Detienen al presunto asesino de niña de seis años en Tadhziú, Yucatán

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EL joven de 19 años es acusado del asesinato de la niña de seis años. Vecinos también lo señalan por haber cometido otros ataques sexuales.
pozo de Tahdziú en Yucatán.
Un juez ordenó que se ejecute la detención de C.V.Y, de 19 años señalado como el presunto asesino de la niña de seis años hallada en un pozo de Tahdziú en Yucatán.
El sujeto, violó y estranguló a la niña para después arrojarla al pozo donde fue encontrada sin vida la tarde del martes, luego de estar desaparecida por un día.
El joven de 19 años será presentado ante el juez de control de Tekax municipio de Yucatán para que responda por los delitos en los que se le involucra.
Según algunos habitantes de Tahdziú no es la primera vez que este hombre comete uno de estos ataques sexuales. Al sujeto se le culpa de otros dos ataquesuno contra una joven y otro en contra de una menor de edad.
Con anterioridad había atacado sexualmente a una adolescente y a una menor que mantuvo secuestrada dos días, quien logró huir para ponerse a salvo. También se le acusa de cometer varios robos y de ser una persona agresiva.
Los vecinos de Tahdziú en Yucatán señalan que el joven siempre ha estado protegido por el presidente municipal, debido a que son sobrino y tío. Los habitantes recolectaron firmas para expulsarlo de pueblo.
La familia del detenido por ser el presunto responsable del homicidio de una niña de seis años, en el municipio de Tahdziú informó que se irán de la comunidad debido a las amenazas, habitantes de otras zonas de Yucatán han manifestado que no están dispuestos a recibirlos.
Hechos del asesinato de la niña
El presunto asesino vio a la menor pasar frente a su casa y al ver que se dirigía a la vereda del monte, la siguió y abuso sexualmente de ella posteriormente arrojó el cuerpo de la menor a un pozo, para ocultar el crimen. La familia de la niña fallecida espero al día siguiente para reportar la desaparición.

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En Kanasín un ladrón se convierte en homicida por $100 y un celular

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C. R.M E. permanecerá en prisión por su participación en el asalto y homicidio de Ángel Manuel, a quien despojaron de un teléfono celular y 100 pesos, el pasado 15 de agosto, en calles del fraccionamiento CROC de Kanasín.
Alrededor de las ocho de la mañana, Ángel Manuel se encontraba sentado en la banca del paradero de camiones, ubicado en la esquina de las calles 32 por 39 del fraccionamiento CROC de kanasín, cuando se le acercaron dos sujetos quienes lo amagaron para despojarlo de un teléfono celular y 100 pesos.
La víctima intentó recuperar el teléfono, pero el ahora imputado sacó de entre sus ropas un cuchillo que clavó en el lado izquierdo del pecho de Ángel Manuel, para evitar que éste recuperara lo robado.
Mientras la víctima caía herido de muerte, los ladrones se dieron a la fuga, mientras que testigos del asalto solicitaron los servicios de emergencia.
Al lugar llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero el joven ya había muerto, de una perforaron el corazón.
Elementos de la SSP realizaron un operativo en la zona, ya que contaban con las características de los agresores, presuntos pandilleros del rumbo de Kanasín, lo que permitió el arresto de C. R.M E, quien es señalado como el autor material del asesinato, además de que se le encontró el arma utilizada en el crimen.
En la audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Oral de Kanasín, la juez primero de control Marissa Polanco Sabido dio más valor a los datos de prueba aportados por los fiscales, que a los aportados por la defensa del acusado.
Por ello, vinculó  proceso a C. R.M E por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado.
A petición de los fiscales, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva por todo el lapso que dure el proceso en contra del acusado.
La juez otorgó a la fiscalía un plazo de cinco meses para las investigaciones complementarias de este caso. Sipse.

