de esa institución.

En el caso del Congreso del Estado, el pago de estas gratificaciones de fin de año será hoy lunes, cuando los 25 diputados recibirán $15,152.51 cada uno. También el personal cobrará su aguinaldo.

El año pasado cada uno de los legisladores recibió $87,794 porque trabajaron todo el año. A los diputados actuales les toca sólo el 25%, al considerar que entraron en funciones apenas en septiembre pasado.

Aunque el Poder Ejecutivo les adelantó a los burócratas parte de su aguinaldo el pasado 15 de noviembre para que aprovechen las ofertas del programa Buen Fin, los altos funcionarios cobrarían su aguinaldo esta quincena.

El gobernador recibirá $182,202 de aguinaldo y cada uno de sus 17 secretarios alcanzarían $148,208, misma cifra que reciben desde que inició esta administración, pues sus sueldos no han aumentado desde entonces.

Para el próximo año los altos funcionarios del gobierno del Estado tampoco tendrán un alza salarial, o al menos así está planteado en el Presupuesto de Egresos.

En el Poder Judicial sí se registró un aumento en el pago de aguinaldos porque, a diferencia del Ejecutivo, cada año los magistrados, jueces y demás funcionarios se incrementan su salario, de acuerdo con el porcentaje que se aprueba anualmente al salario mínimo.

Por ese motivo, en 2014 Celis Quintal recibió $116,638 de aguinaldo y este año alcanzó poco más de $180 mil, mientras sus compañeros magistrados —en 2014— alcanzaron $100,297 cada uno, y en esta ocasión su pago de gratificación de fin de año fue de $154,194 de acuerdo con la información que se encuentra en la página de internet del Poder Judicial del Estado.

Monto total de $4 millones para funcionarios

Los 72 funcionarios más importantes de Yucatán, que van desde los regidores de Mérida hasta el gobernador, reciben este año como aguinaldo alrededor de cuatro millones de pesos.

El año pasado esa misma cantidad de funcionarios recibió más de siete millones; la diferencia está en que este año los 25 diputados y 18 regidores de Mérida, más el alcalde, asumieron el cargo en septiembre pasado, por tanto sólo les corresponde el 25%; el porcentaje restante se le dio a sus antecesores.

El aguinaldo, igual que para los burócratas estatales y municipales, es lo correspondiente a 40 días de trabajo.

Quienes recibirán el monto más elevado serán el gobernador Rolando Zapata Bello, con un aguinaldo de $182,202, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Celis Quintal, quien el pasado martes recibió $180,137.

En contraparte, los funcionarios que menos recibirán son los diputados locales, con $15,152.51, cada uno de los 25 legisladores, y $19,393.60, para cada uno de los 18 regidores de Mérida. Al alcalde Mauricio Vila Dosal le correspondieron $28,414.52; en los tres casos es sin impuestos.

El año pasado el ex alcalde Renán Barrera Concha recibió $98,895 de aguinaldo y cada uno de sus regidores cobró $51,591.

De acuerdo con información recabada en los palacios de Gobierno y Municipal, así como en el Congreso del Estado y en el Poder Judicial, el pago de los aguinaldos a sus funcionarios y personal se hace en fechas distintas y en partidas diferentes.

Por ejemplo, el pago de los aguinaldos en el Ayuntamiento de Mérida es por partes: el pasado 15 de noviembre les pagaron a los trabajadores el 25% del aguinaldo, 15 días después otro 25%, y en estos primeros 15 días de diciembre el 50% restante.

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Fallo inédito de un juez en un caso de posesión de mariguana

