Nuevas anomalías halladas durante una investigación
Hallan “cosas extrañas” en la Comuna de Mérida
Nuevas anomalías halladas durante una investigación
“No quedarán impunes”
Hallan hasta ahora 14 irregularidades en la Comuna
Hasta ahora sólo hay presunción de ilegalidades
Comienzan citas por anomalías en el Ayuntamiento
Detectan anomalías en penales
En dos ceresos del Estado se registra sobrepoblación
Incompletos los consejos del IFE
(IFE, consejo, irregularidad, elecciones 2012)
Publicada: 9 noviembre 2011
Entrevistado en la sala de juntas del Consejo Local del IFE, el funcionario señaló que hasta ayer sólo tenían 55 candidatos a consejeros.
En cuanto a los legisladores infantiles, éstos representarán a los cinco distritos electorales de Yucatán, y llevarán sus inquietudes a la Cámara de Diputados durante su estada en la capital del país, del 27 de noviembre al 3 de diciembre.
Una de sus inquietudes es la falsedad de que no hay pobreza aquí. "Habemos niños flacos y delgados que no padecemos de obesidad ni mucho menos; eso se llama desnutrición porque nos hace falta comida", expresó Norma Pat Moo, de 10 años de edad, una de las parlamentarias infantiles
.
Le dan un masivo uso ilegal añ clembuterol
Casi la totalidad de los ganaderos del oriente de Yucatán, la principal zona ganadera del Estado, usarían clembuterol para engordar a sus animales, según reveló el médico veterinario Miguel Lagunas Aragón.
"El 99% de los ganaderos lo usa, incluyendo la planta de alimentos y el rastro TIF de la Asociación Rural de Interés colectivo", afirma Lagunas Aragón, quien hace algunos años fue inspector en la ARIC.
"De todo el animal que se sacrificaba, "80 ó 90% estaba contaminado de clembuterol", dice.
"A todos esos animales les hacíamos muestreos de sangre y los mandábamos a un laboratorio para su análisis. Lo extraño (de ahora) es que cómo es posible que de 100 muestras que se toman a diario ninguna dé positivo. Es ilógico", subraya
.
Con 6 de 14 votos probables designaron a una directiva
En la rueda de prensa del martes pasado en que el gobierno del Estado otorgó su reconocimiento a la directiva designada en esa reunión, Ramayo Navarrete y el secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero, Alejandro Menéndez Bojórquez, afirmaron que siete de 13 consejeros votaron, lo cual forma, según esos números, más del 50%.
Ambos toman en cuenta a Juan Carlos Ledón Vadillo, quien, sin embargo, no debía votar ni estar presente porque fue expulsado del consejo a raíz de la presentación de una factura apócrifa, hecho que confirmó una auditoría federal.
También alegan que son 13 consejeros porque falleció el tesorero, Ernesto de la Cruz Holguín. En realidad eran 15 antes de esa defunción y ahora son 14: Pedro Cabrera Quijano, Carlos Ramayo, Wilmer Monforte Marfil, Alberto González Rejón, Alberto Rosado Cáceres, Tomás Maza Martín, José Isaac Sabido (sustituyó a Ledón Vadillo), Fernando Poblano Cantón, René Echeverría G. Cantón, Evelio Salazar Seba, José Arjona Jiménez, Jaime Dorantes Baquedano, Francisco Martín Escobedo y Genaro Chalé Tuz.
En la asamblea del lunes 16 estuvieron Ramayo Navarrete y los cinco últimos mencionados. Ocho no asistieron.
Ayer publicamos algunas discrepancias que se observan en el acta notarial de la reunión avalada por el gobierno del Estado. Hoy ampliamos la lista:
a) Evelio Salazar presidió la reunión "en ausencia del presidente del Consejo" y nombró secretario a José Arjona.
De acuerdo con los estatutos de la Fundación, sólo puede dirigir la reunión el presidente del consejo y, en ausencia de éste y sólo en segunda convocatoria, el secretario. Este último es Wilmer Monforte, quien se encontraba ese día con Cabrera Quijano en la ciudad de México para una reunión de trabajo con el titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda.
b) El documento notarial indica que la asamblea se efectuó "en el domicilio social de la asociación civil denominada Fundación Produce Yucatán". Se establece que, "de acuerdo a lo ordenado por la juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado", se haría a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria en caso de no reunirse el quórum necesario.
