Noticias de Yucatán
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Derechos, no dádivas
En Yucatán, la política social se aplica según la voluntad y el capricho de las autoridades, afirman participantes en un Foro de Megamedia.- La Sedesol asegura que ha logrado abatir rezagos
La política social del actual gobierno del Estado es tan sólo una reedición del viejo asistencialismo priista de siempre. Con su carga de pollitos, materiales de construcción, despensas, chamarras, zapatos -y ahora incluso tinacos y computadoras- más que velar por una vida mejor para la población marginada, busca tasas de aprobación y votos. Intercambia apoyos por lealtad y militancia.
Así piensan Othón Baños Ramírez, investigador de la UADY, y Marbella Casanova Calam, dirigente del PRD, para quienes en Yucatán política social y asistencialismo son sinónimos.
“Si no son sinónimos, se parecen mucho”, apunta Marbella. “Es preocupante la forma como se ejecutan los programas de asistencia social. Son conocidas por todos las denuncias de que los apoyos se reparten como dádivas, a capricho de la autoridad. La política social en Yucatán no es un derecho ni es universal, como presume el gobierno”.
Sin etiquetas
En la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) ven las cosas totalmente diferentes. Francisco Lezama Pacheco, encargado de la dependencia, asegura que sus programas de asistencia son innovadores porque están diseñados para responder a las realidades particulares de Yucatán. La política social del Estado, explica, tiene como objetivos principales la procuración de un mínimo de bienestar para los ciudadanos -como derecho, no como concesión del gobierno- y en la inclusión productiva, “porque sabemos que la generación de empleo es la clave para romper el círculo de pobreza generacional.
“Es decir, poner el piso parejo para todos, que toda la población tenga cubiertas sus necesidades mínimas, es nuestra primera prioridad”, continúa. “Y con la inclusión productiva buscamos que todos puedan salir adelante por sus propios medios”.
Resultados
Esto, advierte el funcionario, “no son anuncios propagandísticos, son programas que están operando y están dando resultados: créditos sociales, promociones productivas, combate a la desnutrición, producción de traspatio. son acciones encaminadas a dinamizar la actividad económica de las comunidades más pobres para que rompan el ciclo generacional de la marginación.
“Por estos temas considero que ‘asistencialismo’ no es una etiqueta que se le pueda aplicar a la política social de este gobierno en particular”, sentencia Lezama.
Signos evidentes
Antes de responder, Baños Ramírez, doctor en Sociología, toca dos puntos que considera importantes: uno, el gobierno asigna los recursos con criterios políticos, y dos, son enormes los rezagos en Yucatán y es imposible que los atienda todos porque no tiene dinero propio, depende de los subsidios federales, que vienen etiquetados. “Esa es la razón de que en la política social yucateca no haya ningún programa que podamos reconocer como del gobernador Rolando Zapata Bello, no hay una autoría, una marca, no hay originalidad”.
Al asignarse la asistencia con criterios de la élite del gobierno ocurren casos como el que vimos el año pasado, cuando se entregaron 5,000 tabletas (minicomputadoras) en escuelas del Estado. Se le ocurrió a alguien que era lo que necesitaban los chamacos de secundaria y decidió que eso haría la diferencia para que la educación sea de mayor calidad. A lo mejor ayuda, pero a lo mejor hay otras necesidades más importantes”.
Marbella Casanova recuerda cuando el gobierno anunció que entregaría computadoras en una pequeña comisaría del interior del Estado que ni siquiera tenía electricidad. “Lo que necesitaban era luz y un molino, ¿pero a quién le importaba eso?”.
La política social es asistencialista desde el momento mismo en que una élite decide qué es lo que necesita la población, hace notar el doctor. “El asistencialismo es muy diferente a la asistencia social, es la cultura del ‘tú me das, yo te doy’, una dinámica que vuelve dependientes a los sujetos, que extienden la mano para solucionar sus problemas”.
Para romper esa inercia asistencialista es necesario el ejercicio de la ciudadanía, asegura, esto es, que sean los propios ciudadanos quienes decidan el tipo de política social que debe aplicar el gobierno, que sean ellos los que prioricen los problemas de su comunidad que deben ser atendidos. “Se requiere educación. Si preguntáramos hoy no habría cambios ni sorpresas porque el sujeto asistencialista va a acudir al modelo que está en su cabeza. La política social debería hacer énfasis en construir ciudadanos más participativos, que conozcan sus derechos sociales, pero también, y fundamentalmente, sus derechos políticos”.
Educación
Estamos ante un círculo vicioso donde se decide desde arriba, pero si se le pregunta a la gente qué necesita diría que lo mismo que ya le están dando, expone. “Es la reproducción de una misma cultura, de un mismo modelo. Es necesario reeducar a la gente, pero no se hace nada al respecto, simplemente se le reparten cosas que solucionan necesidades inmediatas… y eso asistencialismo”.-
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“Tú me das, yo te doy”
La política social, un bazar de intercambio de apoyos por votos
La Sedesol justifica la prioridad de que goza Mérida en los programas de asistencia social del gobierno del Estado “porque en el municipio vive una gran cantidad de gente pobre”.
De acuerdo con cifras del Inegi, señala Francisco Lezama Pacheco, encargado de la Sedesol, en el municipio de Mérida hay 29,574 personas en pobreza extrema, 5,000 más que en los 10 municipios de mayor marginación del Estado, 10 veces más que en Valladolid y ocho veces más que en Tizimín.
Al tomar su turno en el Foro sobre Política Social convocado por Megamedia, el doctor Othón Baños Ramírez opina que, desde su perspectiva, las verdaderas razones son otras: primero, los pobres de Mérida se quejan más, exigen más, hacen más evidente su descontento, por lo que la entrega de apoyos es una forma de desactivar protestas.
Además, continúa el investigador de la UADY, no hay que olvidar que la política social crea sujetos sociales, esto es, personas con las que el gobierno puede establecer una relación clientelar: “Tú me das, yo te doy”.
Toma y daca
“La gente de escasos recursos generalmente no tiene un nivel educativo muy alto, es gente a la que, lógicamente, sólo le interesan sus necesidades inmediatas y hace a un lado otras cuestiones menos urgentes, como las consideraciones políticas. Esto lo aprovecha muy bien el gobierno”.
El doctor en Sociología no cree que exista más criterio para darle prioridad a Mérida que la intención de crear y conservar una clientela política “que le hace falta mucho al PRI, partido que gobierna el Estado”.
“En ese sentido no podemos olvidar que el municipio de Mérida ha sido gobernado en los últimos años -excepto en el período de Angélica Araujo- por el PAN. Creo que esto es el transfondo del asunto. No quisiera pasarlo por alto porque es muy importante tenerlo en consideración”.
Marbella Casanova Calam, ex consejera nacional de PRD, opina también que los programas asistenciales tendrían que tomar en cuenta que existen diferencias marcadas entre las comisarías de Mérida: no son lo mismo las del Sur, más empobrecidas, que las del Norte, que tienen más formas de ganarse la vida por su cercanía con colonias meridanas de clase media y alta. “No se les puede dar el mismo trato aunque sean del mismo municipio”.
Miguel Cabrera Palma, director de la Beneficencia Pública, coincide con las razones técnicas del encargado de la Sedesol: “Mérida no sólo es la parte urbana: en sus 47 comisarías y subcomisarías vive mucha gente vulnerable que requiere atención. Hay que considerar que el municipio concentra a más del 48% de la población total del Estado. Además, que Mérida reciba atención no significa que el gobierno se esté olvidando del 52% restante”.
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