Noticias de Yucatán

En un fallo inédito, un juez federal de Yucatán descriminalizó este viernes la posesión de mariguana en cantidades superiores a las dosis máximas de consumo personal que permite la ley.
Christian Omar González Segovia, Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de Yucatán, determinó que es inconstitucional el tipo penal que criminaliza la posesión simple de mariguana y canceló el juicio a Carlos Alberto Ruiz Poot, quien estaba bajo ‘libertad condicional’ por un lapso de diez meses.
El fue detenido con 15.7 gramos de la hierba, de manera que esta cantidad es poco más del triple de los 5 gramos que pueden poseerse sin penalización alguna, con base en la Tabla de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato de la Ley General de Salud.
El mismo juez dispuso que siga el juicio contra José Ismael Noh Villegas, quien fue el que le vendió la droga a Carlos Alberto.
La resolución salvó al procesado de una condena de 10 meses a 3 años de prisión y de una multa de hasta 80 días de salario mínimo, sanciones previstas en el artículo 477 de la citada ley.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Control, en la audiencia correspondiente a la causa 13/2015, concluyó que era inconstitucional e incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos el tipo penal que criminaliza la posesión simple del estupefaciente mariguana.
El juez consideró al individuo como farmacodependiente, por lo que prácticamente es libre de consumir algún tipo de droga con fines recreativos o lúdicos.
Ambos fueron detenidos en Mérida el 1 de julio alrededor de las 22:30 horas.
De hecho, Carlos Alberto Ruiz fue dejado libre poco después por la suspensión a condición a proceso por un lapso de 10 meses, pero a petición de sus defensores se programó la audiencia pública en la que el Juez se pronunció sobre la inconstitucionalidad.
El Juez consideró que limitar al consumidor a tener en posesión 5 gramos, atenta contra su libre derecho de desarrollo de su personalidad, ya que sólo él decide cómo vivir su vida y la cantidad que consuma en forma recreativa.
En Mérida, el edificio del Poder Judicial Federal se encuentra en la avenida Itzaes, con  la calle 79 y 79 A de la colonia Sambulá, en donde funcionaron las oficinas de la empresa Bepensa. Formal Prisión.

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A partir del 17 de noviembre tendrán nueva sede tres juzgados civiles

Noticias de Yucatán

A fin de resolver el problema que genera el aumento de gente que acude al edificio del Poder Judicial del Estado que alberga a los juzgados civiles, mercantiles y familiares y hacer frente a la sobrecarga de tránsito de personas que ha ido creciendo año con año, el Consejo de la Judicatura acordó que, a partir del 17 de noviembre del presente, los tres juzgados civiles que se encuentran en esa sede se trasladen al inmueble que ocupan los juzgados penales, ubicados junto al Centro de Reinserción Social del Estado, en la ex hacienda San José Tecoh.

El acuerdo se tomó ante el aumento del tránsito de personas, de entre cuatro y cinco mil personas que al día acuden a este edificio para la realización de diversos trámites.

Según se informa en un comunicado, para llegar a esta decisión el Consejo de la Judicatura tomó en cuenta que el edificio concentra casi al 40% de los juzgados de todo el Estado, de modo que su despresurización es inaplazable por la seguridad y comodidad de los ciudadanos que acuden a este lugar.

El inmueble, ubicado en la calle 35 entre 62 y 62-A del Centro, alberga actualmente 19 juzgados con toda su plantilla de personal: 3 juzgados civiles, 5 juzgados mercantiles del sistema tradicional y del sistema oral y 11 juzgados del sistema familiar tradicional y del sistema oral familiar.

Además, en ese mismo edificio de cuatro pisos se ubican el Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y también las oficinas centrales del Instituto de la Defensa Pública, así como oficinas de la Fiscalía General del Estado adscritas a los juzgados familiares, todas éstas con su plantilla de personal.

También se ubican ahí mismo la Central de Actuaría del Poder Judicial y la oficialía de partes común a los juzgados familiares, civiles y mercantiles. Asimismo, la Unidad de Igualdad y la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social.

En su acuerdo, el Consejo de la Judicatura determinó que para poder trabajar de manera adecuada, tanto el personal como los ciudadanos requieren un espacio digno, ya que actualmente este edificio está al tope de su capacidad de uso, además de que es inviable alguna ampliación.

Los juzgados que a partir del 17 de noviembre despacharán sus asuntos en la sede de San José Tecoh son: el juzgado primero civil a cargo de la jueza Fanny Guadalupe Iuit Arjona, el juzgado segundo civil cuyo titular es la jueza Claudia Ileana Pedrera Irabién, y el juzgado tercero civil encabezado por la jueza Margarita del Pilar Vera Vargas.

El 13 de noviembre del presente será el último día en el que estos tres juzgados civiles laboren en el edificio donde actualmente se encuentran.

Se establecerá en el edificio de San José Tecoh un módulo de la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, con horario de 8 a 15:00 horas. Sin embargo, la Oficialía de Partes en el edificio de la calle 35 podrá recibir todo tipo de documentación relativa a los juzgados civiles, en el horario acostumbrado, de 8:15 a 15 horas y de 17 a 24 horas, en días hábiles.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Marcos Alejandro Celis Quintal, explicó que el Poder Judicial se encuentra en una dinámica de cambio gradual, que demanda el reacondicionamiento de espacios físicos, pero todo será para bien de la sociedad y de una mejor atención en la impartición de justicia.

