Rosa Icela
Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que en lo que va del
proceso electoral de este año han sido agredidos o amenazados 117
candidatos.
“De ellos, 71 son
hombres y 46 mujeres, y al momento tenemos registrados 103 eventos, algunos que
involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos se han abierto carpetas de
investigación”, detalló durante la conferencia de Palacio.
Abundó que, en
coordinación con autoridades estatales, el gobierno federal ha brindado medidas
de protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con vigilancia de
policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y tres de otras
autoridades.
“La delincuencia
organizada y la de cuello blanco buscan incidir políticamente en las
elecciones, usan estrategias de complicidad o presiones violentas, se ha convertido
en un partido del crimen”, exclamó Rodríguez.
En el salón
Tesorería de Palacio Nacional, resaltó 10 casos “graves” relacionados con la
desaparición o “lamentables” fallecimientos de aspirantes.
Destacó el de Karla
Enríquez Merlín, aspirante a la presidencia municipal de Cosoleacaque,
Veracruz; así como el de Julio César Galindo, ex presidente de Coparmex en San Luis Potosí, y quien también aspiraba a un cargo de elección popular; y el
de Juan Antonio Acosta Cano, quien pretendía contender por la presidencia
municipal de Juventino Rosas, en Guanajuato.
Respecto al primer
caso, en el que Enríquez Merlín fue asesinada junto con su
madre Gladis Merlín Castro, el pasado 15 de febrero, la secretaria de
Seguridad federal reveló que ya hay dos personas “de su círculo cercano”
vinculadas a proceso penal.
También, abundó,
hay órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio
y el robo de alrededor de 3 millones de pesos en joyas y relojería.
“Debo precisar que
aún no se descartan otras líneas de investigación de acuerdo con las
indagaciones de la fiscalía estatal”, aseveró.
En cuanto al caso
del ex presidente de Coparmex en San Luis Potosí, Rodríguez explicó
que la fiscalía del estado ha cumplimentado cuatro órdenes de aprehensión de
personas con quien tuvo diferencias por negocios, una de ellas también con
aspiraciones políticas, en particular a la presidencia municipal de Chalma, en
Veracruz.
Respecto al
asesinato del ex diputado Acosta, la funcionaria federal destacó la
detención de los responsables de este crimen y reveló que entre los
involucrados también hay servidores públicos del propio municipio de Juventino
Rosas, por el cual pretendía contender.
“Como estos tres
casos, esperemos que ningún otro quede impune”, subrayó la secretaria de
Seguridad federal.
Añadió que 35 casos
más han implicado atención especializada como proveerles de un botón de pánico,
escoltas, teléfonos de contacto, efectuar rondines en sus domicilios; además,
se han analizado 58 casos en los que se han alertado sobre probable violencia.
Rodriguez dijo que,
“afortunadamente”, no se trata de un problema generalizado que se exprese “con
la misma intensidad” en todo el país, pues puntualizó que más de 47 por ciento
de estos casos se concentran en seis entidades: Estado de México,
Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Detalló que, de los
candidatos atendidos al momento, 82 por ciento son aspirantes a alcaldes,
diputaciones locales y ayuntamientos; mientras que 18 por ciento restante
contiende por gubernaturas o diputaciones federales.