Los asistentes sesionaron en la terraza porque el local se encontraba cerrado. Con seis consejeros con derecho a voto, nunca se llegó a segunda convocatoria. Considerando que comenzó a las once, la asamblea fue muy rápida, pues cuando uno de nuestros reporteros llegó al lugar, a las 11:50, ya se estaba retirando una camioneta con las sillas que se utilizaron.
c) Con excepción del secretario Menéndez Bojórquez y la representante de la Sagarpa, todos los presentes ocuparon cargos dentro del consejo directivo. Ledón Vadillo quedó como vocal, aunque, como ya señalamos, no tenía derecho a votar por no ser consejero.- Angel Noh Estrada
Independientemente del fallo del Tribunal Superior, en el caso de Produce queda la vía del amparo:
Los recursos
Por lo general, las autoridades liberan los recursos para la Fundación hasta fines del año. Por tanto, aparentemente el litigio no tendría grandes efectos en los proyectos.
Caso pendiente
Las autoridades federales tienen pendiente un fallo en una demanda de amparo de Pedro Cabrera contra el Registro Público de la Propiedad, por denegación de justicia. Hasta la fecha no inscribe unas actas.
Hoy se sabrá si la SCT da un permiso
Lizette Mimenza lamentó que, según las declaraciones de la alcaldesa, la sociedad meridana quede en último lugar de las prioridades de las autoridades para este concierto, al anunciarse que sólo los visitantes que lleguen en hoteles de primera tendrán los boletos preferentes de este evento.
Como publicamos ayer Angélica Araujo aseguró que los únicos que tienen un lugar numerado ya determinado para este concierto son los turistas que compren paquetes de por lo menos tres noches en hoteles.
Lizette Mimenza declaró que "obviamente si el Ayuntamiento ya dispuso la entrega de 10 mil boletos de zonas preferentes para patrocinadores, hoteleros, autoridades e invitados, ¿donde queda el pueblo?", se preguntó.
Otro aspecto que sigue al aire -continuó la regidora panista- es dónde se hará el concierto, porque al menos los terrenos de La Plancha donde dicen que se hará, además de que no se tiene aún el permiso, tampoco están considerados en el contrato con el promotor.
En el contrato, continuó, figuran como las posibles sedes para el evento, en primer lugar, el Monumento a la Patria, en segundo el estacionamiento oriente del Siglo XXI y en tercero cualquier lugar que el Ayuntamiento designe.
La regidora recordó también que a la fecha y a pesar de sus promesas, Angélica Araujo sigue sin dar a conocer quiénes serán los patrocinadores de la presentación de Shakira, "y si quiere lo puede informar hasta el 15 de julio, fecha que se puso la alcaldesa como límite para hacer pública esta información".- DAVID DOMíNGUEZ MASSA
Ya se habla de cómo se repartirían los boletos preferentes para el concierto de Shakira:
Para hoteleros
La regidora del PAN Lizette Mimenza declaró que, según ha dicho la alcaldesa, 5,000 boletos de la zona preferente serán para los hoteleros. Además, ofreció a los patrocinadores, 100 boletos de zona platino, por cada millón que pongan para pagarle a la cantante.
Aún sin sede
Aún no se confirma la sede para el concierto.
Reiteran: un acta irregular
Ayer circuló en Twitter, desde la cuenta @eveliosase, que se atribuye al consejero Evelio Salazar Seba, que hoy se convocará a nueva asamblea -"con o sin Pedro Cabrera"- para elegir nuevo presidente.
Esa cuenta fue creada el viernes, dos horas después de la rueda de prensa, y entre los 5 seguidores que tenía hasta ayer en la mañana figuran dos empleados del gobierno. El mensaje fue enviado en forma directa a medios de comunicación.
Dejan "mudo" a Xavier Abreu
Otro diputado del PRI, Rolando Zapata, le demostró con números cómo en los últimos tres años ya hay casi 2,000 millones de pesos que no fueron ejercidos para los indígenas del país. Xavier admitió que están en fideicomisos de Hacienda.
Por su parte, Teófilo Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, anunció que se llevará a cabo una auditoría y la integración de una Comisión Especial, a fin de dar seguimiento a presuntos casos de corrupción en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
¿Quién pagó por la cámara hiperbárica?
El 13 de enero de 2009, en una rueda de prensa en Palacio, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, acompañada de altos funcionarios de Banorte, anunció la entrega por ese banco de un donativo de once millones de pesos para la adquisición de una cámara hiperbárica.