Integran también el Consejo de la Judicatura las consejeras Sara Luisa Castro Almeida, Melba Angelina Méndez Fernández, Silvia Carolina Estrada Gamboa y el consejero Luis Jorge Parra Arceo.

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Nueva denuncia contra funcionario "corrupto y prepotente" del Poder Judicial

Noticias de Yucatán

Diego Manuel Barrera Cáceres y Caridad González Cuervo, matrimonio que desde diciembre de 2013 clama justicia tras perder varios animales por el bloqueo del paso a su rancho, insiste en que es víctima de la corrupción que impera en el  Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Tekax.

Según lo expuesto por el quejoso y su esposa, Caridad González Cuervo, en escritos entregados en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, la corrupción en el juzgado de Tekax continúa porque no se han tomado medidas “contra el técnico proyectista Jaime Alfonso Hau May”.

 El matrimonio asegura que Hau May es un “funcionario corrupto, déspota y prepotente” que ha sido denunciado incluso ante el presidente del TSJ, Marcos Alejandro Celis Quintal, pero continúa en su puesto “manipulando los expedientes a su antojo” y “vendiendo la justicia al mejor postor”.

Como hemos informado, el 1 de diciembre de 2013 Barrera Cáceres denunció que Romeo Rivera Rodríguez, Mauricio Silva Martir y su hijo Juan Mauricio Silva Alemán mandaron construir una barda de mampostería sobre el camino de servidumbre de paso que siempre había utilizado para ir a su rancho “Xtacché”, ubicado a más de un kilómetro de donde se levantó el muro.

Al no poder  entrar con su camioneta al rancho, ubicado en el kilómetro 15.5 de la carretera Chacmultún-Kantemó, Barrera Cáceres tuvo problemas para alimentar a sus animales, muchos de los cuales murieron de hambre y sed, hasta que pagó “una fianza 10 mil pesos”  y la entonces jueza Selene Guadalupe López Pacheco emitió la orden que le permitió derribar por su cuenta el muro, el 26 de mayo de 2014.

Según los afectados, por sus denuncias de corrupción en el juzgado fueron destuidas la jueza López Pacheco y la secretaria de acuerdos Rubí Cervera Pérez. Como titular del juzgado quedó, como hasta ahora, el juez Pedro Benito Moo Uc.

Posteriormente el juez Moo Uc les dio la razón a los denunciantes y determinó que  “se declara constituida la servidumbre legal de paso a favor del tablaje rústico Xtacché”  y “se condena a los de-mandados abstenerse de realizar actos tendientes a impe-dir el paso de peatones y vehí-culos  al predio dominante”.

En la resolución de Uc Moo quedó pendiente determinar “el monto de la indemnización correspondiente que ha de pagarse a los dueños de los predios sirvientes” y “se absuelve a los citados demandados a pagar daños y perjuicios reclamados” por el demandante.

  Barrera Cáceres afirma que el fallo en su contra sobre el pago de daños y perjuicios fue “por no darle el dinero que me pidió” Hau May, quien elaboró la resolución que firmó el juez.

El miércoles pasado Diego Barrera y su esposa entregaron un nuevo escrito en la presidencia del TSJ, en el que le preguntan a Celis Quintal “¿por qué no ha tomado medidas” contra Hau May, como les ofreció cuando los atendió en su oficina y le expusieron personalmente su queja presentada antes por escrito.

Afirman que el miércoles 21 los atendió en el TSJ el secretario de Celis Quintal, de nombre Pascual, quien les dijo que en 24 horas les daría una respuesta. Como no hubo respuesta, el viernes 23 fueron de nuevo al TSJ, donde les dijeron que Celis Quintal estaba indignado por el escrito, del cual el mismo día dejaron copia en la Oficialía de Partes del gobierno del Estado.

