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Cartas al Diario Responde PPL a Martiniano

03 marzo 2011
Noticias de Yucatán

(exhabrupto, aclaración)

3 marzo 2011
Recibimos del ex gobernador Patricio Patrón Laviada la siguiente carta:
En relación con un artículo de Martiniano Alcocer Alvarez, quien me alude directamente, hago estas precisiones:
En la plática a que se refiere el articulista expuse como tema fundamental que solamente con la verdad y la congruencia encontraremos la vía para corregir los problemas que padecen la sociedad y mi partido.

Es por ello que, en congruencia, he decidido aprovechar la oportunidad que el periodista me ha brindado para ampliar mis comentarios.

1) El gasto que el PRI ha hecho en campañas políticas desde 2007 ha sido excesivo. No es ningún invento mío. Se ha denunciado el hecho en medios de comunicación y, tanto partidos políticos como académicos, investigadores y agrupaciones de la sociedad, han presentado innumerables pruebas exponiendo los hechos. Curiosamente y a pesar del cúmulo de pruebas, la autoridad electoral, el Ipepac, es la única que no ha querido darse cuenta del insultante despliegue de la campaña priista.

2) Hablé del uso de recursos del crimen organizado en las campañas del PRI. Es otra verdad cuyo origen tampoco puedo atribuirme, pero que el Diario, el periódico “Reforma” y otros importantes medios nacionales han documentado describiendo el modus operandi de grupos del PRI para obtener de manera ilícita recursos para financiar sus campañas.
Los medios han citado insistentemente las operaciones de quien fuera el coordinador la campaña 2007 en Yucatán: el compadre de la gobernadora y actualmente delegado del CEN del PRI en el Estado, el diputado regiomontano Felipe Enríquez Hernández.
Los medios han hecho pública la forma en que estos personajes lavan dinero a partir del tráfico de tierras ejidales.
Si bien la especulación o la conversión de tierras ejidales a privadas no es necesariamente una actividad ilegal, sí lo es la venta de éstas para lavar dinero, una práctica resultante de la colusión de funcionarios para favorecer intereses privados con recursos públicos. Estas son precisamente las operaciones de Enríquez y su grupo que han sido ampliamente documentadas en medios serios de comunicación.

Esto ocurrió en Ucú y la Procuraduría del gobierno priísta de Yucatán se niega a investigar las denuncias que se han presentado. Hay grandes superficies que se atribuyen al compadre de la gobernadora.

Pero ¿cómo opera el lavado? Una vez privatizada la tierra y con importante plusvalía que consigue, se realizan nuevas operaciones a valor comercial o por encima de este precio. La condición es que el pago se divida en una pequeña cantidad que con la que se simula el “precio oficial” de la transacción y una enorme suma en efectivo que se paga “por fuera” y en efectivo.

Quienes querían lavar dinero adquieren un bien “limpio” y los operadores, Enríquez y su grupo, reciben enormes sumas que no tienen la obligación de comprobar ante ninguna autoridad por tratarse de pagos debajo de la mesa. Se trata de dinero que es muy difícil de manejar en el sistema bancario, pero muy fácil de mover en actividades políticas donde el derroche es evidente.

Como botón de muestra se han difundido las operaciones de este grupo priista en el ejido de Playa del Carmen, donde será fácil revisar los datos del Registro Público de la Propiedad para constatar las extrañas transacciones realizadas por la gente vinculada al diputado priísta Enríquez.

Investigue usted como periodista señor Alcocer o mejor lea sobre las ilegales operaciones de tierras en Isla Blanca, Quintana Roo, recientemente publicadas en el Diario y en “Reporte Índigo”.

En este escándalo inmobiliario en el que está involucrado el compadre de la gobernadora también lo está el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, quien se encuentra en prisión desde mayo de 2001 por delitos de narcotráfico y vínculos con crimen organizado.

Habrá que ver entonces cuánto del dinero relacionado con ese tipo de actividades llegó a una elegante casa de playa de Chicxulub Puerto desde donde Enríquez distribuyó millonarias sumas de efectivo en la campaña electoral de 2007, un hecho que en su momento fue reportado.

¿Así o más clara la explicación señor Alcocer?

3) El tema de sexo y poder no fue originalmente parte de la plática. Acepto que fue una respuesta demasiado explícita a una pregunta que me hicieron sobre la conformación del Ipepac. Sigo pensando que los asuntos personales dejan el plano individual cuando afectan las decisiones públicas, tal y como ocurrió con la conformación del Ipepac el 20 de julio de 2006.

El oscuro acuerdo que desde el Congreso se tomó para designar los puestos clave del Instituto permitieron la ilegalidad de otorgar desde el Poder Legislativo la presidencia a Fernando Bolio Vales como si se tratara de una cuota del PAN y entregar la secretaría técnica, la encargada directa de organizar las elecciones, a Marco Celis, del PRI.

Esas designaciones no eran facultad directa del Congreso, sino del propio Ipepac, que debió cumplir con ser un órgano ciudadano. Con esa medida ilegal se dio al traste con la independencia conseguida en el Ipepac en prolongada lucha ciudadana.

Pasado el tiempo supimos el precio pactado por ese acuerdo: que dos mujeres y el compadre del diputado Jorge Puga Rubio ocuparan puestos directivos en el Ipepac.

Jorge Puga hizo todas las negociaciones que acabaron con la independencia del Ipepac. Demandé su expulsión del PAN y manifesté mi absoluta oposición a que fuese nombrado secretario del Ayuntamiento.

¿Así o más clara la explicación señor Alcocer?

4) Y ya entrados en el tema, parodiando la canción de Martín Urieta, “hablando de mujeres y traiciones”, el tema puede resultar escabroso, pero fue un asunto que usted señor periodista incluso abordó conmigo en Palacio, cuando siendo gobernador fue a verme para pedirme un “apoyo mensual” de 20,000 pesos. ¿Así o más claro señor Martiniano Alcocer?