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SCJN aprueba mariguana medicinal y muerte digna en la Constitución de CDMX

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El Pleno del Tribunal también aprobó por unanimidad de 11 votos las disposiciones de la Ciudad de México relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de sus habitantes.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó con ocho votos a favor la referencia al uso médico de la marihuana en la Constitución de la Ciudad de México.
Durante la sesión, los ministros aclararon que la sentencia no analiza si es válido o , no que las personas y doctores puedan usar la cannabis para fines médicos o terapéuticos.
Explicaron que lo único que se analizó es a qué nivel de gobierno le toca regular o permitir ese uso.
Coincidieron en que es una cuestión federal, y le toca en exclusiva al Congreso de la Unión emitir todas las normas relacionadas con ello dentro de la Ley General de Salud.
Sin embargo, cuando la Constitución de la Ciudad de México menciona el uso médico de la marihuana no invade esa facultad exclusiva porque sólo señala que dicho uso se permitirá en la ciudad conforme a la legislación aplicable, es decir se refiere la Ley General de Salud.
Precisaron que un artículo transitorio dice que lo relativo a la marihuana para uso medicinal en la Ciudad de México sólo entrará en vigor cuando el Congreso de la Unión haya reformado ya la Ley General de Salud para permitirlo, cuestión que sucedió en junio de 2017.
Es decir, la Constitución capitalina respetó cabalmente las facultades del Congreso de la Unión y no reguló en forma alguna el uso de la marihuana.
Derecho a una muerte digna
La Corte también se inclinó a favor de validar el reconocimiento del derecho a una muerte digna en la capital del país.
Con nueve votos a favor, desecharon el argumento de la PGR que señalaba que el concepto “muerte digna” hace referencia al suicidio asistido y eutanasia, posición que rechazaron los ministros al considerar que la doctrina internacional incluye en este derecho los cuidados paliativos para personas en fase terminal y la mejora de estándares de calidad en el cuidado de estos pacientes.
La sentencia considera que la PGR no tiene razón, ya que el artículo únicamente reconoce el derecho a la muerte digna como parte de la garantía a vivir dignamente, en respeto al libre desarrollo de la personalidad.
Derechos sexuales y reproductivos
Por otra parte, el Pleno del alto tribunal también aprobó por unanimidad de 11 votos las disposiciones de la Ciudad de México relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de sus habitantes.
En ese sentido, la Constitución capitalina señala que “toda persona (…) tiene derecho a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica”.
Además que las personas tienen derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada el número de hijos que deseen, así como a recibir información y servicios integrales sobre salud reproductiva.
La PGR las impugnó porque a su parecer violaban competencias exclusivas de la Federación por ser cuestiones relacionadas con la planificación familiar, así como derechos de padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas.
Sin embargo, la Suprema Corte concluyó que esos temas están dentro de las facultades concurrentes, es decir las que tanto la Federación como las entidades federativas pueden intervenir de cierta forma.
La Constitución local sólo reconoce derechos en favor de los habitantes de la ciudad, sin definir el contenido de los servicios o la manera en que habrán de prestarse, y no se viola el derecho de los padres a ejercer la educación y formación sexual que reciban sus hijos.
El gobierno de Ciudad de México reconoció el aval de la SCJN al uso médico y terapéutico de cannabis como establece la Constitución capitalina, así como la decisión sobre el derecho de los habitantes de la metrópoli a una muerte digna y los concernientes al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

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Llega a los juzgados de Yucatán el caso de agencia fraudulenta

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La querella interpuesta también incluye la privación ilegal de su libertad y lesiones.
Tras ser agredida y privada de su libertad, una pareja presuntamente víctima de fraude por una agencia de viajes en Mérida presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Luego de los acontecimientos sucedidos el miércoles pasado, la pareja que fue retenida en las oficinas de Plaza Centrito, donde presuntamente operan los defraudadores de tarjetas de crédito a través de agencias de viaje fantasma, presentó formalmente su querella.
Desde temprana hora acudió un matrimonio a la Fiscalía General del Estado, donde uno de los afectados, de nombre José, interpuso una querella por la privación ilegal de su libertad, así como por las lesiones causadas por las agresiones de las tres mujeres, que anteayer fueron arrestadas por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública(SSP) cuando se suscitó dicho conflicto.
Al lugar también acudió una docena de personas que integran el grupo de defraudados, quienes se manifestaron ante la autoridad para que las acusadas no fueran puestas en libertad.
Sobre el tema, Mirna, esposa del demandante, señaló que tras la presentación de la denuncia deben esperar a que ésta sea analizada por las autoridades y si se judicializa, entre lunes o martes de la semana próxima podría ser citada para una audiencia, “así que de momento no hay nada que hacer”.
La pareja fue privada de su libertad cuando acudió a las oficinas de la agencia Central Global de Reservas a reclamar la cancelación de su contrato por incumplimiento de las cláusulas.
La negativa del personal de la agencia fue registrada en un video, lo que desató la furia de las cinco mujeres de esa empresa, quienes no permitieron salir a la pareja hasta que borraran el video; más tarde, tres de las cinco involucradas fueron apresadas por elementos de SSP.