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Destacan presuntos buenos resultados de la justicia oral en Yucatán

Noticias de Yucatán

Los presuntos buenos resultados en la procuración y administración de justicia en Yucatán destacaron ayer en la inauguración de la Semana del Derecho, que organiza la facultad de esta especialidad de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Pero a pesar de los presuntos logros con el nuevo modelo del sistema de justicia oral y acusatorio, el director de la Facultad de Derecho de la Uady, maestro en Derecho Carlos Macedonio Hernández, afirmó que el estado de derecho está en una transformación social porque la sociedad demanda transparencia, responsabilidad, una cultura de la legalidad, estricta aplicación de la justicia basada en la ley y en ese sentido el derecho es y será siempre el mejor instrumento que garantiza la convivencia humana.

Destacó que la Semana de Derecho, que se organiza desde hace 19 años en esa facultad de la Uady, enseñará a los estudiantes, egresados y profesionales del ramo que acudan a las actividades, que en Yucatán hay un derecho vivo y por ello habrá temas relacionados con los derechos humanos, presunción de inocencia, juicios orales, herramientas alternativas de solución de controversias y conflictos.

En entrevista, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura estatal, magistrado Marcos Celis Quintal, dijo que no comparte la visión de juristas de San Luis Potosí de que el modelo de juicios orales es un rotundo fracaso.

“En Yucatán está funcionando bien. Probablemente en algunas entidades tengan algunas dificultades, pero el propio código da las herramientas para que mejore sustantivamente el sistema”, señaló el magistrado. “No solamente puede mejorar en la rapidez, sino en el proceso para que se castigue al culpable, en el combate a la impunidad y que quien sea inocente se le declare así y salga libre”.

“Hay mejores herramientas ahora. No podemos pensar que era mejor el viejo y anquilosado sistema tradicional que era justicia de papel”, reiteró. “Hoy hay una justicia viva, una justicia de personas, una justicia que responde mejor a las expectativas. Lo que hay que hacer es cuidarlo entre todos, las policías, fiscalía, jueces, magistrados, defensores y hacer el mejor papel y desempeño cada día para que tengamos una mejor justicia”.

El doctor en Derecho dijo que el nuevo modelo no favorece la impunidad, está diseñado para combatir la impunidad y lo que hay que hacer es investigar, luego acusar y castigar. “No pueden primero castigar, después acusar y por último investigar porque precisamente eso es lo que prohíbe el nuevo sistema y eso es lo que pasaba en el viejo sistema anterior”. Por esa razón sostiene que ahora hay una mejor calidad en la justicia, porque las autoridades tienen mejores herramientas para hacer bien su trabajo.

El segundo orador de la ceremonia inaugural, Jorge Esquivel Millet, consejero jurídico del Ejecutivo estatal, resaltó los principales logros del nuevo modelo de justicia que se aplica en Yucatán.

Dijo que durante la certificación y vigilancia de 2015 que realiza la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, Yucatán es una de las tres entidades del país que operan con buenos resultados el nuevo sistema penal y acusatorio, junto con Chihuahua y Nuevo León.

Precisó que en julio de 2014, durante esa certificación, Yucatán obtuvo una calificación de 7.6 sobre una calificación de 10, en mayo pasado avanzó a 8.4 sobre 10 y en la última realizada en octubre pasado, el Estado logró 9 de 10. Esta última calificación permitió que el estado ocupe el segundo lugar del ránking nacional que mide la implementación del nuevo sistema de justicia.

La OCDE difundió los indicadores de bienestar y ubica a Yucatán en el primer lugar en componentes de seguridad, compromisos cívicos y gobernanza.

“Todo esto nos hace decir con orgullo que los profesionales de derecho, las facultades, escuelas, organizaciones civiles y las instituciones vinculadas con la seguridad, la procuración e impartición de justicia están haciendo bien las cosas”, reiteró.

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Más dinero al Poder Judicial: solicita alza de $100 millones

Noticias de Yucatán

El Poder Judicial del Estado planea ejercer un presupuesto de $578.982,875 el año próximo, que representa un aumento superior a $100 millones en relación con el de este año, que es de unos 460 millones de pesos.

Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Judicatura del Estado, informó que el presupuesto incluye partidas para programas especiales a realizar el año próximo a fin de mejorar las condiciones y el funcionamiento del Poder Judicial.

Por ejemplo, dijo que tres programas concretos que consideran importantes son el equipamiento y modernización del área de informática, el arrendamiento de vehículos para la función jurisdiccional y el mantenimiento mayor del edificio del Tribunal Superior, en la colonia Inalámbrica, y el de los juzgados civiles y familiares, en la calle 35.