Cartas al Diario: Nueva misiva de la Secretaría de Obras Públicas

02 marzo 2011
Noticias de Yucatán

(obras, aclaración, pleito con el diario, iluminación)

2 marzo 2011
Ayer recibimos un nuevo escrito de Erick Manzanilla Gómez, jefe de la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Obras Públicas, en el que comenta el contenido de la información titulada “Respuesta sin una luz”, que publicamos ayer mismo en la sección local.
Nos comunicamos con el señor Manzanilla Gómez, solicitándole puntual información sobre el reportaje “Oscuros negocios al amparo de la luz”, publicado el domingo en el Diario y el lunes en La i. El vocero no contestó las preguntas, que le mandamos por escrito, y prometió hacerlo a la brevedad posible.
La información solicitada es la siguiente:
1) ¿Cuál es el precio real de la iluminación de la carretera Mérida-Progreso?
2) ¿Cuál es el precio de los postes, obtenidos directamente de la empresa Saosa?
3) ¿$6.354,898 es el precio de los postes que maneja la empresa ganadora?
4) ¿Por qué Ingeniería Hidráulica del Caribe no compró los postes directamente y tampoco Inproel participó en el concurso?
5) ¿Por qué la Secretaría de Obras Públicas no se refiere a las declaraciones del director de Hezeba Instalaciones?
6) ¿Por qué no especifica la razón del cambio de luminarias y por qué se impidió a los licitantes que propusieran lámparas LED de una marca diferente a Cooper?
Estos puntos se abordan en el reportaje en cuestión, elaborado por Central 9, Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia. Las autoridades no los aclaran en ninguna de las dos cartas que dirigen a Grupo Megamedia.
***
A continuación, el texto íntegro de la segunda misiva:

Nuevamente nos dirigimos a usted, en esta ocasión para manifestarle nuestra frustración por no gozar del derecho de réplica en las páginas del Diario de Yucatán perteneciente al Grupo Megamedia que usted conduce.

Realmente esperábamos una información imparcial que cumpliera el objetivo de aclarar las dudas creadas a la sociedad tras la información equivocada que se le transmitió en su edición del domingo pasado sobre la obra de iluminación que se realiza en la carretera Mérida-Progreso.

Bajo el título “Respuesta sin una luz” en su página 3 de la sección Local, hoy el reportero utiliza todo el espacio asignado a la “nota aclaratoria” para volver a emitir sus apreciaciones personales, excluyendo todo argumento a nuestro favor.

Señor Director, ¿cómo podemos aclarar a la Opinión Pública los puntos medulares del tema si el autor del artículo acapara el espacio al cual tenemos derecho para exponerlos?

En ninguno de sus párrafos tuvimos cabida como parte afectada para explicar nuestras razones.

La información está mal sustentada, reiteramos. Sin embargo, es de humanos errar, es de caballeros reconocer el yerro y es de profesionales reparar el daño.

En nuestra carta “de casi cuatro cuartillas” hicimos referencia a los puntos medulares más importantes, con la información y extensión suficientes para aclarar cada punto:

-La transparencia en la licitación.

-La inexistencia de favoritismos.

-El presunto sobreprecio.

-La especialidad, experiencia y capacidad técnica acreditadas por la empresa ganadora.

-La razón del cambio de luminaria, plenamente justificada.

-La ausencia de inconformidades por parte de los participantes en la licitación.

También es errado insistir en que este Gobierno se negó sin razón a utilizar las lámparas colocadas en postes por la anterior Administración sobre la carretera Mérida-Progreso.

Sobre las declaraciones que el director de la empresa Hezeba realiza en relación con otra compañía no tenemos comentario alguno en un asunto de particulares.

Reiteramos que es injusto que se nos involucre y se fuerce una información para transmitir a la sociedad que en la Secretaría de Obras Públicas del Estado no se actúa con transparencia.

Nosotros estamos centrados en nuestro esfuerzo diario de construir y difundir la infraestructura pública que brinde mejor calidad de vida a los yucatecos, no en crear polémica.

En nuestra carta anterior elogiábamos el compromiso de profundidad, objetividad y veracidad de Grupo Megamedia. Hoy sólo solicitamos nuestro derecho de réplica y hacer del conocimiento de la sociedad nuestros argumentos de defensa.

Sin otro particular, le enviamos un saludo sincero.

ERICK MANZANILLA GÓMEZ

JEFE DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

Una senadora acusa de difamación al PRI

Noticias de Yucatán

(difamación, aclaración, medida electorera, soberbia)

2 marzo 2011
"Lo peor es que la autoridad electoral le entre al juego"
La senadora Beatriz Zavala Peniche acusó al PRI y al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) de unirse para difamarla y manchar su imagen y su trabajo legislativo


Mediante un comunicado, la legisladora panista dice que "de manera cínica el PRI me acusa ante el Ipepac de promover mi imagen e inaugurar obras, en un nuevo intento por desviar la atención de la ciudadanía de los malos manejos que realiza el gobierno estatal".

"No es cuestión de semántica, es el hecho de inventar, de difamar y peor aún, que la muy cuestionada autoridad electoral le entre al juego para darle el realismo a la denuncia producto de algún temor que mi persona les causa", señala.

Obras

La señora Zavala explica que "una de las obras que mencionan (los priistas) no fue la inauguración de un tramo carretero como mentirosamente se afirma, fueron los trabajos de iluminación en el entronque Peto-Tzucacab-Tekax a invitación de la alcaldesa del municipio, Dra. Raquel González Cámara, así como a la pavimentación de calles en el mismo, eventos a los que también asistió el diputado federal Daniel Ávila Ruiz.

"Sólo falta que ahora, concurrir a un acto público, y que alguien haga trascender la información y que ésta se publique como lo que es, una nota informativa, traten de convertirla en un delito electoral".

Respuesta de la Secretaría de Obras Públicas por la investigación de 'Central 9'

01 marzo 2011
Noticias de Yucatán

(aclaración, pleito con el diario, obras, iluminación)

1 marzo 2011
Boletín de Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Yucatán


LIC. CARLOS MENÉNDEZ LOSA
DIRECTOR GENERAL
GRUPO MEGAMEDIA
Presente.

En su edición de ayer domingo, los periódicos a su cargo “Diario de Yucatán” y “La i” publican amplio reportaje en sus páginas centrales de la sección Local sobre lo que consideran supuestos actos de corrupción al interior de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, cuya finalidad, dice la información, es “apropiarse” de recursos públicos mediante un concurso “amañado” para beneficiar a una empresa determinada.

De entrada, desde su título “Oscuros negocios al amparo de la luz”, sus medios informativos impresos y electrónico afirman este supuesto y dan por un hecho que aquí se trabaja con falta de transparencia, afectando nuestro prestigio y buen nombre.

