Noticias de Yucatán
Si el señor K asiste a un juicio en el que ignora de qué
se le acusa y por lo cual termina condenado, según el
desesperanzador relato de El Proceso (Franz Kafka), en el caso de la
Procuraduría General de la República (PGR), podría decirse que hay una superación de esa incongruencia: en el caso de la respetada
profesora Laura Carranza Leal, egresada de la Universidad de
Guadalajara, la fiscalía de delitos contra la salud la acusa claramente
de tráfico de estupefacientes... aunque no ignora que se trata de
medicinas controladas cuyo destino era la madre de la señalada, y no
obstante que tanto el origen como el destino de esos medicamentos
está debidamente acreditado.
Y como el agente del Ministerio Público se negó a valorar esas
pruebas, y determinó solicitar la acción penal contra la catedrática,
ahora está en manos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Tercer Circuito su destino. En el sitio change.org se ha abierto una
petición para que los magistrados valoren de otro modo las pruebas y
no condenen a una profesional de la psicología por un delito que nunca
fue cometido.
La petición se encuentra aquí.
"Mi nombre es Laura Carranza Leal, soy de Guadalajara, soy psicóloga
y he dedicado mi vida profesional a los niños con problemas de
aprendizaje. Tengo casi 30 años trabajando en la Secretaría de
Educación Pública. Ahora, el gobierno federal quiere darme hasta 25
años de cárcel por enviarle a mi madre enferma sus medicinas, y
olvidar poner la receta en el paquete. A pesar de los documentos y
pruebas entregadas por los médicos que avalan las medicinas
enviadas, se me acusa de ser narcotraficante", señala.
"Mi madre padece de esquizofrenia paranoide desde hace 50 años, lo
que ha significado para mis hermanos y para mí una prueba difícil en la
vida. Ella entró en una fuerte crisis en el año 2014 y se vino a vivir
temporalmente a mi casa en Guadalajara para recibir tratamiento
psiquiátrico. El médico le administró fuertes dosis de medicamentos
para sacarla de dicha crisis de esquizofrenia, lo cual afortunadamente
tuvo buenos resultados. Unos meses después, cuando se recuperó,
decidió regresar a la casa de mi hermana, en la frontera norte, con
quien vive permanentemente. Sin embargo, al irse de Guadalajara
olvidó parte de sus medicinas, las cuales no puede dejar de tomar y se
los mandé por paquetería poniendo mis datos reales, es decir, mi
nombre y mi dirección".
Entonces "empezó mi pesadilla, pues en el paquete iban 30 pastillas y
un frasco de 2.5 mililitros de Clonazepam, que es una sustancia
controlada, pero olvidé poner la receta. Esta cantidad de medicamentos
no cubre ni un mes de tratamiento para el nivel de esquizofrenia como
el que padece mi madre. Si se vendieran en el mercado negro esas
pastillas se obtendría una ganancia de alrededor de mil pesos, lo cual
muestra que es absurdo que yo quisiera traficar con ellas jugándome el
riesgo de ir a la cárcel por esa cantidad".
La Policía Federal confiscó el paquete "y me envió un citatorio para
explicar la situación. Acudí (todavía confiada de que un olvido como
ese no podría pasar a mayores) a la Agencia XI del Ministerio Público,
a cargo del Lic. Rodrigo Toriz Sangeado, armada con el expediente de
mi madre, copias de las recetas médicas y un documento firmado por
el psiquiatra donde avalaba la enfermedad y las dosis administradas. El
Agente del Ministerio Público no valoró las pruebas presentadas para
explicar la razón principal del envío. Tampoco realizó una investigación
seria sobre el caso, ni consideró el contexto en el que se mandaron los
medicamentos".
Por lo anterior, "fui acusada de Delitos contra la Salud en su modalidad
de transporte. Yo, que sólo actué como una hija preocupada, enviando
a mi madre sus medicamentos prescritos por su psiquiatra, ahora para
la ley estoy considerada una narcotraficante". Desde ese momento "mi
vida cambió radicalmente. En cualquier momento puedo pisar la cárcel,
ya que por ser considerado un delito grave no permite la libertad
mediante una fianza. Estoy alejada de toda mi familia, de mi casa, de
mi trabajo, de mis amistades, de mi vida entera, todo porque el sistema
judicial no quiere ver más allá del envío del paquete, sin tomar en
cuenta la circunstancia por la que se hizo".
El caso está ahora en las manos de los magistrados Adalberto
Maldonado Trenado, José Alfredo Gutiérrez Barba y Mario Alberto
Flores García. "Si no logro que el sistema judicial entienda mi contexto personal, familiar y profesional, seguiré siendo acusada de delitos
contra la salud y corro el riesgo de ser detenida, juzgada y recibir una
condena de hasta 25 años de prisión".
Hasta esta tarde se han reunido más de 16 mil firmas, en espera de
alcanzar las 25 mil que demanda el sistema. La profesional de la
psicología lamenta la persecución en su contra cuando mucho de los
verdaderos narcotraficantes están en las calles y provocan adicciones y
asesinatos. Es que parece ser el mundo del señor K, donde los justos
son condenados por un burocracia absurda e insensible. El agregado
mexicano a esa pesadilla kafkiana es que, aquí, algunos maleantes son
vistos como hombres de bien.
Con Información de Milenio