Rinde compromiso constitucional jueza de primera instancia en Yucatán

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La jueza Mirle Florencia Novelo Yeh rindió su compromiso Constitucional por un nuevo período de cuatro años para fungir como jueza de primera instancia.

La ceremonia fue presidida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Marcos Alejandro Celis Quintal, quien la exhortó a mantener el profesionalismo en sus resoluciones ya que de esta manera es como se le brinda un mejor servicio a la sociedad.

La juez a Novelo Yeh fungirá por un nuevo período que comprende del día 20 de enero de 2018 al 19 de enero de 2022. Actualmente está asignada como Juez Tercero Mixto del Primer Departamento Judicial con sede en Motul.

Esta ceremonia de Compromiso Constitucional tuvo lugar en la Sala de Plenos del Consejo de la Judicatura, en la que estuvieron presentes las Consejeras de la Judicatura Silvia Carolina Estrada Gamboa, Sara Luisa Castro Almeida y el Consejero de la Judicatura Luis Jorge Parra Arceo.

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Destapan asignación irregular de jueces en Chihuahua

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 La asignación de plazas vacantes para jueces que operaran la reforma procesal en materia civil y familiar en el estado de Chihuahua otorgadas el año pasado, se llevó a cabo de manera irregular y se encuentra viciada de origen, determinó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la revisión que hizo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua.
De acuerdo con el informe técnico de resultados de auditoría de gestión realizado este año, 17 de los 29 jueces que fueron nombrados incumplen con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Nueve de estos 17 jueces corresponden al Distrito Judicial Bravos, que tiene cabecera en Ciudad Juárez, y operan en materia civil y familiar, expone una tabla publicada en el informe entregado al Congreso del Estado en septiembre pasado para su dictamen.
Los otros ocho jueces corresponden a los distritos judiciales Abraham González, con cabecera en Delicias (1); Camargo, con cabecera en este municipio (1); Hidalgo, con cabecera en Parral (2); Mina, con cabecera Guadalupe y Calvo (1), y Morelos, con cabecera en la ciudad de Chihuahua (3).
“Derivado de los procedimientos realizados en relación a la asignación de plazas para operar la reforma procesal en materia civil y familiar, otorgadas durante el ejercicio fiscal 2016 de conformidad con la tabla 1.1, esta Auditoría Superior del Estado de Chihuahua determinó que dichos nombramientos se encuentran viciados de origen”, advierte el documento.
Expone que esto se debe a que el concurso de oposición que se realizó para ocupar dichas plazas sólo fue interno, lo que contraviene la ley orgánica que regula el Poder Judicial estatal, donde se establece que debe ser público.
“Las designaciones de jueces que deban hacerse en las plazas vacantes, de carácter definitivo, deberán ser cubiertas mediante concurso de oposición que fije la Comisión, el cual será público”, cita el artículo 128 de dicha ley.
El vocero del TSJ no fue localizado ayer para conocer el procedimiento a seguir ante esta observación realizada por el órgano fiscalizador del estado.
Sin embargo, en la respuesta que en el mismo informe dio el presidente del TSJ, Julio César Jiménez Castro, se deslinda de dichos nombramientos, porque tanto la convocatoria como la asignación fueron anteriores a su designación en el cargo.
Explica que mientras la convocatoria se emitió en el año 2015, la asignación de jueces se hizo antes del 11 de noviembre de 2016, cuando todavía no ocupaba el cargo de presidente y se desempeñaba las funciones de magistrado de la Sexta Sala Civil, por lo que estaba ajeno a sus facultades y competencias.
“Por lo señalado, y atendiendo a que el acto de emitir una convocatoria para la asignación de jueces sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley, es un acto que se consumó durante una administración distinta a la que presido, la responsabilidad de las irregularidades observadas no debe ser atribuible a un servidor”, respondió.
La auditoría realizada también arrojó que no se pudo verificar las calificaciones de los exámenes que se aprobaron, porque supuestamente la infraestructura de almacenamiento digital sufrió un daño en 2015 y perdieron esa y otro tipo de información.
El documento detalla que, de acuerdo con la revisión, en dicho concurso 31 aspirantes a jueces de primera instancia aprobaron los exámenes aplicados, pero al solicitar información para corroborar las calificaciones, la Dirección de Tecnologías de Información del TSJ respondió que no contaban con dichos datos.
“No se cuenta con los registros electrónicos de los mismos en virtud de una eventualidad de daño en nuestra infraestructura de almacenamiento hacia el mes de septiembre de 2015, en la que perdimos entre otros tipos de información, correos, bases de datos y diversos documentos”, respondió el Tribunal.
Como elemento de prueba anexaron una orden de compra a un servicio de consultoría que en su momento se contrató con el objetivo de rescatar la información correspondiente y el diagnóstico resultante de ese servicio “fue imposible recuperar tales datos”.
La revisión se realizó por mandato del Congreso del Estado, en sesión del 1 de diciembre de 2016, cuando ordenaron realizar una auditoría especial al TSJ en relación a los nombramientos de los jueces con el propósito de determinar si se cumplió con los requisitos de ley.
Al responder el TSJ a la observación realizada por la irregularidad detectada en la designación de los jueces, el Poder Judicial manifestó que los actos observados corresponden al ejercicio fiscal 2015, lo que contraviene el principio de anualidad que debe regir las labores de la ASE.
Agrega que si bien existe la posibilidad legal de realizar una revisión a un ejercicio fiscal inmediato anterior, es requisito que previamente se hayan detectado irregularidades en la cuenta pública que se revisa.
“… lo que evidentemente no ocurrió en el caso particular, ya que lo único que el ente auditor observa con respecto al procedimiento de asignación de jueces, son hechos correspondientes al ejercicio fiscal 2015”, argumentó el presidente del Tribunal.
Pese a ello, la ASE determinó que la respuesta no solventa la observación realizada y, por lo tanto, “no se libera de responsabilidad a los funcionarios o exfuncionarios que estuvieron a cargo durante el período de revisión, en la cual dicha irregularidad tuvo lugar”.