En principio debe quedar claro que el concurso para iluminar la carretera Mérida-Progreso fue una Licitación Pública Nacional, sujeta a reglas bien definidas y vigiladas por la Federación, que impiden malos manejos y precisamente buscan evitar que su transparencia sea puesta en tela de juicio.

Dicha licitación fue publicada en CompraNet, que es un órgano federal encargado de realizar los concursos de obra pública para las entidades que ejercen recursos autorizados por la Cámara de Diputados.

Los documentos del proceso de licitación a cargo del Instituto de Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy) han sido subidos al portal del sistema de CompraNet y se encuentran a disposición del público en general por tratarse de documentos públicos.

La licitación pública nacional para la obra de iluminación de la carretera Mérida-Progreso fue emitida con el número 60121001-009-2010.

El 2 de septiembre de 2010 se envió se envió dicha convocatoria al Diario Oficial de la Federación, que fue publicada cinco días después en ese órgano oficial y de manera simultánea en CompraNet (http://compranet.gob.mx).

La descripción de la licitación es “Construcción de la iluminación de 25 kilómetros de la carretera Mérida-Progreso km 9+000+34+281 (Se realizará a través de los 25 km en los dos cuerpos de la carretera, incluyendo puentes, 932 postes metálicos de un brazo, 40 postes metálicos de dos brazos, 1012 luminarias y 12 transformadores)”.

En la información se destaca, con letras grandes, que estos trabajos de iluminación podrían reportar ganancias de más de dos millones de dólares” o 33 millones de pesos.

Sobre el precio es necesario precisar que los proveedores participantes cotizaron de manera semejante sus propuestas, es decir, con diferencias que podrían considerarse mínimas comparado con el significativo margen de ganancia que su Diario afirma.

Señor Director, nos preguntamos: ¿cómo es posible hablar de un presunto sobreprecio en esta obra, si el empresario que les sirve como fuente de información cotizó muy semejante a la empresa ganadora, con una diferencia de un millón 665 mil 384 pesos más caro?

Asimismo es equivocado afirmar que Hezeba debió ganar el concurso por tener más experiencia que Ingeniería Hidráulica del Caribe, como afirma el declarante, toda vez que esta segunda empresa participó en conjunto con Artículos Eléctricos Industriales del Carmen SA de CV, que acreditó una mayor especialidad, experiencia y capacidad técnica para realizar la obra, dato que sus diarios omiten informar.

Todo ello consta en documentos que, entregados en paquetes cerrados, fueron abiertos en presencia de todos los participantes y revisados a la vista de los mismos.

Por otra parte, en ningún momento se “cambió la jugada”, como dice su Diario, para favorecer a alguna empresa en particular. La decisión sobre el tipo de luminaria a instalarse obedece a factores plenamente justificados, de carácter técnico, como lo es cuidar el patrimonio de los yucatecos mediante la reducción del consumo de energía.

Como se asienta en los documentos firmados por los concursantes, el luminario Ventus LED, línea McGraw Edison de Cooper Lighting presenta ventajas sobre el luminario Modena de Philips, como 625% más tiempo de vida -con 50 mil horas-, a diferencia de las 8 mil que ofrece el luminario solicitado originalmente, además que su consumo de energía es menor en 26.80%.

En pocas palabras, la luminaria seleccionada garantiza un significativo ahorro de energía, menores costos de mantenimiento y mayor tiempo de vida.

Es importante precisar que ninguno de los concursantes interpuso alguna inconformidad al respecto ante la Función Pública, lo cual quedó asentada en la minuta correspondiente.

Por lo mismo es inexacto hablar de un presunto favoritismo por luminarias de la marca Cooper Lighting. Baste recordar que en la obra de iluminación del Periférico de Mérida y la Catedral de esta ciudad, por citar dos ejemplos, fueron empleadas lámparas de la marca Philips.

También es errado afirmar que la iluminación de la carretera Mérida-Progreso se realice por tercera ocasión y que este Gobierno se haya negado a encender el sistema instalado por la anterior Administración y, por el contrario, retirarlo.

Esta es la segunda vez que se lleva a cabo la iluminación: en el periodo del ex gobernador Patricio Patrón sólo se colocaron postes con luminarias en un tramo de la carretera –ni siquiera en su totalidad- pero sin conexión a sistema alguno para que encendiera. Incluso nunca se realizó contrato ante la Comisión Federal de Electricidad.

En el proyecto actual se valoró la utilización de este equipo, pero se encontró obsoleto e ineficiente para los nuevos sistemas que permiten un importante ahorro de energía, de modo que fueron retirados y almacenados en espacios del Inccopy. Están invitados sus reporteros a visitarlos y despejar todas sus dudas sobre su uso y destino.

Sobre las especulaciones que el señor Roque Zepeda Zúñiga, de la empresa Hezeba, hace en relación de un presunto acuerdo entre otras compañías proveedoras para demorarle una cotización somos totalmente ajenos.

No son raras las disputas entre empresas, como suele ocurrir entre particulares en busca de mercado; sin embargo, desconocemos la relación personal por la que atraviesen dichos proveedores.

Lo que es injusto es que se nos involucre y se fuerce una información para transmitir a la sociedad que en la Secretaría de Obras Públicas del Estado no se actúa con transparencia. Por el contrario, se deja en claro que nuestro trabajo está guiado por “aparentes favoritismos” orientados a los intereses económicos que no son los de la sociedad.

Tal vez por todo lo anterior el autor de los tres artículos, que fueron desplegados en doble plana a color, prefirió utilizar supuestos y términos ambiguos, pese a que en su encabezado principal se afirma como un hecho que en esta Secretaría existen negocios “en lo oscuro”.

Elogiamos que Grupo Megamedia haga público su compromiso de profundidad, objetividad y veracidad porque eso nos da la certeza de que la Opinión Pública podrá acceder a la verdad en este caso que desprestigia al Inccopy, a la Secretaría de Obras Públicas y a su titular Francisco Torres Rivas.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto al ejercicio periodístico del Grupo a su cargo, esperando una oportuna y profunda explicación a sus lectores sobre este caso.


OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO


1 marzo 2011
Respuesta sin una luz
Siguen las dudas por la iluminación de la vía a Progreso
El proyecto de iluminación de la carretera a Progreso causa una polémica
El proyecto de iluminación de la carretera a Progreso causa una polémica Ver fotos(2)

La Secretaría de Obras Públicas del gobierno del Estado (SOP) envió ayer al Diario una carta firmada por su jefe de Comunicación Social, Erick Manzanilla Gómez, en la que manifiesta su inconformidad por el reportaje de las irregularidades en la iluminación de la carretera a Progreso, pero no aclara los puntos medulares del tema.

Uno de ellos es el precio real de la iluminación de la carretera. De acuerdo con el reportaje, la empresa ganadora, Ingeniería Hidráulica del Caribe (IHC), presentó una propuesta de $79 millones, pero una cotización levantada por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, arroja que el precio de la obra podría ser de $45.8 millones.

Según información de funcionarios de la propia empresa fabricante, consultados en la ciudad de México, el precio de las 1,012 luminarias LED marca Cooper usadas en la carretera sería de $16.484,880, pero la SOP no informa cuál es el precio de esas lámparas en la propuesta ganadora. Tampoco se refiere al precio de los postes, obtenido directamente de la empresa Saosa de Guadalajara, fabricante de los postes que se colocan.

Funcionarios de esa compañía reconocieron haber vendido los postes no a IHC sino a Instalaciones y Productos Eléctricos (Inproel), a un precio de $6.354,898. ¿Este es el precio de los postes que maneja la propuesta ganadora?

La SOP no lo aclara, como tampoco precisa por qué Ingeniería Hidráulica del Caribe no adquirió los postes directamente y tampoco si Inproel participó en el concurso, asociado con IHC, como hizo -ahora se sabe, por la carta de la SOP- Artículos Eléctricos Industriales del Carmen. Esta empresa, casualmente, es la distribuidora más importante de Cooper en la Península y sus bodegas almacenan los postes y el material eléctrico que se usa en la obra.

La SOP tampoco se refiere a las declaraciones del director de una de la empresas licitantes, Hezeba Instalaciones, de la ciudad de México, que dijo que si la representante de ventas de Cooper Lithing en Mérida, la arquitecta Mercedes Chay Velasco, le hubiese respetado su condición de distribuidor nacional de Cooper, dándole "un precio de protección", como se acostumbra en estos casos, su propuesta habría estado $10 millones abajo, es decir, en $69 millones.

En su carta de casi cuatro cuartillas y cuyo texto íntegro publicamos en www.yucatan.com.mx, la SOP no hace referencia a otro punto medular: el cambio de especificación de las luminarias. La dependencia insiste en confundir diciendo que la lámpara Cooper ahorra más energía que la Philips, pero no aclara que ésta es de tecnología HID y la otra LED, es decir, no son comparables entre sí. Tampoco dice por qué se impidió a los licitantes que propusieran lámparas LED de una marca diferente a Copper, con la misma especificación técnica, pero más baratas, como varios de ellos solicitaron
.

Justifican la retención de lanchas a los pescadores

24 febrero 2011
Noticias de Yucatán

(sagarpa, corrupción, aclaración)

24 febrero 2011

Sobre la nota en la que se "Denuncia a otro funcionario federal", por la retención de unas lanchas a pescadores de Progreso, el delegado de la Sagarpa, Gerardo Escaroz señala que según el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Pesca, aplicable por disposición del artículo 6o. transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, establece que:


"En todos los casos en que la Ley señala como sanción el decomiso, la autoridad deberá retener provisionalmente las embarcaciones, los vehículos, las artes de pesca y los productos y subproductos. Entre esas infracciones, agrega, se encuentra realizar la pesca sin contar para ello con la concesión o permiso correspondiente".

Tal situación sería la de los pescadores que se quejan de la retención de sus lanchas.

Precisiones a una nota sobre la cámara hiperbárica

22 febrero 2011
Noticias de Yucatán

(aclaración, precisión, pleito con el diario)

22 febrero 2011
Señor Director:


Me refiero a las notas publicadas hoy por el periódico “Diario de Yucatán”, del grupo a su cargo, respecto a la adquisición de una cámara hiperbárica por parte del Gobierno del Estado, para hacer las siguientes precisiones:

Sobre la cámara hiperbárica


El 29 de diciembre de 2009, el Gobierno del Estado adquirió una cámara hiperbárica multiplaza, única en su tipo en el país y una de las cinco existentes en América Latina, con un costo de 9 millones 565 mil 217.39 pesos más IVA, recursos provenientes de un donativo realizado por Banorte.

En el proceso de pago, por un error administrativo, el importe del IVA fue cargado a una cuenta correspondiente a un programa federal, situación que fue observada por la Auditoría Superior de la Federación, y se procedió a realizar el reembolso.

Finalmente, la cámara hiperbárica tuvo un costo de aproximadamente 11 millones de pesos, todos provenientes del donativo de Banorte. A esta inversión se agrega la infraestructura y adecuaciones (incluso la planeación y modificaciones viales para el traslado del equipo), a cargo del gobierno estatal. El monto total de estas acciones se dará a conocer una vez concluida su instalación.

No se pagó sobreprecio alguno por la cámara. Quizá es difícil dimensionar su costo, ya que no tiene referencias inmediatas en el país, y como se ha dicho, en América Latina sólo existen cinco equipos similares.

Sin embargo, para tener una idea, el costo de este tipo de equipo en los Estados Unidos (Gulf Coast Hyperbarics), es de dos millones de dólares; en Alemania (HAUX, 8 metros menor), 2.5 millones de euros, y en Brasil (TOTALMAT, la mitad de longitud y 0.5 metros menos ancha), 1.5 millones de dólares.

Es importante recordar que las dimensiones de la cámara son 18 x 3 metros y, será la más grande de Latinoamérica. Asimismo, es una cámara certificada por ASME (Asociación de Ingenieros Mecánicos de EUA) y NFPA (Asociación para la Protección de Incendios).

Con las acciones que se están efectuando para su instalación, en fecha próxima será puesta al servicio al público esta cámara, que ratificará a Yucatán como pionero en el área de la salud.

Licitaciones de medicamentos

Sobre las dos licitaciones a que hacen referencia las notas, he de precisar que actualmente las observaciones realizadas por la ASF se encuentran en etapa de aclaración, luego de la cual esperamos que se consideren totalmente solventadas.

