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- Deploran la incongruencia de los regidores del PRI al no votar su propia propuesta ante la mesa de Cabildo
MÉRIDA, Yucatán.- En cumplimiento a la resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, los regidores del PAN dieron voto a favor de las modificaciones presupuestales que permitirían dar cumplimiento a 13 sentencias y realizar el respectivo pago por un monto de 27 millones de pesos.
En Sesión de Cabildo, el secretario municipal Alejandro Ruz Castro detalló que las sentencias emitidas por el TJFA de Yucatán tienen su origen en los juicios promovidos por particulares a raíz de la Ley de Hacienda (Decreto 241) promulgada en diciembre de 1999 por el entonces gobernador del estado Víctor Cervera Pacheco. La publicación de dicho decreto no contó con la firma del Secretario de Hacienda Rafael Casellas Fitzmaurice. Ante esta omisión y al no cumplir con la Ley Orgánica de la Administración Pública, los particulares se ampararon ante el decreto y 7 años después el Tribunal resolvió que el Ayuntamiento de Mérida debe cubrir los importes correspondientes a los impuestos e intereses derivados de las 13 sentencias.
Ruz Castro aclaró que el Ayuntamiento de Mérida está en total disposición de cumplir con la sentencia pero sin que esto signifique una afectación a los recursos públicos:
–”Estamos pagando las consecuencias de la omisión del gobierno estatal que emitió esa Ley viciada de origen y con base en un estudio serio, el Alcalde propone acatar esta resolución sin afectar los programas priortarios que ofrece el Ayuntamiento”.
De forma irresponsable y demostrando un total desconocimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental, la fracción del PRI propuso que el Ayuntamiento cubra este error del ejecutivo estatal pagando los 27 millones de pesos en una sola exhibición sin considerar que el pago de esta cantidad significa tener que disponer de los recursos específicamente destinados a proveer los servicios públicos que el municipio requiere y que la Ley ampara. La oposición reviró entonces pidiendo se retire el punto de la Orden del día, lo que también es irresponsable pues de no cumplir con los tiempos que dicta la sentencia, el Ayuntamiento estaría cometiendo desacato. Al momento de votar ambas propuestas y en un alarde de incongruencia los ediles del PRI se rehusaron a votar su propia propuesta, quedando así en evidencia.
En el uso de sus atribuciones, la síndica municipal Lizbeth Estrada Osorio, recomendó al Cabildo tomar las medidas legales necesarias para que esta afectación al patrimonio ocasionada por una omisión del poder ejecutivo sea reparada por los responsables, toda vez que aun con un plan de pagos se distraen recursos que por Ley, deben ser invertidos en servicios:
–”Programar un pago único cuando tenemos un presupuesto aprobado por Cabildo y con recursos etiquetados significa hacer recortes en los programas, lo que nos dejaría en la imposibilidad de cumplir con la obligación de prestar los servicios que la ciudadanía requiere”, aseveró.
El Coordinador edilicio del PAN Juan Barea Canul consideró que esta resolución afecta los ingresos del Ayuntamiento y por ende los programas prioritaros y servicios que recibe la población:
–”Como regidores nos corresponde cuidar las finanzas del municipio y una vez más a este Ayuntamiento se le impone una situación que no es imputable a su desempeño y nos obliga a cumplir una sentencia de 27 millones de pesos, vulnerando la autonomía municipal y afectando el ejercicio de los programas prioritarios. Resulta muy extraño que se quiera afectar los recursos de esta administración en pleno proceso electoral.
Ante la imposibilidad de pagar sin afectar las finanzas del municipio, el Alcalde Renán Barrera consideró que su administración cumple con la disposición del Tribunal al proponer la manera más adecuada para acatar la sentencia, a través de un plan de pagos para poder cumplir lo que se ordena sin afectar los servicios y obras que la ciudadanía demanda.
Por el voto del PRI en contra de esta propuesta y al no cumplirse la mayoría calificada que exige la Ley, el acuerdo no fue aprobado.
En la sesión trascendió que el Ayuntamiento promueve una demanda contra el ejecutivo estatal por quebranto patrimonial.- (Boletín de prensa)
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