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Rinde Compromiso Constitucional Pedro Moo Uc como juez de primera instancia

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Esta mañana  rindió su Compromiso Constitucional Pedro Benito Moo Uc, quien fue nombrado juez de primera instancia con adscripción en el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del tercer departamento judicial del Estado con sede en Tizimín, por un período de cuatro años.

La ceremonia que se realizó en el recinto del Poder Judicial del Estado, fue presidida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Marcos Alejandro Celis Quintal, quien reconoció la trayectoria de Moo Uc en la carrera judicial que hoy rindió frutos con su nombramiento como juez de primera instancia.

Celis Quintal, lo exhortó  a que realice de la mejor manera su trabajo, con dedicación, organización y excelencia, teniendo siempre en mente que el servicio es a la sociedad, ya que ellos son los que esperan la resolución de sus conflictos.

Pedro Benito Moo Uc fue nombrado como juez por un período que comprende del 8 de enero de 2018 al 7 de enero de 2022.

En la ceremonia estuvo presente la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia Leticia del Socorro Cobá Magaña; los Magistrados Luis Felipe Esperón Villanueva, Ricardo Ávila Heredia y Santiago Altamirano Escalante; así como las Consejeras de la Judicatura Sara Luisa Castro Almeida, Melba Angelina Méndez Fernández, Silvia Carolina Estrada Gamboa y el Consejero de la Judicatura Luis Jorge Parra Arceo.

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(VIDEO) Juez de "control" de Chihuahua pierde el control y agrede a una mujer

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La Fiscalía del Estado de Chihuahua abrió una investigación contra el juez de control Guillermo Gómez Cortés, tras circular un vídeo donde el funcionario insulta y agrede físicamente a una mujer.

En el vídeo grabado en las oficinas del Ministerio Público, se puede observar cuando Gómez Cortés graba con su teléfono celular a su hermana Carolina, con quién discute acaloradamente. En un momento de descuido la mujer le arrebata el aparato a Guillermo, quién reacciona tirándola al piso para recuperar su celular.

La mujer es auxiliada para levantarse del suelo, pero el enfrentamiento verbal entre ambos continúa hasta que nuevamente  la ataca con tal fuerza que la mujer termina golpeándose contra unas sillas y el piso.

Tras las agresiones Guillermo Gómez sigue arremetiendo contra la mujer a la que le propone ir al “rancho”, pero dice que como es una cobarde tiene que ir a “agredirlo” a sus oficinas.

Según explicó Luis Goméz, hermano de la afectada y el agresor, los hermanos mantienen un litigio  por la herencia de un rancho, que el juez se adjudicó como propio con la intención de llegar a un acuerdo que hasta el momento no se ha dado.

Guillermo tiene al menos dos denuncias por agresiones a un empleado del rancho  y a su hermana Carolina, quienes al acudir a ratificar las denuncias al Ministerio Público se encontraron con el juez, quien arremetió contra ellos.

Por su parte el Consejo de la Judicatura estatal informó que el juez será separado de su cargo.

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Rinde Compromiso Constitucional Juez de primera instancia en Yucatán

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Esta mañana el juez José Ismael Canto Can  rindió Compromiso Constitucional ante el Pleno del Consejo de la Judicatura para ejercer su función como juez de primera instancia   por un nuevo período de cuatro años como titular del juzgado cuarto de oralidad familiar del Poder Judicial del Estado.

La ceremonia encabezada por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Marcos Alejandro Celis Quintal, tuvo lugar en el recinto del Tribunal Superior de Justicia. 

En ella, Celis Quintal señaló que con base en el desempeño del juez Canto Can y bajo el principio de estabilidad de la carrera judicial el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió ratificarlo por un nuevo período de cuatro años que comprenderá del día 3 de diciembre de 2017 al 2 de diciembre de 2021.

Celis Quintal, en nombre de los Magistrados y Consejeros, le exhortó a que mantenga la excelencia en su función como juez, ya  que en la materia familiar se tocan temas delicados como son los sentimientos y emociones por lo que debe conducirse con mucha sabiduría y mucho sentido común para responder de la mejor manera a la sociedad.

En la rendición de compromiso constitucional estuvieron presentes las Consejeras y el Consejero de la Judicatura Sara luisa Castro Almeida, Silvia Carolina Estrada Gamboa,  Melba Angelina Méndez Fernández y Luis Jorge Parra Arceo; la Magistrada Mygdalia Rodríguez Arcovedo y el Magistrado Santiago Altamirano Escalante.

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A partir del 15 de diciembre ¡desaparece el juzgado 4º. Penal en Yucatán!

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El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado informó esta tarde que en su Décima Tercera Sesión Extraordinaria acordó el cierre del Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado a partir del 15 de diciembre del presente año.

El cierre del juzgado tiene como objetivo darle continuidad al proceso de consolidación del Sistema Penal Acusatorio y Oral que está implementado en su totalidad en el Estado desde septiembre de 2015.

Ante este acuerdo, el Pleno del Consejo comunicó que adoptará las medidas necesarias, procediendo al cambio de adscripción a otras áreas, en los términos establecidos en las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con las necesidades del servicio, para salvaguardar los derechos laborales de las personas que actualmente laboran en ese juzgado, quedando intactos los derechos laborales del personal de base perteneciente a este juzgado.

Los asuntos que se encuentran en trámite y concluidos en el Juzgado Cuarto Penal serán turnados al Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado a partir del día 16 de diciembre del presente año. 

La juez Rubí González Alpuche será la titular del juzgado primero penal. El juez Jorge Andrés Vázquez Juan pasará al juzgado segundo de ejecución y la juez Mariza Virginia Polanco Sabido pasará a un juzgado de control del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.

