Dos patrullas, una de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y otra de la Policía Municipal de Mérida (PMM), protagonizaron un accidente de tránsito la mañana de ayer.
El suceso ocurrió justo frente al edificio de la SSP en Reforma. Ambos conductores alegaron que no tenían la culpa.
“Vio que estaba maniobrando y no frenó”, indicó el chofer de la patrulla de la SSP.
El policía estatal ocupó ambos carriles para entrar al corralón de la SSP.
Al lugar llegaron varias patrullas de ambas corporaciones, al igual que peritos municipales y estatales.
Más tarde llegaron comandantes de ambas policías.
“Que se arreglen las aseguradoras; una raya más para el tigre”, indicó en broma uno de los comandantes de la PMM.
El accidente ocurrió a las 11 de la mañana.
Al llegar al corralón de la SSP, el policía estatal encendió las luces intermitentes y maniobró para entrar, pero ocupó ambos carriles para doblar hacia la izquierda. Detrás de la camioneta transitaba la patrulla 237 de la PMM, que se estrelló contra el primer vehículo.
“Ni tiempo de frenar”
El conductor alegó que la camioneta de la SSP dobló de repente. “No me dio tiempo de frenar”, dijo el oficial.
Ni en el lugar de los hechos ni en ambas corporaciones se proporcionaron los nombres de los involucrados.
El accidente ocurrió en la jurisdicción de la SSP, pero por el periodo vacacional la PMM amplio su rango de vigilancia hasta esa zona. Mañana la Policía Municipal regresa a su sector de vigilancia establecido.
Choque de patrullas
Inspectores utilizan 2 pesas y 2 medidas
Inspectores del transporte usaron ayer dos varas y dos medidas en su trabajo: fueron duros con un operador y suaves con otro que cometió similar infracción.
La actuación de los inspectores de la Dirección de Transporte del Estado fue como un “juicio oral” por los argumentos de los infractores y los argumentos jurídicos de los supervisores.
Perdió el que guardó silencio y ganó el que se defendió.
Eran las 13 horas cuando Hérbert Castro Chacón paró a media esquina el autobús urbano placas 701-259-Y y subió un pasajero en la calle 64 entre 65 y 67. Llegaron cuatro inspectores, quienes verificaron la documentación del autobús propiedad de Permisionarios Reforma y Centenario, y pidieron su licencia de conducir del servicio de transporte público a Castro Chacón, quien carecía de ella.
Los inspectores ordenaron que bajen los pasajeros, multaron al chofer, quien no protestó, y pidieron que el autobús regrese al encierro de la empresa.
Minutos después otro autobús, placas 701-357-Y, número económico AM-17 sin nombre de la empresa, paró en el mismo tramo y subió un pasajero.
Los inspectores llamaron al chofer —vestía uniforme de Autoprogreso— y le llamaron la atención.
El guiador obedeció, pero enseguida envolvió con sus alegatos a los inspectores.
—El artículo (mencionó el número) dice que está prohibido...”, dijo el inspector.
—Sí jefe, pero me pidieron parada; luego dicen que no los llevamos —indicó el chofer.
—Deben subir en el paradero y está cerca —señaló el inspector.
—Sólo fue un momentito, no afecté a nadie; deme chance, no volverá a suceder —contestó.
El inspector regañó al chofer y dejó que reanude su viaje, sin ninguna sanción.
Los dos autobuses circulan con placas vencidas. Los inspectores de la DTEY indicaron que hay una prórroga para el cambio de placas del servicio de transporte público, igual que para el transporte particular.
Por cierto, el director de Transporte, Henry Sosa Marrufo, se ha negado a dar una entrevista a Grupo Megamedia para hablar de varios temas: quejas de estudiantes del Conalep a los que no les respetan su credencial; la denuncia del líder del FUTV del aumento de los taxis piratas, y del incumplimiento en la instalación de validadores de credenciales.Desde el viernes pasado se solicitó en sus oficinas una entrevista y no respondió. Se recurrió al coordinador de Comunicación Social del Ejecutivo, Jesús Covarrubias Rivero, y tampoco se logró el objetivo.
Como “Gilberto” fue el desalojo
Al menos otras 5 familias de este fraccionamiento temen ser desalojadas en los próximos días por un adeudo de las viviendas.
Los vecinos culpan al gobierno de Patricio Patrón de no dar solución definitiva al problema que se originó por los defectos en la construcción de las casas.
Como informamos, este jueves a las 11 de la mañana Jorge Huerta, apoderado legal de la hipotecaria Su Casita, realizó el desalojo de la casa número 269 de la calle 30 con 5-Ñ, donde vivía la familia Campos Góngora.
Las casas fueron edificadas por la constructora Picsa, que tiene su sede en Sinaloa; el crédito fue a través de la Hipotecaria Su Casita.
El problema se originó debido a que las casas presentaban defectos, como que se filtraba el agua por paredes y techos.
Fue entonces que unos 30 vecinos se agruparon para demandar a la constructora, asesorados por Librada Margarita Pech Canché y su esposo Genaro Alberto Chuc Canul.
Finalmente los vecinos ganaron el pleito legal a la Constructora Picsa e incluso salió la orden de aprensión contra el propietario, fue entonces que el ex secretario de Gobierno Pedro Rivas Gutiérrez citó a los vecinos en el Palacio de Gobierno, donde junto con Librada Margarita les solicitó que otorgaran el perdón a la constructora, a fin de llegar a una solución.
Sin embargo, luego de firmar ya no pudieron abonar los pagos de las casas, lo que originó que ahora sean desalojados por la hipotecaria.
Entrega de paquetes escolares a domicilio
La tranquilidad del fraccionamiento Cordemex se interrumpió ayer abruptamente con la llegada de varias camionetas, cámaras fotográficas y de televisión. Cristopher, de ocho años, recibió útiles escolares de manos de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y la alcaldesa Angélica Araujo Lara.
Cristopher pasó a segundo grado de primaria, estudia en la escuela Zamná y tiene promedio de ocho. Muy emocionado recibió un paquete que contiene libretas, lápices y colores, entre otros artículos escolares.
El pequeño es hijo de Angélica Pasos Tapia, cabeza de familia, quien tiene dos hijos más: Gameba, de 15 años, que pasó a tercero de secundaria, y Luis Fernando, de año y medio.
