Una organización cambia realidades en Xalau y Kuxeb
Vigilan la aplicación del erario
Mayahablantes de Xalau y Kuxeb, gestores sociales
"Efectivamente, hay que tomar las cosas de quien viene y eso es precisamente lo que nos preocupa, ya que las acciones y omisiones que le afectan a todos los yucatecos vienen de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco", replica Guillermo Vela Román, integrante del equipo coordinador del Frente Cívico Familiar.
"Preocupa que minimice la deuda galopante que le ha cargado a Yucatán, que considere que aún es manejable y diga que estamos en quinto lugar entre los estados menos endeudados, cuando ya nos colgó $10,305 millones", advierte el profesor.
La gobernadora declaró, como publicamos, que "las cosas se toman de quien viene" y son "respetuosos de la opinión personal", al referirse a las retiradas denuncias de que el excesivo endeudamiento ha puesto en quiebra a Yucatán, como advirtió Guillermo Vela.
"Ivonne Ortega siempre se sale por la tangente, nunca responde con cifras, datos y argumentos para defender sus acciones. Eso sólo demuestra desconocimiento e incapacidad", subraya el dirigente cívico.
"Nos preocupa que esa opinión venga de la gobernadora. Si estoy equivocado o cierto con mi opinión sobre el dispendio y la deuda no tiene trascendencia, no le afecta a nadie, pero si viene de ella sí es trascendente y le afecta a todos, porque lo que maneja es dinero de todos", enfatiza.
"Independientemente del lugar que ocupe Yucatán, el nivel de la deuda se ha disparado como nunca y pone en riesgo a las siguientes administraciones".
"La deuda no se mide por montos, porque los estados no son iguales, sino por muchos otros indicadores. Las cifras no mienten: Yucatán tiene una deuda galopante, peligrosa".
Guillermo Vela Román, integrante del equipo coordinador del Frente Cívico Familiar, analiza la cuenta pública, explica detalles de la deuda, habla de errónea conducción del gobierno del Estado y llega a una conclusión:
"Vivimos en el absolutismo, en todo Yucatán hay un retroceso. Hemos retrocedido a la época de los faraones, que tiene como figura central a una faraona que quiere tener a todo el mundo como súbdito".
En su análisis sobre la situación económica del gobierno del Estado no duda en afirmar que "estamos en quiebra técnica", sin capacidad de pago.
También anticipa la promoción de un juicio político contra la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco -tal como se hizo con la alcaldesa Angélica Araujo Lara-, por una serie de violaciones a las leyes.
"Desafortunadamente el Congreso se ha comportado de una forma parcial", indica al recordar el juicio que varias agrupaciones cívicas promovieron, sin éxito, contra la alcaldesa.
"Hay mucha gente, principalmente comentaristas políticos, que se alegran, que recalcan el veredicto del Congreso e, incluso, tratan de minimizar la labor de las agrupaciones cívicas que solicitamos el juicio. A ellos les queremos decir que esta sociedad yucateca está herida de muerte, y levantarse o recuperarse va a representar un período muy largo de convalecencia.
"Todos deberíamos estar lamentando la situación que vive Yucatán. Nos vamos a ver perjudicados todos, incluyéndolos a ellos. Hay una sociedad herida, y esa herida se mantendrá sin sanar hasta que los responsables de estos hechos y de estas violaciones sean juzgados ante la ley".
Los responsables, continúa, son la gobernadora, los diputados, "los tres poderes".
"Por eso es una herida de muerte, porque los tres poderes de Yucatán no están funcionando. Vivimos en el absolutismo".
Al reanudar el análisis sobre la deuda pública formula, entre otros, los siguientes conceptos:
-Al día de hoy el gobierno de Ivonne Ortega tiene obligaciones de pago de $10,305 millones. Esta cantidad incluye deuda y compromisos financieros que se tienen que cumplir y se basa en datos actualizados hasta el primer informe trimestral de las finanzas, de marzo.
-De esa cantidad, $1,651 millones corresponden a deuda ya usada en ejercicios anteriores, $1,621 millones a proveedores registrados, $230 millones a "otros pasivos", $2,860 millones al PPS (Proyecto de Participación Social) del Museo Maya, y $1,300 millones a la deuda recientemente contraída con el BID, de una línea de $2,600 millones autorizada por el Congreso.
-Un cálculo realizado a la cuenta pública tiempo atrás, de varios reportes trimestrales, arroja que a los proveedores no registrados se les adeudan aproximadamente $1,000 millones.
-Hay otros $700 millones de un anticipo del gobierno federal, correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
-También hay algo que está muy escondido, de lo que nada se dice, porque hay muchos intereses. El gobierno del Estado contrajo con el CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil Teletón) un compromiso de pagar ocho millones anuales de UDIS (Unidades de Inversión) hasta 2018. Hasta hace un mes, aproximadamente, una UDI equivalía a 4.5 pesos. ¿Dónde está la beneficencia de Televisa?