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Yucateco detenido por no dar dinero a sus hijos desde 2005

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Agentes de la Policía Estatal de Investigación, por orden la Juez Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Suemy del Rosario Lizama Sánchez aprehendieron a Julio José Sosa Ávila, acusado de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

La denuncia fue presentada por la ex pareja sentimental de ahora detenido, María Guadalupe A. M., y la audiencia de vinculación quedó para el próximo 24 de noviembre.

La pareja vivió en unión libre durante un año y 4 meses durante la cual procrearon a una hija que actualmente cuenta con 11 años de edad.

Asegura la mujer que el tiempo que vivieron juntos le proporcionaban de $6 mil mensuales, pero en 2005, debido a los malos tratos, decidió salirse de la casa y desde entonces dejó de darle esta suma.

La agraviada no trabaja puesto que cursa la carrera de licenciatura en Administración de Empresas y es su madre la que la ha estado apoyando a lo largo de estos años, y por ello presentó la denuncia correspondiente contra el padre de su hija.

Cabe señalar que en el año 2010, en el Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial, se promovieron las diligencias de jurisdicción voluntaria y fue condenado al pago de $8,000 pensión y al negarse a cumplir con esa sentencia, el 10 de abril del 2015 se presentó la denuncia penal.

Al consignarse el caso al Juzgado de Control en turno se libró la orden de aprehensión que ya fue cumplimentada.

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Jueces yucatecos de primera instancia rinden compromiso constitucional

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Los jueces de primera instancia Selene Guadalupe López Pacheco, titular del juzgado tercero de oralidad familiar y Raúl Cano Calderón del juzgado segundo mercantil, rindieron compromiso constitucional por un nuevo período como jueces del Poder Judicial del Estado.

En Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura presidida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Marcos Alejandro Celis Quintal, este los exhortó a que continúen desempeñando un papel excelente en su labor como jueces de primera instancia, continúen en su compromiso con la institución y la sociedad a través de sus sentencias apegadas a la ley.

Ambos jueces fueron ratificados por un nuevo período de cuatro años que inicia de 1 de octubre de 2017 y finalizará el 30 de septiembre de 2021.

En la Sesión que se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia, estuvieron presentes las Consejeras de la Judicatura, Sara Luisa Castro Almeida, Melba Angelina Méndez Fernández, Silvia Carolina Estrada Gamboa y el Consejero Luis Jorge Parra Arceo.

También estuvieron las Magistradas Leticia del Socorro Cobá Magaña, Ligia Aurora Cortés Ortega, Adda Lucelly Cámara Vallejo y Mygdalia Rodríguez Arcovedo.

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Informa Consejo de la Judicatura sobre nuevos cambios en juzgados mixtos y familiares

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El Consejo de la Judicatura determinó nuevos cambios en juzgados de Mérida y del interior del estado, por los cuales la jueza Gloria Ceballos Cruz será, a partir del 1 de julio del presente, la titular del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado con sede en Tekax.

De este modo, el juez que cubría temporalmente este encargo, Jorge Alberto Carrillo Canché, regresa a la titularidad del juzgado 2º de oralidad familiar del primer departamento judicial, con sede en Mérida, al concluir la comisión que le fue asignada.

La  jueza Selene Guadalupe López quien se encontraba en el juzgado 2º de oralidad familiar del primer departamento judicial, con sede en Mérida, pasará a ocupar la titularidad del juzgado 3º de oralidad familiar vespertino con sede en esta misma ciudad.

Cabe señalar que el nombramiento de la Jueza Ceballos Cruz en Tekax se da en virtud de la prelación establecida para la asignación de la titularidad de los juzgados de primera instancia.

Los tres juzgados continúan con sus labores normales, atendiendo a las necesidades del servicio de impartición de justicia que demandan los ciudadanos.

Con respecto a aseveraciones que han sido manifestadas públicamente por un particular que cuenta con un proceso en curso en el juzgado de Tekax y que reclama la permanencia del juez Carrillo Canché en ese lugar para el desahogo de su caso, el Consejo de la Judicatura ha respondido que no es posible acceder a esta solicitud, dado que corresponde al juez la titularidad del juzgado al que regresa en Mérida, de tal suerte que este caso particular seguirá siendo atendido por la juez entrante.

Asimismo, respecto de afirmaciones sobre el motivo del movimiento en el juzgado de Tekax en cuanto a una supuesta corrupción para perjudicar a dicho justiciable, es importante aclarar que la adscripción de los jueces en Yucatán se debe estrictamente a las necesidades de servicio y al lugar que corresponde a cada juez según su antigüedad en el cargo y sus méritos en la carrera judicial. Nunca la asignación de un juzgado se relaciona con un caso concreto, ni con las preferencias de una persona en particular.

De acuerdo con el artículo 105 de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial del Estado dotado de autonomía técnica y de gestión, al que corresponde conocer y resolver todos los asuntos sobre la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, que no estén reservados de manera exclusiva a la competencia del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con la Constitución Política del Estado y esta Ley.

Entre sus atribuciones está la de establecer y modificar la competencia y jurisdicción territorial de los juzgados.

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Paga fuerte suma a su ex esposa para evitar ir a la cárcel por incumplimiento

Empresariopaga un millón a suex yevita la cárcel
El empresario José Fernando Haller Anduze tuvo que desembolsar $1 millón para evitar ir a la cárcel por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Este viernes acudió al Juzgado Primero Penal para solucionar el problema que tiene con su ex esposa, quien le reclamaba $1.4 millones.
Haller Anduze acudió amparado para declarar en torno a la denuncia que interpuso en su contra la señora María Guadalupe Medina Rodríguez.
Inicialmente dijo que era “empleado de una cocina económica”, aunque su ex asegura que es empresario del ramo de impermeabilizantes, pisos epóxicos autonivelantes, aislantes térmicos y otros.
Durante esa audiencia se reservó el derecho a declarar.
Ya antes, un juez familiar lo había condenado a pagar más de 27 mil pesos mensuales a su ex, pues se tomó en cuenta sus ingresos reales.
No pagó y recurrió a amparos para retrasar el caso, pero el asunto fue canalizado al ámbito penal, lo que propició que acudiera a negociar con el abogado de su ex mujer y llegaron a un arreglo económico, aunque no fue por el adeudo total de $1.4 millones.
Entregó varios fajos con billetes de $500 que se sacaron a contar y se entregaron a la quejosa, aunque no se reveló el monto.
Ahora buscarán fijar las bases de su divorcio y el pago de las pensiones.

