La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco es acusada de torcer la ley y derrochar millones de pesos del erario estatal para impulsar sus dos megaproyectos: un complejo de 12 hoteles, con playas y lagos artificiales, campos de golf y un parque acuático, todo dentro de la zona de Chichén Itzá, y la construcción de una ciudad dormitorio en el municipio de Ucú, conurbado a Mérida. Un dato demoledor: en el primer caso, la mandataria pagó incluso un sobreprecio de 2 mil 750% para apropiarse de un predio de 83 hectáreas, en lugar de expropiarlo.
Por su empeño en desarrollar sus dos megaproyectos –un complejo hotelero en Chichén Itzá y la construcción de una ciudad dormitorio paralela a Mérida–, la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, concitó el rechazo generalizado de artesanos y comuneros de varios municipios de la entidad, quienes la acusan de querer beneficiar a una decena de firmas de especulación inmobiliaria, en particular el Grupo Kaknab.
En Chichén Itzá, comentan varios de los artesanos, el gobierno de Ortega Pacheco pretende beneficiar al Grupo Kaknab, que encabezan los empresarios Eduardo González Cid y Nicolás Zapata, y a otros desarrolladores inmobiliarios. Pero sobre todo sostienen que la gobernadora utilizó recursos públicos para adquirir un predio de 83 hectáreas a su propietario Hans Jurgen Thies Barbachano, a un sobreprecio de más de 2 mil 750%, en lugar de expropiarlo.
Todo, insisten, para llevar adelante la transformación de ese sitio arqueológico –el más importante de la cultura maya en Yucatán– en una zona hotelera.
Los artesanos Silvia Cimé Mex, Jesús Solís Alpuche, Juan Alberto Bermejo y el abogado Villevaldo Pech Moo aseguran que la megaobra, que ocupará 83 hectáreas –45 de las cuales pertenecen a la zona arqueológica–, constará de 12 hoteles, así como playas y lagos artificiales, campos de golf, un parque acuático, casas de artesanías y varios centros de convenciones.
Los ejidatarios y comuneros advierten que, con ese proyecto, Ortega Pacheco prácticamente privatizaría la zona arqueológica de Chichén Itzá para beneficiar, dicen, a González Cid y a Zapata. El primero, aseguran, es muy cercano al gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y artífice en buena medida del triunfo de la mandataria yucateca.
Grupo Kaknab es la contraparte de otro poderoso consorcio turístico y empresarial: Grupo Xcaret, que hoy administra el parque acuático del mismo nombre. Durante la administración de González Canto y de Ortega Pacheco, Grupo Kaknab se benefició ya con dos obras: la instalación de Discover México en la isla de Cozumel, y el diseño del Palacio de la Cultura Maya de Yaxcabá, ambas a petición del gobierno que encabeza Ortega Pacheco.
En el segundo de esos proyectos, las autoridades adquirieron 300 hectáreas y luego se las adjudicaron al Grupo Kaknab para que, por medio de su filial I Arquitectura, erigiera el Palacio de la Cultura Maya.
El Diario de Yucatán y el antropólogo José Luis Sierra Villarreal, exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el estado, han documentado que Grupo Kaknab compró desde hace algunos años 600 hectáreas en los alrededores de Chichén Itzá para impulsar un “parque temático” y un proyecto megahotelero que incluiría lagos artificiales, campos de golf, centros de diversiones y de apuestas al estilo Disneylandia y Las Vegas.
Feria especulativa en Chichén
El 30 de marzo último, el gobierno de Ortega Pacheco informó sobre la adquisición de 83 hectáreas, pertenecientes a la familia Barbachano Gómez Rul, propietaria original de la hacienda de Chichén Itzá, por las que pagó 230 millones de pesos.
Las tierras de la zona arqueológica estuvieron en litigio durante varios años. Hace dos décadas, el antropólogo Sierra Villarreal inició las negociaciones con la familia Barbachano para adquirir las 83 hectáreas. No tuvo éxito.
En 2006, el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) valuó la extensión en 8 millones de pesos. Y en marzo pasado la administración de Ortega Pacheco anunció que finalmente era propietaria de ese terreno. Según el boletín oficial, el gobierno pagó por él 230 millones de pesos, gracias a un préstamo bancario que obtuvo a través de la dirección del patronato Cultur.