El funcionario indicó que a fin de aplicar la tecnología en el trabajo judicial, de modo que permita aumentar la capacidad para atender la demanda y elevar los niveles de legitimidad que esa capacidad de respuesta debe tener ante la sociedad en general, planean invertir 72 millones, 647,500 pesos.

Respecto al parque vehicular con que cuenta el Poder Judicial, dijo que debido a la antigüedad y el intenso uso de los vehículos, incluso con el riesgo de salir a carretera, se hace necesario reemplazarlos en una primera etapa; por tanto, el Tribunal y el Consejo de la Judicatura consideraron $4.137,118 para este rubro en 2016.

En cuanto a los edificios, consideró que requieren recursos necesarios para el “mantenimiento ineludible” de la sede del Tribunal en la Inalámbrica, que ya cumplió 14 años de servicio público y urge atender varias áreas.

Lo mismo sucede al actual edificio que alberga los juzgados civiles, mercantiles y familiares; el Fondo Auxiliar y el Centro Estatal de Solución de Controversias, ambos del Poder Judicial, y las oficinas centrales del Instituto de Defensa Pública.

Por lo tanto, para estos servicios se considera una partida de 28 millones 287,500 pesos.

El viernes pasado publicamos que se considera un aumento del 6% al salario de los trabajadores del Poder Judicial y de un 3% al sueldo de los magistrados.

Datos Presupuesto

7.280,395 pesos

Tribunales

Le correspondería el próximo año de presupuesto al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios del Estado de Yucatán.

28.810,449 pesos

Justicia fiscal

La cantidad para el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial en 2016.

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Intercambian jueces y desaparece otro juzgado Penal en Yucatán

Noticias de Yucatán

A partir de este viernes, dos juzgados penales tradicionales se fusionarán en uno solo, lo que genera un enroque de jueces yucatecos.

Los cambios  mantienen en zozobra a los demás trabajadores, pues no saben qué les espera.

Según trascendió, los actuales titulares de los juzgados Primero y Segundo penal, Luis Felipe Santana Sandoval y Rubí Guadalupe González Alpuche, intercambiarán despachos.

De esta forma, el juzgado Primero penal estará a cargo de la licenciada González Alpuche, pero este tribunal se fusionará con el Juzgado Séptimo, que desaparecerá definitivamente.

Su titular, el juez Kenny Martins Burgos Salazar, quien también es juez de control del puerto de Progreso, se quedará solo en este último cargo.

Parte del personal del juzgado Séptimo se  distribuirá en los juzgados Primero y Segundo, pero el resto desconoce a dónde irá a parar.

El enroque de jueces se debe a que la juez Rubí González ha sido titular del juzgado Séptimo, de manera que conoce los expedientes que se heredarán al juzgado fusionado.

El sistema tradicional aún funciona, pero sólo con casos antiguos, por sentencias que no se emiten aún, apelaciones de las que ya se dieron y con las órdenes de aprehensión que aún están por llegar.

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Fumigación contra las ratas en edificios del Poder Judicial

Noticias de Yucatán

COMUNICADO DE PRENSA

Con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por insectos y para evitar la presencia de roedores, se ha puesto en marcha un operativo de fumigaciones en diversos edificios pertenecientes al Poder Judicial del Estado, a través del Consejo de la Judicatura, procurando de esta manera el bienestar físico de los empleados.

Dicho operativo inició el día de ayer jueves 24 de septiembre en los Juzgados Penales del Primer Departamento Judicial del Estado y en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), el cual se realizó en un horario fuera del laboral procurando no afectar las actividades correspondientes del personal de cada edificio.

De igual forma, las fumigaciones continuarán los próximos días con el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado, el día sábado 26 de septiembre en el Centro de Justicia de Umán y en los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, el día domingo 27 de septiembre continuará en el edifico antes mencionado y en los Juzgados Penales del Primer Departamento Judicial del Estado, también en los Juzgados especializados en justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral.

El día miércoles 7 de octubre se realizará en el Archivo Judicial, en el Centro de Justicia de Kanasín y continuará en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM). Cabe mencionar que el operativo de fumigaciones se realiza con las medidas pertinentes de acuerdo a las recomendaciones previas y posteriores al rociado.

