Publicada: 14 agosto 2011
(1)En un pronunciamiento conjunto, agrupaciones de la sociedad civil condenan la decisión de los diputados del PRI de desechar el juicio político contra la alcaldesa Angélica Araujo Lara, acusada de graves violaciones a la Constitución por los ataques a ciudadanos el 4 de julio.
También afirman que los diputados del PRI cometieron una múltiple traición a la ciudadanía y "se han colocado en una posición que los hace sujetos de responsabilidad civil, administrativa, penal y política, que les será exigida formalmente ante las instancias competentes".
Las agrupaciones ciudadanas subrayan que los diputados Víctor Caballero Durán, Omar Corzo Olán, Martha Góngora Sánchez, Carlos Pavón Flores y Adolfo Calderón Sabido, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que declaró improcedente el juicio político, traicionaron a la Constitución y a su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley.
Además, añaden, "traicionaron a sus representados otorgando impunidad a su correligionaria de partido, a pesar de la sistemática ilegalidad de su deprimente obra y la perversa contratación de criminales para agredir brutalmente a quienes pacíficamente se expresaban en defensa de las leyes violadas".
La traición es también, añaden, a la función y rol que les asigna la misma Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
El pronunciamiento ciudadano se leyó en una rueda de prensa en la que participaron directivos del Frente Cívico Familiar, Sociedad en Movimiento, Movimiento Ciudadano por el Análisis y la Reflexión, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Acciones Líderes, Sindicato del Poder Judicial del Estado, Red contra la Violencia y la Difamación, Sociedad Digital, Evolución Mexicana, y el ciudadano Federico Berrón.
Guillermo Vela Román y Patricia MacCarthy Caballero, del Frente Cívico, informan que analizan nuevas vías jurídicas para proceder contra la alcaldesa Araujo Lara.
"El juicio político tiene el objetivo de inhabilitar a determinados funcionarios, pero no es la única manera. Como ciudadanos tenemos muchos otros recursos con los que podemos inhabilitar a la alcaldesa, a la gobernadora y a los diputados del PRI", afirmó Vela Román.
Gina Villagómez Valdez, de Sociedad en Movimiento, asegura que continuarán las acciones cívicas para repudiar la impunidad y el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía yucateca.
Yazmín Gaspar, de Sociedad Digital, informa que boletinó como violadores de la ley a los diputados del PRI y a la gobernadora. Envió sus fotos a 400,000 correos electrónicos en el país.
El manifiesto de las agrupaciones cívicas afirma que acudieron al Congreso a promover el juicio político para demostrar que los ciudadanos apuestan al cumplimiento de la ley.
"Pero le han fallado a la sociedad (los diputados). Con su actuación nos han comprobado que no contamos en Yucatán con un Poder Legislativo que sea el contrapeso que evite abusos y atropellos del Poder Ejecutivo.
El dictamen sobre la no procedencia del juicio político a la alcaldesa, indican, es "incongruente, contradictorio, tramposo, violatorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y usurpa las funciones de la Comisión Instructora.
"A la Comisión de Puntos Constitucionales no le correspondía hacer ningún análisis de fondo del caso, sino solamente comprobar si se cumplían los tres supuestos del artículo 12 de la citada ley, que en este caso sí se cumplían a cabalidad. Actuaron como defensores a ultranza de la indiciada Angélica Araujo".