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Revoca Corte amparo a rarámuri que se opone a transfusión de sangre para su hija

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó un amparo concedido a una mujer de origen rarámuri que, por razones de religión, se opuso a que su hija con leucemia recibiera transfusiones de sangre.
Por mayoría de cuatro votos, los integrantes de la Primera Sala de la Corte avalaron que el Estado sí puede interferir en la autonomía de los padres de familia para tomar decisiones por ellos, para autorizar tratamientos médicos urgentes a sus hijos enfermos de gravedad y cuya vida esté en riesgo.
El proyecto avalado, fue realizado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea establece que esta suplencia de la tutela de los padres procede aún en los casos en que decidan la aplicación de tratamientos alternativos que ya no son viables por la condición de urgencia o premura del estado de salud del menor o no son igual de eficaces para ayudarle a recuperarse como con un tratamiento convencional.
De este modo, en el caso discutido en la Primera Sala, la Corte respaldó la intervención de las autoridades del estado de Chihuahua para ordenar transfusiones de sangre a la niña que padece leucemia, pues sus padres se habían negado al tratamiento debido a que profesan la religión de Testigos de Jehová.
“En estos casos está justificado intervenir en la autonomía familiar con el objeto de impedir una afectación a la integridad del menor, porque la Constitución obliga al Estado a velar por que no se vulneren los derechos de los niños”, indica el fallo aprobado.
Antes de llegar a la Corte, la madre de la niña había obtenido un amparo para que, siempre y cuando se agoten otros medios o tratamientos alternativos, la menor pueda recibir la transfusión de sangre como última opción.
Inconforme con ello, la señora presentó un recurso de revisión porque reiteró su oposición a la aplicación de las transfusiones de sangre, razón por la que el caso llegó al Máximo Tribunal.

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Mérida: vinculan a proceso a asaltantes de una farmacia en Mérida

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En audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a M.R.C., M.C.B. y D.E.R.E., por su presunta participación en el delito de robo calificado cometido con violencia y en pandilla, denunciado tras los hechos ocurridos el pasado martes 7 en Valladolid.
Se informó que, tras decretarse la legal detención de los indiciados, la Fiscalía formuló la imputación y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue concedida por el Juez de Control hasta la audiencia de vinculación a proceso, que se realizará mañana lunes 13.
Los hechos ocurrieron en una farmacia ubicada en Valladolid, en donde los indiciados presuntamente se apoderaron de unos celulares y dinero en efectivo, para después darse a la fuga, pero fueron detenidos posteriormente y turnados ante la Fiscalía.
Los hecho fueron asentados en la carpeta de investigación de la causa penal 31/2018.
Como informamos, dos sucursales de Farmacias Yza de Valladolid fueron asaltadas el lunes y martes de esta semana, y en ambos casos los delincuentes sometieron a los empleados con pistolas.

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Durante dos semanas acosó a quinceañera de Mérida: lo liberan con brazalete electrónico

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Durante dos semanas acosó a su vecina menor de edad en busca de tener relaciones sexuales con ella, ahora enfrenta un proceso penal, con libertad condicional.
J.B.C fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y se encuentra en libertad provisional debido a que la juez segundo de control, Blanca Bonilla González le dictó como medidas cautelares el uso de localizador electrónico, no acercarse al domicilio de la víctimay de su progenitora, no transitar en la calle de la casa de la víctima, no acercarse a la menor y a su madre,  firmar el libro de registro dentro de los primeros cinco días de cada mes y no salir del estado.
En la causa penal 159/2018 se indica que día 5 pasado, aproximadamente a las 18:00 horas, el ahora imputado estaba en la calle 14 de la colonia Amalia Solórzano de esta ciudad, cuando vio que se acercaba su vecina de 15 años de edad, a quien comenzó a acosar y hacer actos lascivos, como lo hacía desde hace dos semanas cuando se encontraba la víctima en la vía pública.
En esos momentos pasaba por el lugar una patrulla de la SSP y la menor pidió ayuda para el arresto de su acosador sexual.
Al ser presentado ayer ante la juez Blanca Bonilla, se decretó como legal la detención y los fiscales le imputaron el delito de acoso sexual.
La audiencia de vinculación a proceso se fijó para el próximo día 13 de agosto. Milenio.

