Preparan juicio político contra Elba Esther y Aurelio Nuño

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó el regreso de Elba Esther Gordillo Moralesal frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y adelantó que prepara un juicio político en su contra.

Este juicio se celebrará en noviembre próximo e incluirá condenas tanto para Gordillo Morales como para el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

En entrevista, voceros de Chiapas, Oaxaca y Guerrero de la coordinadora coincidieron en que el equipo de Elba Esther Gordillo está trabajando "a marchas forzadas" para poder hacerse del poder y pactar con el próximo gobierno que el nuevo proyecto educativo que sustituirá a la actual reforma, sea "a modo".

"Si ella regresa al poder va a existir un control político para que no se avance en la protesta. Sería entregar al sindicato al nuevo gobierno, que todo camine en una negociación que sólo servirá para la cúpula. Su gente está trabajando a marchas forzadas para modificar la ley educativa a modo. Rechazamos esta versión", dijo Wilbert Santiago, secretario de prensa de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca.

Reginaldo Bravo, de la Sección 7 de Chiapas, consideró que el regreso de "la maestra" implicaría seguir reproduciendo este mecanismo de control hacia los trabajadores de la educación.

"Definitivamente es un mal para la educación y el sindicato mismo. La posición de la CNTE sigue siendo la misma: castigo por sus delitos, por el desfalco al Sindicato, por la persecución política desde los años 1970 de cientos de maestros y padres de familia. Ella tiene responsabilidad", dijo.

Aurelio Nuño, exsecretario de Educación del Gobierno de Enrique Peña Nieto / Foto: Especial

Lo que se necesita es promover la democratización al interior del sindicato y para ello no es necesario que haya una intervención directa del gobierno federal, sino todo lo contrario: que saque las manos y que la administración de Andrés Manuel López Obrador no caiga en complicidades, dijo Juan Melchor, integrante de la Dirección Política Nacional y de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) por Michoacán.

"Habría una anulación de la educación gratuita. El próximo gobierno lo que puede hacer es respetar los procesos democráticos y no imposiciones. Ustedes saben cómo se impuso como presidente a Juan Díaz", dijo.

Consideró que, no es "raro" que "la maestra" quiera retomar el control de todo lo que implica dirigir al sindicato, y que para ello haga uso como su brazo operativo de este grupo nuevo "Maestros por México".

"Aquí la dificultad es que el gobierno nuevo entraña muchas cosas. Ella tuvo todo los que tuvo por la complicidad de los gobiernos. Le dieron perrogativas, poder e inmensa riqueza. Si el gobierno va a hacer lo que antes hacía es posible que ella regrese", dijo.

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El Tribunal Supremo venezolano en el exilio fijó fecha para enjuiciar al dictador Maduro

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que se encuentra en el exilio informó este jueves que fijó el inicio de la audiencia oral y pública del juicio penal contra el dictador chavista Nicolás Maduro.
La misma se desarrollará el próximo 2 de agosto, en la capital colombiana de Bogotá, de acuerdo a lo detallado por los magistrados en su cuenta de Twitter.
Semanas atrás el TSJ en el exilio declaró la falta absoluta en la presidencia de la República bolivariana y determinó que ese "vacío de poder" debe ser llenado conforme a lo establecido por la Constitución.

Esta declaración del máximo tribunal judicial venezolano se dio luego de la presentación que realizó el pasado 3 de abril la ex fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz.
En su denuncia, la magistrada acusó a Maduro de corrupción y lavado de dinero en el marco de la causa Odebrecht.
En ese entonces, la ex titular del Ministerio Público (MP) venezolano solicitó a los miembros del TSJ determinar la existencia de méritos para enjuiciar al mandatario chavista, lo que posteriormente fue ratificado por los magistrados exiliados.
Ortega Díaz, quien desde que escapó de Venezuela ha sacado a la luz diferentes casos de corrupción del gobierno chavista, también llamó al TSJ a pedir a Interpol la alerta roja contra Maduro para su captura internacional. Infobae.

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Enjuician políticamente a ex gobernador de Nayarit

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El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, enfrenta un juicio político ante el Congreso local, por presunto desvío de recursos de al menos 2 mil 700 millones de pesos ymanejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.

Ayer la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el diputado panista Javier Mercado, inició el procedimiento para enjuiciar al ex mandatario, dos ex integrantes de su gabinete y cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Nayarit.

Tras analizar dos denuncias en las que Sandoval Castañeda es señalado como presunto responsable de varios delitos, la comisión decidió aprobar el acuerdo para que una comisión instructora inicie el proceso.