Angélica Pasos vende antojitos regionales para mantener a su familia. Acudió a Palacio de Gobierno a solicitar ayuda para los útiles de su hijo, pues la familia atraviesa una difícil situación económica.
Angélica Pasos dijo que se sintió muy emocionada al recibir la visita de la gobernadora, pues aunque ya le habían dicho que llegaría a verla, “no es lo mismo que te digan que va a venir que verla. Después del alboroto les conté a mis vecinas lo que pasó, estaban muy emocionadas”.
Unos minutos antes, Prisciliana Pech Cantún recibió la visita de la gobernadora en otra casa del rumbo. Ahí entregó útiles a Fernanda Torres Pech, estudiante de quinto grado de primaria.
Anteriormente, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, Ivonne Ortega y Angélica Araujo encabezaron la entrega de más de 4, 500 paquetes de útiles escolares, y artículos de los programas Cobijar y Pasos que Dejan Huella.
Las acompañaron Raúl Godoy Montañez, secretario de Educación, y Guadalupe Ortega Pacheco, presidenta del DIF Yucatán, entre otros funcionarios.
Se entregaron 1,000 paquetes de útiles escolares, 1,500 pares de zapatos, 2,000 chamarras y 1,000 cobertores a empleados de Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas, Central de Abastos y Servilimpia.
En cuanto a útiles escolares que niños o sus familias han solicitado directamente a la gobernadora, ya se entregaron 3,452 de un total de 4,589, que se otorgarán en los próximos días.
Responde ante el Ministerio
Gerardo Carrillo Pérez respondió a 53 preguntas al comparecer ayer ante el Ministerio Público debido a una denuncia por la concesión del manejo de residuos sólidos otorgada por el Ayuntamiento, la mayoría relacionada con su participación en la empresa de Diego García Coudurie.
Como informamos, la comparecencia forma parte de la investigación que se sigue por una denuncia del empresario Juan Antonio Ongay Lara contra ex funcionarios del Ayuntamiento de Mérida, por presuntas irregularidades en un contrato otorgado a la empresa “Tratamiento de Reciclados del Sureste”, para el servicio de separación de la basura.
Por este caso ya comparecieron los ex alcaldes Luis Correa Mena y César Bojórquez Zapata, entre otras personas.
El titular de la Agencia Segunda del Ministerio Público, Fernando Hernández Ocampo, manifestó que la mayoría de las preguntas realizadas a Carrillo Pérez fue en el sentido de cuál fue su relación con los trámites que se hicieron para obtener la concesión para el manejo de los residuos sólidos.
En la comparecencia, Carrillo Pérez declaró que sabe quién es el ex alcalde Cesar Bojórquez, al igual que Luis Correa Mena; sin embargo, dijo que no conoció en persona a ninguno de los dos.
Aseguró que conoció a Diego García Coudurier por medio de un cliente de la empresa “Imagen y accesorios industriales”; Diego le habló del proyecto a mediados de 2008 y le ofreció trabajar como contador del mismo.
Carrillo Pérez dijo que desconocía cuál sería el nombre de la empresa y que tampoco sabe cómo se otorgó la concesión y cuáles fueron los medios por los que fue otorgada.
Niegan anomalías en unos reportes
Julia Josefina Núñez Benítez, ex encargada del despacho de la Dirección de Gobernación en la administración municipal anterior, manifestó que no existe ninguna diferencia de $13.000,000 en los reportes entregados al nuevo Ayuntamiento y sí “cuadran” los listados.
En una carta, la ex funcionaria se refirió a la información que publicamos ayer sobre su comparecencia y dijo que de manera reiterada indicó a los funcionarios que la atendieron que los datos se encuentran en el expediente protocolario de entrega recepción de cada una de las direcciones.
“Les mencioné que existen políticas del Departamento de Recursos Materiales para dar de alta un bien mueble, las cuales están en el expediente protocolario”, apuntó.
Al 30 de junio de 2010, los saldos del inventario de bienes muebles se encuentran conciliados con los registros contables que conforman los estados financieros del Ayuntamiento de Mérida, por lo que es falsa toda afirmación que se encuentre basada en documentos ajenos a mi Expediente Protocolario de Entrega-Recepción.
También ayer el ex director de Desarrollo Urbano Francisco Javier Zetina Espinosa compareció ante la Contraloría municipal para responder a cuestionamientos en torno al destino y falta de documentos oficiales, la no realización de sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y el presunto deterioro de la mayoría del parque vehicular.
Con esta comparecencia finalizó la etapa de aclaración de dudas del proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento de Mérida, informó el titular de la Contraloría, Reyes Porfirio Cortés Pech.
Ayer mismo, la alcaldesa Araujo Lara dijo que se analizará el resultado de las comparecencias de los ex servidores públicos.
Los directores de las dependencias municipales, junto con el contralor Reyes Porfirio Cortés Pech, determinarán las acciones que continúan.
Cinco ex funcionarios fueron citados durante igual número de días ante la Contraloría Municipal, entre ellos Zetina Espinosa, quien acudió hoy a la Contraloría a solicitud de la actual titular de Desarrollo Urbano, Yolanda Fernández Martínez.
En la reunión de ayer, que duró una hora, el contralor Cortés Pech actuó como mediador en los cuestionamientos sobre la situación de bienes y procesos administrativos transferidos a la actual Dirección de Desarrollo Urbano.
Una de las dudas está relacionada con la falta de información del destino de los 18,950 documentos dañados por inundaciones ocurridas en el Archivo General, de acuerdo con las actas administrativas del 22 de enero y 28 de mayo de 2009.
Fernández Martínez preguntó si existe registro de la naturaleza de los papeles, si son licencias, ya sea del uso del suelo o de construcción, trámites de fraccionamientos o de centros comerciales, entre otros.
También es necesario conocer si son o no documentos en proceso o vigentes que impliquen su resguardo, planteó.
La funcionaria expresó la posibilidad de que dichos documentos puedan ser requeridos por instancias de transparencia y acceso a la información pública o ser materia de procesos jurídicos.
Al respecto, el ex director de Desarrollo Urbano, Francisco Javier Zetina Espinosa, dijo desconocer la situación, que fue informado de dos inundaciones pero no que se dañaron documentos.