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Hombre atacado por tigre en Yucatán está sentenciado a 25 años por homicidio en Nuevo León

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El hombre que fue atacado por su tigre de Bengala, se encuentra hospitalizado bajo custodia policial debido a que tiene una orden de reaprehensión por homicidio calificado en su entidad de origen, Nuevo León.
De acuerdo con información proporcionada por la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a raíz del incidente suscitado en un rancho ubicado en la carretera Motul-Baca, en el que un tigre en cautiverio (de su propiedad) atacó e hirió a R.G.L.T. y a su hijo menor de edad, se percataron en las indagatorias de que el sujeto era buscado en Nuevo León.
El trabajo de investigación de los agentes estatales permitió conocer que el mencionado ciudadano tiene una sentencia de 25 años de prisión, ratificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justiciadel Estado de Nuevo León.
El día del suceso, R.G.L.T. fue ingresado en un hospital privado del norte de Mérida, y horas después por indicaciones de familiares, fue trasladado a otra clínica particular, donde según el reporte médico, permanece en estado grave.
La Secretaría de Seguridad Pública SSP, con base en procedimientos de ley, mantiene la debida seguridad y custodia del ciudadano, en coordinación con las autoridades de Nuevo León, y se procederá a cumplir la orden de reaprehensión una vez que sus condiciones de salud lo permitan y sea dado de alta.
Este miércoles la Profepa informó que los dos tigres de bengala fueron decomisados ya que en el rancho en el que se encontraban, no se acreditó su legal procedencia.  Milenio.

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5 años de cárcel por robarle 23 teléfonos a Movistar en Mérida

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A 5 años y 4 meses de cárcel, fue sentenciado el oaxaqueño Carlos Hernández López, quien se introdujo a un establecimiento de venta de teléfonos celulares para robar 23 aparatos.

La sentencia fue mediante un procedimiento abreviado, es decir se declaró culpable a cambio de una sanción menor, aunque no le fue nada bien porque al rebasar los cuatro años de cárcel tendrá que cumplir toda la condena, sin derecho a fianza u otros beneficios.

Esto llama la atención, pues en el Nuevo Sistema de Justicia Penal han sido pocas las condenas en las que los ladrones se quedan presos tras ser sentenciados.

La juez de control Elsy del Carmen Villanueva Segura también le impuso una multa de 10,719 pesos y lo condenó a pagar la reparación del daño por 8 mil pesos.

Fue denunciado por Alberto Rivas Mendoza.

El 5 de abril, entre las 04:30 y 5 horas, el oaxaqueño se apersonó al establecimiento comercial con razón social Movistar, que se encuentra ubicado en Prolongación Montejo con calle 33 de la Colonia Buenavista.

Detrás del mismo se ubica un edificio vacío y aprovechando esa circunstancia rompió un paño de cristal y se introdujo al establecimiento, sustrayendo 23 teléfonos celulares, de diversas marcas, los cuales son propiedad de la empresa Pegaso PCS, SA de CV.

Intentó retirarse del lugar, momento en el que es sorprendido por agente de la Secretaría de Seguridad Pública que lo detuvieron y ocuparon el botín, cuando pretendía huir a bordo de su triciclo.

Los aparatos, cuyo valor comercial es superior a los 100,000 se recuperaron, por lo que sol se le condenó a reparar los daños por los cristales que rompió al entrar.

Por cierto, el triciclo en el que fue detenido también era robado, pero nunca apareció el dueño. Formal Prisión

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PGR "no comparte" criterio de Tribunal que ordenó libertad de Elba Esther Gordillo

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En un comunicado, la procuraduría aseguró que en proceso contra "La Maestra" actuó en estricto apego a la Constitución y en respeto absoluto de los Derechos Humanos.
México.- La Procuraduría General de la República (PGR) expresó su respeto a la resolución del Poder Judicial de la Federación (PJF) que ordenó la libertad de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusada por dinero y delincuencia organizada.
En un comunicado, la dependencia federal indicó que en la investigación en contra de Gordillo Morales se actuó con estricto apego a la Constitución y en respeto absoluto de los Derechos Humanos, por lo que no comparte la decisión tomada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México.
Elba Esther Gordillo fue absuelta la noche del martes de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que la PGR le imputó por su gestión al frente del SNTE. Pese a que la autoridad señaló que casi 2 mil millones de pesos habrían sido desviados de cuentas del sindicato a gastos personales de la expriista, el caso no contó con el sustento jurídico suficiente y una ola de amparos e impugnaciones condujo a su libertad.
Gordillo estuvo cerca de 5 años y 6 meses bajo proceso, pero su tiempo en prisión fue mínimo, debido a que la defensa apeló a su estado de salud para que, primero, se le ubicara dentro de la torre médica de un penal y después se le permitiera cumplir con tiempo de reclusión en un hospital privado. Desde diciembre del año pasado gozaba de la prisión domiciliaria.