Durante la exposición de motivos, Javier Mercado, señaló que el juicio político no es para quitar el mal llamado fuero, sino para sancionar administrativamente con la destitución o inhabilitación del cargo.

Dijo que en la Legislatura pasada, cuando también fue diputado, presentó con la ex legisladora Sofía Bautista una iniciativa para quitar el fuero a los servidores públicos y ésta fue aprobada, por lo que en Nayarit ya no hay fuero.

“Cualquier ciudadano puede denunciar o puede demandar juicio político a aquellos ex servidores públicos que hayan culminado su mandato hasta un año posterior; si pasó el año y quieren demandar juicio político ya no es procedente”, dijo.

Los ex funcionarios del gabinete de Roberto Sandoval Castañeda contra los que también se aprobaron juicios políticos son Mario Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría General de Gobierno, respectivamente.

A estos ex funcionarios se les acusa de ser presuntos responsables de desviación y manejo indebido de recursos públicos.

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit señalados por la Comisión son Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, quienes son señalados como presuntos responsables por el ataque a las instituciones democráticas, la usurpación de atribuciones, omisiones de carácter grave y violaciones sistemáticas o graves de planes, programas y presupuestos de la administración estatal.

Mercado explicó que el Congreso del estado tiene un año a partir de hoy para sancionar, declarar improcedente o no sancionar a los servidores públicos acusados.

Una vez iniciado el procedimiento se turna el caso a una comisión instructora, integrada por cuatro diputados de diferentes grupos parlamentarios, quienes someterán su decisión al pleno del Congreso, para avalar o no el dictamen.

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Sofia Castro promovió juicio político contra el Iepac

Noticias de Yucatán 

La aspirante presentó esta demanda en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) acompañada de su equipo jurídico y se espera que se le dé curso antes de que inicie el proceso de recolección de firmas de apoyo este sábado nueve de diciembre.

El IEPAC turnará la solicitud al Tribunal Electoral del Estado y éste es el que resolverá sobre el juicio contra el acuerdo de la autoridad electoral.

Castro Romero explicó que los Lineamientos establecen como única opción para recabar el apoyo el uso de la App e impide hacerlo a través de una cédula por escrito, como establece la ley.

Dijo que los lineamientos solo ofrecen la excepción de recabar en papel en cinco de los 106 municipios del Estado a los que ellos consideran de alta marginación.

Sin embargo, de acuerdo con diversos estudios, en Yucatán hay mucho más municipios con problemas de marginación y es por ello que solicita que se permita usar la App y las cédulas escritas en todo el estado.

De acuerdo con la demanda, el Consejo General del IEPAC se excedió en sus atribuciones al querer establecer el uso de la App como único recursos para recibir las firmas de apoyo de los ciudadanos.

-La Ley de manera textual establece que la recolección de firmas tiene que ser por escrito en una cédula, así lo dice Ley- explicó Sofía Castro.

De declararse procedente la solicitud de Castro Romero, todos los candidatos independientes que participan en esta elección serán beneficiados para el proceso de captación de firmas de apoyo.

En este proceso electoral, Sofía Castro debe reunir 30 mil firmas en por lo menos 54 municipios de Yucatán para que le sea otorgada la candidatura independiente a la Gubernatura del Estado.

Sofía Castro promueve juicio contra decisiones del IEPAC

Sofía Castro Romero, aspirante independiente a la Gubernatura del Estado, promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales contra del Acuerdo del Consejo General del IEPAC en el que se aprobaron los Lineamientos para recabar el apoyo ciudadanos (recolección de firmas), a través de la aplicación App.

La aspirante presentó esta demanda en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) acompañada de su equipo jurídico y se espera que se le dé curso antes de que inicie el proceso de recolección de firmas de apoyo este sábado nueve de diciembre.

El IEPAC turnará la solicitud al Tribunal Electoral del Estado y éste es el que resolverá sobre el juicio contra el acuerdo de la autoridad electoral.

Castro Romero explicó que los Lineamientos establecen como única opción para recabar el apoyo el uso de la App e impide hacerlo a través de una cédula por escrito, como establece la ley.

Dijo que los lineamientos solo ofrecen la excepción de recabar en papel en cinco de los 106 municipios del Estado a los que ellos consideran de alta marginación.

Sin embargo, de acuerdo con diversos estudios, en Yucatán hay mucho más municipios con problemas de marginación y es por ello que solicita que se permita usar la App y las cédulas escritas en todo el estado.

De acuerdo con la demanda, el Consejo General del IEPAC se excedió en sus atribuciones al querer establecer el uso de la App como único recursos para recibir las firmas de apoyo de los ciudadanos.