En cuanto a las deficientes condiciones del Archivo General, indicó que en cinco visitas que realizó al sitio no le pareció que hubiera daño, y mencionó que es el área administrativa la encargada del funcionamiento del edificio y la Dirección de Obras Públicas del mantenimiento del estado físico del lugar.
En cuanto al otorgamiento de permisos, se le cuestionó sobre algunos casos en los que no se tenía previamente un resolutivo de vialidad y transporte o de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y en los que se permitió que una zona de reserva ecológica se cambiara su uso de suelo por uno comercial.
El compareciente dijo que esas situaciones se presentaron antes de su gestión.
Por otra parte, la actual directora expuso a su contraparte que en los documentos adjuntados en la entrega-recepción no hay información sobre las sesiones ni a las actas de sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano durante los últimos 18 meses de la anterior gestión municipal.
Zetina Espinosa señaló que no recuerda cuántas sesiones hubo, que había un área responsable de llevar a cabo las convocatorias y resguardar las actas, por lo que es a esa área a la que le correspondería tenerlas.
En relación con los vehículos que se señalan en la entrega-recepción, se recibieron 22 que se dicen en buen estado, cuando realmente sólo ocho de ellos sí lo están y los restantes están en mal estado, incluyendo dos que son para baja.
Presidirá un foro nacional
En la cuarta edición del Foro de Intercambio de Desarrollo Administrativo y Tecnológico (FIDAT), realizado ayer en Querétaro, Yucatán destacó por su organización gubernamental y fue electo el oficial mayor del gobierno del Estado, Luis Hevia Jiménez, como presidente de ese organismo.
De acuerdo con un comunicado de prensa, la mesa directiva de esa organización, que aglutina a los oficiales mayores de los gobiernos estatales y fungirá de 2010 a 2011, será presidida por Hevia Jiménez y por el vicepresidente y coordinador regional de la Zona Centro, el oficial mayor de Querétaro, Manuel Pozo Cabrera.
Como coordinadores regionales de las Zonas Norte y Sur quedaron los titulares de la Oficialía Mayor de Baja California, Ruth Trinidad Hernández Martínez, y el secretario de Administración de Campeche, Edgar Hernández Hernández.
Según señalaron, en el evento la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales de Yucatán, los sistemas de gestión de calidad del Estado y el modelo de ajustes salariales a sus trabajadores fueron puestos como ejemplos de mejora e innovación en la administración pública a nivel nacional.
No hubo ningún exhorto
La Cámara de Diputados, precisa el documento, carece de facultades legales para formular los exhortos.
Los documentos enviados, agrega, no obligan a la gobernadora a dar una respuesta.
“Le faltó algo” a la Ley del Notariado
—Siempre les falta algo a esas iniciativas, pero la apoyamos en sentido general y por consenso.
Los socios del Colegio, añade, revisamos mucho el texto y le hicimos precisiones que enviamos al Congreso.
También se refiere a los señalamientos de que la ley aprobada beneficia a los allegados de cierto grupo de notarios y funcionarios, al permitir la suplencia de los fedatarios no por otros notarios, como prevía la ley anterior, sino por los aspirantes a notario, en donde figuran hijos y familiares de algunos de ellos.
“La sustitución de los notarios por sus hijos es considerada normal en esta zona”, indica.
“Adscritos” —En 1976 había en Mérida 50 notarios titulares y 24 abogados “adscritos“ a alguna de esas notarías. Muchos de ellos —explica— eran hijos de notarios que podían suceder a sus padres si cumplían los requisitos, no en forma automática.
Ese año el gobierno convirtió en notarios titulares a los “adscritos” y desapareció esa figura que para muchos, dice Correa Mena, fue un error. —Estos hacían una práctica real en las notarías y su paso a la titularidad era natural.
—La Ley del Notariado de 1977 eliminó a los “adscritos” por el aspirante de notario, mal llamado así porque ellos son también notarios “en espera de vacante“ —añade Correa. —Muchos aspirantes, aunque no son titulares, hacen constantemente trabajo notarial en equipo con notarios titulares.
La joya de la corona Correa Mena admite que “tienen toda la razón” quienes afirman que es muy alto el número de aspirantes a notario —37, 21 de los cuales aprobaron el examen a partir de 2008— “pero es que muchos quieren ser notarios, es la joya de la corona”.
El dirigente también está de acuerdo con el artículo de la Ley que elimina el número de hasta cien notarías en el Estado y abre la posibilidad de incrementar las patentes, de acuerdo con el crecimiento de la población y otros factores.
“Era necesario encontrar el mecanismo para aumentar el número de notarías sin modificar la ley”, dice.
Notarías
- Número El Colegio Yucateco de Notarios está de acuerdo con aumentar el número de notarías.Necesidad Según su presidente, Jorge Correa Mena, es necesario hacerlo por el crecimiento poblacional del Estado.
Mecanismo La Ley del Notariado, dice, da el mecanismo para aumentar las notarías sin cambiar la ley.
Ausencias El Colegio también apoya los cambios en el modo de suplir las ausencias de los fedatarios.
Ausencias y justificaciones
La directora general de coordinación política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Betina Chávez Soriano, quien fue la funcionaria de mayor rango en este evento, destacó que en el rubro de salud desde 2008 trabajan en el Proyecto Mesoamérica con los secretarios de salud del sur-sureste de México.
La funcionaria resaltó la participación de Yucatán como uno de los estados más involucrados en el desarrollo de los planes maestros de este sistema de salud, que busca atender desafíos en áreas comunes, como vacunación, nutrición y salud materna entre otros.
Al inicio de su intervención, ante la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, los cónsules de varios países en Yucatán así como representantes de otros estados, la funcionaria federal pidió que se pusieran todos de pie y guardaran un minuto de silencio por los 72 indocumentados asesinados en Tamaulipas.
El evento se realizó en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, donde Betina Chávez ofreció disculpas por la inasistencia de la secretaria Patricia Espinosa, quien no estuvo en el evento precisamente por el problema que surgió de los 72 indocumentados asesinados.
La canciller se reuniría ayer en la ciudad de México con embajadores y diplomáticos de varios países por este problema.
El secretario general de Gobierno de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, también justificó la ausencia del gobernador Fidel Herrera Beltrán en esta reunión, porque las afectaciones causadas por el huracán “Frank” a varias comunidades de esa entidad reclamaban su presencia.