El equipo podría atender a 20 pacientes al mismo tiempo y, según dijo la jefa del Ejecutivo, sería la quinta de su tipo en el continente americano.
En su Tercer Informe de Gobierno, la señora Ortega ratificó esa información y en uno de sus anexos dijo que se adquirió una cámara hiperbárica para el hospital O'Horán con un valor de $11 millones, "donados por Banco Banorte S.A."
Esta información no coincide con la de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que sostiene que la cámara hiperbárica del O'Horán se compró con recursos del gobierno federal.
La ASF obligó al gobierno estatal a reintegrar $1.414,700, pagados como sobreprecio por la compra de la cámara, aunque no objetó la adquisición de ese equipo con recursos del Fondo Federal de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).
En su auditoría a la Secretaría de Salud, la ASF encontró que en el pedido núm. SSY-LP-RM-27/08 hecho al proveedor Distribuidor de Fármacos y Fragancias, S.A. de C.V., (Difasa) - del que no se informa el monto - había incrementos de hasta el 126.7% en la lista de precios, debido a lo cual, explica la ASF, la licitación "se debió declarar desierta y volver a licitar a efecto de obtener los mejores precios". Algo parecido ocurrió en la revisión del pedido núm. SSY-LP-RM-25/08, al proveedor Abastecedor Hospitalario de Sureste, S.A. de C.V. Los auditores observaron incrementos del 99.2% en su lista de precios. En ambos casos, según la ASF, el gobierno estatal informó que había iniciado la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.
En el caso de Abastecedor Hospitalario de Sureste, esta compañía presentó 16 facturas de insumos médicos por un monto de $20.046,000, pero la SSY no mostró evidencias de la recepción de esos insumos. También se detectó que en el contrato núm. SSY-LP-RM-25/08, celebrado con esa compañía, para el suministro, abasto y entrega de material de curación a la SSY, esta dependencia le pagó indebidamente $721,400 por concepto de almacenamiento de los insumos médicos, en tanto a Difasa le entregó por almacenamiento y distribución de medicinas y otros insumos, la cantidad de $4.959,000. En el contrato con esa empresa -SSY-LP-RM-27/08 - se especifica que el almacenamiento y distribución correrá por su cuenta.
La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) habría usado casi once millones de pesos de recursos federales en 2009 para comprar una cámara hiperbárica para el hospital O' Horán, no obstante que Banorte entregó ese mismo año un donativo por una cantidad similar para adquirir ese equipo.
La SSY no sólo habría gastado dinero federal para esa cámara, en lugar de invertir el donativo, cuyo destino se desconoce, sino además pagó al proveedor un sobreprecio de 14.7 por ciento, equivalente a $1.414,700, según investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También en 2009 la dependencia yucateca intentó hacer otras cuantiosas compras, en este caso de insumos médicos, mediante el pago de sobreprecios de 99 a 126 por ciento, pero éstas se frustraron cuando la ASF descubrió la operación. De acuerdo con una auditoría realizada a la SSY por la Auditoría Superior de la Federación, esa dependencia firmó un contrato en 2009 con la compañía Patrupa Industrial, S.A. de C.V. (PISA), para la adquisición de una cámara hiperbárica "multiplaza".
El contrato original, dice la ASF, establecía que se debía pagar un importe total de $9.565,200 y que dicho precio sería fijo y no podría incrementarse bajo ninguna circunstancia. Empero, la SSY entregó $1.414,700 de más al proveedor, para hacer un total de $10.979,900. El pago de este sobreprecio se hizo con recursos del Fondo Federal de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), y se presume que de allí mismo habrían salido los otros $9.565,200.
Denuncia "cotos de poder" un voceador
Se preguntó qué hay detrás del intento de desalojo del sábado y recalcó que el uso de violencia y el apoyo que otorga el líder de los voceadores, Ricardo May Sosa, a la supuesta dueña de piso de la esquina 62 con 67 son señales de que hay intereses oscuros. Por eso pide a las autoridades municipales su intervención, porque son ellos quienes administran, vigilan y autorizan el uso del espacio público.
Freddy Góngora, quien frustró un intento violento de desalojo que organizó Lourdes Caballero con el apoyo de varias personas, entre ellas May Sosa, dijo que él y su patrón Ángel Chan Chan trabajan en forma honesta en esa esquina y pagan $1,000 que les exige Lourdes Caballero, quien se dice dueña-heredera de dicho espacio público de Mérida.