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Juez sentencia 22 años de cárcel a ‘doble homicida” y admite que es "muy baja"

Noticias de Yucatán

Jesús Alberto Pool Dzul (a) “La Cuquis” fue sentenciado a 22 años de prisión por asesinar al dueño de un rancho y al empleado de éste.

Fue hallado culpable de homicidio calificado (2), robo de ganado menor y robo calificado, toda vez que el día del crimen a robar en el rancho de las víctimas, en el municipio de Seyé, en marzo pasado.

La sentencia, emitida por el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, fue baja porque el acusado negoció con la autoridad aceptando su culpa a cambió de una condena benévola.

Sin embargo, en su explicación de la sentencia, el juez Bonilla Castañeda mencionó que no comparte la pena solicitada por los fiscales con anuencia del acusado y su defensa, ya que la consideró muy baja, pero aclaró que accedió dado que la ley no le permite imponer más de lo que las partes solicitaron, conforme a lo que marca la ley.

Las víctimas fueron Aroldo Gabrini García Chel, de 57 años de edad, y a su empleado Virgilio May Chan.

En la sala de oralidad del segundo distrito judicial con sede en Kanasín, los denunciantes y el acusado accedieron al procedimiento abreviado solicitado el pasado 23 de septiembre por los representantes de la Fiscalía Estatal.

El juez confirmó en audiencia que el imputado renunció a ser juzgado ante un tribunal de juicio oral y que se acogió al procedimiento abreviado de forma voluntaria, pues de no haberlo hecho hubiera recibido una condena de 40 años, pues mató a dos personas.

Se explicó que procedimiento abreviado es de carácter especial que el juez tramita a solicitud del fiscal investigador o del imputado y en el que el Ministerio Público puede solicitar la aplicación de una pena inferior hasta en un tercio de la mínima señalada para el delito por el cual acusa. Para casos graves como homicidio simple y calificado, secuestro, tortura, violación y trata de personas, la reducción de hasta un trercio se realiza a la pena que corresponda, atendiendo al grado de culpabilidad del sentenciado.

El juez Bonilla Castañeda leyó la sentencia que incluye los 22 años de cárcel, la amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos, el pago por reparación del daño por la cantidad de $2,568,000 pesos en concepto de indemnización por el delito de homicidio calificado (2) y por el delito de robo calificado $8,000. En lo que concierne al delito de robo de ganado menor, la cantidad será fijada por el juez de ejecución de sanciones penales del Poder Judicial del Estado.

Los hechos de este caso ocurrieron el 4 de marzo entre las 17:00 y 19:30 horas en el rancho “Los Garcías” en la carretera a Seyé, donde el acusado llegó acompañado de un adolescente llevando una jaula para una lechona, pero con la idea de matar al encargado para robarle.

El menor no quiso participar y entonces el sujeto, luego de que bajó la jaula, golpeó a Aroldo Gabrini García en la cabeza con un palo y luego le destrozó la cabeza con una piedra.

El cadáver lo arrojó en el pozo y la misma suerte corrió el caporal, cuando llegó después; tras el doble crimen subió a la camioneta en la que llevó ocho carneros y una planta de energía eléctrica.

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Réplica de un doctor al Poder Judicial sobre la situación de sus hijos

Noticias de Yucatán

El doctor Carlos Amílcar Esquivel Patrón, quien inició una lucha jurídica y pública para que le permitan ver y convivir con sus dos hijos como mandata la sentencia de divorcio, replicó ayer el comunicado que emitió la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

El comunicado de esa Comisión, como informamos, se refiere al divorcio de Esquivel de R.M.M.V., de una orden de protección para la ex esposa por situaciones de violencia emocional y de dos acuerdos sobre el régimen de visitas y convivencias, contra los que él se amparó.

Incluso señaló que el juzgado oral familiar cumple los mandatos de la autoridad judicial federal.

En respuesta a ese escrito, Esquivel Patrón mandó una réplica a la Unidad de Comunicación del Poder Judicial del Estado y la Comisión de Disciplina donde le dice lo siguiente:

“Es cierto que por sentencia del 9 de mayo se declaró disuelto el vínculo matrimonial con Roxanna de las Mercedes Méyer Véliz. Se decretó que mis dos hijos menores quedaran bajo guarda y custodia de ella; sin embargo, ambos conservamos la patria potestad y para ello se estableció un régimen de visitas y convivencia por tres meses en el Centro de Convivencia Familiar del Estado porque mi conducta no representa un riesgo para convivir con mis hijos.