-También tenemos el Isstey. Se calcula que hay $700 millones que le adeuda el Ejecutivo, de descuentos realizados a empleados que no ha transferido.
-Seguramente en otro lugar están incluidos casi $90 millones que, al 31 de diciembre, no se habían entregado del Impuesto sobre la Renta a la Federación.
-Si alguien no está de acuerdo con estas cifras que señalamos y considera que tiene la verdad, entonces que nos corrija. Lo invitamos a hacerlo. Es lo que siempre hemos pedido.
-Las dos razones que normalmente se exponen para un endeudamiento son beneficio financiero y proyectos productivos. En ninguno de estos casos se está cumpliendo en Yucatán.
-La mejor defensa que puede tener el gobierno es decir: he prestado tanto dinero, pero se han conseguidos estos beneficios.
-En 2009 y 2010 hubo déficits consecutivos en la cuenta pública. Allá hay una clara violación constitucional del gobierno, una violación confesa porque está en los reportes.
-Además, arrancamos el período de 2010 con "correcciones de saldos de ejercicios anteriores" de $394.090,920.06. ¿Cómo es posible si cerramos 2009 con un déficit de $7.142,017?
-Otro aspecto: al inicio del mismo ejercicio aparecen "remanentes de ejercicios anteriores" de $1,003.160,367.55. ¿De dónde salen esas cifras si hubo déficit?
-Aquí le están robando a la Federación. Inventaron la información de esos recursos. No pueden explicar de dónde provienen los ingresos, hay un desvío.- Angel Noh Estrada
angelnoh@megamedia.com.mx
@angelovaliant
Yucatán está en quiebra técnica. Llevamos cuatro años del endeudamiento galopante del gobierno y no vemos por ningún lado los beneficios de las supuestas inversiones. A este ritmo nos estamos dirigiendo al sumidero, alerta Guillermo Vela Román, integrante del equipo coordinador del Frente Cívico Familiar.
Durante una entrevista, explica que al día de hoy las obligaciones de pago del Ejecutivo, entre deuda y compromisos financieros, ascienden a $10,305 millones y necesariamente se afectará a los futuros gobiernos, porque en los créditos que contrata la administración de Ivonne Ortega Pacheco se establece la devolución a partir de 2013.
"Eso (la condición de pago desde 2012) se hace porque Ivonne Ortega sabe que tiene nula capacidad de pago", subraya el directivo. "En dos períodos consecutivos, 2009 y 2010, el propio gobierno ha declarado déficit".
"En 2009 el déficit fue de $7.142,017, y en 2010, de $164.727,538.63. Un requisito para contratar deuda debe ser la capacidad de pago, pero si tienes dos ejercicios deficitarios, ¿dónde está esa capacidad?".
El profesor Vela Román señala que con ese balance financiero negativo el gobierno del Estado cometió una violación constitucional, una "violación confesa" porque él mismo la reporta en sus informes trimestrales.
"El artículo 104 de la Constitución dice que ninguna entidad gubernamental puede gastar más de lo autorizado", añade. "Y aquí el gobierno del Estado no tenía autorizado ningún déficit... Que nos digan los diputados si no es cierto".
En un pronunciamiento conjunto, agrupaciones de la sociedad civil condenan la decisión de los diputados del PRI de desechar el juicio político contra la alcaldesa Angélica Araujo Lara, acusada de graves violaciones a la Constitución por los ataques a ciudadanos el 4 de julio.
También afirman que los diputados del PRI cometieron una múltiple traición a la ciudadanía y "se han colocado en una posición que los hace sujetos de responsabilidad civil, administrativa, penal y política, que les será exigida formalmente ante las instancias competentes".
Las agrupaciones ciudadanas subrayan que los diputados Víctor Caballero Durán, Omar Corzo Olán, Martha Góngora Sánchez, Carlos Pavón Flores y Adolfo Calderón Sabido, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que declaró improcedente el juicio político, traicionaron a la Constitución y a su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley.
Además, añaden, "traicionaron a sus representados otorgando impunidad a su correligionaria de partido, a pesar de la sistemática ilegalidad de su deprimente obra y la perversa contratación de criminales para agredir brutalmente a quienes pacíficamente se expresaban en defensa de las leyes violadas".
La traición es también, añaden, a la función y rol que les asigna la misma Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
El pronunciamiento ciudadano se leyó en una rueda de prensa en la que participaron directivos del Frente Cívico Familiar, Sociedad en Movimiento, Movimiento Ciudadano por el Análisis y la Reflexión, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Acciones Líderes, Sindicato del Poder Judicial del Estado, Red contra la Violencia y la Difamación, Sociedad Digital, Evolución Mexicana, y el ciudadano Federico Berrón.
Guillermo Vela Román y Patricia MacCarthy Caballero, del Frente Cívico, informan que analizan nuevas vías jurídicas para proceder contra la alcaldesa Araujo Lara.
"El juicio político tiene el objetivo de inhabilitar a determinados funcionarios, pero no es la única manera. Como ciudadanos tenemos muchos otros recursos con los que podemos inhabilitar a la alcaldesa, a la gobernadora y a los diputados del PRI", afirmó Vela Román.