-La Ley de manera textual establece que la recolección de firmas tiene que ser por escrito en una cédula, así lo dice Ley- explicó Sofía Castro.

De declararse procedente la solicitud de Castro Romero, todos los candidatos independientes que participan en esta elección serán beneficiados para el proceso de captación de firmas de apoyo.

En este proceso electoral, Sofía Castro debe reunir 30 mil firmas en por lo menos 54 municipios de Yucatán para que le sea otorgada la candidatura independiente a la Gubernatura del Estado.

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Regidores de Tekax afirman que promoverán juicio político contra alcalde

Josué  Couoh Tzec, alcalde de Tekax, cuando recibió su constancia de mayoría

Regidores del ayuntamiento de Tekax afirmaron que promoverán juicio político contra el alcalde, Josué  Couoh Tzec, a quien acusan de cometer varios atropellos, entre estos, permitir la agresión de policías contra detenidos.
Bayardo Ojeda Marrufo, concejal de la Comuna, señaló que el edil ha cambiado dos veces al director de la policía municipal, además de que afirmó que esta administración, son constantes las violaciones a derechos humanos.
Sostuvo que la golpiza a un detenido por agentes de la policía municipal el pasado fin de semana, “es clara muestra del desorden administrativo que vive el municipio”.
“No es la primera vez que detenidos son golpeados por uniformados, se han dado casos desde meses atrás, todo ello es responsabilidad del alcalde”, apuntó.
Agregó que en el transcurso de la otra semana, solicitará al congreso del estado, una investigación y juicio político contra el alcalde Couoh Tzec, por los atropellos cometidos.
Sobre las acusaciones de tortura en este municipio, ayer la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) aclaró que el ayuntamiento de Tekax ya era investigado por un caso similar cuando se dio a conocer el vídeo en el que agentes municipales golpeaban a una persona, a quien le obligaban a delatar un presunto robo de ganado y por el que abrió una carpeta de investigación.
De hecho, los cinco agentes involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales y mediante un juicio de control se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se resuelve su situación jurídica, la cual pugnan en el Centro de Reinserción Social de Tekax.
Sobre la presunta participación de un agente de la policía yucateca en este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que ningún elemento pertenece a dicha corporación y que solamente uno de los involucrados portaba una playera con el nombre de la Secretaría de Seguridad Pública al momento de que se grabó dicho vídeo.
La dependencia externó que investiga entre 30 y 40 denuncias por tortura en el estado, delito por el que se establecen penas que van de los tres a los 12 años de prisión.

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Cámara de Diputados tiene 288 solicitudes de juicio político congeladas, acusa legislador del PRD

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Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados tiene congelados 288 expedientes de solicitudes de juicios políticos contra altos funcionarios como el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz y el ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, denunció el Diputado del del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Omar Ortega Álvarez.

El legislador propuso un punto de acuerdo en el que exhorta a la Secretaría General de la Cámara Baja a cumplir con dicha obligación, ya que dijo, que desde la LX legislatura a la fecha los expedientes no han sido turnados a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia.

En agosto pasado, el grupo parlamentario del PRD presentó ante la Comisión Permanente una demanda de juicio político contra el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por violaciones constitucionales graves en materia de derechos humanos, leyes sobre protección de víctimas y de seguridad pública.

El 24 de septiembre se interpuso un proceso contra el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, debido a que en uso de sus responsabilidades afectó la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad que debió observar en el desempeño de su cargo como servidor público.

Ambos expedientes forman parte del paquete que no ha sido entregado a las comisiones correspondientes, a pesar de cumplir con lo estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que dicta que una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que correspondan, para la tramitación debida.

“Solicitamos que haya transparencia respecto a los asuntos que son parte de nuestra responsabilidad constitucional y legal para que podamos cumplir con nuestras obligaciones”, dijo el legislador en un comunicado.

Recordó que luego de un amparo promovido por un ciudadano en contra de la Cámara de Diputados por su negativa a dar trámite a su solicitud de juicio político en contra del ex Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, un juez emplazó a cumplir con la orden, la cual no ha sido resuelta y coloca al órgano legislativo en desacato.

“Debemos desterrar esa inercia de negligencia y opacidad que ha imperado en los últimos años”, expresó el legislador.