El coordinador Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales, Arnulfo Valdivia Machuca, justifico la ausencia del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco consideró como un verdadero orgullo que a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Yucatán —cuyo titular es Manuel Carrillo Esquivel— ya cosechen logros en el camino a la integración global.
El posicionamiento y el lugar estratégico que se está conquistando con esta oficina, añadió, “traerá sin lugar a dudas, una derrama y un gran avance hacia la innovación, que toda apertura global promueve”.
Los puentes, sin daños
Los tres puentes que están bajo la jurisdicción de la SCT, los de las salidas a Campeche, Umán y Progreso, no tienen daños y estructuralmente siguen siendo muy seguros, afirma Francisco Rubio Serna, director de la Unidad de Servicios Técnicos de esa dependencia federal.
“Cada año son sometidos a mantenimiento y conservación, que incluye bacheo y sobreencarpetamiento donde es necesario, y se revisan sus estructuras para garantizar sus márgenes de seguridad”, asegura el ingeniero.
“Los trabajos se hacen a principios de año, antes de la temporada de lluvias, precisamente para que puedan hacer frente a cualquier fenómeno meteorológico, como los ciclones.
“Este año el Centro SCT dispone de un presupuesto de $241 millones para labores de mantenimiento y conservación en la infraestructura carretera, que incluye esos puentes”.
El secretario de Obras Públicas, Francisco Torres Rivas, dijo, como publicamos, que los puentes de Umán y Progreso tienen algunos defectos, pero su reparación depende de la SCT.
La advertencia surgió en el marco de una revisión a los puentes del Anillo Periférico, que arrojó que en tres de ellos, los de Motul, Mulchechén y 42 Sur hay una separación de placas en la parte superior.
“Los puentes de jurisdicción federal (Campeche, Umán y Progreso) no tienen ningún daño, lo que se aprecia en las juntas de construcción no son fisuras”, recalca Rubio Serna.
“Son las juntas normales, la separación es natural en este tipo de obras. La carpeta no se puede hacer rígida, para evitar rompimientos con el peso del tránsito vehícular.
“Los trabajos de mantenimiento incluyen realizar el despostillamiento desde el cambio de juntas hasta el sellado. Se revisa incluso que no haya filtraciones, para evitar problemas con las lluvias”.
El ingeniero afirma que los puentes del Periférico tienen una vida útil de 25 a 30 años y se construyen, por norma, con un margen de seguridad equivalente al triple del valor de soporte de las estructuras. “Los ciudadanos pueden estar tranquilos, siguen siendo muy seguros”, enfatiza Rubio Serna.
Insisten: autoridades están en desacato
“Pese a lo que diga la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, al negarlo, están en desacato, toda ley requiere su reglamento y aún no hacen el de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, afirmó.
Ayer en la sesión de la comisión de Protección a los derechos de las niñas los niños y adolescentes que ella preside, también insistió en su petición de que no desaparezca este organismo del Congreso, como pretende tanto su bancada, como la del PRI.
Por cierto en esa sesión presentó su programa de trabajo para esta comisión e insistió en pedir a sus integrantes como diputados del PAN y el PRI, que promuevan en sus respectivas bancadas la postura de evitar que desaparezca este organismo. Señaló que de manera incongruente pretenden fusionar esta comisión, con las de equidad y género, derechos humanos y la de la población vulnerable.
En el caso del desacato, aclaró que no se trata de exhibir a nadie o decir que tienen que hacer, sólo les pide que cumplan con lo que dice esta ley, la cual les dio dos años para hacer sus reglamentos y aún no lo hacen.
La Consejería le respondió en fechas pasadas que la ley habla de reglamentaciones las cuales ya atendieron, no de un reglamento como ella señala.
Como ex diputada federal y abogada, puntualizó que sabe al igual que los profesionales del Derecho que toda ley requiere de su reglamento y hasta hoy no se hace este que reclama.
En otros asuntos del Congreso, ayer en prolongada sesión que se interrumpió por la noche la Comisión de Puntos Constitucionales, se inició el proceso para dictaminar la ley de Instituciones de Asistencia Privada, que pretenden se turne el próximo lunes para su aprobación al pleno del Congreso.
El diputado panista Renán Barrera Concha informó que hoy alrededor de las 10:30 reanudarán la sesión de esta comisión, para emitir por fin el dictamen.
Añadió que la suspendieron para que la Oficialía Mayor realice cambios que propusieron de última hora, como de ser organismo desconcentrado a descentralizado a la junta de asistencia privada, que afecta todo el cuerpo del dictamen. “Hay que cambiar varios artículos”.
El legislador señaló que básicamente están de acuerdo con esa iniciativa, porque se tomaron en cuenta los señalamientos y opiniones de más organizaciones de las que serían beneficiadas o afectadas.
No hay política económica
“Otros factores son que el Estado sólo genera un 65% de lo que debe estar produciendo y el gasto público no se ejerce en infraestructura, capacitación productiva y apoyo a las empresas”, apunta el director del despacho ACP Consultores.
“No hay una conducción adecuada de la economía y no hablo sólo del gobierno del Estado, sino en general de todos los sectores involucrados”, enfatiza el catedrático de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Uady.
Frente al abultado gasto del sector público, de $70 mil millones en los últimos tres años, un estudio del Tecnológico de Monterrey advierte, como publicamos, que de 2007 a 2010 Yucatán retrocedió en competitividad, al bajar del lugar 15 al 18 entre los 32 estado del país.
El estudio muestra que la caída más drástica fue en el factor de “desempeño económico”, que pasó de la posición 13 a la 24, 8 puntos arriba del sótano.
Otro indicador, el de “Egresos por obra pública y acciones sociales per cápita”, indica que Yucatán está en último lugar, con una inversión de apenas $71.5 por persona, cuando la media nacional es de $971.2.
Entrevistado sobre el tema, Cano Escalante dice que el estudio confirma lo que han estado detectando los economistas y señala que, más que tomarlo como una afrenta, como una crítica negativa, las autoridades deben verlo como un punto de referencia para emprender acciones que permitan revertir esa tendencia adversa.
Urge, dice, invertir en los sectores detonantes de la economía y los empleos, como el manufacturero y el agroindustrial.