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Por fallas de la Fiscalía dejan en libertad a dos acusados de asesinato en Tizimín

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo  del año pasado cuando una o varias personas ingresaron un domicilio de Tizimín y ultimaron al dueño de dicho lugar.
El Tribunal Primero de Juicio Oral del Estado de Yucatán emitió fallo absolutorio debido a que encontró que las pruebas presentadas en el juicio no acreditaron la responsabilidad de dos acusados por el delito de homicidio calificado cometido en pandilla.
El Tribunal conformado por los jueces Niger Desiderio Pool Cab, Fabiola Rodríguez Zurita y Nidia Guadalupe Celis Fuentes, fungiendo como presidente el primero de los nombrados y la segunda como jueza relatora, presidió la audiencia que se celebró en el Centro de Justicia Oral de Valladolid, en la que se dio a conocer el sentido de la deliberación.
En esta audiencia, el Tribunal determinó que de las pruebas desahogadas, se acreditó que los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2015, entre las 03:00 y 04:00 horas, cuando una o varias personas, entraron a un predio del municipio de Tizimín y privaron de la vida a su morador, quien fue golpeado con un objeto
contundente y herido con otro punzocortante en la cabeza, en los brazos, antebrazos y manos, sin embargo la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico.
El Tribunal tuvo por acreditado los elementos del delito de homicidio mediante testimonios desahogados en el juicio como el del hermano del hoy occiso, así
como del perito médico que determinó que la causa de su muerte no fue natural, sino que por un agente externo.
Sin embargo, el Tribunal precisó que los fiscales fueron omisos en sus alegatos de clausura respecto a la calificativa de ventaja consistente en que la víctima se encontraba caído e inerme, así como tampoco se acreditó la agravante de pandilla pues no se comprobó cuántas personas entraron al predio.
Respecto a la culpabilidad del acusado que la Fiscalía Estatal llevó a juicio, las pruebas desahogadas no permitieron acreditar la acusación que refirieron los fiscales, ya que no existió prueba científica que vincule a los acusados con el lugar de los hechos, así como ninguna prueba directa científica que los vincule con la muerte.
El tribunal sostuvo que la ausencia de prueba fue por parte del órgano técnico de la acusación, ya que la única prueba presentada fue el dicho de uno de los policías ministeriales quien en su testimonio relató que uno de los coacusados se presentó voluntariamente ante él para contar lo narrado.
Para acreditar la culpabilidad del acusado, la Fiscalía presentó solo una prueba que no fue el testimonio de quien presenció directamente los hechos, sino de
un policía a quien el testigo directo se los relató.
El Tribunal mencionó que la Fiscalía tenía la facultad de otorgar un criterio de oportunidad para poder traer a juicio al testigo directo de los hechos y contar con mejores elementos para acreditar la culpabilidad del acusado Por lo que el Tribunal determinó que existió insuficiencia probatoria para determinar la culpabilidad de los acusados en la comisión del delito acreditado,
que fue homicidio y, en consecuencia, determinó por unanimidad de votos fallo absolutorio, por lo que decretó la inmediata libertad de los acusados.

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Pleito en los juzgados: se agarra a insultos con el novio de su ex esposa

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En un hecho inédito desde que se implementó el Nuevo Sistema Penal, un sujeto procesado por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y la nueva pareja de su ex mujer se agredieron mutuamente en pleno juzgado.
Debido a este hecho y aunque la agresión solo fue verbal, la audiencia de cumplimiento de las medidas cautelares, que presidía la juez de control Suemy del Carmen Villanueva Segura, tuvo que suspenderse y ambos sujetos estuvieron a punto de ser detenidos.
Ambos fueron expulsados del recinto y ya afuera casi llegan a los golpes, lo que evitaron policías procesales encargados de la seguridad en el lugar.
De acuerdo con los datos recabados, a las nueve de la mañana, en la sala 4, estaba programada la audiencia, que inició tarde por la llegada a destiempo del imputado, Rafael Humberto Morales Escalante.
Al entrar, el sujeto se hizo de palabras con la nueva pareja de su ex mujer Patricia Ramírez Bassó, un joyero del mercado Lucas de Gálvez.
Los ánimos se caldearon cuando Morales Escalante le dijo a su rival que le iba a cobrar el hecho que haya ido a balear su carro.
El joyero no se amilanó y le reclamó que haya ido a su casa a apedrearla y ante los gritos, la jueza procedió a suspender la audiencia, al tiempo que pedía a la Policía Procesal que retirara a los rijosos.
Entonces, la nueva pareja salió primero, para luego hacer lo mismo Rafael Humberto, quien iba acompañado por un elemento de seguridad porque se veía iracundo, tanto que ni su abogado lo calmaba.
Ya fuera, ambos sujetos intentaron pelear, por lo que se les tuvo que separar.y en las escaleras, de nueva cuenta iban a enfrentarse, sólo que en esta ocasión estaban atentos los policías procesales, que los conminaron a retirarse o de lo contrario los detendrían.