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Yucatán: Afrontan jueces familiares retos a la hora de otorgar órdenes de protección

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Decidir con rapidez en casos de emergencia, pero a la vez apegarse a la evidencia de los hechos para proteger a personas que pueden ser víctimas o estar en riesgo de violencia familiar son los principales retos para los jueces al resolver el otorgamiento de órdenes de protección contempladas en las leyes locales en la materia.

Debido a ello, jueces y juezas de control del sistema penal y del sistema familiar del Poder Judicial del Estado, magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Consejeros de la Judicatura, participaron esta mañana en el conversatorio “Brechas y dificultades de las medidas de protección derivadas del ejercicio del derecho fundamental a vivir en un entorno familiar libre de violencia”.

Encabezados por el presidente de la sala civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Jorge Rivero Evia y la magistrada integrante de esta sala Mygdalia A. Rodríguez Arcovedo, los jueces y juezas analizaron casos complejos que se presentan diariamente en los juzgados en lo relativo a la solicitud de órdenes de protección contempladas en la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán en vigor desde 2014 y en la que se prevé que tanto la Fiscalía, como los jueces familiares y de control del Poder Judicial del Estado, tienen la facultad de otorgar órdenes de protección.

En su artículo 42 esta ley establece que las órdenes de protección “son las medidas personalísimas e intransferibles que tienen por objetivo prevenir, impedir o interrumpir los actos de violencia contra las mujeres” establecidos en la misma.

Particularmente las juezas y jueces enfrentan la necesidad de tomar una decisión rápida cuando se trata de órdenes de emergencia, las cuales tienen una temporalidad no mayor de setenta y dos horas y deben expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, facultad que también tienen los fiscales del Ministerio Público.

En la jornada de esta mañana se abordaron temas relativos a los criterios para resolver las medidas y las pruebas necesarias; las dificultades y/o facilidades materiales que se presentan ante el juzgador; la notificación de las medidas concedidas; la participación de organismos y autoridades auxiliares y la custodia y alimentos en medidas de protección.

La jueza familiar Patricia Herrera Loría y los jueces de control Kenny Martins Burgos Salazar y de justicia familiar José Ismael Canto Can fueron ponentes en este Conversatorio que busca homologar criterios para cumplir el papel protector de la justicia, particularmente hacia las mujeres, que son las más violentadas, pero también hacia los menores e incluso hombres que pueden estar en riesgo.

Los jueces ponentes coincidieron que lo anterior encuentra uno de sus mayores retos al presentarse casos en los deben decidir la procedencia o no de la orden sin que las personas solicitantes ofrezcan evidencias. Si bien no es necesario desahogarlas, la ley establece, en su artículo 51, que al menos deben ser ofrecidas por el solicitante. En el conversatorio también participaron los consejeros de la Judicatura Sara Luisa Castro Almeida y Luis Alfredo Solís Montero.

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Preocupa agresión impune de un juez a jueza en Ciudad Juárez

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Ciudad Juárez.- El Instituto Chihuahuense de las Mujeres solicita al Congreso del Estado y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que investiguen y en su caso sancionen la actuación de Guillermo Gómez Cortés, quien fue suspendido como Juez de Control por violentar a una hermana y ahora aparece en un video agrediendo a la jueza Manuela Terrazas.

De acuerdo a lo que se percibe en el video, Gómez Cortés fue desalojado de una audiencia que presidía la jueza porque ella consideró que la estaba agrediendo cuando él actuaba en calidad de abogado.

Al Instituto le preocupa que no esté concluido el proceso que instrumentó el Consejo de la Judicatura en contra de Gómez Cortés por violentar a su hermana, debido a que el Congreso del Estado no ha definido el fuero que conserva como Juez de Control.

Y le preocupa también que una jueza sea agredida en sus funciones sin que haya la investigación correspondiente.

El Instituto considera que las autoridades de todos los niveles deben actuar con rapidez y con responsabilidad para investigar y sancionar a funcionarios y funcionarias que afectan la integridad de las mujeres.

