Durante 15 años el Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) tuvo la calificación mínima aprobatoria de 70 puntos, pero en este año y por disposición de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la SEP bajará a 60, confirmó ayer el encargado de la dirección general del Colegio de Bachilleres, Alejandro Salazar Ortega.
Señaló que la disposición de la SEMS es que a partir del ciclo escolar 2010-2011 la numeralia de la calificación sea en la escala de 10 a 0, ya no de 100 a 0. Además, esta nueva disposición de la reducción de un punto para aprobar las materias beneficiará a los estudiantes de todos los semestres y los obliga a tener grupos con 40 alumnos como máximo.
—Sólo cumplimos las disposiciones de la SEP —señaló—. No deseamos que los alumnos bajen su rendimiento, sólo aplicamos la ley del Sistema Nacional de Bachillerato.
Afirmó que los 1,156 profesores vigilarán y se esforzarán para continuar con el excelente servicio académico y por medio de las tutorías procurarán que no baje el ánimo de superación de los estudiantes.
—Fui director académico y sé del espíritu de superación de los jóvenes —subrayó—. No creo que esta disminución de 7 a 6 como mínimo aprobatorio cause desánimo o flojera.
Indicación oficial Salazar Ortega recordó que en este ciclo escolar Yucatán refrendó su calificación mínima aprobatoria de 70 puntos, pero el 10 de mayo pasado la Subsecretaría de Educación Media Superior les entregó un documento del Sistema Nacional de Bachillerato donde establece que deberán modificar su mínimo aprobatorio y cambiar la numeralia de la calificación como parte de los estándares que establecen en los 25 subsistemas del país.
Afirmó que en su mayoría los jóvenes estarán contentos porque la rebaja de un punto es suficiente para que acrediten materias.
Dicen que una medida no afectará la calidad escolar
Se oponen a un aumento
El presidente de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, Manuel Valle Ojeda, criticó el aumento que pretende hacer Cultur en las tarifas de entrada a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Uxmal.
En el ámbito nacional, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Jorge Hernández, consideró que las nuevas medidas que anunció la Secretaría de Hacienda para frenar el ingreso de dólares procedentes del narcotráfico al país afectará a los hoteles, además de inhibir el turismo y con ello a las empresas de viajes.
El aumento de 77% a las tarifas de entrada a las zonas arqueológicas del Estado haría de Chichén Itzá y Uxmal las más caras del país, aseguró Manuel Valle Ojeda, director de Agencias Promotoras del Turismo de Yucatán.
Mencionó que actualmente el cobro es de 115 pesos y la propuesta de Cultur es aumentar la entrada a 166, lo cual “mataría a la gallina de los huevos de oro”. Según dijo, el sector turístico de Yucatán se encuentra ante una situación muy delicada y este pretendido aumento se presenta en el peor momento para la industria, que apenas se recupera de la contingencia por la influenza y de un entorno internacional muy inestable.
El sector turístico, apuntó, ya tiene compromisos con clientes mayoristas y es injusto que ahora se pretenda, de manera arbitraria, que el consumidor final o los prestadores de servicios paguen ese incremento.
“Tampoco estuvimos de acuerdo con la compra de terrenos de Chichén Itzá que hizo el gobierno, pues la única beneficiada fue la familia Barbachano”.
“Ahora están buscando cómo conseguir dinero para pagar la deuda contraída para pagar los terrenos comprados de Chichén. El principal perjudicado será el sector turístico”.
“Ya se tuvo una experiencia similar cuando se trató de cobrar un dólar más a los pasajeros de cruceros, lo cual fue rechazado por las navieras”, agregó.
De 2008 a 2010 Cultur incrementó 30% las tarifas, “no estamos en contra de aumentos, pero lo más saludable es que haya un parámetro de acuerdo con la inflación, no usarlos para resolver un problema de fondo”. “Los operadores turísticos esperamos una buena temporada de verano para salir del problema en que estamos metidos desde el año pasado”, indicó.
“Cosas extrañas en compras del Ipepac”
Aunado a la polémica que generó el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), por su cuestionado desempeño en las elecciones, surgen ahora dudas en la compra de material electoral, ya que todo parece indicar que se pagó con sobreprecio.