"El puesto es de Ángel Chan. Yo trabajo con él y prácticamente me encargo de las ventas porque él es directivo de la Unión de Voceadores y tiene otras labores", señaló.
Dijo que le extraña que el líder May Sosa apoye a Lourdes Caballero y no a su compañero directivo, sobre todo que apruebe hechos violentos como el intento de desalojo a la fuerza sin que medie ninguna orden judicial, como establece la ley.
"Si Lourdes Caballero y mi socio Ángel Chan tienen problemas, pues que platiquen y busquen un acuerdo. Yo necesito el trabajo para mantener a mi familia y confío en la ley y en el Ayuntamiento de que me permitirán seguir mi trabajo", dijo el voceador.
Señaló que los comerciantes y otros voceadores están a su favor y desmintieron el argumento de Lourdes Caballero de que la golpearon el sábado, con la intención de que los policías municipales arrestaran a su jefe.
"Le pido respeto a la señora y que me deje trabajar. Hoy (por ayer) trabajé normal y espero que no intenten de nuevo desalojarme".
Afirmó que a nadie le pertenece la calle, es lugar público y si paga la cuota de mil pesos semanales es porque es una costumbre y un pacto entre voceadores, pero ahora que la supuesta dueña de la calle está en son de pelea pide la intervención del Ayuntamiento para que acabe con el coto de poder de los veteranos periodiqueros."Si me quieren sacar del lugar tienen que darme un plazo de seis meses, esperar que yo pague el crédito de las revistas y que me liquiden conforme a la ley", subrayó.
La Sagarpa acepta un "atraso"
El delegado de la Sagarpa, Gerardo Escaroz Soler, admitió ayer que hay "un retraso" en la publicación de las listas de beneficiarios de programas del campo y ofreció que pronto se hará la difusión.
Sin embargo, no dijo a qué se debe el mismo, que es de más de un año considerando que desde fines del año pasado se dejó de hacer pública la relación de quienes recibirían apoyo.
Las recursos manejados en 2009 cuyo destino no fue avisado a los productores en los términos de ley ascienden a $15 millones.
De esa suma, $12 millones son de finiquitos de activos productivos y reasignaciones y $3 millones corresponden a productos financieros.
A esa suma se añaden los $300 millones del presupuesto total de 2010. En ese ejercicio, $12 millones fueron para proyectos aprobados vía "fast track", divididos en partes iguales entre la Sagarpa y la Secretaría de Fomento Agropecuario. Tampoco se hizo la notificación por las vías obligatorias.
Los apoyos son mezcla de recursos federales y estatales a los que se suma una aportación del productor beneficiario.
En 2009, el gobierno del Estado retrasó su aportación (es la parte conocida como Paripasu), pero al cierre del año completó los $80 millones que le correspondían.
En 2010 no ocurrió lo mismo y todavía tiene un adeudo de 32 a $80 millones.
Todavía con el incumplimiento estatal, el productor puede recibir la parte "federalizada".
El año pasado, el 75 por ciento del apoyo aprobado correspondió al gobierno federal y el 25% al gobierno del Estado. Hace dos años la proporción fue de 65 y 35%, en el mismo orden. El productor también debe hacer una aportación.
La Secretaría de Fomento Agropecuario y su titular, Alejandro Menéndez Bojórquez, son blanco de una auditoría federal que, según afirmó ayer Escaroz Soler, es rutinaria y extensiva a otras partes del país.
"Carga de trabajo"
Gerardo Escaroz Soler especificó que la semana pasada se envió a la ciudad de México la información correspondiente al atraso de la publicación de apoyos y en el transcurso de la semana se publicará la lista de beneficiarios.
El delegado de la Sagarpa agregó que también en días pasados comenzó una auditoría de Activos Productivos 2009 como parte de un ejercicio nacional que se realiza actualmente en forma simultánea en varios estados de México.
Escaroz Soler explicó que el motivo del retraso en la publicación de los beneficiarios fue que las cargas de trabajo hicieron que se rebasaran los tiempos programados.
-Las notificaciones se entregaron personalmente como lo indican las reglas de operación y los beneficiarios tendrán hasta el ultimo día de marzo para entregar las obras a las que se les proporcionaron los apoyos del programa- indicó.