Gina Villagómez Valdez, de Sociedad en Movimiento, asegura que continuarán las acciones cívicas para repudiar la impunidad y el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía yucateca.
Yazmín Gaspar, de Sociedad Digital, informa que boletinó como violadores de la ley a los diputados del PRI y a la gobernadora. Envió sus fotos a 400,000 correos electrónicos en el país.
El manifiesto de las agrupaciones cívicas afirma que acudieron al Congreso a promover el juicio político para demostrar que los ciudadanos apuestan al cumplimiento de la ley.
"Pero le han fallado a la sociedad (los diputados). Con su actuación nos han comprobado que no contamos en Yucatán con un Poder Legislativo que sea el contrapeso que evite abusos y atropellos del Poder Ejecutivo.
El dictamen sobre la no procedencia del juicio político a la alcaldesa, indican, es "incongruente, contradictorio, tramposo, violatorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y usurpa las funciones de la Comisión Instructora.
"A la Comisión de Puntos Constitucionales no le correspondía hacer ningún análisis de fondo del caso, sino solamente comprobar si se cumplían los tres supuestos del artículo 12 de la citada ley, que en este caso sí se cumplían a cabalidad. Actuaron como defensores a ultranza de la indiciada Angélica Araujo".
Los empresarios yucatecos rompieron con las autoridades estatales. Consideran que Ivonne Ortega se ha convertido en una cacique sin control, dispendiosa, opaca en las cuentas y sin obra qué presumir en cuatro años. La deuda pública que recibió de apenas 300 millones de pesos, ya la elevó a 8 mil millones, los cuales pretende cubrir elevando impuestos en tiempos de crisis. Y de la mano de la alcaldesa de Mérida, gastan los pocos recursos en costosos “Informes Ciudadanos” y en conciertos de Shakira, Elton John, Plácido Domingo y Sarah Brightman. Su recompensa en la tierra del pibil: el abucheo público generalizado.
El sector empresarial en pleno ya le puso un alto. Y ya no acepta trato alguno Ivonne Ortega Pacheco. Las relaciones están rotas. Los tambores son de guerra y se agitan conforme se acerca el 2012.
Y no es para menos. A 12 meses de que termine su mandato de cinco años, la gobernadora de Yucatán enfrenta serios cuestionamientos que podrían colocarla al borde del juicio político.
Su administración es un desastre administrativo. A pesar de haber recibido en los primeros tres años de su gestión ingresos adicionales que superaron los 10 mil millones de pesos, el dinero no le alcanza y la deuda estatal es ya exorbitante.
Baste decir que al ritmo actual de amortización, la deuda que tiene hasta hoy la gobernadora de Yucatán tardaría 57 años en ser pagada.
Y es que mientras los ingresos crecieron 37 por ciento desde que se hizo cargo del estado en 2007, los gastos se le elevaron casi 43 por ciento. Y el gasto corriente, el del pago de sueldos a la burocracia y el gasto del día, subió 47 por ciento.
Sólo por citar un rubro, el egreso del gobierno estatal destinado a fomentar el turismo es el más elevado en la historia de Yucatán, pero las cifras de visitantes van en picada. Mal aplicados.
Las grandes promociones son sus muy cuestionables conciertos en las pirámides de Chichén Itzá y en Mérida, a donde lleva a figuras como Elton John, Shakira, Plácido Domingo o Sara Brightman, algunos de la mano de la alcaldesa de Mérida. Nadie conoce ni el costo de los eventos ni el destino de esos dineros.
Para compensar sus excesos, Ivonne Ortega recurrió no sólo a participaciones federales extraordinarias, sino al aumento de impuestos y al endeudamiento desaforado.
Este año elevó sustantivamente los impuestos estatales tanto a la nómina de las empresas y al hospedaje en hoteles, como a la expedición de actas de nacimiento y permisos para el establecimiento de restaurantes.
Y la deuda pública de apenas 300 millones de pesos que recibió de su antecesor, el panista Patricio Patrón Laviada, ya va en 8 mil millones de pesos, contabilizando la deuda directa y los llamados APPs, que no son otra cosa que obras públicas costeadas con recursos privados en deuda a largo plazo.
La relación de adeudos con bancos, que en 2007 era de 265 millones de pesos, en 2011 se multiplicará por 10 al sumar 2 mil 912 millones de pesos.
Pero toda esta danza de ingresos, impuestos y deudas tendría su justificación si estuvieran respaldados por obra pública contante y sonante. La verdad es muy distinta.
De las tres obras insignia que prometió cuando asumió la gubernatura, Ivonne Ortega no puede presentar una sola. Todas continúan en estudios, planeación o fases primarias de construcción.
Ni su Parque Científico y Tecnológico, ni su Museo de la Cultura Maya o el Palacio de la Civilización Maya, ni su Tren Rápido son obras que hoy pueda presumir. Si acaso, después de tres años de promesas, proyectos y primeras piedras, apenas se están iniciando.
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