Para el
final de su sexenio, en 2024, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se
comprometió a disminuir los "índices delictivos" 50% respecto de
2018, el año con más homicidios desde que se lleva registro, y que "para
entonces la delincuencia organizada estará reducida y en retirada".
El
Presidente López Obrador trasladó al Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2019-2024, enviado a la Cámara de Diputados, varias de sus promesas de campaña.
En el
documento que el Ejecutivo federal entregó al Congreso el martes se señala que
durante su mandato los índices delictivos —de homicidios dolosos, secuestros,
robo de vehículos y a casa-habitación, asalto en las calles, así como en el
transporte público y otros— se habrán reducido 50% en comparación con 2018.
En el
apartado "Epílogo: Visión de 2024", del Plan Nacional de Desarrollo
(PND), se considera que al final del sexenio "México habrá dejado de ser
la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia,
desaparecidos y violaciones a los derechos humanos".
Para
entonces, describe el Presidente, la delincuencia organizada estará reducida y
en retirada, "los jóvenes no se verán empujados a las conductas
antisociales y se privará a la criminalidad del semillero de nuevos integrantes
que hoy representa la exclusión de los muchachos del estudio y el
trabajo".
En el
documento se advierte que "la única posibilidad real para reducir los
niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las [drogas]
que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a
combatir su trasiego y aplicarlos en programas". Señala que el modelo
prohibicionista impulsado por gobiernos anteriores es insostenible, muestra de
ello es la violencia y los malos resultados de salud pública del país.
Se plantea
que esta estrategia sobre drogas deberá realizarse de manera negociada, tanto
con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU.
"La
guerra contra las drogas ha escalado el problema de salud pública que
representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una
crisis de seguridad pública. La alternativa es que el Estado renuncie a la
pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias
que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las
padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con
prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación
personalizados y bajo supervisión médica", señala el texto.
Sobre la
delincuencia de cuello blanco, el PND señala que a fin del sexenio habrá
desaparecido y la corrupción política, así como la impunidad que han
prevalecido como norma hasta 2018 habrán quedado reducidas a casos
excepcionales.
Detalla que
las instituciones estarán al servicio de las necesidades del pueblo y de los
intereses nacionales, el principio de la separación de poderes y el respeto al
pacto federal serán la norma y no la excepción, "el acatamiento de las
leyes regirá el comportamiento de los servidores públicos y el fraude
electoral, la compra de voto y todas las formas de adulteración de la voluntad
popular serán sólo un recuerdo".
El
Presidente retoma su propuesta de otorgar amnistía o indulto a acusados y
sentenciados, así como el desarme de grupos infractores "ante la
imposibilidad de derrotar a las diversas expresiones delictivas" por la
vía policial o militar.
El
Mandatario federal plantea revisar los expedientes de procesados y
sentenciados, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o
indulto, "condicionados en todos los casos al cumplimiento de los cuatro
ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no
repetición". Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo no precisó en cuáles
delitos podría aplicar el beneficio.
El Gobierno
de López Obrador afirma que entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron
resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza
militar y policía, así como con el llamado "populismo penal",
consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas.
Indica que
las anteriores administraciones recurrieron al empleo de las Fuerzas Armadas en
su configuración de cuerpos de combate, "se omitió la profesionalización
de las corporaciones policiales y se entregó el manejo de la seguridad a
autoridades extranjeras".
Las metas
2019-2024
Reducir 50%
índices delictivos.
Desaparición
de la corrupción política.
Amnistía a
presos bajo garantía de no repetición.
Fin de la
emigración.
Despenalización
de las drogas para reducir violencia.
Erradicación
de la pobreza extrema.
Creación de
empleos suficientes.
No exclusión de la educación superior.
Informador.