JUICIO POLÍTICO SIN RESULTADOS

En septiembre pasado, en respuesta a una solicitud de información de SinEmbargo, la Cámara de Diputados reportó que un total de 84 peticiones de juicio político se quedaron en los archivos acumulando polvo de la Comisión Jurisdiccional, encargada de revisar y eventualmente aprobar estas solicitudes político-jurídicas para preservar los derechos de los ciudadanos.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió a la solicitud con número de folio 1831/2015 que:

“… a partir del primero de agosto de 2012, se presentaron un total de ochenta y cuatro demandas de juicio político”, las cuales de dividen de la siguiente forma: –64 denuncias recibidas y ratificadas, cuyo estatus es “Pendientes de resolver por la Subcomisión de Examen Previo”. –20 denuncias de juicio político que fueron presentadas, pero que no fueron ratificadas.
La Cámara de Diputados se reservó el nombre de todos los servidores públicos a quienes se demandó, bajo el argumento de que “la información relativa a los juicios políticos pendientes de resolución se encuentra reservada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracciones IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.

Derivado de solicitudes de información similares, se sabe que durante la LX Legislatura –que funcionó de 2006 a 2009–, la Cámara de Diputados recibió 128 demandas de juicio político.

En 10 solicitudes hubo declaración de procedencia, pero se informó que se encontraban “pendientes de ser resueltas por la Sección Instructora”. Asimismo, durante la LXI Legislatura (2009 a 2012) se recibieron 95 demandas, que fueron ratificadas, pero quedaron “pendientes de ser resueltas”.

La Comisión Jurisdiccional de la LXII Legislatura estuvo presidida por el Diputado José Rangel Espinosa y fue integrada por el legislador priista Manuel Añorve Baños, y el panista Rubén Camarillo Ortega.

José Rangel Espinosa, mejor conocido como el “Dipucharola” por haber colocado una placa con el logo de la Cámara de Diputados a su automóvil Mercedes Benz, valuado aproximadamente en 1 millón de pesos.

–Con información de David Martínez Huerta

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Corte fija juicio a infanta Cristina para 11 enero

Noticias de Yucatán

MADRID (AP) — El juicio a la infanta Cristina por acusaciones de fraude fiscal comenzará el 11 de enero, indicó el martes un tribunal español. Será la primera vez que un miembro de la familia real es juzgado desde la restauración de la monarquía española en 1975.

Cristina, de 50 años y hermana del rey Felipe, fue acusada dentro de una investigación contra su esposo, Iñaki Urdangarin, que está acusado de blanqueo de dinero y fraude.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares determinó el martes que la pareja irá a juicio el año que viene junto con otros 16 investigados.

El matrimonio ha reiterado su inocencia a través de sus abogados.

De ser condenada, podría afrontar hasta cuatro años de prisión. Urdangarin, ex medallista olímpico de balonmano reconvertido en empresario, afronta una posible condena de hasta 19 años.

Urdangarin está acusado de utilizar su título para desviar unos 6 millones de euros en contratos públicos a través de una fundación sin ánimo de lucro que crearon él y un socio comercial.

Felipe despojó este año a Cristina de su título de duquesa de Palma de Mallorca, que recibió al casarse con Urdangarin en 1997, en un gesto para distanciar a la familia real del proceso judicial. Urdangarin perdió su título de duque de forma automática.

Cristina es la sexta en la línea de sucesión al trono y han crecido las peticiones de que renuncie a su título de infanta y a sus derechos a la corona para proteger la imagen de la monarquía antes del juicio. La pareja lleva apartada de actos oficiales de la corona desde 2011.

El caso es uno de los varios escándalos que afectaron a la familia real durante el reinado de Juan Carlos I, que abdicó el año pasado en favor de Felipe.

Al asumir el trono, Felipe dijo que pretendía restaurar la confianza pública en la monarquía, y los sondeos de opinión indican que su popularidad ha subido.

En un veredicto separado, el tribunal mallorquín desestimó una petición del exsocio de Urdangarin para que Felipe testificara en el caso.

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Reúnen firmas para enjuiciar a Peña Nieto

Noticias de Yucatán

MONTERREY.- El Congreso Nacional Ciudadano (CNC) emprendió la recolección de firmas a nivel nacional para presentar una denuncia colectiva contra el presidente de México, Enrique Peña Nieto, e integrantes de su gabinete por enriquecimiento ilícito.

Gilberto Lozano, coordinador de la agrupación con presencia en todo el país, señaló que la convocatoria inició el pasado 29 de agosto y continuará todos los domingos de septiembre. En el arranque de la iniciativa se recabaron unas 23 mil, comentó el activista regiomontano

En la demanda se incluyó, además del ejecutivo federal, a los secretarios Virgilio Andrade, de la Función Pública; Miguel Osorio, de Gobernación; Gerardo Ruiz, de Comunicaciones y Transportes; Luis Videgaray, de Hacienda y Crédito Público; y hasta la esposa del mandatario, Angélica Rivera.