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Rinde compromiso constitucional la jueza Mariza Virginia Polanco Sabido

La licenciada en Derecho Mariza Virginia Polanco Sabido, rindió hoy su compromiso constitucional como jueza de primera instancia ante el Pleno del Consejo de la Judicatura por un nuevo periodo comprendido del 15 de abril de 2016 al 14 de abril de 2020.
Al tomar la rendición de compromiso de la juez Polanco Sabido, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal, señaló que el buen desempeño, la lealtad a la institución, la disponibilidad y sobre todo los buenos resultados del trabajo de la jueza fueron cuestiones importantes para su ratificación.
De igual forma, el magistrado Celis reconoció y felicitó a la licenciada Mariza Virginia por poner en alto con su trabajo el nombre del Poder Judicial del Estado.
En la ceremonia estuvieron presentes las consejeras de la Judicatura Sara Luisa Castro Almeida, Silvia Carolina Estrada Gamboa, Melba Angelina Méndez Fernández y el consejero Luis Jorge Parra Arceo.
Asimismo, las magistradas Mygdalia Astrid Rodríguez Arcovedo y Leticia del Socorro Cobá Magaña, y el magistrado Ricardo de Jesús Avila Heredia.

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Aprueba juzgado detención de peligroso sujeto

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El juez de control declaró como legal la detención de una persona por los delitos de lesiones calificadas (2) y ataques peligrosos cometidos en pandilla, hechos ocurridos en la colonia Bojórquez de esta ciudad.

El juez de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral del Poder Judicial del Estado, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, determinó que los datos vertidos por los fiscales para solicitar de legal la detención fue conforme a derecho, por lo que la calificó de legal y ratificó la misma.

Seguidamente, los fiscales le informaron al imputado que se le inició una investigación por los delitos antes mencionados y éste, asesorado por sus defensoras, decidió no contestar los cargos que se le imputaron y se acogió a la duplicidad que la ley otorga para resolver su situación jurídica.

El juez Bonilla Castañeda fijó el 17 de abril a las 12:00 horas para celebrar la audiencia solicitada por el ministerio público para resolver su petición de vinculación a proceso.

Por último, el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por el fiscal, la cual tendrá vigencia hasta el día en que se celebre la continuación de la audiencia inicial, así como también, a solicitud de los fiscales, impuso medidas de protección para el denunciante.

Los hechos establecidos por los fiscales ocurrieron entre la 1 y 2 de la mañana del 10 de abril, cuando el ahora imputado, en compañía de otras personas, y le propinó patadas a la hoy víctima y lesionó con un cuchillo a otra, también realizó ataques a un automóvil.

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Bisnieto de Felipe Carrillo Puerto se queja de mala impartición de justicia en Yucatán

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"No me alcanza con $24,000 al mes", dice la mujer con la que litiga juicio de divorcio

En días pasados publicamos diversas denuncias de abogados y activistas sociales sobre el presunto mal desempeño y comportamiento de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a quienes se acusa de actuar con prepotencia, insensibilidad, contubernio con abogados pero sobre todo falta de profesionalismo.
Una vez más, se presenta una queja en contra de este sistema de impartición de justicia.
Jorge  Antonio Martín Carrillo, bisnieto de Felipe Carrillo Puerto y perteneciente a una de las familias de empresarios de mayor prestigio de la ciudad de Mérida, denunció públicamente el tráfico de influencias en un divorcio que lleva con su esposa. Su proceso inició ya hace casi 6 años en el Juzgado Primero Familiar y actualmente su caso está en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad.
En entrevista Jorge Martín Carrillo nos platica sobre más irregularidades que se han presentado en su juicio de divorcio:
Rosa E M C goza del privilegio de contar como abogado a Ismael Ignacio Martínez Palmero socio del licenciado Ángel Prieto Méndez quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia, razón por la cual asegura Martin Carrillo, la han favorecido durante todo el tiempo que ha llevado en este proceso.
”La señora ha explotado mucho el lado sentimental de las autoridades, quienes coincidentemente todas han sido mujeres. En una ocasión durante una audiencia rompió en llanto, tuvo hasta casi convulsiones y la jueza decidió cancelarla”
En otra ocasión le explicó a la jueza que no le alcanza con una pensión de 24 mil pesos mensuales ya que ella debe viajar constantemente para adquirir mercancía para vender y además "nuestros niños no pueden dejar el nivel escolar al cual estaban acostumbrados”.
“Le ofrecí cederle todo el equipo técnico de mi empresa de diseño e impresión publicitario para que ella montara en otro edificio, el cual yo también le iba a proporcionar, a fin de poder llegar a un trato más rápido y no lo aceptó. Su argumento fue que ella no está acostumbrada a trabajar y que le sería muy difícil llevar la dirección de un negocio por sí misma”- indicó Martin Carrillo.
“Como puede constar en un video que proporciono a Noticias de Yucatán, la misma señora Rosa E M C reconoce que no tiene ningún impedimento físico o mental para dedicarse a una actividad productiva, más que su bajo nivel escolar, sin embargo cuantas mujeres no quisieran tener al menos la oportunidad de demostrar cuanto pueden llegar en el manejo de una empresa”.
“Se supone que solicitan documentos fiscales oficiales para  hacer constar cuánto gana uno y en base a ello establecer una justa pensión, sin embargo de nada ha servido pues las autoridades no los han considerado. Me pide que yo le aporte a la señora Rosa E M C no 24 mil pesos, sino 32 mil y que aún así se las vería con dificultades. He demostrado mis ingresos, mis declaraciones, qué piensa ¿dejarme sin dinero? de qué voy a vivir yo ? –apuntó Martin Carrillo.
“Yo llevaba una buena relación con mis hijos- apuntó el bisnieto de Carrillo Puerto- y de pronto dejaron de hablarme, se niegan a salir conmigo y todo porque la madre los ha puesto en mi contra. Ahora que ya son casi unos muchachos menos querrán verme para convivir conmigo”.
Indicó que ha acudido a las oficinas del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Celis Quintal a fin de informar sobre el mal proceder de los jueces, y éste le ha negado ayuda en la resolución del problema.