“Hay cosas extrañas en esa compra: la empresa ganadora de la licitación, Diseño, Reconstrucción y Comunicación, de Arnulfo Garza Rivera, cobró $10.3 millones para dotar de material a 2,318 casillas en Yucatán”, apunta Blanca Estrada Mora, presidenta de la Fecuy, quien realizó un programa de observación electoral.
“Sin embargo, diez meses antes, el mismo Arnulfo Garza Rivera, pero representando a otra empresa, Formas Finas y Materiales, contra la que 'compitió' aquí en Yucatán, cobró 4.7 millones de pesos en Sonora para habilitar un número similar de casillas: 2,200”, subraya la ex diputada local.
“Es de llamar la atención que en menos de un año, el mismo empresario subió a más del doble el precio del material, de $4.7 millones pasó a $10.3 millones.
“Y llama también la atención que en Sonora sólo hayan llegado al final de la licitación dos empresas: Formas Finas y Materiales y Diseño, Reconstrucción y Comunicación, que son las mismas finalistas de la licitación del Ipepac.
“En Sonora, Arnulfo Garza ganó con Formas Finas y Materiales. Allí perdió Diseño, Reconstrucción y Comunicación, que representaba José Antonio Carranza Fernández. “Y en Yucatán Arnulfo Garza ganó con su supuesto rival de Sonora: Diseño, Reconstrucción y Comunicación. Perdió 'su empresa' en Sonora: Firmas Finas y Materiales, representado aquí por María Margarita Carranza Sordo, que debe ser familiar de José Antonio Carranza.
“¿Qué hay detrás de este asunto? ¿Se justifica el sobreprecio que pagó el Ipepac? ¿Cómo se permite el cambalache de empresas finalistas? ¿Hubo acuerdos bajo la mesa con algún funcionario del Ipepac?”, cuestiona Blanca Estrada, con documentos de las licitaciones en la mano.
“Hay algo más: en las elecciones de 2007, la misma empresa Diseño, Reconstrucción y Comunicación ganó aquí en Yucatán con una propuesta de $6.3 millones. En esos comicios hubo una urna más porque se eligió gobernador. Ahora en 2010 sólo se eligieron alcaldes y diputados”, subraya la profesora.
“Es importante que analicemos que hubo detrás de esta elección. ¿Qué dice a todo esto el Comité de Etica del Ipepac?”.
Ipepac
- Dudas Blanca Estrada se pregunta: ¿Qué negocios se hicieron detrás del proceso electoral? “Abusados” “Los ciudadanos debemos ponernos abusados, no basta con seguir las campañas y salir a votar. Hay que vigilar qué hacen con nuestros impuestos”, apunta la ex diputada.“Da qué pensar” “No podemos hablar de ilegalidades y contubernios, pero dan qué pensar este tipo de cosas. Tal parece que la industria electoral ya compite con la de la especulación”.
- Desmantelan el 90 por ciento de la estructura electoral
- Se sospecha de un caro servicio
- Sólo 12 consejos de más de 100
Un nuevo escándalo se cierne en torno al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana por las dudas que hay debido a la compra del material electoral, al parecer pagado con sobreprecio.
Blanca Estada Mora, presidenta de la Fecuy, con documentos de las licitaciones en la mano, cuestionó el cobro de $10.3 millones que la empresa Diseño, Reconstrucción y Comunicación hizo para dotar de material electoral a 2,318 casillas en Yucatán.
El 90% de la estructura que se utilizó en las elecciones ya fue desmantelada, una vez que prácticamente concluyó el proceso electoral; sólo 12 consejos permanecen abiertos ante las inconformidades presentadas.
De los 106 consejos municipales, en 94 ya se despidió al personal que tenían y están en el proceso de liquidación de la renta de los predios que sirvieron como sedes. Fueron 121 consejos abiertos en el Estado, 15 distritales y 106 municipales.
Próxima resolución de juicios
Esta semana sesionará de nuevo la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, Veracruz, para resolver cinco juicios de revisión por las elecciones de Yucatán.
De acuerdo con información recabada en el portal del tribunal federal, la ponente de tres de estos juicios es la magistrada Judith Muñoz Tegler, y son el caso de Oxkutzcab, el de la asignación de regidores de Umán, y el del candidato panista a diputado Manuel Navarrete Cervera, contra uno de sus compañeros de partido.