“El sector manufacturero no es de los grandes en Yucatán, pero es de los que genera mayor valor. Sin embargo, en ese sector se incluye a la industria textil y de la confección, que sigue sosteniendo miles de empleos”, afirma el especialista.
“Es necesario también reconfigurar el gasto público tanto estatal como federal. Tienen que invertir más en infraestructura, pero no sólo en carreteras, sino también en energía eléctrica y otros sectores que propicien la inversión productiva.
“La realidad es que el gobierno estatal no ha puesto énfasis en los rubros que se observan en los indicadores de competitividad que señala el Tec de Monterrey.
“No se trata de invertir en carreteras, puertos, etcétera, porque lo dice un manual, sino en lo que genera un movimiento económico local. Si se carece de esa inversión, entonces la economía no crece tanto.
“De acuerdo con su territorio, población, características, planta productiva, liderazgo en el Sureste, Yucatán debería estar produciendo un 50% más de lo que produce ahora”, afirma.
“Hay una política económica mal entendida, se piensa que es suficiente aplicar el gasto público en determinados rubros que supuestamente generan desarrollo. No, eso debe ir mucho más allá de eso”, agrega.
“Se requieren acciones específicas en áreas estratégicas. Hay que invertir en infraestructura y capacitación para la productividad. Invertir los recursos de manera inteligente”, insiste el experto.
Economía
- Alerta Alvaro Cano advierte que podría haber una segunda recesión y Yucatán necesita prepararse.Se va retrasando “Yucatán resultó más golpeado por la crisis que Campeche y Quintana Roo, se va retrasando su posición de líder en el Sureste”.
Impacto “La Reserva Federal de Estados Unidos ya reconoció que el problema allá es más serio de lo que pensaban y eso va a impactar a México y a Yuctán. Por la carencia de una política estratégica nos va a afectar doblemente y lo podemos resentir de aquí a 2011”.
El estudio del Tecnológico de Monterrey que muestra un retroceso en la competitividad de Yucatán confirma que está fallando la conducción de la economía y no sólo de parte del gobierno del Estado sino de todos los sectores involucrados, advierte Alvaro Cano Escalante, presidente del Colegio de Profesionales en Economía.
“Urge revertir la caída de la competitividad. En Yucatán no hay una política económica estratégica y tenemos que empezar con ello. Además, hay que reorientar el gasto público en infraestructura, capacitación productiva y apoyo a las empresas”, subraya el profesional. “El estudio no se debe tomar como una afrenta, sino como un punto de partida”, apunta.
Preparados y desconfiados
- Una encuesta arroja que los yucatecos son más previsores ante huracanes
- Hay desconfianza en la capacidad de apoyo del gobierno
Una encuesta que realizó por internet la empresa Numeralia arroja contrastes: la mayor parte de los entrevistados se declara preparada para hacer frente a la emergencia derivada de un huracán, pero desconfía de la capacidad del gobierno para brindar ayuda oportuna y suficiente a las autoridades.
A pesar de esa desconfianza, las dos terceras partes de los encuestados opina que la información proporcionada por las autoridades de Protección Civil sobre los huracanes es “entendible y suficiente”.
La encuesta se levantó del 16 al 23 de este mes entre personas mayores de edad, en momentos en que la temporada de ciclones se encuentra en su mayor intensidad.
Hasta ahora no hay amenaza para la Península, pero las lluvias fuertes de las últimas semanas han ocasionado inundaciones en algunos municipios, sobre todo del sur y el poniente del Estado.
En este último caso está el puerto de Celestún, donde algunas viviendas se encuentran prácticamente en el agua, con todos los peligros que eso implica para sus habitantes.
Un sondeo realizado por la empresa Numeralia vía internet entre 1,000 personas arroja también que, en general, la población considera que ha recibido información suficiente sobre ese peligro por parte de las autoridades.
Desconfianza Sin embargo, desconfía de las autoridades en cuanto a su capacidad de brindar ayuda oportuna y suficiente para los damnificados de los huracanes.
Entre la población el sentimiento de solidaridad en caso de presentarse esa emergencia es alto, al menos de palabra.
El 88.5% de las mujeres y el 92.5% de los varones dice estar dispuesto a prestar ayuda a sus vecinos y a comunidades rurales alejadas en condiciones difíciles. Numeralia realizó ese sondeo debido a que la Península entró al período de mayor riesgo en la presente temporada de tormentas tropicales en el Atlántico.
Los entrevistados Las preguntas se realizaron entre el 16 y el 23 del presente mes a personas mayores de 18 años de edad.
A la pregunta de si están preparados para la llegada de un huracán el 71.2% de las mujeres y el 76.6% de los hombres contestó afirmativamente. Menos de la tercera parte reconoció no estar listo para esa contingencia.
Almacenamiento ¿Tienes forma de guardar en tu casa suficiente agua, gasolina, pilas, linternas, alimento, medicinas y herramientas para resistir una contingencia de 10 días? El 78.8% de la población femenil y el 81% de la varonil dijo que sí.
Poco más del 70% de todos los entrevistados opinó que la información proporcionada por las autoridades de protección civil sobre los huracanes es entendible y suficiente.
¿Consideras que la ayuda de los gobiernos federal y estatal a las personas afectadas por los huracanes es suficiente y oportuna? El 68% de las mujeres dijo que no, y lo mismo expresó el 62.9% de los varones.
Desalojo con la fuerza pública
La familia Campos Sierra recibió con sorpresa la visita de Jorge Huerta, apoderado legal de Su Casita, quien llegó acompañado de la fuerza pública.
El representante de la financiera inmobiliaria estuvo acompañado de dos policías armados con ametralladoras, los cuales, según los vecinos, no llegaron en una patrulla sino en un taxi.
Vecinos se inconformaron por el desalojo y se quejan de haber recibido amenazas de que les pasará lo mismo.
El problema, indicaron, se debe a que la constructora cerró su oficina en Mérida y quería que paguen en Culiacán los créditos que obtuvieron con subsidio de los gobiernos estatal y federal.
Marcelo Ceh Estrella reconoce que se atrasó con el pago, pero dice que no es justo que los traten con tanta prepotencia.
Su esposa estaba en su casa acompañada de sus dos hijos de 10 y 13 años cuando Jorge Huerta tocó la puerta para amenazarlos de que también a ellos los sacaría la fuerza pública.
