Texto íntegro de la carta enviada por la Secretaría de Planeación a esta casa editorial en respuesta a la nota "Señalan riesgos de la deuda", publicada ayer en nuestras ediciones impresa y electrónica.
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En relación con la nota publicada el viernes 17 de diciembre de 2010 en la página 3 de la edición Local del Diario de Yucatán que usted encabeza, bajo el título “Señalan riesgos de la deuda”, me permito hacer las siguientes precisiones:
• Con la intención de informar a la opinión pública se señalan a continuación los hechos, no las interpretaciones, de la relación del gobierno del Estado con la calificadora Standard and Poor’s y la cancelación de dicha relación.
a) Por varios años, el gobierno estatal contrató los servicios de Standard and Poor’s y Moody’s para evaluar y calificar el riesgo crediticio del Estado de Yucatán. En el caso de Standard and Poor’s, la última calificación correspondió al año 2009, publicada el 13 de noviembre de ese año. En ese entonces ratificó la calificación de mxA del Estado, pero cambió la perspectiva de estable a negativa. A la luz del probable impacto de la crisis financiera internacional sobre las finanzas estatales, el resultado de la evaluación fue relativamente favorable en nuestro caso, ya que otras entidades federativas sufrieron tanto una reducción de su calificación como una modificación desfavorable de su perspectiva.
b) El contrato con Standard and Poor’s era abierto, prolongado cada año mediante el pago de la factura que enviaba la calificadora. Por las razones que a continuación se explican, el 29 de septiembre de 2010 la Secretaría de Hacienda informó al Director General de Standard and Poor’s la cancelación del contrato. La calificación otorgada en noviembre de 2009 continuó vigente en 2010, ya que este servicio había sido pagado por el gobierno estatal. Por ello, el 30 de noviembre de 2010, Standard and Poor’s dio a conocer un comunicado de prensa señalando lo siguiente:
“México, D.F., 30 de noviembre de 2010. Standard and Poor’s retiró hoy la calificación de riesgo crediticio en escala nacional –Ca Val- de ‘mxA’ con perspectiva negativa del Estado de Yucatán, a solicitud de la propia entidad.
Standard and Poor’s no califica ninguna deuda emitida por el estado.”
Como es evidente, el retiro de la calificación otorgada en noviembre de 2009 tuvo lugar simplemente porque no se renovó el contrato, circunstancia que era evidente para la calificadora desde que se contrataron los servicios de Fitch Ratings y H.R. Ratings al inicio de 2010. De hecho, Standard and Poor’s no estaba preparando calificación alguna o reporte para 2010 como se señala en la nota del Diario de Yucatán.
• Como resultado de la decisión que se tomó en la segunda mitad de 2009 de solicitar un préstamo de hasta 1,870 millones de pesos, en septiembre de 2009 se envió una comunicación tanto a Moody’s como a Standard and Poor’s invitándolas a ser las dos calificadoras requeridas para el préstamo que se intentaba obtener. Nótese que se trata de dos calificaciones distintas: del Estado y del préstamo.
• A raíz de la acción de inconstitucionalidad del préstamo, introducida por los diputados locales del PAN y el PRD, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto Standard and Poor´s como Moody´s, por razones de política interna, declinaron la invitación. Ambas señalaron que cuando hay una acción de este tipo, no pueden calificar hasta que ésta sea resuelta. Ante esa situación el gobierno estatal acudió a las prestigiadas calificadoras Fitch Ratings y H.R. Ratings para desarrollar el papel de calificadoras del préstamo de hasta 1,870 millones de pesos, requerido por el esquema de colocación seleccionado. Cabe señalar que las nuevas calificadoras indicaron que debían realizar tanto la calificación del Estado como la del préstamo. Siendo este el caso, se decidió no renovar los contratos de Moody´s y de Standard and Poor’s.
• Otro punto que merece ser comentado es que en la nota periodística se señala que las calificaciones de H.R. Ratings y de Fitch Ratings del préstamo de largo plazo obtenido en 2009 “…sirvieron al gobierno para justificar ante el Congreso su solicitud de autorización para ejercer la línea de crédito que ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo…”. Si bien se incluyó la mencionada información, la principal justificación del crédito BID es la propia evaluación que realizó esa institución financiera internacional sobre la rentabilidad financiera y social de los proyectos de inversión estratégicos.
• En relación con la contratación de deuda hasta por 1,870 millones, Standard and Poor’s señaló lo siguiente:
“Aún con la deuda de MXN 1,870 millones que esperamos que tenga Yucatán al final de 2009, creemos que dicho monto sería manejable para el estado al representar alrededor de 27% de los ingresos discrecionales presupuestados para 2009. Debido a que la totalidad de la deuda se amortizaría en un plazo de entre 15 y 20 años, esperamos que el servicio de la misma se mantenga en niveles de entre 5 y 6%. Yucatán podría afectar hasta el 30% de los ingresos y/o derechos del Fondo General de Participaciones que corresponde al gobierno estatal para repagar la deuda.”
Asimismo, la calificadora señaló lo siguiente:
“Por otro lado, seguiríamos considerando bajo el riesgo asociado al repago de la deuda directa ya que el estado todavía contaría con un fideicomiso de administración y fuente de pago creado para ese fin, el cual captaría [el] flujo de las transferencias federales.”
La calificadora termina este tema con una nota de cautela:
“En 2010, esperamos que el estado no solicite endeudamiento adicional al monto ya autorizado. Si Yucatán solicitara deuda adicional de largo y/o corto plazo en forma significativa, Standard and Poor’s evaluaría en su momento el impacto que esto podría tener sobre la calificación del Estado.”
En 2010 no se contrató endeudamiento adicional. Por otro lado, se introdujeron medidas para controlar el gasto operativo. Al respecto, como se ha señalado en los Informes Trimestrales de Finanzas Públicas del año 2010, el gobierno estatal aplicó la reducción de 10% del gasto corriente presupuestada (contemplada en el Decreto de Presupuesto), más 2 congelaciones de saldos presupuestales no utilizados (a marzo y a junio), así como una reducción de 20% del gasto que se ejercería con recursos de libre disposición en el período julio a diciembre de 2010.
Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
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