En todo caso, es importante hacer notar que el Gobierno de Yucatán no paga ningún “sobreprecio” por medicamentos, sino que contrata servicios del surtimiento, esto es, que además de los medicamentos incluye su transportación, gastos indirectos y demás necesarios para que dichos insumos sean situados en las unidades médicas, esto por recomendación de la autoridad federal, para evitar pérdidas y gastos mayores en el presupuesto.

Recordemos también que Yucatán es considerado como uno de los estados con mayor satisfacción reportada por usuarios de Seguro Popular, y que recientemente la propia ASF reconoció a Yucatán por la transparencia en el manejo de los recursos públicos federales, al atender a cada una de las auditorías que ese órgano ha efectuado.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE


Jesús Rivero Covarrubias
Coordinador General de Comunicación Social

Alusiones al uso de "fast track"

16 febrero 2011
Noticias de Yucatán

(fast track, aclaración, desvío, corrupción, fomento agropecuario)

16 febrero 2011
Con la firma de su vocero, Luis Jorge Vela Hernández, la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero nos envió nueva carta con los siguientes conceptos sobre una información que publicamos ayer:


-El término "fast track" no está en ningún apartado o articulado de las reglas de operación publicadas el 29 de diciembre de 2009.

-En relación con los $686 mil que se señala le fueron otorgados al señor Fernando Chin Mena, es necesario precisar que el beneficiario recibió $558,512.54.

-En el expediente de Fernando Chin obran comprobante domiciliario y credencial de elector del IFE, donde consta que el beneficiario tiene su domicilio en la calle 14 entre 17 y 19 de la localidad de Opichén. El señor Chin proporcionó documentos legales donde aparece como posesionario del predio rústico San Pablo, marcado con el número 1,945, ubicado en la localidad y municipio de Opichén.

-Si el Centro de Evaluación del Sureste incurrió o no en alguna irregularidad fiscal, no es competencia de la Secretaría corregirlo y mucho menos sancionarlo.

* * *

Utilizamos el término "fast track" al hacer referencia a la aprobación rápida de proyectos a principios de 2010.

Sobre el caso del señor Chin Mena, en documentos oficiales aparece un apoyo "dictaminado" -no nos referimos al entregado- de $686 mil. Vecinos de Opichén, incluyendo el alcalde, dijeron que no lo conocen ni han oído hablar de él.- N. de la R.

Niega anomalías dentro de la CDI

01 febrero 2011
Noticias de Yucatán

(corrupción, irregularidad, aclaración)

1 febrero 2011
Xavier Abreu dice que todo es legal en la dependencia
El director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Xavier Abreu Sierra, reitera que no existen irregularidades en un plan de construcción de baños en Campeche.


En improvisada rueda de prensa después de su participación en un evento de la CMIC, el ex candidato panista a la gubernatura de Yucatán afirma que los programas de la dependencia a su cargo son auditados constantemente.

Según dijo, en los proyectos de salud y educativos que impulsan no ejercen directamente los recursos sino que a través de convenios los transfieren a los gobiernos, que se encargan de concursar y ejecutar las obras.

La semana pasada, como informamos, Abreu Sierra señaló que no tenía ningún reporte de irregularidades en la construcción de baños.

"En Puebla y Yucatán no hicimos y en Campeche ya debieron terminarse", agregó.

Legisladores federales yucatecos del PRI presentaron un punto de acuerdo para que Abreu Sierra comparezca en las comisiones de la Auditoría Superior y la de los Pueblos Indígenas por presuntos desvíos en la construcción de sanitarios.

Al preguntarle sobre la asignación de obras a familiares y amigos, lo rechaza e indica que Alberto Carrillo Gutiérrez, quien estuvo involucrado en el escándalo de los borregos, "no tiene empresas dedicadas a la construcción de baños".

También dijo que Carlos Gutiérrez Ocampo no fue cesado de la dependencia federal, sino que "presentó su renuncia".

Afirman que el IEAEY sí se cumplió

22 enero 2011
Noticias de Yucatán

(aclaración, mentiras, educación)

22 enero 2011
Educación para los Adultos dice que sí impartió un curso
En relación con la nota "Exigen su derecho a educarse" que publicamos anteayer jueves, en un comunicado del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (Ieaey), el coordinador Alfredo Cetina Leal aclara que los argumentos que esgrimen las personas que protestan por la supuesta falta de aplicación de exámenes en Opichén son falsos.


De acuerdo con el escrito, Cetina Leal cuenta con las actas necesarias y firmadas por el promotor correspondiente donde consta que en octubre, noviembre y diciembre los aplicadores sí asistieron a la sede para aplicar los exámenes.

En octubre, el local de la comisaría municipal, sede de la aplicación, no se abrió porque no llegaron ni el asesor ni el promotor, y el aplicador enviado por el Ieaey esperó hasta las siete de la noche, una hora después de la hora programada como marca la normatividad para este caso. Se levantó el reporte correspondiente.

En noviembre los alumnos no se presentaron al examen en la misma sede y en diciembre sólo uno fue a presentar. En noviembre se les dio la oportunidad de reprogramar la aplicación, "por lo que llama la atención que la queja asiente que no se les ha brindado este servicio".

Según explicó el coordinador, adultos de esta comunidad fueron llevados por el promotor Omar Moguel Cruz, quien dejó de colaborar con el Patronato Pro Educación de los Adultos el martes 18, a presentar a otra sede.

"Aunque la queja es anónima, en el extremo derecho de la foto publicada en la edición electrónica del Diario aparece Russel Carvallo Carcaño, quien en el 2009 dejó de colaborar por irregularidades detectadas en su desempeño como asesor... Los resultados positivos a favor de la educación obtenidos en esta sede están a la vista y se cuenta con la documentación correspondiente que lo comprueba".

Deslinde de una protesta

18 enero 2011
Noticias de Yucatán

(protesta, aclaración, ciudadanos, prepotencia, galardón)

18 enero 2011
Precisiones de una activista sobre el caso de las corridas
La presidenta de la Asociación por los Derechos de los Animales, Rosario Sosa Parra, aclaró ayer que no fue ella quien organizó la protesta contra las corridas de toros y anticipó que no volverá a participar con jóvenes que tuvieron un comportamiento "prepotente y provocador".


La activista admitió que sí firmó las invitaciones que se enviaron a los medios de comunicación para la cobertura de esa protesta, por lo cual se consideró que era ella quien la organizó, pero aclaró que lo hizo porque se lo pidieron los organizadores.

