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PACHUCA, Hgo. (apro).- Rosaura se opuso. Dejó claro que no estaba de acuerdo por una razón: veía riesgo de ser agredida de nuevo; sin embargo, la jueza Janett Mendoza Montiel determinó suspender el proceso contra el policía en activo Marco Antonio M.G., a quien Rosaura acusaba de violencia familiar y de privación ilegal de la libertad. La principal condición que puso la jueza fue que el agente no podía acercarse a la víctima, que había sido su pareja.
El oficial Marco Antonio enfrentó un proceso más, a causa de otra agresión, por violencia familiar equiparada, que también denunció Rosaura. Tras un aplazamiento, su audiencia fue programada para el 10 de marzo; en ella se presentaría la imputación. Ese momento no llegó, porque este 5 de febrero Rosaura y tres de sus familiares fueron asesinados en un ataque con arma punzocortante.
El presunto responsable es el exelemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, a quien ella había denunciado. Las otras víctimas fueron el padre y la madre de Rosaura, además de su hermano.
Cuando suspendieron el primer proceso, la víctima pidió apoyo y protección a las autoridades. Advirtió el riesgo. Describió a su expareja como violento y peligroso. En las dos causas penales, la jueza que tomó las determinaciones fue Janett Mendoza Montiel.
El ataque ocurrió en la localidad de Azoyatla, Mineral de la Reforma, que es un enclave urbano que linda con la ciudad de Pachuca. Cuando la policía acudió tras un llamado de emergencia a las 7:30 de la mañana, encontró tres cuerpos sin vida y dos heridos de gravedad, que fueron trasladados a un hospital; uno de ellos falleció.
Sobrevivientes relataron a las autoridades que Marco Antonio portaba el uniforme de la corporación municipal de Mineral de la Reforma. El ayuntamiento afirmó que había dejado de pertenecer a ella desde el 19 de noviembre de 2024, por renuncia escrita ratificada de manera personal, después de que fuera apercibido del posible inicio de un procedimiento interno en su contra, ya que a consecuencia de la primera denuncia por lesiones y retención indebida de Rosaura había pasado un mes en prisión.
El expediente del exoficial que tiene en su poder el municipio dice que el 13 de octubre pasado fue puesto a disposición del ministerio público por violencia familiar y privación ilegal de la libertad en contra de Rosaura. Al día siguiente ingresó al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca y el día 21 fue vinculado a proceso.
Al ayuntamiento le notificaron que salió con libertad condicional el 15 de noviembre y el 19 fue cuando presentó su renuncia. Debido a esta razón, no fue sujeto a proceso administrativo por el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Mineral de la Reforma.
Marco Antonio fue liberado por la primera resolución de la jueza Mendoza Montiel, quien puso como condición que se girara un oficio al municipio en el que él trabajaba para que "no prestara sus servicios como policía cerca del domicilio de la víctima", también acordó una reparación de daños. Fue cuando Rosaura se opuso al considerar que enfrentaría el riesgo de un nuevo ataque, y la resistencia fue secundada por el ministerio público presente. Ambos argumentos fueron desechados.
Esa audiencia se llevó a cabo el 15 de noviembre a la una de la tarde en el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) ubicado en la capital hidalguense, como parte de la causa penal 1508/2024.
El segundo proceso contra el ahora posible responsable del cuádruple asesinato fue por posibles ataques que sufrió Rosaura en su domicilio en la colonia Nuevo Francisco I. Madero. Tras la nueva denuncia, se inició una carpeta de investigación por violencia familiar equiparada.
En esa causa penal, 1689/2024, desde el 14 de noviembre de 2024 se solicitó al Poder Judicial fecha y hora para la audiencia inicial, que había sido programada para el pasado 27 de enero. Sin embargo, a petición de la defensa del expolicía se aplazó para el 10 de marzo de 2025.
Marco Antonio M.G. fue detenido la mañana del mismo 5 de febrero sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, tras un operativo en el que participaron la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Guardia Nacional y la Décimo Octava Zona Militar.
Fue ingresado a un hospital porque presentaba heridas por arma blanca, que, según la tesis de las autoridades, podrían ser autoinflingidas en un intento de quitarse la vida. Su estado de salud fue reportado como grave, pero estable. Cuando fue asesinada, Rosaura O.H. tenía 25 años.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) inició dos carpetas de investigación: una por feminicidio y otra por homicidio doloso, que contempla a dos víctimas cada una.
El crimen múltiple y las posibles omisiones de las autoridades para proteger a Rosaura generaron indignación y reclamo social entre la población hidalguense, que demandó al gobierno morenista de Julio Menchaca Salazar justicia por las víctimas y el inicio de procedimientos contra quienes resulten responsables.
Con los dos feminicidios de Mineral de la Reforma, suman ocho en Hidalgo desde el inicio de 2025, casi la mitad de las 17 carpetas de investigación iniciadas el año anterior por este delito.
