Más que castigo, las autoridades deben enfocarse en la prevención, dijo Renán Barrera Concha, diputado del PAN al hablar sobre la aprobación a las reformas a la Ley en materia de seguridad, las cuales fueron aprobadas ayer en prolongada sesión del Congreso.
El legislador indicó que con este dictamen se dota de competencia a las autoridades locales en el combate a la posesión, comercio y suministro de estupefacientes y psicotrópicos, sin eliminar las facultades que tiene la Federación en la materia. “Hay que buscar que toda la sociedad intervenga en esta lucha en las colonias, escuelas y centros de diversión de los jóvenes, quienes están en peligro permanentemente ante el sigilo con que operan los que venden drogas”, apuntó.
Propuso preparar y especializar a los encargados de la procuración de justicia: policías, agentes del M.P. y jueces.
“Buscar mecanismos para salvaguardar la integridad de quienes denuncien acciones de narcomenudeo y respetar los derechos humanos de los farmacodependientes, dándoles facilidades para su rehabilitación”.
Expresó la necesidad de poner en marcha o reforzar programas conjuntos entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, pero también incidir en la rehabilitación de adictos.
Tito Sánchez Camargo, diputado panista y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, votó en contra de la Ley del Notariado en lo particular, pues dijo que no llena las expectativas ni sostiene el espíritu y la esencia del ejercicio de la función notarial que debe ser completa eficiente y funcional.
Un notario debe poner al servicio de la sociedad todos sus conocimientos y todo su tiempo y que, sin vulnerar el derecho constitucional de ocupar un cargo público o de elección popular, pueda dedicarse el mayor tiempo posible a ejercer el cargo que le fue delegado”, explicó. Dijo que de haberse reformado el artículo 64 como proponía el PAN, hubiera sido un incentivo para fortalecer la excelencia profesional del notario que debe supeditar sus intereses particulares a los intereses generales de la sociedad a la que decidió servir como fedatario público.
“Pedíamos un límite de seis años en un plazo de diez, en la solicitud de las licencias consecutivas que puede pedir un notario a fin de ejercer un cargo de elección pública”, apuntó. “Los notarios deben decidir si su carrera política va a estar por encima de su ejercicio profesional de notario, no debe haber licencias indefinidas ni las notarías deben ser ocupadas por años por personas que no son las titulares”, expresó El legislador puso como ejemplo el caso del abogado Angel Prieto Méndez, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien nunca ha ejercido el cargo de fedatario público para el que fue designado.