“Lo que no manifiesta la juez Rosa Isela Sandoval Durán es:

“Que del régimen de convivencias establecido y que debía de efectuarse los sábados de las 9 a las 13 horas Roxanna Méyer incumplió con llevar a mis hijos, tal como consta en el expediente 296/2013 de la jueza.

“Que Roxanna Méyer tomó la decisión de cambiar de residencia, llevándose a mis hijos hace un año y dos meses ante la complacencia de la jueza y sin que me dieran vista del cambio, y hasta ahora tiene en secreto.

“Mi ex esposa dice que ejercí violencia verbal, física, emocional y patrimonial, pero nunca fueron probadas. Sigo sin saber dónde se encuentran mis hijos menores, cuál es su estado de salud, físico, psicológico, aun cuando conservo la patria potestad sobre ellos.

“Por la negativa de la jueza familiar de impedirme convivir con mis hijos, solicité y obtuve la protección de la justicia federal.

“La juez debió cumplir los amparos 1758/2014 y 1992/2014, pero hasta el día 21 de septiembre pasado y por una protesta pública que hice se me informó que había contestado los amparos, pero lo hizo en forma extemporánea porque las sentencias federales habían causado ejecutoria.

“Las manifestaciones públicas fueron pacíficas y conforme a derecho a las puertas de los juzgados familiares civiles y mercantiles”.

El doctor Esquivel entregó copia de su réplica al Diario.

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Respuesta oficial sobre presunto desacato

Noticias de Yucatán

Texto íntegro del comunicado que envió la Unidad de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con información emitida por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, respecto de un caso familiar que se desahoga en el juzgado I de oralidad familiar:

“En el Juzgado Primero Oral Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado se radicó el expediente 296/2013 relativo al Procedimiento Especial de Divorcio sin Causales promovido por la señora R.M.M.V. en contra del señor Carlos Amílcar Esquivel Patrón, en el cual, por sentencia emitida el nueve de mayo del año dos mil catorce, se declaró disuelto el vínculo matrimonial. Asimismo, de conformidad con lo acordado por las partes, se declaró que los hijos menores de edad quedarían bajo el cuidado y custodia de su madre, conservando ambos progenitores la patria potestad, fijándose un régimen de visitas y convivencia de los citados menores con su padre el señor Esquivel Patrón, mediante visitas supervisadas por un periodo de tres meses ante el Centro de Convivencia Familiar del Estado. Transcurrido dicho término, previos los resultados de una valoración psicológica, el señor Esquivel Patrón tendría derecho a visitar y sacar a pasear a sus hijos, siendo la entrega y recepción de los menores en el referido Centro.

Cabe señalar que, desde el 6 de mayo de 2013, el juzgado ya había dictado una orden de protección a favor de la señora R. M. M. V., debido a que desde el inicio del proceso de divorcio, en abril de 2013, ésta había referido ante la jueza situaciones de violencia emocional por parte del C. Esquivel Patrón. Posteriormente, el señor Esquivel Patrón aduce incumplimiento por parte de la señora R.M.M.V. respecto al régimen de visitas y convivencia ya referido, por lo que derivado de esta circunstancia se emiten los acuerdos fechados el 8 de octubre y 17 de diciembre, ambos del año 2014, siendo que el señor Esquivel Patrón interpone sendos juicios de amparo en contra de los citados acuerdos. Dado que en ambos juicios de amparo se promovieron recursos de revisión, las sentencias ejecutoriadas de los dos procesos fueron recibidas en el Juzgado, una de ellas se recepcionó, para su cumplimiento, el 10 de septiembre de 2015 y la otra el 11 de septiembre de 2015, luego de lo cual dicho juzgado ha procedido a cumplir en tiempo y forma el mandato de la autoridad federal, que en ambos casos consiste en realizar valoraciones psicológicas y en escuchar la opinión de los menores en relación a la convivencia con su padre no custodio, así como el desahogo inmediato de las pruebas periciales ordenadas en auto de 17 de diciembre de 2014, para tomar en cuenta su resultado al decidir sobre la convivencia familiar solicitada por el progenitor, sin perjuicio, en caso de considerarlo necesario, de que la juez se allegue de diversas probanzas que considere pertinentes y benéficas a los menores de edad.”- (Comunicado Poder Judicial del Estado de Yucatán)

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