En nuestra edición de mañana abordaremos otros aspectos relacionados con el manejo de los recursos económicos destinados al campo de Yucatán.- Angel Noh Estrada / Alejandro Moreno Peña
Los trámites a seguir en lo que se refiere a apoyos del campo está marcado por la ley:
Procedimiento
Después de que los productores son informados de ser beneficiados con el apoyo, éstos deciden si lo aceptan o no (lo que ocurre generalmente porque no pueden aportar lo que les corresponde). En caso de que lo rechacen se reasignan los recursos sobrantes, por disposición legal, y se vuelve a publicar la lista de los proyectos seleccionados, también por ley.
A 315 millones de pesos asciende, por lo menos, el presupuesto de apoyos al campo yucateco que se manejó en 2009 y 2010 sin seguir el procedimiento de notificación que dispone la ley.
La mayor parte, $300 millones en números redondos, corresponde a todo 2010.
Los restantes $15 millones son de fines de 2009, cuando la delegación de la Sagarpa y la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del gobierno del Estado dejaron de avisar por los canales legales de la lista de proyectos aprobados y los nombres de los beneficiarios.
Esos recursos, como informamos ayer, corresponden al programa Alianza para el Campo, aunque en la normatividad respectiva se les conoce como Activos Productivos.
Las normas de operación de la Sagarpa disponen que la notificación de los proyectos aprobados y no aprobados se haga en los portales electrónicos de las dependencias ejecutoras y en el periódico local de mayor circulación.
Al no cumplirse esta regla hay grandes probabilidades, de casi cien por ciento, de que el productor no se entere del curso que se le dio a su solicitud. Si no reclama los recursos que le aprobaron, el dinero pasará a formar parte de un fondo de reasignación.
Las dependencias ejecutoras, en este caso la Sagarpa y la Secretaría de Fomento Agropecuario no tienen la obligación de hacer un desembolso extra, pues el 3 por ciento de la bolsa total de los apoyos está destinada a las publicaciones.- Angel Noh Estrada
angelnoh@megamedia.com.mx
@angelovaliant
La publicación es obligatoria, establecida en las reglas de operación de la Sagarpa:
El porcentaje
La ley dicta que el 3% del total de la bolsa asignada a los apoyos de las dependencias sea para las publicaciones: un ejemplo, si se aprueban $200 millones se destinarán $600,000.
Información para todos
Los proyectos calificados y evaluados deben ser dados a conocer en las páginas electrónicas y en el periódico local de mayor circulación.
Niega anomalías dentro de la CDI
En improvisada rueda de prensa después de su participación en un evento de la CMIC, el ex candidato panista a la gubernatura de Yucatán afirma que los programas de la dependencia a su cargo son auditados constantemente.
Según dijo, en los proyectos de salud y educativos que impulsan no ejercen directamente los recursos sino que a través de convenios los transfieren a los gobiernos, que se encargan de concursar y ejecutar las obras.
La semana pasada, como informamos, Abreu Sierra señaló que no tenía ningún reporte de irregularidades en la construcción de baños.
"En Puebla y Yucatán no hicimos y en Campeche ya debieron terminarse", agregó.
Legisladores federales yucatecos del PRI presentaron un punto de acuerdo para que Abreu Sierra comparezca en las comisiones de la Auditoría Superior y la de los Pueblos Indígenas por presuntos desvíos en la construcción de sanitarios.
Al preguntarle sobre la asignación de obras a familiares y amigos, lo rechaza e indica que Alberto Carrillo Gutiérrez, quien estuvo involucrado en el escándalo de los borregos, "no tiene empresas dedicadas a la construcción de baños".
También dijo que Carlos Gutiérrez Ocampo no fue cesado de la dependencia federal, sino que "presentó su renuncia".
Despide a la mitad de su plantilla
Los presagios de un panorama desalentador para el empleo en 2011 comienzan a materializarse en Yucatán, con el despido de más de 1,600 personas de la maquiladora Monty de Motul.
Esa cantidad es casi la mitad de su plantilla de 3,500 empleados. Sin embargo, la empresa ofrece que en enero comenzará la recontratación del personal que fue despedido, cuando se reanude la demanda de prendas que elaboran obreros motuleños.
La planta industrial es una de las principales generadoras de empleo en Motul.
A partir de enero el gobierno del Estado aumentará de 2 a 3% el monto del impuesto sobre nóminas, lo que en opinión de empresarios dificultará el ansiado despegue económico.
MOTUL.- Ante la baja producción, la maquiladora Monty despidió a poco más de 1,600 empleados de los 3,500 que tienen, sin embargo, se espera que el próximo mes comiencen a recontratar personal.