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En defensa del Juzgado Mixto de Ticul

Decenas de personas participaron ayer en una marcha que recorrió varias calles del Centro en protesta contra el anunciado cierre del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar con sede en esta ciudad.
La manifestación pacífica partió a las 10:30 de la mañana del juzgado mixto, en la calle 24 entre 21 y 23.
El contingente recorrió la calle 19 hasta llegar a la 26. Cuando llegó a la 21 dobló hacia la izquierda para tomar la 25 y dirigirse al Palacio Municipal.
Durante el recorrido los manifestantes portaron enormes mantas con leyendas como “No al cierre del Juzgado”, “Despierta Ticul, defiende tu Juzgado”, “Depósito o cobro de pensión alimenticia, no al cierre del Juzgado”.
En el plantón en las oficinas municipales los manifestantes pidieron dialogar con el alcalde Camilo Salomón López, quien en ese momento se encontraba en Mérida en una reunión de trabajo.
Al finalizar la caminata se recabaron firmas entre los presentes y la gente que se acercaba al movimiento.
Bertha Chim Tut, de 55 años de edad, vecina de la comisaría de Pustunich, tomó el micrófono y en su discurso lamentó el cierre del juzgado.
Humberto Parra Sosa, uno de los abogados que participó en la marcha, indicó que Ticul y sus habitantes merecen respeto, porque la ciudad requiere tener todos los servicios, “más si se trata de la impartición de justicia”.
“El cierre del Juzgado Civil y Familiar de Ticul es retroceso de seis años en la impartición de justicia.
“Además, tendrá un impacto social negativo al considerar que la mayoría de las personas que acuden a la instancia presentan condiciones económicas adversas y, por tanto, dificultad para trasladarse a Tekax.
“Además de que justicia que no es cercana, pronta y expedita no es justicia”, puntualizó el abogado.
Parra Sosa dijo que el movimiento seguirá y buscarán que los abogados que representan el movimiento tengan reuniones para manifestar el sentimiento del impacto negativo de esta decisión a la presidenta del Congreso, Celia Rivas Rodríguez; el secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, y al presidente del Poder Judicial, Marcos Celis Quintal.
“El alcalde Camilo Salomón y los diputados locales Evelio Dzib Peraza y Rafael Montalvo Mata nos apoyan con estas cuestiones. Incluso ya tuvimos un diálogo con Marcos Celis Quintal.
“Rafael Chan Magaña, director de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Desarrollo del Gobierno del Estado, nos ayudará con la cita en el Palacio de gobierno estatal”, indicó Parra Sosa.
Por último, los manifestantes colocaron una enorme manta con la leyenda “No al cierre del Juzgado de Ticul, el robo de 40 millones no es causa justificada”.
Simultáneamente a la manifestación, el diputado panista Rafael Montalvo Mata, originario de esta ciudad, tocó el tema en el pleno del Congreso del Estado.
El diputado del Distrito XIII dijo ante el Congreso que a principios de mes fue presentada ante la oficialía de partes un escrito de abogados del sur del Estado dirigido a todos los poderes y de manera particular a la Comisión de Justicia del Congreso estatal.
—Considero que es nuestra responsabilidad (por los diputados) velar por el derecho de los ciudadanos para que tengan acceso a la impartición de justicia.
—La decisión tomada (por el Poder Judicial del Estado) va en perjuicio de cientos de litigantes y habitantes de 12 municipios del Sur que hoy, pacíficamente, se manifiestan a las puertas de este juzgado —apuntó.
El diputado panista indicó que, “según el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura determinará el número de juzgados de primera instancia, conforme a las necesidades de trabajo y de acuerdo con el presupuesto, así como a su ubicación y la materia de la que deba conocer”. Agregó que para el ejercicio fiscal de 2016 al Poder Judicial del Estado se le aprobó un presupuesto de $483.030,449, y de ese presupuesto al Consejo de la Judicatura del Estado le tocan $316.752,958.El diputado agregó que apoyará la lucha iniciada por los abogados y ciudadanos de esta ciudad y de los 12 municipios afectados para evitar el cierre del juzgado.— Sergio I. Chi Chi / Herbert N. Bacab Poot
Ronda de opiniones
Vecinos de Ticul externan su punto de vista sobre el cierre del Juzgado Mixto
Rocío Jiménez Herrera
Ama de casa
No queremos el cierre del Juzgado, ya que afectaría a mucha gente de la región. Sin embargo, desde mi punto de vista, si se mantiene el juzgado sería conveniente el cambio del personal.
Wílliam Magaña Ucán
Abogado
Soy un luchador social. Las autoridades no deben tomar una decisión unilateral y cerrar el juzgado, ya que perjudicaría a mucha gente. El gobierno del Estado debe dar con los presuntos culpables del robo de 40 millones de pesos.
María Maldonado Vega
Ama de casa
El cierre del juzgado sería un retroceso. La ex gobernadora Ivonne Ortega apoyó con abrir esos juzgados y ahora el gobernador Rolando Zapata debe apoyar a las mujeres que acuden por su pensión. El cierre del Juzgado afectaría a la economía de la gente.

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Vinculan a proceso a sujeto que clavó unas tijeras a su víctima

La autoridad judicial vinculó a proceso a una persona por el delito de lesiones calificadas, ocurrido en un parque del centro de esta ciudad.
La juez de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral del Poder Judicial del Estado, Blanca Beatríz Bonilla González, presidió la continuación de la audiencia inicial, en la que dictó auto de vinculación a proceso.
Lo anterior, lo realizó después de analizar los datos vertidos en la audiencia por los fiscales y la defensa. De la misma manera y después del debate otorgó el plazo de dos meses para que los fiscales cierren la investigación.
Cabe mencionar que el imputado mantiene la medida cautelar impuesta en la audiencia anterior consistente en la prisión preventiva por el plazo de cinco meses.
Los fiscales establecieron en la audiencia que los hechos investigados ocurrieron el 31 de marzo, aproximadamente a la 01:00 horas, cuando una persona se encontraba en el parque de Santiago y le propinó diversos golpes y le clavó unas tijeras al ahora víctima, ocasionándole lesiones que tardan en sanar más de quince días.