La colecta de firmas inició el pasado fin de semana a nivel nacional.- Con información de Proceso

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El PRD pedirá el juicio político

Noticias de Yucatán ()

Desvío del erario y corrupción en la alcaldía de Tekax

La directiva estatal del PRD y sus regidores de Tekax planean solicitar la próxima que semana se someta a juicio político a Carmen Navarrete Navarro, alcaldesa de ese municipio del Sur, por los presuntos desvíos de recursos y actos de corrupción, anunció ayer Bayardo Ojeda Marrufo, diputado local perredista.

“Consideramos que hay elementos suficientes para que proceda el juicio, vemos desde las irregularidades que se han denunciado hasta la reiterada violación a la ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado”, afirmó.

Ojeda informó que la alcaldesa empieza a acumular procesos en su contra, porque ya tiene una denuncia en la Auditoría Superior de la Federación. 

PRD | Procesos

Perredistas de la entidad preparan los expedientes para el juicio político.

Malos manejos

La solicitud de juicio se basará en los presuntos malos manejos de los recursos públicos en la Comuna de Tekax y la reiterada negativa de entregar las cuentas públicas de la alcaldesa de ese municipio, Carmen Navarrete Navarro.

Solicitarán juicio político

Petición del PRD contra la alcaldesa priista de Tekax

Carmen Navarrete Navarro, alcaldesa de Tekax, tendría la próxima semana dos procesos en su contra: por los presuntos desvíos de recursos y por actos de corrupción que le imputan.

Bayardo Ojeda Marrufo, diputado local del PRD, precisó que a la denuncia que el senador panista Daniel Ávila Ruiz presentó en la ciudad de México contra la alcaldesa se sumaría la solicitud de juicio político que los perredistas solicitarán en el Congreso del Estado.

En el caso de la denuncia del senador, Bayardo Ojeda informó que la semana pasada el panista acudió ante la Auditoría Superior de la Federación a denunciar a la señora Navarrete Navarro.

El perredista explicó que esa denuncia en la Auditoría fue por los presuntos desvíos de recursos federales del Ramo 33, del Fondo de Infraestructura Social Municipal, por decenas de millones de pesos de obras públicas.

“A esa denuncia que presentó la semana pasada el senador panista, la próxima semana los perredistas le iniciaremos otro proceso, cuando solicitemos el juicio político”, indicó.

Ojeda Marrufo informó que de ser posible el próximo lunes o en el transcurso de la próxima semana David Barrera Zavala, como presidente estatal del PRD, y los regidores perredistas de Tekax solicitarán el juicio político.

Los regidores perredistas son: Sara Castillo Novelo, Alfredo Romero Hoil y Cirilo Canul Dzul.

El diputado del PRD explicó que documentarán las denuncias que se hicieron públicas en el Diario, que van desde cuantiosos desvíos de recursos a favor de la familia de la alcaldesa hasta contratos amañados y facturas falsas, entre otros.

“A todo eso le añadiremos la reiterada violación a la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública, por llevar casi un año sin entregar sus cuentas públicas a la Auditoría Superior del Estado”, comentó.

Ojeda Marrufo recordó que la ley establece que los municipios deben presentar sus cuentas en forma trimestral, en los primeros 20 días hábiles, cuando se vence ese plazo, pero que la alcaldesa no ha presentado sus cuentas desde el año pasado.

“Aquí hay una violación reiterativa y sistemática a la ley, que es uno de los requisitos principales que se exige, para que pueda proceder un juicio político contra los funcionarios”, puntualizó.

El perredista comentó que “la última y única cuenta pública que presentó de su administración la alcaldesa fue el 16 de noviembre de 2012, y sólo fue del mes de septiembre de ese año”.

El legislador declaró que todo esto se integrará en el expediente que presentará su partido la próxima semana en el Congreso, para solicitar el juicio político a la alcaldesa de Tekax.

El diputado local reiteró que hay elementos suficientes para solicitar el juicio político y que esperan que no le den “carpetazo”, como ha ocurrido con otras solicitudes.

Congreso | Juicios

La próxima semana entraría al Congreso la tercera solicitud de juicio político.

Dos anteriores

En la actual Legislatura se han presentado dos solicitudes de juicio político: una contra Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida, y otro contra Natalia Mis Tun, alcaldesa de Tinum, ambos de extracción panista, pero al parecer “se congelaron”, no han procedido.