El caso de Tinum, donde el Tribunal Electoral del Estado (TEE) anuló la elección municipal para convocar a elecciones extraordinarias, le corresponde a la magistrada Yolanda García Alvarez.
El caso de Tixcacalcupul, donde el PAN se inconformó contra una decisión del TEE, la ponente es la presidenta magistrada, Claudia Pastor Badilla.
Más quejas Por otra parte, en el TEE se espera que hoy el PAN promueva juicios de revisión contra la resolución de Mérida, en la que se confirma el triunfo al PRI, y la designación de diputados plurinominales, así como otro del PRI por el resultado de Mayapán que favorece al PAN.
Hoy mismo sesionará también el TEE para emitir su resolución por la impugnación del PRI en el caso de Hocabá, donde de manera supletoria el Consejo General Electoral del Estado realizó el conteo de votos, ante hechos de violencia en ese lugar, y le dio el triunfo al PAN.
Con esta sesión se espera que acaben las intervenciones del TEE con motivo de las elecciones del 16 de mayo.
Desmantelan los consejos electorales
Concluido prácticamente el proceso electoral de este año, el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) ya desmanteló en más del 90% la estructura que se utilizó en las elecciones.
El secretario ejecutivo del Ipepac, Alejandro Góngora Méndez, explicó que hasta hoy sólo permanecen abiertos 12 consejos electorales municipales, porque se presentaron inconformidades contra sus respectivos resultados y aún no se resuelven los casos en los tribunales.
Los consejos municipales que siguen abiertos son los de Hocabá, Mérida, Maxcanú, Mayapán, Muxupip, Oxkutzcab, Tinum, Tahdziú, Tekax, Tekit, Tixcacalcupul y Uayma.
Góngora Méndez manifestó que desde fines de mayo pasado, conforme se confirmaban y quedaban firmes sus resultados, se fueron cerrando los consejos electorales.
Recordó que fueron 121 consejos los que abrieron en todo el Estado, para las elecciones de mayo: 15 eran distritales y 106 municipales.
Los distritales El funcionario informó que en el caso de los consejos distritales, donde se atendieron las elecciones de los diputados locales, los 15 fueron cerrados desde mayo.
En cuanto a los 106 municipales, en 94 ya despidieron al personal y están en el proceso de liquidación de la renta de los predios que sirvieron como sedes.
Con esto, apuntó, en la mayoría de los municipios del interior del Estado ya se dio por concluido el proceso electoral estatal, en todos los aspectos.
De los 12 consejos que falta cerrar, consideró que al final sólo quedarían abiertos uno o dos, y serían aquellos donde habrá elecciones extraordinarias.
Elecciones
- Pendientes El Consejo y los tribunales siguen desahogando pendientes de las elecciones de mayo.Quejas El Consejo General Electoral del Estado sesionó ayer y desechó tres quejas más.
Cinco juicios La sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Xalapa sesionará esta semana por 5 juicios de revisión de Yucatán.
Detalló que con la resolución sobre los comicios en Hocabá, se da por terminadas las tareas de análisis y sentencia en torno a los recursos de inconformidad partidista y de respeto a derechos políticos, los cuales sumaron 10 casos más con respecto al anterior proceso electoral.
Destacó que del total de sentencias, en 17 se inconformaron y fueron remitidos a la sala regional en Jalapa, Veracruz, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en 12 se confirmó la sentencia y aun quedan cinco por conocer el sentido del organismo federal.
Estas impugnaciones que siguen bajo análisis en esta sede regional son las sentencias sobre los comicios municipales en Tixcacalcupul, Tinum, Oxkutzcab y Umán, así como la elección de un candidato a diputado.
Además, a las 0:00 horas de este día vencen los plazos con que cuentan los partidos para inconformarse en torno a las resoluciones sobre el caso de los comicios en la capital yucateca, del municipio de Mayapán y la asignación de diputados por el principio de mayoría, dictadas en días pasados.
De esta manera, dijo, concluyen las medidas de impugnación relativas a los comicios de 2010 y la jornada electiva del 16 de mayo, la mayor parte de nuestras resoluciones fueron ratificadas, lo que confirma nuestro trabajo profesional y apegado al derecho.
