Noticias de Yucatán
(campaña desprestigio, cacería de brujas)
No cuadran unas listas de la anterior administración
27/08/2010
Julia Josefina Núñez Benítez, ex encargada del despacho de la Dirección de Administración del anterior gobierno municipal, compareció ayer ante la Contraloría municipal para aclarar dudas en torno a la revisión del proceso de entrega recepción.
De acuerdo con unboletín, la reunión duró una hora y, entre otras cosas, salió a relucir que entre los bienes inventariados y los registros de las adquisiciones hay una diferencia de aproximadamente trece millones pesos.
En la reunión, el director actual de Administración, Raúl de Jesús Ricalde Zárate, preguntó a la compareciente sobre la situación de los procesos propios del área, así como de la ubicación de una lista de bienes.
Ante el contralor Reyes Porfirio Cortés Pech, quien participa en las diligencias como mediador, el funcionario señaló que entre los bienes inventariados y los registros de las adquisiciones hay una diferencia aproximada de $13 millones.
Según explicó, se procedió a una revisión electrónica de las compras realizadas durante la anterior administración municipal. Sólo en los últimos doce meses de la se encontraron diferencias de 791 mil 380 pesos entre lo inventariado y lo adquirido. El caso más significativo es el pago de un anticipo por la barrera de ingreso y despachadora de tickets del estacionamiento del Mercado San Benito por 202 mil 545 pesos, que está en operación pero no está inventariado.
La compareciente dijo que la situación de los bienes compete a cada dirección a la que estén asignados y que lo que señala en la entrega recepción es lo que había en su momento.
Son ya cuatro los servidores públicos de la pasada administración requeridos por la Contraloría para responder a cuestionamientos sobre bienes y servicios.
Los ex titulares de Servicios Públicos Municipales, Roger Echeverría Calero; del DIF municipal, Teresita Anguas Zapata, y de Abastos de Mérida, Alfredo José Fajardo Peniche comparecieron el 23, 24 y 25 de agosto, respectivamente también ante sus pares del gobierno en funciones.
Ricalde Zárate preguntó por qué no se registraron en la base de datos a pesar de que las adquisiciones datan de varios meses atrás a su compra, pues el procedimiento marca que son 60 días de plazo para inventariarlos, y que en el caso de la barrera hoy no se sabe si es propiedad o no del Ayuntamiento.
Luego, Ricalde Zárate pidió le señalara el método de compulsa para medir la veracidad y exactitud del sistema de Recursos Materiales, o dicho de otra manera, contra qué se cuadraban los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.
Al respecto, la ex funcionaria indicó que es información que no corresponde a su comparecencia y que puede ir a los manuales que se encargaron de dejar listos.
El próximo en comparecer sería el ex director de Desarrollo Urbano Francisco Zetina Espinoza.
El ex director de Desarollo Urbano de la administración pasada sería el último de los funcionarios llamados por la actual administración para declarar con respecto a algunas anomalías en su departamento.
De acuerdo con unboletín, la reunión duró una hora y, entre otras cosas, salió a relucir que entre los bienes inventariados y los registros de las adquisiciones hay una diferencia de aproximadamente trece millones pesos.
En la reunión, el director actual de Administración, Raúl de Jesús Ricalde Zárate, preguntó a la compareciente sobre la situación de los procesos propios del área, así como de la ubicación de una lista de bienes.
Ante el contralor Reyes Porfirio Cortés Pech, quien participa en las diligencias como mediador, el funcionario señaló que entre los bienes inventariados y los registros de las adquisiciones hay una diferencia aproximada de $13 millones.
Según explicó, se procedió a una revisión electrónica de las compras realizadas durante la anterior administración municipal. Sólo en los últimos doce meses de la se encontraron diferencias de 791 mil 380 pesos entre lo inventariado y lo adquirido. El caso más significativo es el pago de un anticipo por la barrera de ingreso y despachadora de tickets del estacionamiento del Mercado San Benito por 202 mil 545 pesos, que está en operación pero no está inventariado.
La compareciente dijo que la situación de los bienes compete a cada dirección a la que estén asignados y que lo que señala en la entrega recepción es lo que había en su momento.
Son ya cuatro los servidores públicos de la pasada administración requeridos por la Contraloría para responder a cuestionamientos sobre bienes y servicios.
Los ex titulares de Servicios Públicos Municipales, Roger Echeverría Calero; del DIF municipal, Teresita Anguas Zapata, y de Abastos de Mérida, Alfredo José Fajardo Peniche comparecieron el 23, 24 y 25 de agosto, respectivamente también ante sus pares del gobierno en funciones.
Ricalde Zárate preguntó por qué no se registraron en la base de datos a pesar de que las adquisiciones datan de varios meses atrás a su compra, pues el procedimiento marca que son 60 días de plazo para inventariarlos, y que en el caso de la barrera hoy no se sabe si es propiedad o no del Ayuntamiento.
Luego, Ricalde Zárate pidió le señalara el método de compulsa para medir la veracidad y exactitud del sistema de Recursos Materiales, o dicho de otra manera, contra qué se cuadraban los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.
Al respecto, la ex funcionaria indicó que es información que no corresponde a su comparecencia y que puede ir a los manuales que se encargaron de dejar listos.
El próximo en comparecer sería el ex director de Desarrollo Urbano Francisco Zetina Espinoza.
El ex director de Desarollo Urbano de la administración pasada sería el último de los funcionarios llamados por la actual administración para declarar con respecto a algunas anomalías en su departamento.