La tercera solicitud

Se espera que la próxima semana los perredistas presenten en el Congreso del Estado una tercera solicitud de juicio político y sería contra la alcaldesa de Tekax, Carmen Navarrete Navarro, priista.

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Primeros acuerdos en el caso Tinum

Noticias de Yucatán ()

Jueves, 28 de marzo de 2013 - 3:59 pm En: Gobierno, Mérida

El día de hoy, como parte de las primeras reuniones de trabajo de la Comisión Especial para conocer, mediar y encontrar vías de solución al conflicto que se vive en Tinum, los diputados integrantes llegaron a los primeros consensos con las partes interesadas.

Los involucrados en el caso Tinum durante lasnegociaciones en el Congreso

En reuniones separadas, los legisladores dialogaron primero con la alcaldesa de Tinum, Natalia Mis Mex. Como parte de lo establecido de manera inicial, se llegó a los siguientes acuerdos:

1)    La edil acordó garantizar plena seguridad a los comerciantes del Municipio de Tinum, para que según lo establecido por las leyes fiscales y hacendarias, se paguen debidamente los impuestos y derechoscorrespondientes con el objeto de que se pongan en funcionamiento los establecimientos comerciales de manera inmediata.

2)    La presidenta municipal acordó solicitar la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con el objeto de apoyar y reforzar la seguridad pública en el Municipio de Tinum, y así asegurar la convivencia pacífica entre los habitantes del Municipio. Se comprometió a realizar los trámites correspondientes a fin de llevar a cabo la solicitud.

3)    De igual forma, la alcaldesa se comprometió a dar cumplimiento a los acuerdos citados en un plazo no mayor a los 3 días, contados a partir de terminada la mesa de trabajo.

Posteriormente se realizó la mesa de trabajo con los empresarios en la que se llegó al acuerdo de que será con la mediación de los mismos, que se busque la conciliación para que en el menor tiempo posible se puedan liberar los edificios públicos.

Es importante aclarar que esta serie de acuerdos por ambas partes son independientes a la solicitud de Juicio Político que actualmente se encuentra en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en el Congreso del Estado.

Los integrantes de la Comisión Especial son los diputados Gonzalo Escalante Alcocer (PRI), presidente; Francisco Chimal Kuk (PAN), vicepresidente; Bayardo Ojeda Marrufo (PRD), secretario; Harry Rodríguez Botello Fierro (PVEM), secretario; y Rafael Chan Magaña (PRI), vocal.

Por parte de los empresarios, estuvieron presentes Jorge Manuel Echeverría Calán, Ángel Sánchez Comín, Cristóbal Chan Aké, Felipe de O Chan Yam y Elizabeth Cámara Aguilar.

Devuelven la sede municipal de Tinum

La alcaldesa dice que trataron de "chamaquearla"

Viernes, 29 de marzo de 2013 - Edición impresa En: Mérida, Política

TINUM.- Entre gritos de priistas contra la alcaldesa, Natalia Mis Mex, la comisión especial de diputados entregó en resguardo a la Policía estatal el Palacio Municipal, como el primer paso para destrabar el conflicto político.

La alcaldesa, entrevistada vía telefónica, manifestó que el miércoles en el Congreso la quisieron “chamaquear” los diputados al tratar de que firme una minuta en la cual se asentaba que tenía que convocar de nuevo a elección de comisarios municipales.

“No estuve de acuerdo y les hice ver que estábamos reunidos para tratar un problema con empresarios de Pisté, no para ventilar asuntos de comisarios municipales”, expresa. “Luego de mostrarles por escrito que los comisarios fueron electos popularmente y que el Tribunal Electoral tiene conocimiento de los hechos, sacaron ese punto de la minuta”.

“Luego se acordó que los empresarios pagarían lo justo en sus impuestos y que la Policía estatal garantizaría mi integridad para regresar al Palacio Municipal y a las comisarías. Los empresarios lo aceptaron y entonces estamos en espera de los acontecimientos”.

Ayer, poco después de las 6 de la tarde, llegó a la cabecera la comisión legislativa, integrada por Gonzalo Escalante Alcocer, Francisco Javier Chimal Ku, Bayardo Ojeda y Harri Boello Fierro. Faltó el priista Rafael Chan Magaña.

Los priistas comenzaron a reventar voladores para atraer a simpatizantes quienes, al arribo de los diputados, se acercaron a Escalante Alcocer para expresar varias quejas contra la alcaldesa, como que el DIF está abandonado, que no les llegan apoyos oficiales, que el pueblo está sucio y que nunca acude a la cabecera.