Resaltó que aún sesionarán en una ocasión más pero esta no corresponde a la jornada electiva 2010, sino a una medida de impugnación relativa a los gastos ordinarios del PRI durante 2008.
Aunque hasta ahora ninguna de las quejas electorales ha procedido, se espera que al final se impongan sanciones al PRI, al PAN y a gobiernos de los tres niveles, por presuntas violaciones a la ley electoral del Estado.
Según trascendió entre funcionarios del Instituto de Procedimientos Electorales y participación Ciudadana (Ipepac), el hecho de que se impusieran medidas cautelares por algunas quejas es un indicio de que en esos casos, al menos, podría haber sanciones.
Ayer, en sesión extraordinaria y por unanimidad, los consejeros electorales estatales desecharon tres quejas que consideraron improcedentes, por falta de pruebas suficientes.
El secretario ejecutivo del Ipepac, Alejandro Góngora Méndez, declaró que se desecharon dos impugnaciones de Maxcanú, de panistas y priistas, por presuntas actividades anticipadas de campaña en ese municipio, así como una del PRD contra el alcalde meridano, César Bojórquez Zapata.
Los perredistas acusaron al alcalde por declarar que el PAN ganaría las elecciones, pero sólo aportaron notas periodísticas.
Faltan 21 quejas por resolver y se espera hacerlo antes del jueves 1 de julio, cuando las nuevas autoridades electas deberán tomar posesión.
Unas 900 personas, entre consejeros y secretarios municipales y distritales, así como capacitadores, ya fueron liquidadas, como parte de la desmantelamiento de la estructura electoral, declaró ayer Alejandro Góngora Méndez, secretario ejecutivo del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac).
El último día de julio, consideró, se terminaría de liquidar al personal eventual que fue contratado para las elecciones del domingo 16 de mayo.
El funcionario electoral manifestó que incluso ya cerraron más del 90% de los 121 consejos —15 distritales y 106 municipales— que se instalaron para estas elecciones estatales.
Sólo están pendientes de cierre 12 consejos municipales, incluyendo el de Mérida, porque los tribunales electorales todavía no confirman sus resultados para dar por concluido el proceso en esos sitios, indicó.
Su última quincena Góngora Méndez precisó que entre el personal que ya fue liquidado están unas 500 personas que fueron consejeros y secretarios en los consejos distritales y municipales. Para la mayoría, esta fue la última quincena que cobraron.
Los otros liquidados son unos 415 capacitadores.
Sólo quedan unas 100 personas más entre supervisores, capturistas y auxiliares administrativos, que cuando mucho serían liquidados a fines del próximo de julio.
Denuncia el PRI a César Nava
En la denuncia, recibida poco después de las 18:30 horas en el IFE, el partido tricolor acusó al presidente del PAN por calumniar, difamar y denigrar al PRI; así como de incurrir en delitos federales al intervenir comunicaciones privadas de gobernadores.
Por ello, solicitó al órgano electoral iniciar el procedimiento especial sancionador contra Nava Vázquez, y a la Comisión de Quejas y Denuncias ordenar como medidas cautelares el "cese" de las declaraciones del dirigente panista.
También solicitó denunciar los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), pues se trata de un delito federal, el cual lo compara con el caso de la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, quien enfrenta un proceso penal, recordó.
Sin prueba de robo en una casa
Los parientes fueron detenidos cuando se les investigaba un delito sexual. Para evitar que huyan fueron detenidos con el argumento de que robaron en una casa de Ciudad Caucel.
Hay una denunciante, objetos recuperados, pero otros “desaparecidos”, una puerta dañada, etcétera.
Los hermanos aseguraron que fueron detenidos en horas de la mañana del viernes. El robo fue más de seis horas después, cuando los acusados estaban a cargo de la Policía Judicial.
“Los policías robaron, ellos rompieron la puerta, ellos sacaron las cosas”, indicó Henry Javier, quien fue llevado a la casa y vio que los agentes entraron con violencia al inmueble, propiedad de Paola Puerto Salazar.
Los hermanos coincidieron en que los agentes los trasladaron esposados a ese sitio para simular el robo y fueran detenidos en tanto los investigaban por un delito sexual, como publicamos.