A cada una de las personas que perdieron su puesto en la compañía -entre los que se encontraban costureros, mecánicos, planchadores, encargados de empaque y vigilantes- entre otros, se les dijo que en enero de 2011 se les volverá a llamar una vez que comience la demanda de prendas.
La ex empleada Aurora Nahuat Cutz señala que su función era costurar ropa en una de las líneas de producción. Desconoce por qué se le dio de baja pero la liquidación que le dieron por dos años de servicio en la planta consistió en más de $10,000.
-Esperamos que la empresa cumpla su palabra de volver a contratarnos, aunque con la liquidación perdimos la antiguedad, pero no importa si nos daran trabajo de nuevo- agregó.
-Mientras tanto permaneceré con la familia y le sacaré provecho al tiempo, pondré en orden el hogar, haré la limpieza y lo que salga- finalizó la ex empleada de Monty.
Sobre los despidos, el alcalde de Motul, Mario Sosa y Lugo, declaró que habló con los directivos de la maquiladora Monty y que la liquidación de personal es normal para la empresa, sobre todo en estas fechas, aunque ya está establecida la consigna de que en enero los contraten de nuevo.
-No hay de qué alarmarse, sobre todo porque ahora corresponde al tiempo que la planta entra en receso al salir de vacaciones por las fiestas decembrinas- explicó.
-La empresa ya tiene 15 años en el municipio y es una de las más importantes fuentes de empleo de la zona.
-Estamos pendientes de su desarrollo y se trabaja en coordinación para lo que se ofrezca-. Mauricio Can Tec.
Monty es una de las principales fuentes de trabajo en Motul y municipios cercanos:
Registro
En agosto de 2009, según se reportó, Monty creó fuentes de empleo para 472 personas, contrataría a 200 más y confiaba en llegar a los 700 y 750 trabajadores. Este año contaba con 3,500 en la planta y liquidó a 1,600.
No hay conflicto en el TSJ
Ante los señalamientos de abogados locales, quienes afirmaron que habría una irregularidad por estar padre e hijo como funcionarios del Poder Judicial, su presidente lo negó.
Rivero Evia, quien laboraba en los juzgados federales, fue designado anteayer como nuevo magistrado IV en sustitución de Angel Prieto Méndez, quien se jubiló. Hubo discusión por su designación en el Congreso debido a que diputados del PAN advirtieron su parentesco con personas que ocupan puestos en el gobierno.
Celis Quintal explicó que no existe la incompatibilidad porque Rivero Evia es magistrado de lo civil, y su padre es juez penal, dos áreas distintas.
"Sería impedimento si le tocara revisar los casos que resuelva su padre, pero no le corresponden", precisó.
Sin embargo, aunque también se dan casos donde el pleno de magistrados debe resolver sobre la actuación de los jueces, Celis Quintal declaró que éstos son muy raros y extraños.
De cualquier manera, si llegara a suceder, el presidente del TSJ indicó que está la opción para el magistrado de disculparse y no participar en la revisión del expediente.
Debido a lo anterior, Celis Quintal no ve incompatibilidad y tampoco impedimento legal para que Rivero Evia pueda desempeñarse en el Poder Judicial como magistrado.
Más ex alcaldes a juicio
Por presuntas irregularidades consideradas como daños al patrimonio municipal por casi $23 millones de pesos, siete ex alcaldes de la anterior administración se sumarán a los cuatro que ya son sujetos a procesos que pueden llevarlos a la cárcel.
Por unanimidad diputados del PRI, PAN y PRD de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública aprobaron el dictamen en el cual se rechazan las cuentas públicas de los ex alcaldes de Acanceh, Chocholá, Río Lagartos -los tres del PRI-, San Felipe, Sotuta, Sudzal -estos del PAN- y Tepakán del PRD.
La presidenta de esta comisión, Martha Góngora Sánchez, informó al término de la sesión que las presuntas irregularidades detectadas son variadas y van desde incumplimientos administrativos, anomalías en obras públicas y hasta recursos sin comprobar.
Por eso acordaron pasar al pleno de diputados el dictamen para que la Auditoría Superior del Estado autorice comenzarles un proceso a esos ex alcaldes.
En el anterior periodo ordinario el pleno también autorizó esa misma disposición contra los ex alcaldes de Abalá, Tixcacal, Peto y Chichimilá.
En esta ocasión el ex alcalde con el mayor monto de presuntas irregularidades es el de Sotuta, con $6.309,799 y le sigue el de Tepakán con $4.837,010