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Este mes cierran 4 juzgados: 6º Penal, 2º Familiar, 4o Mercantil y Mixto de Ticul

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La transición hacia los sistemas penal acusatorio y oral y familiar oral, y la búsqueda permanente de acciones que optimicen los recursos con que cuenta el Poder Judicial para hacer más eficiente la impartición de justicia, ante la creciente demanda de servicios en el estado, ha motivado la reorganización de juzgados y personal, tanto en Mérida como en el interior del estado, anteponiendo el respeto y dejando intactos los derechos de sus colaboradores.
En Acuerdos tomados por los integrantes del Consejo de la Judicatura, a partir del 8 de abril del presente, el Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, ubicado en esta ciudad de Mérida, concluirá sus funciones. Esta medida forma parte de otras similares que se han aplicado ya a otros juzgados penales del sistema escrito, los cuales sólo atienden casos rezagados del sistema anterior, el cual dejó gradualmente de tener vigencia desde noviembre de 2011 y de forma total en junio de 2014.
Esta transición en el sistema penal ha implicado para el Poder Judicial un enorme desafío financiero, al mantener subsistentes, de forma paralela, los dos sistemas de justicia penal (el escrito y el oral) durante un periodo de casi 5 años, transición que continuará aun después de la presente reorganización, pues todavía continuarán abiertos tres juzgados del sistema penal escrito, a la par con los nuevos juzgados de control, de juicio oral y de ejecución de sentencias que operan el nuevo sistema con 18 jueces.
De este modo, se consolida el proceso de adecuación administrativa, de personal e infraestructura, para redimensionar el anterior sistema escrito y coadyuvar a la consolidación y  buena marcha del sistema acusatorio y oral, que es el único vigente para nuevos casos en todo el territorio estatal. Es importante señalar que los nuevos edificios que se han construido y adecuado para el sistema oral han conllevado también a un aumento en los gastos generales de mantenimiento y operatividad.
Cabe mencionar que el sistema acusatorio y oral que está vigente en Yucatán es parte de un mandato federal por el cual, a más tardar el próximo 18 de junio del presente, todas las entidades deben concluir su implementación, obligación que Yucatán cumple ya al 100%, pero que requiere su consolidación  en un contexto de austeridad.
Asimismo, se acordó el cierre, a partir del próximo 15 de abril del presente, del Juzgado Segundo de lo familiar del primer departamento judicial del estado, con sede en esta ciudad de Mérida, debido a la necesidad de dirigir los recursos y esfuerzos disponibles a la buena marcha y estabilización del sistema oral familiar, el cual desde febrero de 2013 es el único vigente para nuevos casos en todo el estado. Esta acción también es parte de una serie de reacomodos similares que se vienen dando desde la puesta en marcha del nuevo sistema familiar, que se rige por la oralidad y requiere la presencia de los jueces en todas las audiencias.
De la misma manera que en materia penal, el Poder Judicial ha mantenido, de forma paralela, el anterior sistema familiar escrito y el sistema familiar oral vigente. Al término de esta transición, sin embargo, el Poder Judicial contará con 10 jueces en materia familiar, en comparación con los cuatro juzgados que tenía en el sistema escrito anterior, esto es, se habrá casi triplicado el número de jueces para la resolución de asuntos en esta materia.
Como en el caso del juzgado sexto penal, los derechos de los trabajadores de este juzgado Segundo de lo familiar quedan intactos, pero su adscripción sería reorientada acorde a las necesidades de otras áreas prioritarias.
El Consejo de la Judicatura también estimó reorganizar y optimizar los recursos en el área mercantil, igualmente en transición hacia la oralidad, para lo cual el juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado con sede en Mérida, concluirá sus funciones a partir del 29 de abril del presente. De este modo, quedarán en operación, igual que antes, cuatro juzgados mercantiles, de los cuales tres corresponden al sistema escrito y uno al sistema oral.
Los asuntos pendientes de este juzgado serán redistribuidos en los tres juzgados mercantiles restantes.
En cuanto al interior del estado, el pleno del Consejo de la Judicatura acordó, a partir del 22 de abril del presente, el cierre del juzgado mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del estado con sede en el municipio de Ticul, con el fin de optimizar recursos.
Dicha reorganización fue pensada con base en el alto costo de infraestructura al mantener ambos juzgados, pese a la cercanía entre Ticul y Tekax, cuyo juzgado contaría con el personal suficiente para dar resolución a los asuntos que ahí se desahogarán. El hecho de que Tekax esté en condiciones de absorber la carga operativa de Ticul representa un ahorro operativo muy significativo para el Poder Judicial en el actual contexto económico.
Como en los casos anteriores, el personal será reubicado de acuerdo con criterios de optimización de recursos, cuidando en todo momento que los derechos laborales del personal permanezcan intactos y quedará a cargo del Consejo su readscripción a otras áreas, según con las necesidades de las mismas. Los expedientes que cursan en dicho Juzgado serán remitidos para la continuación de su trámite al Juzgado Primero Mixto del mismo Departamento Judicial en la localidad de Tekax.