En la casa donde presuntamente ocurrió el robo se perdieron varios objetos, entre éstos, una cámara fotográfica. Otros objetos fueron recuperados por los policías.
Luego de analizar la denuncia, los argumentos de los policía que “sorprendieron” a los supuestos ladrones y el resultado de los careos, se concluyó en el juzgado que la versión de los agentes no es creíble.
Al definir la situación jurídica de los hermanos se les liberó por el robo. El sábado se les informó de esta decisión. Hoy o mañana serán informados del curso que seguirá el delito sexual que les atribuyen.
Incidente policiaco en una zona en conflicto
“¿Quién es usted? ¿Quién es? Que se identifique”, exigió uno de los ejidatarios que acusan a la policía de intentar desalojarlos sin bases legales.
“Tengo uniforme, tengo una camioneta de la policía”, fue la respuesta.
Cuando los ánimos se caldearon en Los Tamarindos, al noroeste de la ciudad, cerca del Anillo Periférico, el agente decidió identificarse: llamó a un compañero suyo a quien pidió su credencial.
“No, no, queremos su identificación, no la de su compañero”, fue la respuesta, en coro, de los inconformes.
Los agentes, del Grupo Roca, no tuvieron más remedio que abandonar el área ante los gritos y en ocasiones insultos de los molestos vecinos que desde la semana pasada son amenazados por los uniformados con detenerlos por ocupar ese espacio.
El terreno lo disputan los empresarios Benjamín y Leopoldo Paredes Góngora desde hace algunos años. En este lío se involucró a la desaparecida Cousey, que supuestamente vendió el predio a los empresarios, pero el ejido reclama el lugar porque nadie trabajó esa zona durante muchos años.
Actualmente hay casas que están edificando poco a poco ejidatarios y sus familiares, pero los agentes del Grupo Roca los amenazan.
“El miércoles nos encañonaron, nos amenazaron con matarnos o detenernos”, expresó Gilberto Rodríguez Moo, uno de los 107 ejidatarios afectados.
En el lugar, en horas de la mañana, había dos camionetas del Grupo Roca en ese lugar, una de ellas con placas YP-18150. Una de las matrículas quedó tirada en una calle que, como todas, son poco transitables.
Quien iba al frente del comando no proporcionó su nombre, tampoco mostró algún acuerdo del Ministerio Público para impedir que se ocupen los terrenos en cuestión.
Cuando los policías indicaban a Catalina Rodríguez Chalé que no debe estar en ese lugar un grupo de vecinos se aproximó y reclamó las amenazas.
Con carteles y a gritos los habitantes de Los Tamarindos exigieron y consiguieron, al menos por ayer, que los agentes se retiraran del lugar.
Poco después se realizó una asamblea en una casa de esa zona, donde los afectados tomarían nuevos acuerdos.
La zona en disputa está cerca del Periférico Noroeste, un área que tendría alta plusvalía.
Asoma la “conexión yucateca”
El accidente aéreo comenzó a revelar, poco a poco, la cara oculta del narcotráfico en Yucatán, una cara que hasta antes de ese suceso era insospechable e inimaginable para la sociedad yucateca, a la que durante años sus gobernantes hicieron creer que estaba libre de las garras de los grandes carteles de la droga que operaban en el resto del país.
Aunque la caída de esa aeronave en territorio yucateco fue hasta cierto punto fortuita, el suceso evidenció la existencia en Yucatán de una poderosa red del narcotráfico a gran escala, conexión en la que participaban incluso yucatecos con variadas consignas, desde quienes comercializaban con droga hasta policías que brindaban protección y encubrían las actividades ilícitas del narcotráfico.
Hoy, a casi tres años de distancia, gracias a ese hecho histórico puede saberse que Yucatán nunca fue tan ajeno al tráfico de drogas a gran escala y que si bien ese avión no culminó su misión muchos otros con similar cargamento pasaron por el cielo yucateco, incluso, según revelaciones de las autoridades, descendieron y despegaron en el aeropuerto meridano cada vez que fue necesario hacerlo.
Las investigaciones por este caso determinaron que Yucatán figuraba desde hacía mucho en la ruta que los carteles internacionales de la droga usaban para llevar cocaína desde Colombia a Estados Unidos, pasando algunas veces por Venezuela, Centroamérica, Cancún y hasta por Mérida.