La señora Sosa precisó que quienes organizaron la protesta pertenecen al Movimiento Yucateco por la Defensa de los Animales, que encabezan María José Argüelles Bentata y Paulina Monforte Herrero.

Su participación en la organización del evento se limitó a invitar a los medios de comunicación para cubrirlo y ser parte de la protesta.

La informante insistió en que ya no participará con los jóvenes que fueron groseros hasta con quienes la acompañaban en la manifestación dominical.

Rosario Sosa añadió que fue parte de la protesta porque pensó que sería ordenada y pacífica, no con ofensas a otros -como ocurrió en algunos momentos-, de manera que decidió retirarse al llegar a la Plaza de Toros y ver los desplantes y actos que parecían provocaciones.

El pasado domingo, antes de retirarse de la protesta, dijo al reportero que algunos muchachos eran muy impetuosos y ya no hacían caso de sus consejos.

Señaló que les malcontestaron cuando les aconsejaron no acudir hasta la entrada donde se formaban los asistentes a la corrida y que tampoco cerraran la calle, como lo hicieron acostándose en el pavimento.

Por ese comportamiento que se vio el domingo, dijo, se deslinda de ese movimiento.- David Domínguez Massa

En contexto:
Inconformes | Corridas

Una activista manifestó que se arrepiente de haber participado en una protesta el domingo.

Otros motivos

Rosario Sosa Parra dijo el día de la protesta su objetivo era sumarse a la petición de que se legisle para prohibir la asistencia de menores de edad a las corridas.

Monterrey

Señaló que al menos en Monterrey ya se aplica esta disposición, al no poder prohibirse ahí las corridas de toros, ya que son muchos los aficionados a ese espectáculo.

Niega ser asesor jurídico de Ortega

14 enero 2011
Noticias de Yucatán

(aclaración, mentiras, pleito con el diario)

14 enero 2011
Recibimos ayer del abogado Rubén J. Bolio Pastrana, notario público, nueva carta en relación con sus comentadas opiniones sobre el polémico Decreto 367, relacionado con las reducciones al pago de la tenencia vehicular que anunció el lunes 3 pasado la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, durante un acto de homenaje a Felipe Carrillo Puerto. Entre otras cosas, el escrito dice lo siguiente:


Las opiniones de tipo jurídico que he externado han sido a título personal, como abogado y notario público, con el único ánimo de difundir un punto de vista que pueda motivar a los especialistas del derecho y al público en general para lograr una verdad legal que rija a la sociedad.

En ese contexto, nunca he sido asesor jurídico de ningún gobierno estatal, así como tampoco en lo particular de ningún gobernador, pues los criterios que he sustentado, precisamente por la imparcialidad que trato de mantener, lo son sin pertenecer a algún grupo gubernamental y/o partido político, por lo que en muchas ocasiones son coincidentes con la administración en turno, y en otras existen discrepancias, como ha sucedido en diversos casos.

El día de hoy (por ayer), en la edición impresa de Diario de Yucatán se resume un escrito que les remití, solamente que se me considera asesor jurídico de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, lo cual es inexacto, pues no tengo vínculo alguno laboral ni de consultoría jurídica con el poder Ejecutivo estatal.

* * *

En llamada telefónica para confirmar la autenticidad de la carta, recibida por la vía electrónica, el Lic. Bolio Pastrana nos confirma lo siguiente:

1) No es asesor del gobierno del Estado en el asunto de la exención del pago de la tenencia y los amparos que se avecinan por esa y otras medidas, una versión que circula en los últimos días en las redes sociales.

2) El martes 4 de enero se reunió para almorzar con la gobernadora Ivonne Ortega y con Nerio Torres Arcila, titular del Isstey, en "el mismo restaurante donde la gobernadora comió con Carlos Salinas de Gortari", el Rosas & Xocolat, en el Paseo de Montejo.

3) Esa reunión fue "meramente social", con motivo "de Navidad y Año Nuevo". Fue pactada días antes, en la toma de protesta del nuevo Consejo de Notarios. En la plática del almuerzo, nos comenta Bolio Pastrana, se abordaron "temas triviales".

4) El martes 11, en artículo firmado por el abogado, se defiende la legalidad del Decreto 367. Un día después, en una entrevista, el consejero jurídico del Estado, Sergio Cuevas González, repite y se apropia de argumentos utilizados en el artículo de Bolio Pastrana el día anterior. "Los habrá leído él también", concluye.- N. de la R

Carta en la que Alaine López le responde a González Crespo

Noticias de Yucatán

(conflicto, debate, gasolina, alza, "gobierno federal", aclaración)

14 enero 2011
Carta enviada por la presidenta estatal del PRI, Alaine López, en respuesta a las declaraciones del presidente municipal del PAN en Mérida, Rodolfo González Crespo, publicadas ayer en el Diario.


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Con relación a las declaraciones del presidente municipal del PAN en Mérida, Rodolfo González Crespo, que se publicaron en la edición de hoy (ayer), le hacemos llegar las siguientes precisiones:

El Partido Revolucionario Institucional considera que son inadecuadas las declaraciones de acusar a nuestra representación en el Congreso de la Unión de ser presuntos responsables en el incremento al precio de los combustibles cuando le compete únicamente al Ejecutivo Federal.

Es extraño que el ex diputado local, Rodolfo González Crespo, continúe manifestando que la fracción del PRI en la Cámara de Diputados avaló una supuesta aprobación del alza de precios de la gasolina cuando se le hicieron las aclaraciones pertinentes por parte del Comité Directivo Estatal y los diputados federales de nuestro partido.

No obstante, le recordamos al dirigente panista que el aumento al costo de los combustibles corresponde exclusivamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo establece el artículo 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Partido Revolucionario Institucional considera que estas declaraciones son un instrumento de Acción Nacional para desviar la atención de la responsabilidad del Gobierno Federal en este tema, que lesiona a la ciudadanía y se ha convertido en un problema social que afecta a diversos sectores del país.

El PRI se ha mostrado inconforme con esta disposición del Poder Ejecutivo Federal y se suma al exhorto de detener el alza en los combustibles como lo ha expresado el sector transportista en recientes fechas e invita al presidente del PAN en Mérida a sumarse a este campaña, en lugar de confundir a la sociedad con este tipo de declaraciones.


14 enero 2011
Carta en la que Rolando Zapata le responde a González Crespo
Carta enviada por el diputado Rolando Zapata, en respuesta a las declaraciones del presidente municipal del PAN, Rodolfo González Crespo, publicadas ayer en el Diario.

