El actual gobierno municipal afirma que los meridanos fueron “engañados” respecto a la forma como se usó el erario durante la administración de los alcaldes Angélica Arujo Lara y Omar Lara Pacheco.
Según lo hallado en las investigaciones hechas al manejo del erario en el último año de esa gestión, los funcionarios ejercieron “en forma irresponsable” los recursos públicos y hubo “desvío y manipulación”.
Lo investigado hasta ahora hace suponer que se realizó “una maquinación consciente y concertada de funcionarios de varios niveles” para violar la ley en ese aspecto.
Lo anterior figura en un resumen de esas irregularidades que fue presentado el lunes pasado en una rueda de prensa convocada para informar que la Comuna interpuso una denuncia por desvío de $216.381,215.
Esa cantidad es muy superior a los $150 millones de un crédito bancario que pedirá el Ayuntamiento para atender necesidades de obras y servicios pues carece de recursos económicos para ello.
Aunque la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento no acusa a ningún funcionario en particular -eso lo determinará la Fiscalía-, se prevé que estarían involucrados ediles y directores, entre ellos la alcaldesa y su sustituto, así como el tesorero Carlos Bastarrachea y la síndico Elizabeth Vargas Aguilar, cuya función era vigilar el correcto uso del erario.
Entre las anomalías halladas en las cuentas del anterior gobierno municipal está que, a siete días de terminar ese período, los regidores sesionaron apresuradamente para aprobar reformas al presupuesto anual.
Entre los cambios realizados figura un alza de $65.7 millones en el gasto de servicios generales (28% superior a lo previsto), y un aumento de $127.7 millones en la inversión en obras (75.5%).
A pesar de esas alzas, había deficiencias en los servicios públicos y no se realizaron obras ofrecidas. Una erupción de baches y basura en calles, parques y campos deportivos caracterizaron el fin de esa administración.
A grandes rasgos el problema que hubo durante ese gobierno fue que gastaron más de lo autorizado, y al verse sin dinero en caja ocultaron facturas o no las reportaron para fingir que las finanzas estaban en orden.
No hay seguridad de que los servicios, obras y bienes que amparan esas facturas fueron entregados o realizados, ni que los montos a pagar sean los adecuados.
Según el reporte, los problemas surgieron desde fines de 2011, cuando el Cabildo fijó el presupuesto para 2012 y la parte de éste que gastarían esas autoridades.
Se convino para ese año un plan de gastos de $1,807.773,608, y que ellos erogarían el 71% de esa cantidad, en ocho meses (de enero a agosto). El resto lo ejercería la siguiente administración municipal, en los cuatro meses restantes.
Pero siete días antes de concluir ese gobierno, el Cabildo sesionó para cambiar lo anterior: autorizó que en esos ocho meses se gaste el 80%. La mayoría de los regidores aprobó esa reforma que elevó en $169 millones el gasto.
Sin embargo, los ingresos fueron menores que todo lo erogado en esos ocho meses: tuvieron déficit. Sólo captaron $1,246.985,205. Incluso el faltante es importante si a esta cantidad se agregan el dinero que había en chequera y un recurso federal que llegó atrasado no alcanzaba para cubrir todo el dinero que ya estaba comprometido, con lo que esa cifra supera poco más de $1,359 millones. El déficit es de $90.248,051.
Las incongruencias no paraban ahí. Hay otra entre esos $1,449 millones aprobados por el Cabildo a siete días del final de la administración, y los poco más $1,246 millones asentados en los estados financieros. “Los números no cuadran”, dice la Comuna.- Hansel Vargas Aguilar
Cifras | Gran déficit
Presupuesto aprobado
1,807 millones fue el presupuesto inicial aprobado para 2012.
presupuesto modificado
1,449 millones fue el presupuesto modificado, para ocho meses, siete días antes del final del período de gobierno.
Ingresos reportados
1,359 millones fueron los ingresos reportados, incluyendo saldo en chequera de 2011 y un dinero federal que llegó atrasado.
Un gran déficit
90.2 millones fue el déficit. La cifra exacta de ese faltante es de $90.248,051.
El desvío total
216.3 millones es el monto total de lo desviado. A las cifras anteriores hay que agregar otras más que aparecieron en la investigación.