El alcance de la red yucateca de apoyo al narcotráfico fue corroborado cuando tan sólo unas horas después de la caída del avión en montes de Tixkokob entraron en acción por lo menos dos yucatecos —fueron detenidos, aunque ya recuperaron su libertad— que intentaron rescatar parte de la droga que llevaba la aeronave, de matrícula estadounidense —N987SA—, y presuntamente propiedad del empresario colombiano Pedro Bermúdez Suaza, detenido un año después y extraditado apenas el miércoles 16 a los Estados Unidos.
Dos policías federales asignados al aeropuerto meridano, también detenidos después, son otra prueba de la existencia de la red yucateca al servicio del crimen organizado.
La caída El “narcoavión” cayó en la madrugada del 24 de septiembre de 2007, cerca de lo que se conoce como el Periférico de Tixkokob, producto de una persecución desde Cancún realizada por personal del Ejército Mexicano, aunque las autoridades federales aseguran que fue un accidente por una falla mecánica. Días después del avionazo fue detenido el copiloto de la nave, Edick Muñoz Sánchez, aunque fuentes militares revelan hoy que en realidad fue capturado la misma noche que cayó el avión.
Luego fue detenido en la capital mexicana el piloto de la nave, Omar Alfredo Jácome del Valle, alias “el Piolo”, a quien también se le identifica como Óscar Alfredo Ríos del Río.
Otros detenidos son Julio César Sánchez Martell, César Flores Estrada y Felipe Bermúdez Durán, presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa y operadores financieros de esa organización criminal, dueña de la cocaína que llevaba el avión.
Los policías federales José Luis Ortiz Navarro y Sergio Rosas Díaz, adscritos al aeropuerto meridano, fueron detenidos.
Ellos constituían parte vital de la conexión yucateca de la organización criminal. Su función era pasar por alto las revisiones a los “narcoaviones” que hacían escala en esta ciudad.
Pesquisas Según las pesquisas, otra conexión peninsular fue Martín Gómez Soto, quien realizó en Cancún los trámites migratorios y aduanales del “narcoavión” antes de su partida a Colombia, de donde retornaba cuando cayó en Tixkokob.
Los yucatecos Leonel Ayala López y Dante Pat Caamal también fueron capturados, acusados de intentar sobornar a soldados que custodiaban la nave el día del desplome para poder rescatar la droga, aunque a diferencia de los demás detenidos —encarcelados en el Estado de México—, ellos fueron recluidos en Mérida.
“Narcoavión”
- Notas Al parecer, la cocaína que llevaba el “narcoavión” caído en Tixkokob era del Cartel de Sinaloa.“Lavado de dinero” El dueño del “narcoavión” era Pedro Bermúdez Suaza, padre de Felipe Bermúdez Durán, presunto integrante del Cartel de Sinaloa y operador financiero de esa organización criminal. Bermúdez Suaza utilizaba sus empresas para “lavar dinero” de su socio Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, jefe del Cartel de Sinaloa.
Varias identidades El empresario colombiano, apodado “el Arquitecto”, tenía varias identidades. Se le encontraron identificaciones a nombre de Diego Rodrigo Vega Luján, Luis Bernardo Cuervo Aguilar , Luis Antonino Aguilar Vélez, Antonio Aguilar Cuervo, Antonio Aguilar Vélez y Antonio Bermúdez Uribe.
La detención más importante y que, según las autoridades mexicanas cierra el caso, fue la del empresario colombiano Pedro Antonio Bermúdez Suaza, capturado en octubre de 2008 en la ciudad de México y extraditado el miércoles a los Estados Unidos.
Las investigaciones revelan que los pilotos llevaban un teléfono satelital —fue encontrado entre las pertenencias que había en el avión—, por medio del cual gente en tierra, en Cancún, los alertó de la “emboscada” que preparaba el Ejército, por lo que desviaron su vuelo hacia Yucatán, pero fueron seguidos por la flota aérea militar.
Se cree que el piloto y el copiloto de la aeronave —Edick Muñoz Sánchez y Omar Alfredo Jácome del Valle— pretendían descender en lo que se conoce como el Periférico de Tixkokob, una vía ancha, de cuatro carriles y acotamiento en ambos lados.
