Un Juez Federal desechó 50 amparos en contra del nuevo esquema de precios de gasolinas y aclaró que este recurso no es la vía idónea para analizar políticas públicas de los Poderes de la Unión.
Un Juez Federal desechó 50 amparos en contra del nuevo esquema de precios de gasolinas y aclaró que este recurso no es la vía idónea para analizar políticas públicas de los Poderes de la Unión.
A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal explicó que no corresponde al juzgado federal, imponer una obligación a los expendedores de gasolina.
“No corresponde al juzgado federal, imponer una obligación a los expendedores de gasolina, para que realicen el cobro de los productos que venden, bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional”, informan.
Reiteró que no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias.
Estimó que no sería jurídicamente factible, ordenar a las autoridades responsables que legislaran nuevamente en materia económica y de política pública, y “rediseñaran” un nuevo esquema de fijación de precios, porque además de que con ello se ocasionaría que se le diera a un posible fallo protector, efectos generales, contrarios al principio de relatividad que rige al juicio de amparo, lo cierto es que la Constitución no contemplaba garantía alguna que permitiera al gobernado encauzar la política económica del Estado hacia una medida específica.
Por esas razones, la juzgadora concluyó que esta clase de reclamos no pueden ser dirimidos por el Poder Judicial, porque el juicio de amparo no es la vía idónea para decidir si es correcta la política pública en materia económica, implementada por uno de los Poderes de la Unión.