Hace 4 años, dijo, adquirió la casa y se atrasó con el pago de seis meses, lo que motivó que le llegaran citatorios.
Ceh Estrella indicó que está dispuesto a pagar los adeudos pero ya no le dan oportunidad, pues la constructora es de Culiacán y sólo arregla este tipo de problemas en Sinaloa.
“Somos varias familias las que estamos en esta situación, tenemos miedo que nos desalojen, pero lo peor es que te traten con prepotencia, lo cual no estamos dispuestos a permitir”.
Dudas por una muerte
El fallecido, quien era electricista y tenía 43 años, había sido detenido por agentes de la SSP un día antes de su muerte, presuntamente por queja de un vecino de la colonia Emiliano Zapata Sur.
De acuerdo con datos recabados por la familia, Gamboa Farfán falleció el 30 de julio, luego de haber estado detenido en el Sector Sur de la SSP, donde los policías, al “verlo mal”, lo trasladaron al edificio central de esa dependencia. Murió al llegar, en la misma camioneta en la que lo llevaban.
Según la viuda, Guadalupe Castillo Caamal, tardaron una semana en encontrar el cuerpo de su esposo en el depósito de cadáveres del Cementerio de Xoclán, después de días de preguntar en la misma SSP, en la Procuraduría local, en hospitales y el penal, y además de enfrentarse con la burocracia y las intimidaciones de funcionarios.
— No sé lo que haya pasado, pero quiero que se esclarezca lo que le pasó a mi esposo —afirmó la viuda, Guadalupe Castillo, con quien el ahora occiso tuvo dos hijas, Estefani Arely y Wendy Berenice, de 18 y 9 años.
Apenas la semana pasada, Robert Gilberto Tzab Ek, detenido después de agredir a su esposa con un cuchillo y a dos policías con un rifle, murió en una celda cuando estaba bajo custodia de la Policía Judicial del Estado.
El caso dio pie a una denuncia de parientes del fallecido y cuestionamientos a la autoridad acerca de las circunstancias en las que ocurrió la muerte.
De acuerdo con el relato de Guadalupe Castillo, la última vez que vio con vida a su marido fue la tarde del jueves 26 de julio, cuando Gamboa Farfán salió de su casa para ir a ver a un amigo con el que solía beber.
Al día siguiente notó que su esposo no había regresado, lo cual le pareció extraño, ya que, aunque a veces no llegaba a dormir, no era común que se ausentara tantas horas.
En los tres días siguientes sus familiares lo buscaron en casas de parientes y amigos, algunos de los cuales, al parecer por cubrir la ausencia de Fidel ante su esposa, les dijeron falsamente que lo habían visto e incluso habían tomado cervezas con él.
A partir del lunes 2 de agosto los parientes de Fidel Gamboa fueron a las corporaciones policíacas y hospitales a buscarlo.
La viuda señaló que la búsqueda incluyó la SSP, donde les informaron que no estaba ni había estado detenido recientemente, pese a que el Servicio Médico Forense (Semefo) recogió el cadáver en ese mismo lugar.
Entonces se interpuso una denuncia en la Procuraduría local por su desaparición.
En días posteriores personal del Semefo les informó que había dos cadáveres en calidad de desconocidos en el depósito de Xoclán, por lo que iniciaron los trámites para la identificación.
El viernes 6 de agosto, luego de varios trámites, lo identificaron plenamente y al día siguiente fue sepultado.
Guadalupe Castillo señaló que le parece extraño que el cuerpo de su marido estuviera en calidad de desconocido y que no tuvieran registro de su detención en la SSP, ya que Fidel llevaba consigo su credencial de elector.
La causa de la muerte, según el certificado de defunción, es hematoma epidural y subdural consecuente a politraumatismo, es decir, falleció por una hemorragia en la cabeza provocada por golpes.
La familia interpuso entonces otra denuncia en busca de que se esclarezca la muerte de Gamboa Farfán.
Guadalupe Castillo apuntó que han solicitado copia de todos los documentos referentes a la detención y muerte de su esposo, pero no les han sido otorgados en su totalidad.
Incluso, dijo, una empleada de la Procuraduría, Landy Zapata Aldana, le advirtió de manera intimidante que se “vaya con cuidado, no fuera a ser que vaya a pagar las consecuencias de lo que su esposo hizo”.
Entre las pertenencias del fallecido no se encontró ni su teléfono celular ni su dinero.
Derechos
- Investigación La Codhey investiga la muerte de Fidel Gamboa Farfán en instalaciones de la SSP.Violación La investigación es por posible violación a las garantías individuales.
Tras la verdad La viuda asegura que seguirá buscando la verdad.
Preguntas La viuda no ha sido informada de la hora de la detención, cuándo comenzó a sentirse mal y fue trasladado al edificio central de la SSP ni de cuál era su estado de salud al momento de su arresto.
Según ha podido averiguar, su esposo fue detenido en la colonia Emiliano Zapata Sur, ya que una persona de nombre César Serrano lo acusó de intentar entrar a una casa.
Lo llevaron al Sector Sur de la SSP, pero al ver los agentes que no estaba bien físicamente lo trasladaron al edificio de Reforma, donde murió al llegar.
—¿Por qué no lo llevaron a un hospital si estaba herido? ¿Quién lo golpeó? Tenemos muchas preguntas acerca de lo que pasó.
La SSP ya lleva 125 denuncias en 2010
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sigue siendo la dependencia con más denuncias por violación de derechos humanos, con 125, señaló Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), al rendir ayer su informe de actividades.
Le sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado, con 70 denuncias. Luego se ubican la Secretaría de Educación del Estado, con 24, y el Ayuntamiento de Valladolid, con 11.
Victoria Maldonado agregó que a lo largo del año registraron cinco casos de tortura que aún se investigan.
El presidente de la Codhey rindió ayer su quinto informe de labores en el Congreso del Estado, ante legisladores estatales, representantes de institutos y universidades, así como organismos no gubernamentales, entre otros.
El ombudsman local recordó que de 2006 a la fecha han tenido conocimiento de 11 casos de fallecimientos de personas detenidas en los separos y cárceles municipales.
—En lo que va de este año se registran cuatro casos. Exhortamos a todas las autoridades estatales, y sobre todo municipales, a investigar a fondo las causas de estos decesos y respetar en todo caso la integridad y seguridad de las personas detenidas —subrayó.