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En relación con una nota de la edición del día de hoy (ayer), en la cual el presidente del Partido Acción Nacional en Mérida, insiste en apreciaciones equivocadas sobre el tema de los combustibles, es necesario reiterar lo siguiente:

En un tema en el que son muy claras las competencias de cada orden de gobierno, los diputados federales del PRI no hemos avalado ningún aumento al precio de los combustibles. Le recomendamos al señor González Crespo que para evitar confusiones y dejar de evidenciar desconocimiento en la materia, consulte a sus compañeros diputados federales del PAN sobre el tema.

En reciente trabajo publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, cuyo comité preside el Dip. Daniel Ávila Ruiz, expresa con claridad “en la República mexicana el Ejecutivo federal tiene la facultad de establecer los precios de las gasolinas y el diesel. El artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de esta tarea” (“Determinación de los precios de la gasolina y el diesel en México”, págs. 5 y 6, CESOP).

El pretender involucrar al Congreso de la Unión en el tema del precio de los combustibles, que se ha demostrado ampliamente es una facultad clara y expresa del Ejecutivo Federal, es intentar evadir una responsabilidad que el partido del Gobierno Federal debiera asumir frente a los ciudadanos.

Se intenta confundir en el tema de las responsabilidades del aumento del precio de las gasolinas con el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), es muy claro que la tasa y los factores del IEPS no han cambiado, lo que está aumentando es el precio de venta de los combustibles por razones discrecionales de la SHCP, se cita nuevamente el estudio:

La información sobre el comportamiento del IEPS la hace pública la Secretaría de Hacienda; sin embargo, el cálculo sobre el precio final, en especial la política de incrementos, se mantiene como una incógnita”.

Incluso la cuota del IEPS para los estados de 36 centavos por cada litro -menos de un 4% de su valor- establecida en el artículo 2-A fracción II de la ley se mantiene igual desde julio de 2009, es decir, este impuesto no ha tenido aumento, es una tasa fija y esa ha sido la responsabilidad de los diputados federales; en contraste, lo que se incrementa es el precio de venta final al publico de las gasolinas y esta es una responsabilidad del Ejecutivo Federal, a pesar que su partido intente evadirla con argumentos erróneos y confusos.

Link del estudio del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública antes citado:

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/003_accesos_directos/001_estudios_e_investigaciones/004_documentos_de_trabajo


"La gobernadora, con atribuciones"

08 enero 2011
Noticias de Yucatán

(aclaración, estupidez, tenencia, conflicto, ilegalidad, al vapor)

8 enero 2011
El diputado Sahuí defiende de nuevo el decreto 367
"No se requiere cambiar la Ley de Ingresos del Estado para poder aplicar la exención del pago de tenencias, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco tiene atribuciones que le concede el Código Fiscal del Estado para hacerlo", afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Mauricio Sahuí Rivero.


El también coordinador de la bancada del PRI en el Congreso manifestó que no es ilegal esta exención como algunos han expresado, por el contrario, está sustentada legalmente.

Como informamos ayer, la presidenta de la Fecuy, Blanca Estrada Mora, afirmó que para darle certeza jurídica al decreto 367 que emitió la gobernadora para exentar el pago de tenencias al 87% de los propietarios de vehículos, debió pasarlo por el Congreso, por ser la autoridad que tiene facultades para quitar o exentar el pago de contribuciones al Estado.

Sahuí Rivero, señaló que la decisión del Ejecutivo estatal de exentar el pago de la tenencia a vehículos con un valor factura de menos de 300 mil pesos se basó en la aplicación de una política de reducción de gastos que determinó la Secretaría de Hacienda estatal.

El diputado del PRI dijo que lo más importante de esta acción es el beneficio social para el grueso de la población que cuenta con un vehículo ajustándose a las disposiciones que establece el decreto 367 emitido por el Ejecutivo estatal.

Sobre los señalamientos y criticas que se han hecho a este decreto, lamentó que existan algunas voces discordantes que traten de politizar un tema que en sí mismo es una buena noticia para los yucatecos, sobre todo que habían manifestado la necesidad de que esa obligación fiscal no se cobre.

Sahuí Rivero reiteró que tampoco es ilegal como se ha dicho, y es correcta su aplicación.

Precisó que el sustento legal se lo da el artículo 59 del Código Fiscal del Estado que recientemente entró en vigor, donde se establece que el Ejecutivo Estatal mediante reglas de carácter general podrá:

"Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad".

"De tal modo que la titular del Ejecutivo tiene las facultades necesarias para exentar el pago de la tenencia vehicular en las condiciones que estableció mediante el decretó 367 que promulgó" afirmó el diputado.

Por otra parte, ayer se instaló la nueva Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Arte, Cultura y Deporte del Congreso, que encabeza la diputada priista Leticia Mendoza Alcocer.

Por cierto a la instalación de esta comisión el único que no asistió fue su vicepresidente, Alberto Escamilla Cerón, quien llegó al concluir la sesión, porque estaba partiendo rosca de reyes, según dijo.

Defiende el uso de unos talleres

Noticias de Yucatán

(aclaración, mentiras, enredos, corrupción, despilfarro)

8 enero 2011
La alcaldesa alega que el municipal se quedó rezagado
La alcaldesa Angélica Araujo Lara justificó el pago de más de millón y medio de pesos al mes a talleres particulares, argumentando que el de la Comuna -que le cuesta unos $300,000 mensuales- "se quedó rezagado".


Aunque también dijo que ese gasto y los talleres a los que se paga son de la administración anterior, no tomó en cuenta que los reportes que publicó el Diario corresponden a la presente administración que ella preside, no a la de Cesar Bojórquez Zapata, como argumentó.

El domingo 2 publicamos que según trabajadores del taller municipal, que la Comuna paga más de millón y medio de pesos a tres talleres por trabajos que se pueden hacer en la Comuna, pero el jefe operativo, Mariel Flota Alcocer, los manda a esos talleres particulares.

Entrevistada al respecto, la alcaldesa dijo que parte del trabajo de reestructuración es porque el municipio se quedó rezagado en muchas de sus áreas en capacitación, equipo, innovación.

En este caso del taller, dijo que hoy día se trata que los vehículos del Ayuntamiento sean de lo más nuevos.