También considera que todas las instituciones deben incluir la capacitación intensiva para que el funcionariado actúe con visión de género como lo indican las leyes locales, nacionales y también los lineamientos internacionales.

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Vinculan a proceso penal a sujeto que lesionó a una mujer en el centro de Mérida

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Acusado del delito de lesiones calificadas fue vinculado a proceso el ciudadano I.M.B.E., denunciado tras los hechos ocurridos el pasado 23 de julio en la colonia Centro en esta ciudad de Mérida.
En la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos de prueba pertinentes y solicitó la vinculación del indiciado, a lo que el Juez de Control, tras evaluar los datos presentados, decretó el auto de vinculación a proceso, y estableció las medidas cautelares que incluyen la presentación de una garantía económica, acudir a firmar ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares y se le prohíbe acercarse a la víctima; todas ellas se mantendrán por todo el tiempo que dure el proceso.
De acuerdo a la información reunida en la causa penal 152/2018, los hechos se registraron cuando el indiciado, sin motivo aparente y aprovechando su superioridad física, presuntamente lesionó a la denunciante, provocándole lesiones que fueron catalogadas como aquellas que no ponen en peligro la vida y sanan en menos de 15 días, tal como lo dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE.
Después de la vinculación a proceso de I.M.B.E., la Fiscalía dispone de un plazo de cierre de investigación de un mes, tiempo durante el cual se continuará la indagatoria para obtener los datos necesarios que permitan definir la situación legal del indiciado, por los hecho que se le imputan.

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Imputan a sujeto por homicidio ocurrido en Chuburná de Hidalgo, en Mérida

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La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación al ciudadano J.I.M.M. por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, denunciado tras los hechos ocurridos el pasado 27 de julio en el fraccionamiento Chuburná de Hidalgo, en esta ciudad de Mérida, donde perdió la vida el ciudadano J.F.M.M.
Durante la audiencia realizada en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, se decretó de legal la detención y la Fiscalía, tras formular la imputación del delito, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, misma que fue otorgada por la autoridad judicial por todo el tiempo que dure el proceso.
Conforme a la indagatoria, de la causa penal 155/2018, los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio en un predio  del citado fraccionamiento, donde el imputado presuntamente causó lesiones a la víctima, quien fue ingresado a un nosocomio y posteriormente falleció; la causa de muerte fue por un traumatismo craneoencefálico severo, tal como lo dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE.
Después de la imputación del delito, la Fiscalía presentó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y solicitó la vinculación a proceso de J.I.M.M., quien se acogió a la duplicidad del término legal para definir su situación legal, por lo que el Juez de Control estableció el día martes 31 de julio, para la audiencia de vinculación a proceso.

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Cada ministro de la SCJN tiene 70 personas en promedio a su cargo: $44 millones al mes

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Para hacer sus labores de analizar y emitir sentencias, los ministros de la Suprema Corte tienen a su cargo 742 colaboradores, 70 por ministro en promedio, a quienes el Estado paga 44 millones de pesos al mes.
Ese monto, se publica en El Financiero, no incluye el salario de los propios ministros. Tampoco incluye a las personas asignadas a los servicios personales de los ministros ni los asignados a la subdirección de Ministros Jubilados. Esta última ve los asuntos relacionados con los propios ministros en retiro.
En esa subdirección, que reporta directamente a la presidencia de la Suprema Corte, laboran 74 personas de diversos rangos que en conjunto perciben salarios por 2.6 millones de pesos por mes.
Una revisión hecha por El Financiero a la nómina de la Suprema Corte advierte que en el grupo de colaboradores de los ministros hay 86 secretarios de estudio y cuenta y 40 secretarios de estudio y cuenta adjuntos.
Son ellos los que en la práctica hacen todas y cada una de las sentencias que emite la Suprema Corte, siempre bajo la supervisión de los ministros que son los que exponen los asuntos y los votan ya sea en las salas o el pleno.
El secretario de Estudio y Cuenta es el colaborador de los ministros que más ingresos percibe con 129 mil 240 pesos. Y el secretario de Estudio y Cuenta adjunto, percibe 108 mil 139 pesos mensuales.
De acuerdo con la nómina oficial, el segundo cargo mejor pagado en las ponencias de los ministros es secretario particular de mando superior, de los cuales hay siete, con un ingreso de 126 mil 167 pesos netos.
Luego siguen los asesores, de los cuales hay 35 para todos los ministros, quienes tienen una percepción neta mensual de 116 mil 235 pesos por persona. Entre ellos está, por ejemplo, el exprocurador de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza.
Los que más asesores tienen son el ministro presidente Luis María Aguilar y el ministro Mario Pardo, con siete cada uno; mientras que los ministros Fernando Franco, Javier Laynez y Margarita Luna, sólo tienen uno.
Del análisis de la nómina del Tribunal Constitucional se desprende que el mayor número de empleados al servicio de las ponencias de los ministros ocupan los cargos de profesional operativo, con 344, y técnico operativo, con 126. Ellos tienen diversas funciones, en su mayoría de apoyo en las actividades básicas de cada una de las ponencias de los ministros.
Un ejemplo tomado al azar es el de María Cristina Elvira Pérez, adscrita a la ponencia del ministro Mario Pardo. Ella tiene el puesto de profesional operativo y percibe un salario de 36 mil 343 pesos al mes.
Su misión es ser “asistente personal de la persona a que sea asignada” y con las tareas que le designen. Otros tienen funciones diversas que van desde ayudantía a mandos de cada ponencia hasta labores administrativas.
Asimismo, algunas ponencias de los ministros tienen a su disposición chófer, como en el caso del ministro Javier Laynez o el ministro presidente Luis María Aguilar, quien percibe un salario de 29 mil 584 pesos mensuales netos.
Existen dos equipos de 70 personas aproximadamente para atender los asuntos relacionados con las salas. Estos son independientes a los que tienen los ministros Norma Piña y Eduardo Medina.