De las 83 hectáreas, 45 corresponden a la zona arqueológica y las restantes a las zonas contiguas, conocidas como “polígonos”: sur, norte y noroeste, en los que se construirá un nuevo aeropuerto y, según los planes de Ortega Pacheco, un desarrollo turístico de gran escala, similar a Disneylandia.
El director del patronato Cultur, Jorge Esma Bazán, justificó el pago de 230 millones de pesos al actual propietario de la vieja hacienda, Hans Jurgen Thies Barbachano, con el argumento de que el gobierno federal se mostraba indeciso.
Los artesanos de Chichén Itzá, encabezados por Cimé Mex, Solís Alpuche, Bermejo y el abogado Pech Moo sostienen que desde noviembre del año pasado denunciaron que el Sistema para el Financiamiento del Estado de Yucatán (Sifidey) tenía en mente realizar el megaproyecto hotelero en los alrededores de Chichén Itzá.
El mismo grupo de artesanos pidió en septiembre de 2008, ante la Cámara de Diputados, que el gobierno federal expropiara las 746 hectáreas que comprenden los terrenos de la zona arqueológica, impidiera el cobro por el acceso a los monumentos históricos y evitara el desalojo de los comerciantes.
No sólo no fueron escuchados por las autoridades federales, sino que los especuladores inmobiliarios y desarrolladores turísticos comenzaron a transformar la zona arqueológica en un centro de espectáculos. Hoy, a menos de tres años de distancia, el gobierno estatal ha promovido, entre otros, funciones exclusivas como los conciertos de Plácido Domingo, Sarah Brightman y Elton John, con el argumento de que se trata de “promoción turística”.
La transmisión de esos conciertos y la venta de boletos ha estado a cargo de empresas vinculadas con Televisa, el consorcio que más recursos y contratos publicitarios ha recibido del gobierno de Ortega Pacheco.
El gran negocio de Ucú
En paralelo, el Congreso del estado autorizó este año al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco un endeudamiento de 343 millones 375 mil pesos para la adquisición de terrenos ejidales en el municipio de Ucú, por medio del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), que encabezaba la arquitecta Angélica Araujo Lara, quien le arrebató al PAN la alcaldía de Mérida en las pasadas elecciones estatales.
Araujo Lara es, junto con el diputado federal priista Felipe Enríquez Hernández, la artífice del llamado Plan Maestro de Ucú, cuyo objetivo es la construcción de 56 mil 800 viviendas en una extensión de aproximadamente mil 800 hectáreas en ese municipio conurbado a Mérida. Con este plan se elevaría a casi 100 mil el número de edificaciones en esta zona y el municipio de Caucel, donde han sido beneficiados 10 grandes grupos del ramo de la construcción.
Uno de éstos es el que encabeza Pedro Espadas, pareja sentimental de Angélica Araujo y socio, junto con Ricardo Combaluzier, de la empresa Construcasa, S.A. de C.V., beneficiaria a su vez del desarrollo inmobiliario en Ciudad Caucel.
Las otras firmas inmobiliarias son: Grupo Sadasi, representado por Leandro López, también impulsor de las Ciudades Bicentenario del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, en especial las del municipio de Tecámac.
Los yucatecos denominan a este tipo de desarrollos inmobiliarios “chiquilotes”, por las minúsculas casas-habitación de 5×15 metros de extensión. La mayoría tiene servicios de transporte precarios o carece de ellos, pero cuentan con infraestructura vial, eléctrica y de agua potable, que aporta el gobierno del estado.
El senador panista Hugo Laviada Molina sostiene que detrás del caso de Ucú “existe una gran operación nacional dirigida por el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y ejecutada por su agente financiero: Felipe Enríquez Hernández, para financiar campañas del PRI; todo consiste en trabajar con mafias agrarias”.
La presencia de Enríquez Hernández en los grandes negocios inmobiliarios ha sido notoria y constante en Yucatán durante los últimos años. Compadre de Ortega Pacheco, amigo cercano de Peña Nieto y colaborador de Natividad González Parás durante su sexenio en Nuevo León, Enríquez Hernández llegó a Yucatán en 2007 con una encomienda: arrebatarle la gubernatura al PAN.