Luego los inconformes comenzaron a gritar: “Consejo, consejo”, sugiriendo la destitución de Natalia Mis.

Escalante Alcocer les respondía: “Lo vamos a ver, estamos atentos y pendientes; estamos trabajando para que se solucione el conflicto”.

La Policía rompió el candado para que entraran los diputados. Se escuchaba: “Fuera, fuera”.

Conflicto cerca del fin

Mañana sábado se cumple un plazoen el lío de Tinum

Viernes, 29 de marzo de 2013 - Edición impresa En: Mérida, Política

Mañana sábado se acabará el plazo de tres días que se estableció para terminar con el conflicto de Tinum, según un acuerdo que firmó la alcaldesa Natalia Mis Mex, a propuesta de la Comisión Especial del Congreso.

El acuerdo establece que los comerciantes paguen debidamente los impuestos y derechos correspondientes, que los edificios municipales retenidos sean liberados y que la policía estatal garantice la seguridad de la población.

Lo anterior fue el resultado de la larga jornada de más de 12 horas de negociaciones de los diputados locales con las partes en conflicto.

Ayer informamos que el Congreso designó una comisión especial de diputados que desde las tres de la tarde del miércoles inició reuniones a puerta cerrada, primero con la alcaldesa y luego con los empresarios y comerciantes inconformes, y sentó las bases para buscar una solución a este conflicto.

Las pláticas en el Congreso concluyeron alrededor de las 2:30 de la madrugada con los primeros consensos y el acuerdo que firmó la alcaldesa luego de seis horas de negociaciones entre ella y los diputados locales.

El acuerdo firmado, según un comunicado de prensa del Congreso del Estado, establece los siguientes tres puntos:

1) La edil acordó garantizar plena seguridad a los comerciantes del municipio de Tinum para que, según lo establecido por las leyes fiscales y hacendarias, se paguen debidamente los impuestos y derechos correspondientes, con el objeto de que se pongan en funcionamiento los establecimientos comerciales de manera inmediata.

2) La presidenta municipal acordó solicitar la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el objeto de apoyar y reforzar la seguridad pública en el municipio de Tinum, y así asegurar la convivencia pacífica entre los habitantes del municipio. Se comprometió a realizar los trámites correspondientes a fin de llevar al cabo la solicitud.

3) De igual forma, la alcaldesa panista se comprometió a dar cumplimiento a los acuerdos citados en un plazo no mayor de tres días, a par-tir de terminada la mesa de trabajo.

Para llegar a este acuerdo trascendió que pasaron por largas discusiones sobre la intervención del gobierno del Estado, que fue uno de los puntos que más discutió la alcaldesa, y el acuerdo, que sus abogados querían se cambiara la mitad de lo que se establecía.

Al salir la alcaldesa de la reunión luego de firmar este acuerdo, alrededor de las nueve de la noche, en seguida entraron los empresarios y comerciantes inconformes a iniciar el diálogo con los diputados locales.

En representación de los inconformes asistieron: Jorge Manuel Echeverría Calán, Ángel Sánchez Comín, Cristóbal Chan Aké, Felipe de O Chan Yam y Elizabeth Cámara Aguilar.

Con los empresarios se acordó que con la mediación de los mismos diputados, en el menor tiempo posible, se proceda a entregar los edificios públicos municipales de Tinum, que tienen retenidos hace varias semanas.

En cuanto al pago de los impuestos, señalaron que para cobrarlos el Ayuntamiento sólo tiene que acudir a los juzgados, donde los empresarios inconformes acudieron a depositarlos, en tanto se resuelve el conflicto que surgió por asuntos administrativos.- David Domínguez M.

Congreso | Intervienen diputados como mediadores

De las 15 horas del miércoles a las 2:30 de ayer diputados locales se reunieron con las partes en conflicto.

Comisión especial

Los diputados que participaron en estas prolongadas reuniones fueron los integrantes de la Comisión Especial para conocer, mediar y buscar vías de solución al conflicto de Tinum.

Los integrantes

Los integrantes de esta comisión especial son los diputados Gonzalo Escalante Alcocer (PRI), presidente; Francisco Chimal Kuk (PAN), vicepresidente; Bayardo Ojeda Marrufo (PRD), secretario; Harry Rodríguez Botello Fierro (PVEM), secretario, y Rafael Chan Magaña (PRI), vocal.

La vigencia

No se estableció tiempo de vigencia para esta comisión, eso quedó sujeto al momento en que se logre llegar a un acuerdo y solucionar este conflicto.