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Duras declaraciones de una activista contra jueces familiares locales

-La percepción que tienen los abogados, quienes manifestaron que los jueces del Poder Judicial no cumplen las expectativas de la sociedad, es completamente cierta, y nosotros como organización civil lo hemos denunciado infinidad de veces… Y la verdad nomás no pasa nada –indicó la maestra Adelaida Salas Salazar, representante en Yucatán del Observatorio Nacional contra el Feminicidio.
Agregó que ya no están seguras si es por ineptitud o de plano es corrupción, pero el proceder de muchos jueces deja mucho que desear.
“Hemos acompañado a muchas mujeres que están sometidas a procesos judiciales a quienes les han quitado a sus hijos haciendo que pierdan no sólo su patrimonio económico sino casi su vida entera. Bajan de peso y se enferman de los nervios por enfrentar procedimientos alargados y estresantes”, recalcó.
Dijo que sólo porque han ejercido presión a los magistrados y han estado atrás de los casos han podido lograr resoluciones favorables en algunos casos, en los cuales las mujeres nos manifestaron que llevaban dos o tres años sin sus hijos.
“Es sumamente angustiante el tiempo que se toman para resolver los casos, pero sobre todo el proceder de los jueces, tenemos juezas más que varones quienes parecen no tener la carrera y son poco profesionales e inadecuados para este tipo de procesos. Pero también nos hace pensar que si actúan así es porque se escudan detrás de la impunidad que tanto existe en este estado“, recalcó.
Para ponerlo más claro, comentó, puso como ejemplo el caso de una niña de tres años que es víctima de violencia lo cual ha sido denunciado por la propia escuela, por vecinos, por todo mundo. El sujeto quien es compañero de la madre y que la maltrata,  como tiene influencias sale libre de todo cargo y aun así, la jueza ordena que la niña siga viviendo con ella y el agresor.
Señaló que la abuela de la menor fue autorizada por un  juez para que realice visitas a su nieta los domingos pero desde el mes de noviembre del año pasado no se sabe nada de la niña, porque la madre no la ha llevado al Centro de Convivencia. Y el juez está enterado de esto y hasta el momento no ha hecho nada al respecto.
-La semana pasada sostuvimos una reunión con Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán a quien le entregamos 11 pruebas presentadas a este juez, en donde se comprueba que la menor no ha sido presentada con la consecuente gravedad de todo lo que ha pasado, ya que regresó con su madre quien es la que permite las agresiones por parte de su compañero -indicó Salas Salazar.
“Tenemos otra situación de una madre a quien también le quitaron a su hijo inventando que había sido culpable de un delito grave. Posteriormente ella comprobó su inocencia, que todo era mentira, que todo había sido armado. Nos vamos a una audiencia penal, con una jueza quien debía vincular al culpable de haberse llevado al menor, y ésta es convertida en una audiencia civil”, relató.
Dijo que parece que la moda de los jueces en la actualidad es que los agresores se queden con los menores y no sé si se ponen de acuerdo con algunos abogados para tal fin, y aunque se determine en la Fiscalía General del Estado que no tienen derechos para conservar a estos niños, inician juicios de patria potestad.
Posteriormente, agregó, los  mismos jueces son quienes otorgan la guardia y custodia a los sustractores sin haber de por medio estudios o investigaciones previas que determinen que la madre no es la persona idónea para conservar a sus niños.
Por último la representante en Yucatán del Observatorio Nacional contra el Feminicidio, A.C . señaló que buscarán el apoyo de otras organizaciones civiles del interior de la República para reforzar su lucha por los derechos de las mujeres en el Estado.
“Hemos prometido al Secretario de Gobierno que ya no haremos plantones ni en el Tribunal Superior de Justicia, ni en eventos públicos pero si vemos que muchas de estas situaciones siguen sin resolverse no nos quedará de otra que retomar estas movilizaciones”, finalizó la maestra Salas Salazar.

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Nuevo sistema de justicia familiar muy caro y poco efectivo, aseguran abogados

Encuentro de la Barra de Abogados con Magistrados, un “show” mal montado

“Leí en prensa sobre la reunión que hace unos días sostuvo la Barra de Abogados de Yucatán con autoridades del Poder Judicial del Estado y en verdad que todo me parece un “show”, un teatro mal montado por parte de ambos actores”, manifestó el licenciado Jorge Peniche Aznar, reconocido abogado de la localidad.
Agregó que de 2013 a 2015 se han abierto 11 juzgados adicionales de oralidad y, a pesar de esto, el rezago existe. La apertura de cada uno de estos tiene un costo de aproximadamente $4 millones, además hay que añadirle los sueldos y costos de operación. Imaginen nada más cuánto se está invirtiendo en el nuevo sistema “.
-Pero los problemas que se suscitan en los procesos llevados ante los juzgados civiles y familiares en nuestro estado no es un tema tanto de presupuesto sino de capacitación. No hay gente preparada para aplicar los códigos, eso es lo que sucede en realidad  -subrayó el profesional.
Además, añadió, por ejemplo, el Código Familiar de Yucatán “nació” con muchas deficiencias, muchos conceptos obsoletos y en realidad éste no sirve de nada para resolver los problemas jurídicos de la localidad.
-Esto lo he hecho saber de manera directa a Marcos Celis Quintal, presidente del Consejo de la Judicatura, a quien le expusimos que  la supuesta realidad que nos plantea sobre la situación jurídica tan “eficiente” en Yucatán está fuera de contexto. No sé de qué lugar estés hablando”
“Yo fui presidente de la Barra de Abogados el 1986 a 1987 durante el mandato de Víctor Cervera Pacheco y aquellos fueron tiempos difíciles; sin embargo, cuando algo no me parecía yo levantaba el teléfono y directamente le externaba al entonces gobernador mis dudas y preocupaciones. A veces me hacían caso, otras no, pero al menos levantábamos la voz”, recordó.
Hoy día, señaló, la Barra de Abogados no tiene presencia, no representa los verdaderos intereses del gremio y para mí son manejados por el mismo sistema del cual se quejan “,concluyó Peniche Aznar.

Otra opinión profesional: cierre de juzgados una burla

El joven abogado Carlos Noh Vázquez indicó que el Tribunal Superior de Justicia ha gastado en “elefantes blancos” y no en eficiencia y preparación.
“Es una burla lo que acaban de anunciar sobre el cierre de los juzgados en el interior del estado.
-Ellos mismos los crearon y ahora de pronto, los cierran. Llevo desde hace años un juicio en donde ni siquiera han fijado el divorcio. Todo tarda más incluso que antes. No se ve ninguna mejoría y lo peor es que tal parece que se lavan las manos - indicó el entrevistado.

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