Victoria Maldonado señaló, entre otras cosas, que un total de 340 autoridades fueron señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos.
En cuanto a las quejas, recordó que la Codhey recibió un total de 295 denuncias de julio de 2009 a junio de 2010, y se emitieron 27 recomendaciones.
La Codhey registró un total de 1,062 hechos violatorios de derechos humanos. Los más recurrentes son detención arbitraria, con 221 casos; prestación indebida del servicio público, con 199; lesiones, con 170; amenazas, con 65; violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, con 58; ejercicio indebido de la función pública, con 53; allanamiento de morada, con 43; violación a los derechos del niño, con 37: retención ilegal, con 35, e, intimidación, con 29.
Victoria Maldonado presentó un breve diagnóstico de la situación de los derechos humanos en Yucatán. Pidió a las autoridades que refuercen las medidas estatales en el combate a la pobreza y den a conocer resultados e indicadores de los programas de atención en este tema, y subrayó la importancia de involucrar la función y gestoría municipal en la erradicación y abatimiento de esta situación.
Iluminarán 6 céntricas iglesias
El funcionario señaló que ya se tiene un presupuesto de $21,700,000 millones para empezar con las obras en la Catedral de Mérida,e la Ermita de Santa Isabel y las iglesias de Mejorada, Tercera Orden, San Cristóbal y Santa Lucía.
Anoche mismo se llevó al cabo la prueba del proyecto de iluminación de la Catedral, la cual estuvo a cargo de la empresa GPE Design Studio, cuyo representante, Gerardo Ferráez Gasque, explicó algunos de los elementos de la obra.
Catorce proyectores de luz instalados en cinco postes que estarán en la Plaza Grande, indicó, iluminarán la fachada de la Catedral, que también contará con iluminación exterior.
Dichos proyectores enviarán una luz blanca hacia el templo, que cambiará de luz cálida a luz fría por medio de una programación previa.
Los campanarios se iluminarán en ámbar y el lado norte del templo, sobre la calle 61, también tendrá luces.
Las luminarias cuentan con tecnología que permite ahorrar energía. Sólo en el proyecto de la Catedral se invertirán $16.656,868, y sería el primero en iniciarse, según Torres Rivas
Diferencia de 13 Mlls. de pesos
De acuerdo con unboletín, la reunión duró una hora y, entre otras cosas, salió a relucir que entre los bienes inventariados y los registros de las adquisiciones hay una diferencia de aproximadamente trece millones pesos.
En la reunión, el director actual de Administración, Raúl de Jesús Ricalde Zárate, preguntó a la compareciente sobre la situación de los procesos propios del área, así como de la ubicación de una lista de bienes.
Ante el contralor Reyes Porfirio Cortés Pech, quien participa en las diligencias como mediador, el funcionario señaló que entre los bienes inventariados y los registros de las adquisiciones hay una diferencia aproximada de $13 millones.
Según explicó, se procedió a una revisión electrónica de las compras realizadas durante la anterior administración municipal. Sólo en los últimos doce meses de la se encontraron diferencias de 791 mil 380 pesos entre lo inventariado y lo adquirido. El caso más significativo es el pago de un anticipo por la barrera de ingreso y despachadora de tickets del estacionamiento del Mercado San Benito por 202 mil 545 pesos, que está en operación pero no está inventariado.
La compareciente dijo que la situación de los bienes compete a cada dirección a la que estén asignados y que lo que señala en la entrega recepción es lo que había en su momento.
Son ya cuatro los servidores públicos de la pasada administración requeridos por la Contraloría para responder a cuestionamientos sobre bienes y servicios.
Los ex titulares de Servicios Públicos Municipales, Roger Echeverría Calero; del DIF municipal, Teresita Anguas Zapata, y de Abastos de Mérida, Alfredo José Fajardo Peniche comparecieron el 23, 24 y 25 de agosto, respectivamente también ante sus pares del gobierno en funciones.
Ricalde Zárate preguntó por qué no se registraron en la base de datos a pesar de que las adquisiciones datan de varios meses atrás a su compra, pues el procedimiento marca que son 60 días de plazo para inventariarlos, y que en el caso de la barrera hoy no se sabe si es propiedad o no del Ayuntamiento.
Luego, Ricalde Zárate pidió le señalara el método de compulsa para medir la veracidad y exactitud del sistema de Recursos Materiales, o dicho de otra manera, contra qué se cuadraban los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.
Al respecto, la ex funcionaria indicó que es información que no corresponde a su comparecencia y que puede ir a los manuales que se encargaron de dejar listos.
El próximo en comparecer sería el ex director de Desarrollo Urbano Francisco Zetina Espinoza.
El ex director de Desarollo Urbano de la administración pasada sería el último de los funcionarios llamados por la actual administración para declarar con respecto a algunas anomalías en su departamento.
No saben sobre el nepotismo
La priista Ofelia Salazar, regidora de Cementerios del Ayuntamiento de Kanasín, indicó que los ediles de su partido son minoría en la Comuna y, por tanto, no tiene el derecho de cuestionar el trabajo del alcalde.
“No sé si hay nepotismo, es su problema, lo que interesa es el municipio”.
La funcionaria dijo que más bien se enfocan por el trabajo a favor de Kanasín.
“Además hemos hecho amistad con don Leonor Chan”, indicó la priista. “Ahora ya no cuenta si es PRI o PAN lo que interesa es el pueblo”.
La regidora aseguró que no hay ninguna fricción con el alcalde. “Ya no estamos en campaña, estamos ahora para servir al pueblo”.
“La verdad no sé si hay familiares o amigos trabajando en la Comuna”, puntualizó.
También se deslindó de las acusaciones de un supuesto caso de nepotismo en la Comuna de Kanasín. Ahora, apuntó, se concentran en programas que ayuden a la gente a salir adelante.
Colocan señales Ayer la Comuna comenzó con la colocación de señales de tránsito y precaución en escuelas de Kanasín. Se colocaron alertas a conductores sobre la cercanía de centros escolares, pasos peatonales y para que los conductores reduzca su velocidad.
Se indicó que antes ninguna o pocas escuelas contaban con señales de alerta cerca de las escuelas y ahora hay mayor seguridad.
