El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado (Isstey) se encuentra sin viabilidad financiera: está prácticamente en
quiebra. Este fue uno de los primeros diagnósticos que realizó la actual
administración estatal y así se dio a conocer de manera oportuna.
En este esquema heredado de gobiernos anteriores, la quiebra
total se registrará en 2021, poniendo en gravísimo riesgo las prestaciones de
trabajadores, jubilados y pensionados. Esta administración estatal está
obligada a tomar medidas contundentes para evitar ese colapso.
El orden administrativo que ha caracterizado a este gobierno
no es suficiente: se requieren más acciones. Así de grave es la situación
heredada. Una de estas acciones es la iniciativa para modificar la Ley de
Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado. Esta norma en Yucatán
había estado rezagada, y el mal estado de las finanzas del Isstey son en parte
las consecuencias.
Las adecuaciones a la Ley que propone este Ejecutivo estatal
ya las puso en práctica, desde hace años, la mayoría de las entidades
federativas y también fueron aplicadas a la norma federal. Gran parte de las
leyes estatales y la federal calculan las pensiones usando la Unidad de Medida
y Actualización (UMA) y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
La iniciativa para modernizar la ley yucateca y homologarla
a la de la mayoría de los estados y la federal fue presentada al Congreso
estatal el 19 de agosto de 2019. Sin embargo, se enviaría de nuevo, con
actualizaciones, ya que un mes después, el 20 de septiembre de 2019, se publicó
la jurisprudencia 2020651, que modifica precisamente medidas de cálculos para
pensiones.
Aun así, estas modificaciones a la Ley no bastan. La actual
administración estatal continúa evaluando otras alternativas para hacer frente
a la inminente quiebra. Todos los esfuerzos son necesarios para defender las
prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados del Estado.
Fuente: Reporteros hoy
