Desde la llegada de Uber a Yucatán se inició la resistencia de los diferentes grupos de taxistas, principalmente del FUTV. Sabían del peligro que la aplicación representaba para el monopolio que han ejercido durante décadas, pues teniendo el mercado completo en sus manos podía hacer y deshacer a su gusto, maltratando a sus propios usuarios, cobrando lo que les venga en gana y dando el servicio cuando quisieran.
Con la llegada de Uber, uno de los primeros efectos que ocasionó fue las placas que el FUTV vendía a casi $1 millón de pesos, quedaron totalmente devaluadas. ¿Quién querría ahora comprar una placa para beneficiar a una agrupación priista si con ese dinero podría comprar cuatro vehículos nuevos y ponerlos a trabajar, sin necesidad de rendir tributo a nadie?
Los únicos intereses económicos afectados con la llegada de Uber fueron los de los taxistas.
Del otro lado, mientras los taxistas ven como su monopolio se desmorona, gracias a que con Uber cuentan con una nueva opción de transporte, los ciudadanos se sienten felices y satisfechos pues contrario a lo que tenían antes, ahora tienen un servicio rápido, económico, seguro y sobre todo digno. Los de Uber son vehículos en su mayoría de modelos recientes contra los Tsurus que ya han sido corridos cuatro veces de lo que podrían aguantar autos de este tipo.
El origen de toda la resistencia es el presagio de la muerte anticipada del FUTV y de todo lo arcaico que ha existido en Mérida.
Lo procedente era que los taxista, ante la llegada de Uber no era tirar golpes y amenazas, ni destruir vehículos ni hacer paros de labores y menos asaltar a choferes e incediar autos, era buscar la competitividad, algo que a casi un año de la entrada de Uber no podido o no han querido hacerlo.
Ante su negativa de ser competitivos, porque esto implicaría una fuerte inversión, y ante el fracaso de su pataleos, ya que lejos de obtener el respaldo de los ciudadanos, optaron por buscar al apoyo de su principal aliado: el gobierno del Estado, y cuyos funcionarios tanto del Congreso como del Ejecutivo, tienen una fuerte deuda con los taxistas que de alguna manera, cada elección contribuyen al acarreo de votantes.
¿Cómo ayudarlos si no pueden o no quieren se competitivos? La respuesta fue: hacer una ley que haga chiquito a Uber y permita que los taxistas no corran el riesgo de desaparecer.
Estas son las razones por las cuales la Ley de Transporte de Rolando Zapata impone regulaciones como: a) No cobrar en efectivo, sino solo con tarjeta, b) Que quien desee incursionar el Uber tenga que invertir más de $200,000 por vehículo, c) Que una persona no pueda tener más de tres vehículos, d) y lo peor que las concesiones sean otorgadas de manera arbitraria por la Dirección de Transporte y que sólo corresponderían 300, cuando los taxistas no tienen restricción en esto. ¿Así o más claro?
El plazo para la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Transporte y del Reglamento del ramo tuvieron el objetivo de hacer que la gente se olvide de esas normas regulatorias que dañan gravemente la posibilidad de una libre competencia que aquí y en China es sano para los consumidores.
Esas normas de marras son el pretexto jurídico para poner a Uber como la empresa "ilegal" y el gobierno ahora asume su papel como el preocupado por la seguridad de los yucatecos. Desde las primeras declaraciones de Rodrìguez Asaf, secretario general de Gobierno, se desnudó esta estrategia.
Y como no quieren ser competituvos y como tampoco les funcionaron sus berriches con paros y violencia, entonces el gobierno de Rolando Zapata les hace el quite aplicando su ley y reglamento de marras, y puso a su servicio, sí al servicio de los taxistas, las instituciones del Estado como son la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía y la Dirección de Transporte.
Es una mentira del gobierno decir que se reformó la Ley de Transporte pensando en la seguridad de los meridanos. Si de verdad quieren velar por la seguridad que nos digan ¿cuántos de los taxistas que aparecen en el vídeo que acompaña a esta publicación que destruyeron vehículos y estropearon choferes, fueron procesados? Seguro que ninguno, entonces no vengan con el cuento de que buscan la seguridad de los meridanos.
Triste fue ver que académicos como los titulares de la UADY y del TEC de Mérida que se sumaron a esa estrategia, como dijimos en un principio, no para regularizar a Uber, sino para sacarlo del mercado.
En próximas entregas daremos a conocer cómo deliberadamente el gobierno de Rolando Zapata y la señora Celia Rivas, propusieron y legislaron, respectivamente, una ley a sabiendas que estaba mal.