No responde aún a un exhorto federal
Según dijo, la jefa del Ejecutivo todavía no responde a esa petición, que fue enviada por el presidente de esa junta, Francisco Rojas Gutiérrez, quien también es líder de la bancada del PRI en esa Legislatura.
—La gobernadora tiene que responder a ese exhorto —insistió la diputada Díaz Lizama.
Explicó que el pasado 29 de abril ella propuso a esa junta un punto de acuerdo “en el que se exhorta al gobierno para que, por medio del Instituto de la Vivienda del Estado, se abstenga de continuar con la irregular adquisición de terrenos del ejido de Ucú”.
—El pasado 3 de agosto Francisco Rojas envió esa exhortación a la gobernadora, acompañada del documento donde yo hice la propuesta con los argumentos respectivos.
La legisladora panista dijo que también presentó otro punto de acuerdo, en la misma fecha ya citada, relacionado con el caso de Lolbé Carrillo Jiménez, ex directora de la Japay.
—Pedí que se exhortara a las autoridades a abstenerse de hacer uso político de las instituciones y revisar los casos de las ex funcionarias Lolbé Carrillo y Aracely Domínguez. —Ese exhorto también fue enviado a la gobernadora —agregó la funcionaria panista.
Confabulan para aprobar una “oscura ley”
Lo lamentable, añade la fuentes, es que la aprobación de esta “oscura iniciativa” contó con la complacencia de los colegios de profesionales, cámaras empresariales, diputados y hasta del propio presidente del Consejo de Escribanos, Mario Cámara Seba, no obstante que el documento prevé la desaparición de las escribanías en Mérida.
Según el artículo 6 de esa iniciativa, las escribanías en los municipios con poblaciones de más de 30,000 habitantes, como Mérida, Tizimín y Valladolid, desaparecerán tres años después de la entrada en vigor de la ley. Para esa fecha, las escribanías, que cobran tarifas más bajas en cierto tipo de testimonios, ya no existirán y quienes requieran de una fe pública sólo podrán acudir con un notario, cuyos honorarios no están regulados en ninguna parte de la nueva ley.
¿Modernización? Aunque el gobierno presume que su iniciativa de Ley de Notariado es un ejemplo de modernización, el documento no regula los honorarios y gastos que podrán cobrar los notarios, como ya ocurre en la mayoría de los estados de la República.
—No hubo realmente voluntad de modernizar sino de acaparar — dice un abogado consultado.
Ayer en el Congreso la mayoría priista se impuso para aprobar la iniciativa, pese a que el presidente de la Gran Comisión Mauricio Sahuí Rivero declaró recientemente que el voto priista estaría “alejado de presiones para favorecer a ciertos grupos”. Compra Varios escribanos de Mérida denunciaron ayer la falta de interés de los legisladores por conocer su punto de vista.
“El presidente del Consejo de Escribanos, Cámara Seba, en lugar de defender el oficio apoyó la iniciativa de Ley de Notariado en todos sus términos”.
—Para asegurar su silencio —dijeron— le ofrecieron una notaría.
En efecto, apenas el 28 de mayo de 2010, la gobernadora Ivonne Ortega, según el Diario Oficial, expidió la patente de aspirante de notario a favor de Cámara Seba, egresado de la escuela de Derecho del Centro de Estudios Superiores de la CTM y activo militante del Frente Juvenil Revolucionario del PRI en su época de estudiante.
Tres años antes, en diciembre de 2007, poco después del inicio de este gobierno, Cámara Seba había obtenido un puesto de escribano público en Mérida, junto con otros treinta abogados, entre ellos Alejandro Ríos Covián Silveira, Teresita de Jesús May Dorantes, José Enrique Franco Carrillo, Mario Enrique Guzmán Vega y Víctor Solís Pasos.
Todos ellos tiene ahora patente de aspirante a notario.
“No llena las expectativas”
Más que castigo, las autoridades deben enfocarse en la prevención, dijo Renán Barrera Concha, diputado del PAN al hablar sobre la aprobación a las reformas a la Ley en materia de seguridad, las cuales fueron aprobadas ayer en prolongada sesión del Congreso.
El legislador indicó que con este dictamen se dota de competencia a las autoridades locales en el combate a la posesión, comercio y suministro de estupefacientes y psicotrópicos, sin eliminar las facultades que tiene la Federación en la materia. “Hay que buscar que toda la sociedad intervenga en esta lucha en las colonias, escuelas y centros de diversión de los jóvenes, quienes están en peligro permanentemente ante el sigilo con que operan los que venden drogas”, apuntó.
Propuso preparar y especializar a los encargados de la procuración de justicia: policías, agentes del M.P. y jueces.
“Buscar mecanismos para salvaguardar la integridad de quienes denuncien acciones de narcomenudeo y respetar los derechos humanos de los farmacodependientes, dándoles facilidades para su rehabilitación”.
Expresó la necesidad de poner en marcha o reforzar programas conjuntos entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, pero también incidir en la rehabilitación de adictos.
Tito Sánchez Camargo, diputado panista y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, votó en contra de la Ley del Notariado en lo particular, pues dijo que no llena las expectativas ni sostiene el espíritu y la esencia del ejercicio de la función notarial que debe ser completa eficiente y funcional.
Un notario debe poner al servicio de la sociedad todos sus conocimientos y todo su tiempo y que, sin vulnerar el derecho constitucional de ocupar un cargo público o de elección popular, pueda dedicarse el mayor tiempo posible a ejercer el cargo que le fue delegado”, explicó. Dijo que de haberse reformado el artículo 64 como proponía el PAN, hubiera sido un incentivo para fortalecer la excelencia profesional del notario que debe supeditar sus intereses particulares a los intereses generales de la sociedad a la que decidió servir como fedatario público.
“Pedíamos un límite de seis años en un plazo de diez, en la solicitud de las licencias consecutivas que puede pedir un notario a fin de ejercer un cargo de elección pública”, apuntó. “Los notarios deben decidir si su carrera política va a estar por encima de su ejercicio profesional de notario, no debe haber licencias indefinidas ni las notarías deben ser ocupadas por años por personas que no son las titulares”, expresó El legislador puso como ejemplo el caso del abogado Angel Prieto Méndez, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien nunca ha ejercido el cargo de fedatario público para el que fue designado.