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Libera juez yucateco a presunto asesino de un velador en Temozón Norte

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En un fallo sorpresivo, el juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero liberó por insuficiencia probatoria al albañil Nemesio Noh Puc, de 62 años de edad, detenido y acusado de asesinar con una enorme piedra a un velador de la Privada Residencial Los Tamarindos, de Temozón Norte, se informa en Formal Prisión.
Mugarte Guerrero, durante la audiencia de vinculación a proceso por el delito de homicidio simple, no encontró muchas pruebas que lo incriminaran.
Aunque hubo testigos que vieron a la víctima y al sexagenario embriagándose juntos en el parque de la comisaría de Xcanatún, ninguno se percató cuando el acusado entró o salió de la privada en cuestión.
Durante el cateo que se efectuó en su domicilio, no se ocuparon ropas manchadas con sangre de la víctima.
Pese a que la Fiscalía informó previamente que en el sitio del crimen halló un envase de cerveza y que en ese envase estaban las huellas del acusado, no se incluyó dicha evidencia.
Solamente se incluyó un bidón de agua vacío, con las huellas de Noh Puc, pero esto no fue contundente, pues el albañil si trabajaba en la obra, de manera que no se consideró algo extraño que aparecieran sus huellas en el recipiente.
El juzgador si consideró importante que el occiso, Alberto Ek Tamay, tenía 41 años de edad y Nemesio Noh, 62, de manera que era más joven y el albañil acusado tiene problemas para desplazarse porque tiene unas hernias.
Con esta decisión, ahora ya no se sabe cómo ocurrió el crimen o quién mató a Ek Tamay, porque tampoco se encontró el arma homicida, es decir, la piedra con la que le machacaron el cráneo y parte del rostro.
La Fiscalía deberá buscar más evidencias contra el albañil si decide seguir acusándolo o bien buscar al verdadero responsable del crimen, si es qué hay otro.

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Admite TEPJF impugnación de Morena por fideicomiso

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El INE impuso una multa de 197 millones de pesos al partido de Andrés Manuel López Obrador por presuntas irregularidades en el fideicomiso "Por los demás"
Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió a trámite la impugnación presentada por Morena contra la multa de 197 millones de pesos impuesta por el INE por presuntas irregularidades en la operación del fideicomiso para damnificados del sismo.
El asunto quedó identificado en el juicio SUP-RAP-209/2018 y fue turnado a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
El INE sancionó a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del partido, en materia de fiscalización por considerar que la entrega de apoyos en efectivo a damnificados equivale al reparto de dádivas, por lo que ordenó el aseguramiento de la cuenta bancaria del fideicomiso.
El sábado pasado, el Comité Técnico del fideicomiso "Por los demás" advirtió que, si el Tribunal Electoral confirma la resolución del INE, valorará tramitar un amparo a fin de que un juzgado federal ordene descongelar la cuenta y el fideicomiso pueda seguir operando.
Con información de Reforma.

