En la madrugada del 25 de noviembre, grupos armados destruyeron 80 cámaras de videovigilancia en Culiacán, Sinaloa, en un ataque coordinado que duró 27 minutos. Este acto no solo evidenció el poderío de los cárteles, sino también la ausencia del Estado para proteger a la ciudadanía y mantener el orden.
Mientras los sicarios disparaban sin inhibición, las autoridades municipales, estatales y federales brillaron por su ineficiencia. Ningún policía o militar intervino, dejando que la infraestructura de seguridad fuera desmantelada ante los ojos de una población ya acostumbrada al horror cotidiano.
Una guerra que se libra a plena vista
El ataque a las cámaras ocurrió en el contexto de una guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, los seguidores de «Los Chapitos» y los leales a «El Mayo» Zambada. Esta confrontación ha dejado un saldo aterrador:
Más de 50 heridos durante ataques directos.
Esto significa que, en promedio, 11 personas pierden la vida al día en Sinaloa, una cifra que refleja la normalización de la violencia en México.
¿Por qué destruir las cámaras?
El ataque a las cámaras de videovigilancia del C4i de Sinaloa no fue un acto aleatorio. Según análisis, ambas facciones rivales habrían pactado una tregua temporal para inutilizar los sistemas de monitoreo, evitando que sus movimientos fueran detectados por las fuerzas de seguridad.
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La acción dejó a Culiacán con 390 cámaras inactivas de un total de 794, casi la mitad del sistema de vigilancia inutilizado. Una ciudad que debería estar protegida se encuentra ahora prácticamente ciega, mientras el crimen organizado continúa avanzando.
La ausencia del Estado: ¿negligencia o complicidad?
El ataque a las cámaras es un ejemplo más de cómo el Estado ha fallado en su deber de garantizar seguridad. Durante los 27 minutos que duró la balacera, no hubo respuesta de las fuerzas policiales o militares, un reflejo de la ineptitud o el miedo que prevalece en las corporaciones de seguridad.
Esta inacción plantea preguntas fundamentales:
La situación en Culiacán invita a una reflexión: ¿qué ocurriría si un evento de esta magnitud sucediera en otro país? Imagine que en una ciudad importante de Estados Unidos, como Portland, grupos criminales destruyeran 80 cámaras y causaran más de mil bajas en tres meses.
La respuesta sería inmediata y contundente. Sin embargo, en México, la impunidad y la falta de reacción institucional son la norma. Este contraste subraya la urgencia de un cambio profundo en las estrategias de seguridad y en la responsabilidad política de las autoridades.
En una reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los gobernadores y fiscales que cumplan con su responsabilidad de atender los problemas de inseguridad en sus estados.
Si bien su llamado es pertinente, también es cierto que los homicidios y delitos del fuero común han sido históricamente ignorados por las autoridades locales. Los gobernadores han actuado más como administradores de recursos que como garantes de la seguridad ciudadana.
El costo de la indiferencia
El ataque a las cámaras de Culiacán es más que un hecho aislado; es un símbolo del colapso institucional y la normalización de la violencia en México. Cada bala disparada, cada cámara destruida y cada vida perdida son recordatorios de que el Estado ha fallado en su función más básica: proteger a su pueblo.
La pregunta que queda es si las autoridades, locales y federales, tendrán el valor de enfrentar esta crisis con medidas contundentes o si continuarán haciéndose de la vista gorda, dejando a los ciudadanos a merced del crimen organizado.