Independiente

También se estableció que es independiente a la Comisión de Puntos Legislativos, donde se ventila la solicitud de juicio político a la alcaldesa.

Sigue en estudio un juicio político

Todo va conforme a la ley, dice una diputada panista

Viernes, 29 de marzo de 2013 - Edición impresa En: Mérida, Política

La revisión de solicitud de juicio político a Natalia Mis Mex, alcaldesa panista de Tinum, continúa de manera independiente a los trabajos de mediación que realiza una comisión especial del Congreso para atender el conflicto en ese municipio.

Dafne López Martínez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales donde se ventila lo referente al juicio, confirmó que siguen trabajando en esa solicitud.

Sofía Castro Romero, diputada y coordinadora de la bancada del PAN, reiteró que este caso es independiente de los trabajos de la comisión especial y que sigue su proceso en forma normal.

López Martínez explicó que en estos momentos se encuentran en la etapa de estudio y revisión de los argumentos y pruebas que presentaron los promoventes.

“Por ahora no tenemos previsto fecha alguna para volver a sesionar, es un expediente voluminoso y estamos aún en su estudio”, indicó.

Sofía Castro manifestó que están al pendiente de que se le dé el curso debido a este proceso, que hasta ahora es conforme a lo que establece la Ley de Gobierno del Poder Legislativo.

“Todo va en tiempo, conforme a lo que marca la ley, sigue su curso normal”.

La diputada comentó que el proceso se suspendería si, por ejemplo, la comisión especial resuelve satisfactoriamente el conflicto y la parte demandante retira su solicitud.

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Una “embestida” contra el alcalde: PAN de Mérida

Noticias de Yucatán ()

Afirman que sólo buscan empañar su buen trabajo

Jueves, 14 de marzo de 2013 - Edición impresa En: Gobierno, Mérida

La petición de juicio político contra el alcalde, Renán Barrera Concha, tiene una carga política contra el Ayuntamiento, es una embestida de los satélites del PRI para tratar de empañar su buena labor, afirmó Gerardo Bolio de Ocampo, presidente del Comité Municipal del PAN.

“Si en todo caso quieren desahogar un juicio político tendrían que hacerlo contra Angélica Araujo Lara, ya que fue ella quien quebrantó a la Comuna y con su mal trabajo le heredó el problema de la basura a la actual administración”, manifestó el líder panista en un boletín.

“Al comienzo de su gestión, el alcalde tuvo que adoptar medidas urgentes ante el problema de la basura que amenazaba en convertirse en un serio problema de salud pública y actuó con responsabilidad para afrontarlo”.

“El buen servicio que proporciona la empresa SANA, según refieren los mismos usuarios, habla por sí mismo que la actitud del funcionario fue la atinada”, continuó.

“Me sorprende la absoluta ligereza con que cualquier persona pueda dirigirse al Congreso para pedir juicios políticos contra autoridades electas de manera legítima, sin que medie un sustento legal de peso”, indicó.

Reiteró que el juicio político contra el alcalde es “totalmente improcedente” porque basta con conocer someramente la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán para entender que no se ha dado ninguna causal.

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La petición de deuda municipal va a comisiones

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Miércoles, 13 de marzo de 2013 - Edición impresa En: Gobierno, Mérida

Una de las comisiones del Congreso durante la sesión realizada ayer

Los diputados locales turnaron ayer a comisiones la solicitud del Ayuntamiento de Mérida para contratar una deuda de 150 millones de pesos, continuaron los trámites de los juicios políticos a dos alcaldes emanados del PAN y para nombrar al nuevo contralor del Ipepac.

En la sesión plenaria nadie hizo uso de la tribuna, el único asunto en cartera fue turnar a la comisión de Presupuesto, patrimonio estatal y municipal la solicitud del municipio de Mérida.

Posteriormente, en la Comisión de Puntos Constitucionales, se acordó solicitar a la secretaría general el proyecto de la convocatoria para que las agrupaciones civiles presenten candidatos a Contralor del Consejo Electoral del Estado.

También se distribuyó a los legisladores la solicitud de juicio político contra la alcaldesa de Tinum, Natalia Mis Mex, para analizarla.

Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado del PAN, pidió a sus compañeros hacer un estudio responsable, que cause precedente en esta primera denuncia de juicio político que les toca revisar.

De igual forma Luis Hevia Jiménez, legislador del PRI, pidió anteponer el trabajo responsable ante cualquier otro interés partidista.

Por otra parte, Antonio Ongay Lara ratificó su solicitud de juicio político para el alcalde de Mérida.- 

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