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Empleado de empresa de Mérida se quedó con $155,000 que debió depositar

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Juan Iván Cruz Poot fue imputado por disponer de 155 mil pesos que le mandaron a depositar en la empresa para la que trabajaba.

Se le acusa del delito de robo calificado, en perjuicio de la compañía IDEMERCORP, SA. de CV., denunciado por el representante legal Hugo Cuitláhuac Soriano Hernández.

La juez de control Maritza Virginia Polanco Sabido no lo dejó en prisión; lo liberó con restricciones, como presentarse a firmar los primeros 5 días de cada mes, no salir del Estado, no acercarse a la víctima ni a la empresa, y usar brazalete.

Según la carpeta de investigación, el 3 de diciembre de 2015, en la citada empresa, ubicada en la colonia Sambulá, una auditoría reveló que hacían falta dinero de tres depósitos, que ascendían a 154,865 pesos, mismos que se suponía el ahora imputado había realizado.

El empleado reconoció que se quedó con el dinero, por lo que fue denunciado y ahora enfrenta proceso penal. Formal Prisión.

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Fraude en Mérida: Agencia "patito" pide $25,000 por membresía inexistente

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy 

La juez de control Elsy del Carmen Villanueva inició proceso contra socios de una agencia de viajes que defraudaron a un meridano que les pagó $25,000 por una membresía inexistente.

Los acusados son Iván Villareal Hernández, Joaquín Armando Duarte Méndez, Alan Marcelo Toraya Gelens y Angeles Ariadna Sánchez Palacios, procesados por el delito de fraude específico, que denunció Ricardo Marrufo Cardeña.

Ayer se les citó, pero sólo compareció Sánchez Palacios, de manera que la juez Villanueva Segura difirió la audiencia de imputación para el 18 de julio.

No se pudo verificar la autenticidad de la dirección de la agencia de viajes Dreams Travel o Burzum S.A de C.V., desde la que se opero el fraude.

De acuerdo con el expediente, el 7 de mayo de 2016, el agraviado fue citado para una cena en el Restaurant Toks, en la zona de Altabrisa, pues le dijeron que por haber hecho un manejo limpio de su tarjeta de crédito se había ganado un viaje.

Que para recibir este premio debería comprar un paquete de viajes y que la membresía sería para viajar a destinos nacionales e internacionales que podría usar por tres años y que el costo era de 24,096 pesos.

Esa cantidad se dividiría en 36 mensualidades y el pago podría ser por tarjeta o en efectivo.

Lo convencieron y ese día efectuó el primer pago y le hicieron un cargo a su tarjeta por la cantidad de 24,096 pesos, que supuestamente le sería reembolsado en los siguientes 5 días, pero no le devolvieron el dinero y tampoco pudo viajar con su membresía. 

Formal Prisión

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Imputan penalmente a sexoservidor que asesinó a su cliente en motel de Mérida

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

El juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero imputó por el delito de homicidio calificado al sexoservidor Jhonny Eduardo Herrera Ramírez, detenido como autor del crimen de Ricardo Jesús Sarabia Torres, perpetrado el pasado lunes en un hotel de paso del Centro.

El móvil del crimen, según confirmó la autoridad, fue pasional, luego de que el ahora occiso pretendió sostener relaciones sexuales pero jugando un papel distinto al acordado con el sexoservidor.

De acuerdo con Formal Prisión, en las primeras horas del pasado lunes, ambos sujetos se contactaron en la Plaza Grande para sostener relaciones sexuales.

Para eso, adquirieron mariguana, cocaína y benzodicepinas, drogas que llegaron para consumir en el hotel de paso ubicado en la calle 54 entre 53 y 55, del Centro.

Ahí sostuvieron relaciones sexuales, haciéndola de pasivo el ahora occiso, pero luego este quiso intercambiar papeles, lo que molestó al otro sujeto, quien lo golpeó y lo estranguló.

Debido a que se encontraba drogado, el sexoservidor no reaccionó al ver a su cliente muerto, de manera que procedió a dormirse junto al cadáver, hasta que despertó alrededor del mediodía.

Personal del negocio tocó la puerta a esa hora y fue cuando se percató que su compañero estaba muerto, de manera que salió corriendo del lugar.

El empleado del hotel entró y se percató que Sarabia Torres estaba muerto, desnudo, en medio de varios condones regados..

Fue perseguido por varias cuadras, hasta que fue interceptado y detenido.

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