"De ahí que sí, aunque tu quieras o no, ya hay vehículos que traen cierto aditamento en caja de velocidades, ahora con computadora, electrónico, y otras cosas para las que el taller se quedó rezagado", expresó.

Lo más conveniente

La alcaldesa también dijo:

"Las personas que están ahí (en el taller de la Comuna) son gente, lo que vamos a hacer precisamente en esta revisión, estamos viendo qué es conveniente, tener un área de servicios emergentes, porque lo más que se hace es cambiar una llanta y llamarle correctamente, darle atribuciones y funciones".

Sobre el caso que se le señaló, dijo que lo revisó apenas vio la publicación, y añadió que durante el primer semestre de 2010 tuvieron el pago.

El Diario publicó que el pago se hizo de noviembre a diciembre de 2010, cuando ya estaba a cargo de Angélica Araujo, no como dijo la alcaldesa, del primer semestre cuando era otro el alcalde.

No hubo aumento al predial, afirman

07 enero 2011
Noticias de Yucatán

(predial, aclaración, burla, alza, impuestos)

7 enero 2011
La alcaldesa señala de incrementos en el valor catastral
La alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, negó ayer que existan aumentos desproporcionados, de hasta el 300% en el cobro del impuesto predial, como dijo la ex presidenta de la Canacome, Yamily Calderón Sabido.


"No hubo tal incremento a ningún predio habitado del Centro o en la ciudad, ninguno ha sufrido ningún tipo de incremento", afirmó tajantemente.

Ayer publicamos que Yamily Calderón afirmó que por andar distraídos exigiendo rendición de cuentas al Ejecutivo estatal, no se dieron cuenta de que también hay un aumento al impuesto predial, en algunos casos desproporcionados de hasta un 500% más.

Entrevistada al respecto en el parque del Centenario luego de recorrer las obras de remozamiento, afirmó: "Nosotros hicimos trabajo a detalle, todo lo que son uso habitacional y, dentro de la ciudad no sufrió ningún aumento, el predial no aumentó".

Aclaró que el incremento que se dio fue en cuanto al valor catastral, que automáticamente puede representar un aumento en el predial, es del Periférico hacia afuera.

La alcaldesa explicó que el Consejo del Catastro hizo un análisis y checó cuáles eran los incrementos que consideraban pertinentes.

"Pero dudo que sean aumentos del 300% como dicen, de todas formas con mucho gusto estamos en la mejor disposición de revisarlo a detalle si hubiese algún caso de éstos", expresó.

Se hicieron actualizaciones catastrales en algunas zonas más al norte de la ciudad, después del Periférico, pero también son bajos, por ejemplo uno de 200 pesos habrá llegado hasta 100 pesos más, y se tomó en cuenta un análisis de mercado real.

"Aumenta porque le piden al municipio servicios que tienen que llevar hasta fuera del Periférico, y es una carga mayor, y por lo general son predios baldíos sujetos a especulación.

"Si la gente va a necesitar mayor apoyo del Ayuntamiento por la lejanía, que se haga responsable de cubrir la parte proporcional", dijo.

Precisiones sobre las casas de Ortega y familia

29 diciembre 2010
Noticias de Yucatán

(aclaración, pleito con el diario, grosería, despilfarro)

29 diciembre 2010
Recibimos de Jesús Rivero Covarrubias, coordinador General de Comunicación Social del gobierno estatal, el siguiente comunicado:


En relación a las notas publicadas en la edición de este martes 28 de diciembre de 2010, en la portada principal y en la página 3 de la sección local de Diario de Yucatán, periódico perteneciente al grupo que usted encabeza, queremos hacer las siguientes precisiones:

El predio ubicado en Altabrisa es propiedad de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y fue adquirido en el año 2007 y escriturado en el 2008 cuando se terminó de pagar. Consta esta propiedad en la declaración patrimonial de la titular del Ejecutivo estatal.

Se trata de un predio desocupado, pues no es habitado por la gobernadora. La gobernadora, como es sabido, reside en su casa de Dzemul.

Acerca de los otros predios mencionados en las notas, en el caso del ubicado en Residencial del Norte, hay que mencionar que se trata de la zona conocida como Chenkú y es propiedad de Guadalupe Ortega Pacheco desde hace más de 20 años.

Sobre el predio ubicado en la zona de la colonia Maya, este fue adquirido en 2007 por Guadalupe Ortega Pacheco y Cornelio Aguilar Puc a través de un crédito bancario, y de hecho aún tiene el banco la reserva de dominio. La adquisición la hicieron conjuntamente debido a los compromisos laborales de ambos, que los hizo mover su residencia a Mérida. Antes vivían en Dzidzantún.

Se trata de la casa familiar del matrimonio Aguilar-Ortega y en ningún momento ha sido casa de campaña de algún político, como menciona la nota.

Este predio consta en la declaración patrimonial del Sr. Cornelio Aguilar, como parte de sus obligaciones como servidor público.

Como es evidente, no se trata de predios nuevos, y en el caso del predio adquirido por la gobernadora, no es habitado por ella, por lo tanto, no es vecina de Altabrisa, como se asegura en sus notas.

Resulta cuestionable la intención de las referidas informaciones, en especial la publicada en la portada de su edición, que pretende atribuir a la gobernadora "otras propiedades", ya que este dato es falso, como fácilmente se demuestra incluso en el cuerpo de las notas.

La gobernadora ha sido clara al reportar, como marca la ley, en su declaración patrimonial, los predios de su propiedad en tiempo y forma.

Atribuir dolosamente a la gobernadora las propiedades de sus familiares, muestra poco respeto al derecho que toda persona tiene a la propiedad, pero también evidencia un grave sesgo de la investigación.

El Ejecutivo de Yucatán rechaza categóricamente cualquier imputación en ese sentido y reitera que su titular se ha conducido en todo momento con total apego a las leyes que rigen el comportamiento patrimonial de los servidores públicos.

Por este conducto, la titular del Ejecutivo desea ofrecer sus más sentidas disculpas a su familia, por la exposición que injustamente reciben con estas notas y debido a que el trato y el tono de las mismas han llegado a lastimar a personas que no tienen otra culpa que ser parientes de la gobernadora de Yucatán.

Solicitamos de manera respetuosa publicar estas precisiones en los mismos lugares y con los mismos espacios otorgados a las notas a las que hacemos referencia.

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