De hecho, la aeronave cayó a un kilómetro —en línea recta— de esa carretera.
Al parecer, el avión no descendió en esa vía porque la falta de luz impidió calcular bien la distancia y tuvo que bajar en el monte.
Los reportes de inteligencia indicaban que el avión debía descender en el aeropuerto meridano, donde también era esperado por militares.
Otras versiones indican que el avión cayó en esa zona porque se quedó sin combustible, aunque meses después técnicos de la PGR que acudieron a desmantelar la aeronave revelaron que aun le quedaba turbosina como para llegar al aeropuerto local .
La noche del accidente, habitantes de Tixkokob sólo escucharon un gran estruendo, pero nadie se percató de nada, al parecer por la hora de la caída: las 2 de la madrugada.
Ranchos privados Los habitantes de ese municipio, ubicado a 20 kilómetros de Mérida, tuvieron nulo contacto con la aeronave, pues cayó en un área de pequeños ranchos privados a los que no tienen acceso.
El Ejército mantuvo custodia en la zona de la caída durante poco más de año y medio, hasta que su gente se retiró sin previo aviso.
Narcotráfico
- A casi tres años de la caída de un avión Los restos de la aeronave que transportaba cocaína siguen en el lugar en que se desplomó.La maleza hace su labor Los técnicos que acudieron a desmantelar la aeronave sólo se llevaron los instrumentos de navegación y artefactos menores.
Según se observó, los fuertes materiales de la aeronave permiten que el tiempo aun no destruya las partes del avión ni borre las huellas de la estrepitosa caída, aunque la maleza comienza a cubrir los restos.
Robo de partes Hay evidencia de que algunos han intentado llevarse “recuerdos“: en las brechas se ven partes de las alas y otras láminas apiladas.
Ambos fueron aprehendidos porque presuntamente ofrecieron un millón de pesos a los soldados que custodiaban la nave para que éstos les entregaran parte de la droga incautada.
Por sus nexos con los carteles de la droga, el gobierno del Estado intentó enviarlos a un penal de máxima seguridad en el centro del país, pero gracias a un amparo se quedaron en el reclusorio de San José Tecoh.
A los dos sujetos, quienes ya fueron liberados, el 4o. Tribunal Unitario con sede en Toluca, Estado de México, les siguió proceso, pero resultaron favorecidos porque ese tribunal determinó que no había elementos para procesarlos por delincuencia organizada y fomento de consumo de drogas, delitos considerados graves.
El Tribunal les dictó formal prisión por cohecho, lo que les permitió obtener su libertad bajo fianza con el pago de $40,171. La PGR apeló el fallo, que tiempo después fue confirmado. Posteriormente ambos recibieron una sentencia menor, lo que les permitió conmutar la pena y recuperar su libertad.
Se desconoce si se quedaron a vivir en Mérida. Ayala López no es yucateco, aunque tenía mucho tiempo radicando en esta ciudad.
Dante Pat y Leonel Ayala negaron los cargos siempre y dijeron que estaban cerca del sitio del accidente porque el segundo, de oficio mecánico, iba a rescatar un automóvil averiado.
La acusación de cohecho fue porque supuestamente ofrecieron un millón de pesos a los soldados a cambio de parte de la droga encontrada en el avión. Sostuvieron careos con los militares que los acusaron, quienes reconocieron que nunca vieron el dinero ofrecido y también precisaron que los acusados nunca pudieron llegar al sitio donde estaba la nave accidentada.
Fue extraditado a solicitud del Distrito Este de Nueva York y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos lo incluyó en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT).
En Medellín, Colombia, según reportes periodísticos, Bermúdez Suaza era conocido hombre de negocios, poseedor de varias compañías, como Taxi Aéreo Antioqueño, Agroganadera Los Santos S.A., y el Grupo Falcón S.A., entre otras, aunque sus propiedades se extienden a Panamá y México.
Precisamente, el avión que cayó en Tixkokob era operado por su empresa Taxi Aéreo Antioqueño, lo que permitió ligar a sus empresas con el narcotráfico a gran escala.