Enríquez Hernández también fue secretario particular de María Teresa Herrera Tello cuando ella era la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (2001-2003) y director de Fomerrey (2003-2005), oficina del gobierno de Nuevo León responsable de asignar terrenos a personas de escasos recursos y de “regularizar” tierras.
En 2005, Enríquez Hernández colaboró en la campaña que llevó al gobierno de Quintana Roo a Félix González Canto. Y en 2007 se incorporó al equipo de logística de Ivonne Ortega Pacheco durante el proceso electoral en Yucatán.
En su edición del lunes 14, el Diario de Yucatán informó que Enríquez Hernández participó en una venta paralela de terrenos de Ucú en una extensión de aproximadamente 581 hectáreas. Según el rotativo, el dinero recaudado presuntamente servirá para financiar la campaña estatal del PRI.
El rotativo citó las declaraciones del comisario ejidal de Ucú, José Antonio Euán, quien admitió que “un empresario de Monterrey” les compró 581 hectáreas. Antes, la revista Artículo 7 publicó un análisis en el que aludía al negocio multimillonario de Ucú y la manera en que opera:
“Se compran las tierras pagando 120 mil pesos por hectárea a los ejidatarios; el gobierno del estado, una vez que haya introducido infraestructura urbana, las podría vender al grupo de inmobiliarios ‘consentidos’ en 1 millón 200 mil pesos por hectárea. Claro está que oficialmente serían pagadas a un precio muy inferior. Estaríamos hablando de un negocio de 3 mil 600 millones de pesos. La mayor parte de este millonario negocio se movería ‘por debajo del agua’ y gran parte sería utilizado en campañas políticas del PRI.”
El despojo
Proceso confirmó que detrás del megadesarrollo urbano de Ucú existe un presunto fraude a los 176 ejidatarios, a quienes hasta ahora no se les han pagado 3 mil 600 hectáreas, así como una denuncia por despojo que encabeza Pedro Manuel Rosado Reyes, dueño del predio llamado Chacsiniché.
Él asegura que fue despojado de su propiedad con el aval del gobierno estatal y menciona el motivo: el terreno, que adquirió en 1978, está en medio de la carretera que conducirá al nuevo complejo habitacional.
Comenta que lo utilizó para sembrar henequén, que vendió durante algunos años a la desaparecida paraestatal Cordemex. Y aclara a Proceso: “Nunca tuve ningún problema”.
Sus dificultades, dice, comenzaron en 2008, cuando el gobierno de Ortega Pacheco y la responsable del IVEY, Angélica Araujo, ya habían proyectado el Plan Maestro de Ucú.
Relata que en octubre de 2008, por instrucción de la jueza primera de lo Civil, Elsa Guadalupe Rivera Uc, fue despojado de su terreno para beneficiar al empresario Guy Boyancé Cervera, quien meses después, en julio de 2009, al frente de un grupo de 50 personas invadió el predio Chacsiniché.
“Todo estuvo debidamente orquestado para despojarme”, denuncia Reyes Rosado. Su abogado, José Manuel Echeverría Bastarrachea, advierte que en este litigio está involucrado también Rafael Acosta, quien fue subprocurador a principios de la gestión de Ortega Pacheco y hoy se desempeña como su asesor.
Reyes Rosado asegura que en agosto de 2009 se entrevistó con la gobernadora para exponerle su caso. Ella se comprometió a que “todo se haría conforme a la ley”. A 10 meses de esa reunión no sólo no obtuvo respuesta, sino que el mismo Ministerio Público yucateco permitió que el predio invadido por Boyancé Cervera fuera vendido a Constructora Hogare, de Juan Manuel Ponce Díaz, otra de las beneficiarias de la nueva “ciudad dormitorio” que será construida en Ucú, a ocho kilómetros de Mérida.
“Es escalofriante lo que está pasando. Ahora tenemos más violencia y robo, que es organizado por el propio gobierno de Yucatán. Todos le tienen miedo a Ivonne Ortega. Yo pensaba que ella no iba a sacrificar su futuro político, pero es ella la que parece encabezar este despojo”, sentencia Reyes Rosado.
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