Por muchos años, Bermúdez Suaza, conocido como “el Arquitecto”, amasó una cuantiosa fortuna sin despertar sospechas. Sus empresas aéreas y agropecuarias lo catapultaron a la fama, y poco a poco fue integrando a su grupo familiar al desarrollo de sus negocios regionales.
El gobierno colombiano comenzó a investigarlo a principios de 2008, luego de informes recibidos desde México y de la DEA que lo vinculaban con el tráfico de drogas.
La Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF), equivalente al SAT en México, reportó extrañas transacciones financieras, que permitieron establecer una red de negocios con millonarios dividendos en ese país.
Desde Pablo Escobar Las autoridades colombianas señalan que su incursión en el mundo de las drogas se inició desde tiempos de Pablo Escobar y que en dos etapas distintas trabajó con los extraditados narcotraficantes Luis Eduardo Gómez Bustamante, alias Rasguño, y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”.—
Aval de Moody's a la finanza municipal
La calificación, afirma el despacho, indica que la liquidez de la Comuna se ha fortalecido y la autoridad mantiene bajos niveles de endeudamiento.
Moody's señala que, además de la calificación Aa3.mx de escala nacional, Mérida tiene otra en la escala global: Baa3, que la coloca por arriba de la media de los municipios mexicanos.
Según el reporte, las fortalezas crediticias del municipio son: 1. Resultados financieros equilibrados.
2. Márgenes operativos que se han mantenido en niveles altos, que permiten financiar la mayor parte de los proyectos de inversión.
3. Fuerte nivel de liquidez.
4. Bajo nivel de endeudamiento.
“Mérida cuenta con fuertes prácticas de administración y gobierno, el municipio generalmente cumple o excede sus objetivos presupuestales”, asegura Moody's en el apartado de Factores de Administración y Gobierno.
“Sus prácticas de administración de la deuda son conservadoras, mantenimiento, bajos niveles de endeudamiento, así como un manejo prudente de la deuda.
“Las cuentas públicas y sus estados financieros son emitidos con regularidad, oportunidad y claridad y han sido dictaminadas por un despacho de auditoría externo”, subraya la firma.
El despacho dice, entre otras cosas, que Mérida tiene cerca de 800,000 habitantes, el 43% de la población de Yucatán, y es el principal centro de comercio y servicios del Estado.
“Este reporte de Moody's demuestra que hemos consolidado a Mérida como un municipio con excelentes prácticas administrativas”, afirma Claudia Canto Mézquita, directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento.
“Mantenemos un control y eficiencia en el gasto, que nos permite no sólo ofrecer obras y servicios con los más altos estándares de calidad, sino consolidar a Mérida como un sitio atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras”, asegura la futura regidora panista.
“Nos llena de orgullo que una de las firmas calificadoras más prestigiadas avale la eficiencia, responsabilidad y transparencia de esta administración que encabeza el alcalde César Bojórquez Zapata”, abunda la tesorera.
“Hay que reconocer que este logro es fruto del trabajo de varias administraciones panistas, que nos tocó consolidar. Esto hace que Mérida sea un orgullo para todos los meridanos”, indica.
Claudia Canto afirma que entregan buenas cuentas, finanzas sanas y una deuda manejable a la siguiente administración.
“Los $130 millones del crédito que contratamos ya está saldado, está en ceros. Vamos a dejar una deuda de $55 millones que falta por saldar de los préstamos que hicieron las dos anteriores administraciones.
“Nos recortaron más de $50 millones del Ramo 33, pero lo compensamos con los ajustes que hicimos y el aumento del esfuerzo recaudatorio.
“Vamos a dejar dinero, saldos en chequera, control en el gasto, procesos certificados, servicios en línea y total transparencia en el manejo de las finanzas.
“La semana pasada publicamos los resultados del auditor externo, que son positivas para el Ayuntamiento”, subraya la tesorera.
Comuna
- Entrega Claudia Canto Mézquita, directora de Finanzas y Tesorería, habla del cambio de administración: Compensaron un recorte “Nos recortaron más de $50 millones del Ramo 33, pero lo compensamos con los ajustes que hicimos y el aumento del esfuerzo recaudatorio”.Lo que heredarán “Vamos a dejar dinero, saldos en chequera, control en el gasto, procesos certificados, servicios en línea y total transparencia en el manejo de las finanzas”.
